Este 05 de octubre en Yopal la mañana despuntó con la preocupante noticia de la intervención ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos, a la EAAAY. Con los primeros rayos del sol llegó a la empresa la gerente interventor Judy Velázquez.

De inmediato de se presentaron todo tipo de reacciones, por parte no solo de la comunidad, sino de líderes políticos y de opinión quienes no se podían sustraer de hacer públicos sus análisis de la situación.

Uno de los primeros en hacerlo fue el abogado Lenin Bustos, hasta hacer unas semanas, candidato a la Alcaldía de Yopal. En su percepción personal de la situación, responsabilizó a  la Administración municipal, específicamente al burgomaestre Luis Eduardo Castro y el gerente de la empresa Jairo Bosuet Pérez.

Pero la lista no terminó ahí, luego vinieron declaraciones de la concejal Jessica Avella, el también cabildante Leonardo Infante, el exalcalde Leonardo Puentes y el exgerente de la empresa, Braulio Castelblanco Vargas.

Pero más allá de las apreciaciones de estos personajes de la vida pública regional, se encuentran las razones dadas por la Superservicios para tomar la decisión de intervenir la EAAAY.

Esa misma mañana de se sentó con los medios de comunicación, para dar a conocer detalles  de las razones, que motivaron la medida.

La charla comenzó por mencionar que hay un alto índice de pérdidas. En palabras del superintendente delegado para acueducto, Hugo Guanumen, se está “gastando mucho más en el suministro, en potabilizar, pero no recogemos el dinero, porque se pierde el agua, por múltiples razones, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista técnico”.

Esta situación hizo pensar a la Superintendencia que si no se adoptan medidas, se continuará ahondando una crisis en la empresa, que es precisamente lo que se quiere evitar.

El superintendente recalcó que el objetivo principal es fortalecer la empresa, para que no se vaya a pique en términos financieros y de su sostenibilidad.

Agregó que se estableció un plazo de dos meses para realizar un diagnóstico, el cual determinará cuál va a ser el modelo de intervención.

En este punto solo hay dos alternativas, una es de carácter administrativa, de donde se desprende el plan de mejoramiento para recuperarla. La segunda opción es con fines de liquidación, que es el peor escenario y sobre el cual Ganumen manifestó que espera, no se presente.  

De todas formas advirtió que se avecinan unos ajustes institucionales, entre los que se encuentran una revisión de la contratación existente y que no tengan como objetivo la recuperación de la entidad.

“Esos contratos se pueden liquidar. Tenemos facultades plenas por la norma de hacerlo, tanto en contratos de infraestructura, suministros como en contratos laborales”, dijo el funcionario del orden nacional.