Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la creciente amenaza que enfrentan los habitantes de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva. El motivo: la lucha territorial entre grupos armados ilegales.

Esta situación ha llevado a la emisión de una Alerta Temprana, la número 016-2024, que busca prevenir posibles violaciones de Derechos Humanos en la región.

El documento detalla cómo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN (frente José David Suárez) y facciones disidentes de las FARC (frente 28 y10 del Estado Mayor Central), se están disputando el control de estas zonas estratégicas.

Según la Defensoría la expansión de las AGC es particularmente preocupante. Este grupo ha logrado desplazar a estructuras paramilitares menores, consolidando su dominio mediante tácticas violentas.

Su estrategia no solo abarca áreas rurales, sino que también se extiende a zonas urbanas, aprovechando la pobreza y la exclusión social para ganar adeptos.

El informe señala que diversos sectores de la población están en riesgo. Entre ellos se encuentran líderes comunitarios, víctimas del conflicto, jóvenes, mujeres y servidores públicos.

Las amenazas van desde el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores hasta homicidios selectivos y ataques armados.

Frente a esta situación, la Defensoría ha emitido 28 recomendaciones dirigidas a entidades gubernamentales de todos los niveles. Se insta a las fuerzas de seguridad a intensificar sus operativos y labores de inteligencia.

Además, se solicitan medidas específicas como el establecimiento de puestos de control en zonas estratégicas y el refuerzo de la presencia militar en áreas rurales.

La implementación efectiva de estas recomendaciones será crucial para proteger a las comunidades afectadas y prevenir una escalada de violencia en la región.

Tres días después de que su caso acaparó la atención de los medios de comunicación local, la arquitecta Yenny Carolina Pérez Díaz logró un acuerdo de pago con la unión temporal Parque Yopal, que le adeudaba cuatro meses de sueldo.

El sábado 22 de junio la profesional le confirmó a Casanare Noticias que ese día la empresa le había efectuado un primer abono equivalente al 70 por ciento de la deuda y el saldo restante prometió pagarlo el próximo viernes 28 de junio.

Incluso Pérez Díaz publicó un comunicado informando sobre el levantamiento del paro pacífico que había iniciado, para reclamar el pago de su sueldo.

El escrito agradeció la intermediación de la Personería de Yopal, a las autoridades locales, al Concejo, la veeduría y los medios de comunicación, que contribuyeron con la divulgación de su situación.

La historia

Su caso se hizo público luego debido a que la noche del miércoles 19 de de junio el concejal de Yopal, Felipe Becerra, compartió un video en sus redes sociales.

El líder político advertía sobre algunas irregularidades que encontró en la ejecución del contrato de construcción del parque lineal del caño La Campiña.

En el mensaje el cabildante hizo énfasis en el lento desarrollo que ha tenido la obra. En más de un año de labores, el avance en la ejecución de la obra era muy poco.

Además dijo que se presentaban demoras, en el pago de la nómina de trabajadores vinculados al proyecto. Situación que llevó a que una arquitecta se tomara de manera pacífica el campamento que tiene la compañía en la calle 30 con carrera 12.

Finalmente invitó a todos los organismos de control y vigilancia para que al día siguiente, 21 de junio, hicieran presencia en el lugar a partir de las 6:30 de la mañana para analizar esta situación, tomar medidas para que el contratista cumpla y le paguen el sueldo que le adeudan a los empleados.

Al día siguiente varias entidades como Personería de Yopal hicieron presencia en el sitio. Igualmente los concejales como Leonardo Infante y Johnn Jairo Peinado también asistieron, además de medios de comunicación, presidentes de la JAC, vecinos del sector y curiosos.

Una vez en el sitio de los acontecimientos se conoció la historia de la profesional en arquitectura, Carolina Pérez, quien hizo pública la denuncia sobre el incumplimiento en los pagos de su salario.

Agregó que son cuatro meses de trabajo los que el adeudaba la empresa contratista del proyecto, la unión temporal Parque Yopal, de quien dijo la arquitecta, su representante legal es Juan Carlos García Ramírez.

Debido a esta atropello laboral, Pérez decidió permanecer en el campamento de la compañía, que se encuentra en la calle 30 con carrera 12. Sin embargo, la empresa tomó acciones frente a esta situación.

La arquitecta narró que el miércoles 19 de junio llegó la ingeniera directora de obra con 10 policías, tratando de persuadirla e intimidarla para que se fuera del sitio, donde se encuentran viviendo desde hace más de una semana.

La profesional también manifestó que había intentado infructuosamente de llegar a un acuerdo. Sobre las razones por la demora en el pago de su salario, Carolina Pérez indicó que el contratista le ha expresado que es por falta de liquidez.

Argumento que para ella era poco creíble. “Un contrato de 18 mil millones de pesos y ¿no tiene para pagarle a una profesional?”.

Contó que cuando inició el problema eran eran 10 empleados, pero ahora solo queda ella. Dijo que el pasado miércoles le pagaron a la topógrafa, que era la otra persona que estaba pendiente por recibir su sueldo. Acerca del monto que asegura le debe la unión temporal, la suma oscila entre entre 18 y 19 millones de pesos.

Señaló que ya acudió a la Personería, a la Oficina del Trabajo, interpuso un Derecho de Petición, envió un oficio, incluso hasta la carta de renuncia, pero hasta la fecha no le han solucionado nada.

Agradeció a la Personería por el acompañamiento que le ha brindado y porque declaró que va a tomar cartas en el asunto.

Finalizó narrando el cuadro familiar que se vio afectado por el retraso en el pago de sus honorarios. “Tengo una mamá que es paciente oncológica, yo le ayudo a ella con las medicinas, con el tratamiento, con los viáticos para los viajes, es decir me ponen a sufrir. Yo la verdad necesita el trabajo y por eso no había renunciado”.

Por fortuna, luego del escándalo mediático la arquitecta logró que el reconocieran sus reclamaciones. Sin embargo un tema todavía se encuentra pendiente por resolver.

Se trata del avance de ejecución del contrato. Líderes comunales del sector de Nuevo Hábitat reconocieron que el proyecto presenta retrasos. Calcularon que en este momento, después más de un año de labores, solo ha logrado avanzar en un 30 por ciento.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, denunció la difícil situación que vienen sufriendo los pueblos aborígenes, ubicados en el norte del departamento de Casanare.

El problema está relacionada con las amenazas directas, que según la ONIC provienen de las disidencias de las Farc, Frente José María Córdoba, liderado por alias “Antonio Medina”.

La denuncia fue revelada mediante una publicación hecha en la página de la organización, donde textualmente advierte que los pueblos víctimas de las amenazas son los Tsiripo, MaibénMasiguare, CuibaWamone, Sikuani, Amorúa, Yamalero, Yaruro, Sáliva y Wäpigiwi, todos ubicados en el resguardo Caño Mochuelo, zona rural de Hato Corozal y Paz de Ariporo.

Advirtió la publicación que desde el pasado primero de junio ningún comunero indígena ha podido salir de las comunidades. Es por ello que han tenido que dejar sus labores cotidianas como la cacería, pesca, recolección, así como actividades culturales y espirituales, propias de sus costumbres ancestrales.

Agregó la ONIC que este situación se traduce en un claro confinamiento, que afecta de manera directa a todas estas comunidades indígenas, que ven afectado el libre tránsito por sus propios territorios.

Igualmente subrayaron que el grupo armado liderado por 'Antonio Medina', con esta actitud beligerante ha irrespetado la autonomía de los pueblos nativos, utilizando las armas y la intimidación para imponer sus reglas.

Una arista más de esta problemática se encuentra en el riesgo de desplazamiento forzado al cual se ven expuestos los líderes y comuneros indígenas, que fueron amenazados por este grupo armado ilegal.

Ante este panorama tan complejo y peligroso la ONIC exigió al “Gobierno nacional y sus instituciones, garantizar el derecho a la vida, la salud, el bienestar, la integridad física y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades en Casanare”.

También pidieron un plan humanitario de emergencia, que permita suministrar alimentos para estas comunidades, además de otros recursos considerados como esenciales para la supervivencia.

Y de esta manera buscar alternativas de solución para la escases de alimentos, provocada por el confinamiento forzado por las disidencias.

Otra solicitud al estamento estatal es coordinar con las autoridades indígenas, planes de vida y salvaguarda, para proteger y preservar la cultura y el modo de vida de estas comunidades.

En este punto la ONIC consideró necesario incluir medidas específicas para garantizar las costumbres propias de los pueblos nómadas y recolectores.

Se pidió igualmente ejecutar planes de reparación colectiva para las comunidades afectadas. Esta medida deberá contar con la coordinación de las autoridades indígenas de la región.

Finalmente reclamaron a las disidencias de las Farc, respetar la autonomía de los pueblos indígenas, asentados en Caño Mochuelo.

En un esfuerzo conjunto por avanzar en el desarrollo del plan parcial Alameda Martha Mojica, la Administración Municipal se reunió con los beneficiarios de este proyecto loteo.

Los acercamientos con la comunidad estuvieron liderados por Secretaría de Planeación a cargo de Claudia Patricia Cárdenas y el gerente del INDEV, Nelson Nieto.

Fueron en total dos los encuentros que se llevaron a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo, los cuales estuvieron enmarcados por un diálogo abierto entre la Alcaldía y comunidad.

En la reunión del 30 de abril en el despacho de Planeación se habló sobre la continuidad del proyecto. Se abordaron aspectos cruciales relacionados con el desarrollo integral de la comunidad y la ciudad en su conjunto.

Se destacó la importancia de la participación activa de la comunidad en todas las etapas del proceso. Así mismo se hizo hincapié en que el plan parcial responda a las necesidades locales y contribuya al bienestar de la población.

En la cita del 1 de mayo, el gerente del INDEV, Nelson Nieto,  presentó los avances de la ciudadela y  se reafirmó el compromiso de continuar con el proceso de manera transparente y participativa.

Para el gobierno de “Yopal para todos”, estos encuentros representaron pasos significativos hacia la concreción del mencionado proyecto, que se demostró en la colaboración y el interés de todas las partes involucradas.

Según la Administración municipal la idea es trabajar juntos para lograr el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad de la Alameda Martha Mojica, así como de la ciudad en su conjunto.

Habitantes de la vereda Buenavista Baja, quienes este lunes 29 de abril habían alzado su voz de protesta por el incumplimiento de parte de las autoridades para proveerlos de agua potable, lograron un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Yopal.

A través del diálogo con esta dependencia municipal y la presencia de la Personería como garante, se logró levantar el bloqueo intermitente que había hecho esta comunidad a la Marginal del Llano, en el sector del puente La Cabuya.

Víctor Acosta, uno de los líderes de la protesta, comentó que el acuerdo contempla el suministro de agua a esta zona rural, durante tres días a la semana.

Las fechas exactas se acordarán hoy 30 de abril en una reunión programada para la 8 de la mañana con el alcalde Marco Tulio Ruiz.

“Vamos a ver qué podemos solucionar, que quede plasmado en un documento, como el que firmamos el día de hoy (29/04/2024) y esperar que sea favorable tanto para nosotros como los organismos que son la Alcaldía y Gobernación”, indicó el líder comunal.

Sin embargo recordaron que como comunidad van a  estar pendientes de este tema del agua, hasta tanto no se tenga una solución definitiva. Igualmente agradecieron al personero Yesid Camacho, quien junto con su equipo de trabajo los acompañó durante toda la jornada.

Este 29 de mayo se logró materializar el fallo del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Yopal, que ordenaba a la rectora de la institución educativa Centro Social posesionar como personera estudiantil a Adriana Alejandra Parra Barrera.

La alumna de grado once había salido victoriosa en los comicios estudiantiles realizados el pasado 07 de marzo de 2024. Sin embargo no le había sido posible tomar posesión, debido a una supuesta inhabilidad generada por una trivialidad presentada en el aula de clase, con una docente.

Dicha situación tuvo que ser dirimida mediante una Acción de Tutela interpuesta por la Personería de Yopal, donde la autoridad judicial le dio la razón al Ministerio Público, por consiguiente se reversó la decisión de las directivas del plantel educativo de inhabilitar a la estudiante.

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Desde la Personería de Yopal se envió un mensaje, donde reitera el compromiso que tiene dicha entidad de hacer acompañamiento a toda la población, para garantizar que no se le vulneren sus derechos fundamentales.

Por: Martha Cifuentes

A Mauricio Colmenares Cifuentes la noche que lo atracaron en Yopal no solo le robaron sus pertenencias materiales, celular, documentos y bicicleta, sino su tranquilidad. Sintió mucha angustia en el momento en que tres sujetos en dos motos lo emboscaron para asaltarlo. Pero ahora también teme por las consecuencias en su inmediato presente.

Sus herramientas de trabajo básicas eran su móvil y su medio de transporte. Para muchos podrá ser insignificantes sus activos, pero habían sido adquiridos a partir de su trabajo de auxiliar de profesores de la Universidad Nacional, Unlab 4.0, el año pasado. Por tanto requiere de estos elementos para llevar a cabo sus actividades.

Mauricio es un joven teatrero y músico, empírico, en búsqueda de empleo o realizar un emprendimiento basado en sus habilidades artísticas. Recientemente se graduó como técnico en Artes Escénicas del Sena en Yopal. Esta carrera le abrió un nuevo panorama en su vida luego de no haber podido culminar sus estudios en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, a donde llegó a través del programa Pilo Paga 3. Su salud mental y el desarraigo le jugaron una mala pasada.

Lamentablemente no es que abunde el trabajo en el campo de las artes escénicas. Sin embargo, junto con unos compañeros de esa institución conformó la Corporación Guadalupe Salcedo. A través de ella han llegado con el teatro a niños y niñas de colegios públicos de Yopal, conformando semilleros de teatro, han realizado dos versiones del Festival de Teatro y han realizado el montaje de varias obras teatrales.

Mauricio tiene muchos sueños de cambiar la sociedad por una más justa y equitativa con la población más vulnerable, a la que defiende con vehemencia. Quiere un Yopal más incluyente donde quepan en plenitud de sus derechos las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Próximamente para recuperar sus herramientas de movilización y conectividad realizará una obra de teatro para recoger fondos. Espera la solidaridad de los yopaleños que tanto quiere y defiende.

Desde el año 2007 a la fecha se han registrado en la Personería Municipal de Yopal 623 veedurías ciudadanas, 165 de ellas se encuentran activas para ejercer vigilancia y control social sobre la gestión de los recursos públicos.

Así lo informó el personero Municipal de Yopal, Rafael Alberto Peña Torres, quien además señaló que en el periodo 2020-2023 se registraron 66 veedurías, dieciséis de ellas requirieron modificaciones. Tres más se inscribieron en lo corrido de este 2024.

Las veedurías conformadas realizan control social a temas de medio ambiente (2), población con discapacidad (2), adulto mayor (6), procesos electorales (8), salud (8), alimentación escolar (11), vivienda (13), educación (17), servicios públicos (25), transporte, movilidad y pavimentación (29), proyectos de infraestructura y políticas públicas (44).

El jefe del Ministerio Público Municipal, indicó que durante este cuatrienio se atendieron a varias organizaciones sociales, civiles y comunitarias con asentamiento en el municipio de Yopal, las cuales recibieron asesoría y acompañamiento por parte de funcionarios de la entidad, para la conformación de las veedurías que posteriormente fueron inscritas ante este ente de control.

Peña Torres hizo un llamado a todos los ciudadanos a ejercer sus funciones de acuerdo con la Ley 850 de 2003 y los objetivos para los cuales fueron creadas las veedurías ciudadanas.

Don Benjamín Hernández Rodríguez y doña Blanca Ligia Gracia son dos adultos mayores de 60 años residentes en Yopal que están en una situación dramática por cuenta de su pobreza económica y escasas alternativas de ingresos a estas alturas de su existencia, cuando debían estar tranquilos y descansando de toda una vida trabajando. Literalmente están viviendo días muy angustiantes y sombríos, con mucha necesidad y sin tener una red de apoyo familiar.

Don Benjamín fue un vendedor de helados de la empresa Cream Helado por espacio de 25 años. Durante todo ese tiempo caminó cientos de kilómetros de calles con un carrito, aguantando sol y lluvia a la vez que se hacía viejo. No sabía que cuando ya sus fuerzas disminuyeran iba a ser despedido de su trabajo no formal por esta fría firma y quedar sin poder sustentar sus necesidades básicas. Luego de ese cuarto de siglo se vio desechado como los envoltorios de los helados que vendía.

Él es un hombre tímido, de hablar pasito, y que a pesar de ello no se dejó amilanar y buscó trabajo en lo único que sabía hacer, vender helados, ahora en otra empresa, la de los pingüinos amigables, Bonice. Allí estuvo otros pocos años trabajando, pero el Alzheimer, una enfermedad que sobrevenía lentamente sobre su humanidad causaría su desvinculación en los últimos días de diciembre de 2023.

Precisamente el 23 de diciembre don Benjamín luego de una jornada laboral entregó su carrito de helados en la oficina de la empresa. De allí usualmente se dirigía a su casa en el barrio 20 de Julio, pero esa noche no llegó y su compañera de vida, doña Blanca, angustiada llamó a este medio de comunicación para denunciar su pérdida y pedir que quien lo viera la llamara para ir por él.

Pasaron las horas y don Benjamín solo llegó al siguiente día, 24 de diciembre, sin recordar que comenzó a caminar por la vía veredal Yopal-Sirivana, tal vez buscando llegar a su casa. Un taxista lo divisó hacia las 10 de la noche en esa carretera y se condolió al verlo deambular solo y perdido. Se detuvo para preguntarle para dónde iba, él le contestó que se dirigía a Yopal, es decir, iba en contravía de su destino.

El joven conductor decidió llevarlo al centro de la ciudad porque don Benjamín había olvidado donde vivía. De esa noche no se sabe finalmente donde se quedó a dormir porque los recuerdos ya se volvieron esquivos en su mente.

Ya en la mañana una persona que lo reconoció por las publicaciones hechas en varios medios de comunicación locales, llamó a doña Blanca y luego de que ella le indicara la dirección, solidariamente lo llevó a su residencia. Lamentablemente por haber mencionado la empresa de helados en la noticia, esta optó por no volver a darle insumos a don Benjamín. Es decir, quedó sin trabajo y sin los pocos ingresos que esto le representaba y ahí comenzó un nuevo calvario no solo para él sino para su compañera permanente.

Ante el temor de que él se volviera a perder, doña Blanca no pudo volver a salir a trabajar en quehaceres domésticos o en lo que pudiera hacer, y comenzaron a vivir de la caridad, como nunca les había pasado. Unas personas condolidas por la situación le hicieron unas donaciones económicas que duraron poco menos de mes y medio. Escasamente para comprar alimentos, pagar servicios públicos y el arriendo de la casa.

De tantos años de trabajo con las empresas de helados no le quedó una pensión para su vejez porque para ellas él solo era un “comprador de helados” afirma doña Blanca. No era un empleado digno de pago salarial y prestaciones sociales, así se encargara de vender diariamente los helados para estas grandes pero gélidas organizaciones. Ella también estuvo vinculada un tiempo más breve con Cream Helado pero por enfermedad de rodillas no pudo continuar.

Sobreviviendo a punta de caridad

Aunque los dos están adscritos a un Centro Hogar Vida de Yopal donde les proveen refrigerio y almuerzo a los adultos mayores desamparados, este programa había suspendido la atención a mediados de diciembre y solo reinició actividades en febrero. Allí volvieron a acudir, pero don Benjamín, sufrió un accidente doméstico que le causó afectación en una de sus piernas, que le impide desplazarse hasta el sitio asignado para él, porque le toca ir a pie. Si no asiste al Hogar no le dan su alimentación. Su compañera informó de la situación a los directivos y allí le manifestaron que si tenía una discapacidad debía certificarla un médico y así poder enviarle la comida a casa con ella.

Ante la ausencia de recursos para buscar los servicios médicos de Capresoca, su EPS, se gestionó con el gerente de la Ese Salud Yopal Edwin Barrera, el traslado en ambulancia a este centro asistencial para que allí lo evaluaran y dieran un diagnóstico de su estado de salud. Efectivamente tenía luxado un tobillo y le dieron una incapacidad que se vence este viernes 16 de febrero. Hasta esta fecha le suministrarán el almuerzo no presencial. Doña Blanca impotente manifiesta que no cuenta con un peso para algo tan simple como llevarlo en una buseta o un taxi al centro médico de la EPS.

Igualmente, el par de adultos carecen de recursos para pagar el transporte al Hogar Vida y deben desplazarse a pie a la sede que les queda a 17 cuadras de distancia. Y aún el estado físico de don Benjamín no es el mejor para esa caminata. Lejos están los días en que recorría con energía largos tramos de calles.

Cabe resaltar que los fines de semana no hay atención en este programa de adulto mayor de la Alcaldía de Yopal, por tanto, deben rebuscarse su comida para esos días. Y como ninguno de los dos puede trabajar, en estos momentos no cuentan con ingresos para suplir esas necesidades básicas primarias.

La señora Blanca, una mujer que habla duro, aún a sus 67 años, se ha movido para buscar ayuda para su pareja. Logró que la Personería de Yopal conozca de esta paupérrima situación, en procura de lograr un cupo para don Benjamín en un hogar para adultos mayores de Yopal. Allí solicitaron el cupo a la Secretaría de Desarrollo Social pero no es un proceso tan sencillo. Son muchas las solicitudes y pocos los espacios.

Por lo pronto don Benjamín y doña Blanca, tratan de sobrevivir con algunas muy pocas donaciones hechas, pero estas no son permanentes. Ya la persona que les arrienda la vivienda donde viven, les pidió desalojar por la demora en el pago del alquiler.

Mientras don Benjamín no logre ser admitido en el hogar geriátrico seguirá su odisea. Eso implica que requiere de la solidaridad de las personas para solventar medianamente sus gastos y necesidades.

Si alguien desea ayudar a esta pareja de ancianos puede hacerlo consignando directamente en la cuenta de ahorros de Blanca Gracia No. 24507620064 del Banco Caja Social. Se pueden comunicar con ella al número celular 3118847790.

Una larga lista de necesidades que afectan la comunidad de Torres de San Marcos, expuso ante el Concejo de Yopal John Naimes Gutiérrez, uno de los 15 administradores que laboran en este conjunto residencial.

Dentro de los dolores de cabeza que se presentan con mayor frecuencia en esta zona de la ciudad, es el hurto. El administrador mencionó dos situaciones delictivas ocurridas el pasado 7 de febrero, en horas de la noche.

El primer hecho se presentó cuando una residente fue intimidada con arma de fuego, por dos sujetos que se movilizaban en moto y le quitaron sus pertenencias. El segundo estaba relacionado con el hurto de tres motocicletas en el conjunto, en una sola noche.

Gutiérrez reconoció que la Policía suele patrullar el sector, pero debido  a que esta acción no es suficiente, abogó por la instalación de un CAI en el lugar, para garantizar la permanencia de uniformados en la zona y de esta manera mejorar las condiciones de seguridad.

Igualmente manifestó que Torres de San Marcos no es un conjunto cerrado, por lo que los edificios están expuestos al público. Situación  que dificulta la seguridad, especialmente para el parqueo de vehículos, que quedan al aire libre sin ningún tipo de vigilancia.

Otro punto álgido son los problemas de convivencia. Son frecuentes las disputas entre vecinos, lo que Gutiérrez interpretó como una falta de pedagogía con la comunidad, que en la mayoría de los casos no estaba preparada para habitar bajo el modelo de propiedad horizontal.

La propuesta de cerrar la unidad habitacional es un poco compleja, debido a que Torres de San Marcos es un proyecto de vivienda de interés social prioritario, conformado por 49 torres de 20 apartamentos cada una.

El conjunto a su vez se divide en 15 propiedades y cada una por reglamento de propiedad horizontal, tiene su propia autonomía administrativa y financiera.

En este orden de ideas el tema del encerramiento trasciende el terreno económico. Es necesario que todas las 15 copropiedades estén de acuerdo con esta propuesta,  para poner en marcha dicho proyecto.

 Al final de la jornada el administrador Gutiérrez espera que su voz haya tenido el eco necesario en el Concejo, para que desde esta Corporación se busquen alternativas de solución a todas las problemáticas que aquejan a los residentes de Torres de San Marcos.