Desde el congreso se viene trabajando en un proyecto de ley que busca hacer algunos cambios al concurso docente. Así lo dio a conocer la licenciada Ruth Estepa.

La educadora hace parte del grupo de profesores provisionales con varios años de experiencia que no pasaron dicha prueba y ahora tiene como única alternativa para reintegrarse laboralmente, la propuesta del retén social.

Según Estepa, el representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Jorge Alejandro Ocampo, viene liderado una iniciativa que propone una serie de modificaciones a dicho concurso.

La profesora explicó que debido a que la citada prueba quedó abierta a todas las carreras universitarias, han logrado ingresar profesionales que no cuentan con experiencia en pedagogía, desplazando a muchos licenciados que tienen años de trayectoria en el área de enseñanza.

Es por ello que, según lo narrado por Ruth Estepa, el proyecto de ley propone que este tipo de selección exija una experiencia mínima como docente.

Quienes no cumplan con esta exigencia deberán acreditar mínimo un posgrado en pedagogía, que puede ser una especialización o una maestría.

Situación muy diferente a lo que ocurre actualmente. “En este momento los que no cuentan con este requisito se les permite acreditar un curso o un diplomado”, indicó la educadora.

Agregó que también se busca que la prueba tenga una buena dosis de meritocracia, así como un alto componente de pedagogía y metodología de enseñanza.

Sobre la materialización del proyecto, sostuvo que ya pasó dos debates en la Cámara de Representantes. Luego vendrá la discusión en el Senado.

Cuando llegue a este escenario, Estepa espera que el gremio educativo, en especial los profesores en provisionalidad lleguen hasta el recinto del Congreso, para apoyar la propuesta y demostrar que en este sector educativo se ha generado una problemática social.

Para el parlamentario Vladimir Olaya se cumplió con el objetivo de escuchar a la  comunidad, que era el principal propósito de la audiencia pública que adelantó ayer la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en el municipio de Aguazul.  

El congresista casanareño agradeció la disposición que tuvo el Gobierno nacional, para realizar esta jornada en la capital arrocera del departamento.

Por su parte del presidente de la Comisión Luis Ramiro Ricardo Buelvas, con este ejercicio se consiguió un insumo importante para adelantar debates de control político, que permitan materializar las solicitudes hechas por la ciudadanía.

En cuanto a las propuestas hizo referencia a la construcción de la planta de urea, que calificó como una de las necesidades más sentidas, que pudo palpar durante la sesión.

También  resaltó la relevancia que tiene para la comunidad la preservación de los ecosistemas, así como la propuesta de adelantar la transición energética propuesta por el Gobierno nacional, sin que conlleve un deterioro en los ingresos de la ciudadanía, porque hasta el momento la industria petrolera es la columna vertebral de la economía local, regional y nacional.

Otros temas que se llevaron los representantes dentro de la libreta de apuntes y que serán objeto de debates, están relacionados con lo que Buelvas denominó el pendiente histórico en el tema de titulación de tierras, así como la necesidad de consolidar el desarrollo del departamento, como una potencia agroalimentaria.

Cerca de 8 billones de pesos destinará el Gobierno nacional para la ejecución de obras a través de la juntas de acción comunal, bajo el modelo convenios solidarios. Así lo explicó el representante a la Cámara por Cundinamarca, Julio Roberto Salazar Perdomo.

El congresista fue uno de los invitados al foro departamental para dignatarios comunales, que se celebró el pasado sábado en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio.

Precisó el parlamentario que los proyectos que se ejecutarán bajo dicha figura son pequeñas obras, porque aquellas que requieran especialidades técnicas complejas, seguirán realizándose con el sistema tradicional de contratación.

Destacó que los convenios solidarios se convierten en un brazo amigo y apoyo a los mandatarios locales, porque fueron  creados para dar soluciones a problemas menores en temas como vías, escuelas rurales, escenarios comunitarios, entre otros.

Agregó que para llevar a feliz término las iniciativas que se canalicen por esta propuesta, se tendrá acompañamiento técnico por parte del Estado en la desarrollo de las obras civiles, desde el área administrativa y en el componente social.

Sobre este último manifestó que  entorno a cada proyecto, se encuentra el tema de la construcción de tejido social, que se origina con la interacción de los vecinos alrededor de la ejecución de cada obra.

Julio Roberto Salazar Perdomo, fue el creador de la política pública para el sector comunal en su natal Cundinamarca y es uno de los líderes políticos que más sabe del tema en el país.

En su concepto la propuesta hecha por el gobernador electo de Casanare, César Ortiz, de crear un instituto departamental, la cual tendrá dentro de sus objetivos la vigilancia de la juntas de acción comunal, pero también de su fortalecimiento, lo que permitirá a este  modelo comunitario prepararse en todos los aspectos, para tener la oportunidad de contratar con el Estado.

Falta de conectividad, mejores vías terciarias y educación fueron las tres principales falencias que afectan la población rural del departamento, convirtiéndose en un obstáculo para poder acceder a los programas del Estado.

Esta fue una de las conclusiones de la audiencia pública del proyecto de ley mujer rural y campesina, liderada por el representante Hugo Archila, en la sede del Club El Alcaraván quien es el coordinador de esta iniciativa que hace tránsito en el Congreso.

Según Archila el objetivo es modernizar y adaptar a la realidad actual la Ley 731 de 2002, para que la oferta institucional del Gobierno nacional llegue a quienes realmente los necesitan y no se quede en manos de “pequeños grupos expertos en proyectos o que tienen la información y se queden con estos beneficios”, expresó el congresista casanareño.

Archila reconoció que existen varios desafíos que es necesario superar, antes de llegar a ese ideal donde todas las mujeres rurales y campesinas sean las destinatarias directas de las iniciativas oficiales.

Mencionó que la falta de comunicación es una de esas grandes rémoras, lo que influye que este sector de la sociedad no pueda acceder a capacitaciones y otros beneficios.

También es necesario brindarles seguridad social y opciones de recreación a través del deporte, que tengan campeonatos o torneos locales en diferentes disciplinas deportivas.

Pero el punto más importante para Hugo Archila, es asegurar los recursos para apalancar estas propuestas. Sin un presupuesto fijo destinado para este renglón, es imposible implementar cualquier propuesta, por loable que sea.

Destacó igualmente la necesidad que se tengan canales de comercialización de sus productos y óptimas vías de acceso. Solo así se puede tener una dinámica comercial que las beneficie y evitar, como sucede en la actualidad, que las ganancias queden en manos de los intermediarios.

En este esquema abogó por un centro de acopio de carácter oficial como el extinto Idema, el cual evocó y dijo que sería muy bueno revivirlo, o en su defecto que el Gobierno cree un modelo semejante, para aprovechar todos los beneficios que, en su momento, ofreció a los productores campesinos, la desaparecida entidad.

Otra de las invitadas al evento, que se pronunció con conceptos concordantes en varios aspectos con lo dicho por el representante, fue la directora seccional del Sena, Johana Medina.

Uno de esas áreas en la cuales coincidió fue en lo del centro de acopio, así como el mejoramiento de vía y conectividad. En lo referente al trabajo del Sena sostuvo que facilitó a las mujeres rurales, el ingreso a programas de educación y emprendimiento.

Precisó que han logrado llevar al sector rural programas de formación técnica, omitiendo el requisito de un mínimo de estudio previo, que era una de las limitantes para esta población, que en su mayoría no cumplían con esta exigencia.

Esta decisión cobijó también el área de emprendimiento, donde para postularse era necesario contar con una formación técnica o tecnológica. Solo así se podía aspirar a ser beneficiario de alguno de los programas planteados para el sector productivo.

Medina explicó que la situación cambió y que ahora con un curso complementario que ofrece el Sena Emprender Rural, puede aspirar a recibir ayuda de dicha entidad para impulsar sus emprendimientos.

Desde la perspectiva de las destinatarias de este trabajo legislativo, Esther Morales, del consejo consultivo de mujeres, coincidió en la falta conectividad y la necesidad de mejores vías de acceso, pero incluyó la necesidad de tierra que tiene este grupo poblacional.

También recalcó que lo importante de este trabajo, es que se logre cristalizar algunas líneas de apoyo oficial, no  importa si son 3 o 4. Para Morales lo que realmente relevante, es que se hagan realidad y no se queden en letra muerta.

Insistió en la necesidad de la oferta educativa, unidades productivas, pero especialmente mayores posibilidades de comercialización, para que todo su esfuerzo sea bien recompensado.

Por su parte la gestora social del departamento, Cielo Barrera, entregó un rápido resumen del trabajo desarrollado por la Administración departamental saliente de Salomón Sanabria, en materia de apoyo al sector rural.

Expuso que han beneficiado a 3.500 féminas con los diferentes programas, desarrollados desde de la Secretaría de la Mujer. A ellas se les entregaron insumos y unidades productivas, las cuales estaban provistas de una estufa ecoeficiente, huertas caseras e implementación gastronómica.

Entre tanto la presidenta del Concejo de Yopal, Luz Mery Niño, recalcó que esta audiencia tuvo como principal objetivo escuchar a las mujeres, más que presentar resultados o hacer una explicación del proyecto de ley.

En este sentido Archila recordó que son 5 ejercicios de estas mismas características, programados en diferentes regiones del país. En esta ocasión se cumplió el de Yopal, falta otros cuatro, uno de los cuales está previsto para la otra semana en Boyacá.

El congresista manifestó que la importancia de las actividades, es darles participación a las mujeres rurales y campesinas en la elaboración del proyecto, porque son ellas las que mejor conocen su propia realidad.

Adicionalmente cada departamento o región del país tiene condiciones diferentes, por eso las audiencias se realizaran en diferentes ciudades del territorio nacional.

Finalmente el representante Hugo Archila acotó que espera que el próximo año quede aprobado este proyecto de ley, con todas las recomendaciones, sugerencias y peticiones salidas de estas audiencia públicas.   

Un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales en el país, viene haciendo trámite en la Congreso de la República.

La iniciativa que fue liderada por las parlamentarias Ana Paola García, Lorena Ríos y Hugo Archila Suárez. Dicho proyecto que pretende modificar  la Ley 731 de 2002 y buscar acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida, reduciendo la brecha de desigualdad entre géneros en el campo colombiano.

El congresista liberal Hugo Archila aseguró que, “la iniciativa pluralista se construyó con la colaboración de la Comisión accidental del frente parlamentario contra el hambre y la  Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso, los ministerios de Agricultura, Trabajo, Comercio, Finagro, la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad Solidaria – UAEOS, el SENA y colectivos de organizaciones sociales como AGROCOMUNAL”.

Son siete los ejes fundamentales que sustentan este proyecto.

1. Ampliar y robustecer la financiación para las iniciativas de mujeres rurales y campesinas, incluyendo la definición de metas anuales de captaciones y líneas de crédito preferenciales para apoyar actividades agrícolas

2. Fomento a la educación y capacitación para las mujeres rurales y campesinas.

3. Acciones laborales en favor de las mujeres rurales y campesinas, buscando promover sus derechos y formalización laboral.

4. Acciones afirmativas de recreación y deporte para las mujeres rurales y campesinas.

5. Economía campesina y agricultura familiar de la mujer rural y campesina, promoviendo la construcción de infraestructura y tecnología.

6. Participación de las mujeres rurales y campesinas, garantizando su empoderamiento en la ejecución y promoción de políticas públicas que las afecten.

7. Disposiciones en materia de violencia contra las mujeres rurales y campesinas, incluyendo el agravamiento del delito de feminicidio.

Adicionalmente, el documento final se enriqueció con opiniones de expertos dentro de los cuales se destacan  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, el Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe ODA- ALC, la Universidad Javeriana, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Nariño y la Universidad de Los Andes.

El representante a la Cámara Vladimir Olaya hizo público un informe, sobre la gestión que ha adelantado durante su primer año, en el Congreso.

El documento comienza por reseñar las 9 comisiones de la Cámara a la cual pertenece. Segunda; Amozorinoquia; inteligencia y contra inteligencia; industrialización: agua y biodiversidad; accidental para la reforma al Congreso; ordenamiento territorial; de evaluación de la situación violaciones de los Derechos Humanos y de seguimiento a la ruta de Los Libertadores.

Renglón seguido menciona los grupos parlamentarios de amistad, donde figuran una serie de naciones vinculadas con esta propuesta. Indonesia, Rusia, México, Bolivia, Uruguay, El Vaticano, Argentina, Nueva Zelanda, Polonia, Líbano, Haití, Guatemala, Dinamarca, Ecuador, Israel.

En este punto destacó que con el Estado de Israel es coordinador de grupo, lo que permite generar unas posibilidades de cooperación, con esta nación.

Luego el informe hace referencia a los 6 proyectos de ley, que son propios de su autoría. El primero está relacionado con una reforma a los artículos 333 y 334 de la Constitución, cuya finalidad es defender la propiedad privada, la libertad individual y económica.

El segundo proyecto busca regular la carrera diplomática y consular, buscando que mínimo el 50 por ciento de estos cargos, sean de carrera administrativa.

Una tercera iniciativa tiene como objetivo evitar que prescriban las acciones penales, para el delito de homicidio contra miembros de la Fuerza Pública.

Otra gestión de orden legislativa tiene como objetivo el acceso generalizado de la población, a los créditos que brinda el Estado colombiano.

En este mismo listado de proyectos de ley gestionados por el representante Olaya, se encuentran la adopción de unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz.

Otorgar redescuentos a la línea de cadena productiva de Finagro. Normas generales para la tenencia de mascotas y finalmente la creación de mecanismos de articulación, que permitan la verdadera resocialización de aquellas personas que por causas penales o procesos de reincorporación de grupos armados, son población vulnerable.

Así mismo menciona los proyectos de ley de los cuales ha sido coautor. El primero atañe a una evaluación del gasto público, en temas ambientales, tanto en entidades del orden nacional como regional.

Institucionalización del día sin IVA. Modificación del impuesto a vehículos. Elevar a política de Estado el ingreso solidario. La inclusión de Mitú, Taraira y Carurú en el Vaupés, al plan de desarrollo con enfoque diferencial.

También hizo relación de los proyectos en los cuales ha participado como ponente. Asociar a la Nación en la conmemoración de los 210 años de fundando, del municipio antioqueño de Abejorral, así como el cincuentenario de Dosquebradas (Caldas).

Acceso a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Eliminar como requisito la libreta militar. Cooperación judicial con Costa Rica. Conmemorar el movimiento sufragista colombiano.

Otra gestión relacionada en el documento, es la solicitud hecha al Gobierno nacional, para que incluyera en el Plan de Desarrollo la una planta de úrea  en el departamento de Casanare.

Incluye igualmente las reuniones de alto nivel como delegaciones diplomáticas de varios países, cuyo objetivo fue ampliar el abanico de oportunidades de cooperación internacional e inversión extrajera directa en Casanare.

También figuran en este listado entidades como Supersalud, Fedegan y UPTC, donde se discutieron temas inherentes, de especial relevancia para cada una de estas entidades.

En el epílogo del informe aparece la sesión descentralizada de la Comisión Quinta de la Cámara, donde se abordó toda la problemática de inseguridad que afecta al departamento.

Finalmente destacó la intervención que hizo recientemente en la Asamblea Departamental, donde esbozó el trabajo que ha venido desempeñando en la Cámara de Representantes.

El representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila, participó en la cuarta y última mesa técnica, para la elaboración del proyecto de ley de seguridad nuclear y protección radiológica en Colombia. Esta iniciativa busca establecer una normativa marco, para regular el sector nuclear en el territorio nacional.

Junto al reconocido docente e investigador colombiano Camilo Prieto, el parlamentario casanareño se ha referido a esta propuesta como "uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en la historia reciente de los colombianos".

La idea es mejorar las herramientas de salud pública, agrícola, fitosanitarias, mitigación, interconexión eléctrica y adaptación al cambio climático en el país.

La mesa técnica se adelantó en el Salón Galán del Congreso de la República, con la participación del grupo de asuntos nucleares del Ministerio de Minas y Energía, delegados del Servicio Geológico Colombiano y el acompañamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Durante el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional, la bancada liberal consiguió que se eliminaran 9 artículos de este proyecto de ley.

Las huestes rojas tienen su propia visión sobre el trabajo realizado. “No vamos a permitir la burocratización del sistema de salud”, expresó el representante casanareño Hugo Archila.

El parlamentario casanareño agregó que sí apoyan una transformación al sistema de salud, “pero que realmente garantice el bienestar de la población más necesitada, sobre todo en los territorios apartados como Casanare, y no los intereses de unos pocos o dejando el presupuesto en manos equivocadas”.

Archila destacó como “un gran logro en equipo”, ya que varios de estos puntos se encontraban incluidos dentro de las llamadas ‘Líneas Rojas’ establecidas por el Partido Liberal Colombiano y que fueron presentadas desde un comienzo, a través de una ponencia alterna ante el Gobierno Petro.

El articulado que se eliminó del Proyecto de Ley 339 de 2023 fue el siguiente:

Artículo 36 “Gestión pública de los servicios de salud”. Esto incluía fondos territoriales, distritales y municipales con designación al ADRES como pagador único.

Artículo 59 “Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud. ADRES

Artículo 70 “Fondos de Salud”

Artículo 71 “Modificatorio del numeral 1 del artículo 47 de la Ley 715 de 2001”. Ley Orgánica que modificaba los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Artículo 72 “Recursos complementarios para la financiación de servicios de mediana y alta complejidad”.

Artículo 74 “Fondo Cuenta Regional de Salud”. Fondos territoriales, distritales y municipales con designación al ADRES como pagador único.

Artículo 79 “Cambios de destinación de los recursos de los Departamentales en Salud”.

Artículo 80 “Cambios de destinación de los recursos de los municipios en Salud”. De Ley Orgánica y con riesgo de burocratización.

Artículo 81 “Fondo departamental y distrital de salud”. Se incorporan muchas de las instancias creadas como dependencias o unidades funcionales del Ministerio de Salud y Protección Social o de las Direcciones territoriales y se les asignan recursos.

Luego de su aprobación en primer debate, dicha reforma, que fue avalada este martes con 14 votos positivos y 6 negativos, continuará su trámite legislativo para entrar a segundo debate en la Comisión, durante las próximas semanas.

De ser votada positivamente por las mayorías, llegaría al Senado de la República para continuar su discusión.

El representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila, se pronunció frente a las expectativas que tiene tanto él como la colectividad roja sobre los resultados de la reforma a salud que hoy inicia su discusión en el Congreso de la República.

Explicó que pese a que hay consenso en gran parte de la propuesta hecha por el Gobierno, no dejan de existir algunas divergencias. “Lo que no compartimos es el tema burocrático porque no podemos aumentar la parte burocrática y administrativa, mientras que en la parte operativa que es donde tenemos que aumentar, no se ve ese resultado”.

De todas formas destacó varios puntos donde se tiene la misma perspectiva que la administración Petro. “Compartimos con el Gobierno que hay que dignificar a las personas que trabajan en el sector salud y estamos en mora para que ellos tengas salarios dignos y que se les pague, porque hay casos donde duran hasta 6 meses sin pagarles”.

También es partidario de asignarles un valor agregado, para aquellos profesionales que trabajan en las zonas más apartadas del país. “No es lo mismo un sueldo de una capital que en un territorio alejado, como el Chocó o Caño Mochuelo, porque les representa más gastos y más complejidad para poder ayudar a los usuarios”.

Explicó además que otros partidos radicaron algunas proposiciones, mientras que los liberales lo hicieron con una ponencia alterna, que se dio porque el Liberalismo no acompañó la que hicieron en su momento otros movimientos políticos.

“Nosotros radicamos ponencia alterna porque al nosotros no firmar, era deber del coordinador ponente liberal radicar una ponencia, pero recogemos prácticamente los mismos temas”, manifestó el representante.

En cuanto a los puntos que incluye la propuesta liberal, mencionó una aseguramiento mixto, que no sea exclusivo del sector público. Así mismo defienden la libre elección de los usuarios para afiliarse al sistema de su preferencia.

“La ministra Corcho nos decía días atrás que no iba a acabar las EPS, que ellas se están acabando solas porque no cumplen y no prestan su función y las que están prestando el servicio van a salir fortalecidas”, señaló Archila.

En cuanto a Capresoca dijo que la entidad está haciendo la tarea, que depende de ella misma. “Hemos estado trabajando con el gobernador y la gerente porque la gente siempre ha pedido ayudarla y eso es lo que estamos haciendo, pero depende de la entidad. Creo que está haciendo la tarea y si cumple con el plan de acción que tiene saldrá adelante”.

Con el hundimiento de la reforma política, presentada por el Gobierno Nacional, el representante a la Cámara Hugo Archila Suárez, manifestó su apoyo a la decisión del presidente Gustavo Petro, de retirar este jueves el documento.

La iniciativa inicial al hacer trámite por las diferentes bancadas del Congreso, recibió algunas propuestas que fueron bastante cuestionadas.

En ese sentido el parlamentario casanareño fue categórico en afirmar que “nosotros no apoyaremos reformas que sirvan a los intereses de pocos, queremos que los nuevos liderazgos, sobre todo de los jóvenes en Casanare, tengan todas las garantías electorales para cursar sus ejercicios políticos, hoy le decimos sí al cambio, pero sin reformas politiqueras”.

La reforma fue radicada ante el Senado de la República en el pasado periodo legislativo, por parte del ministro del interior Alfonso Prada. El documento contenía la creación de listas cerradas y paritarias, conocidas como “listas cremallera”, que acabarían con el voto preferente y proponían eliminar la posibilidad que los ciudadanos sufragaran por candidatos individuales.

Pero dentro del articulado considerado como ‘micos’ que surgieron en su tránsito por el parlamento, uno de los más polémicos fue la propuesta de permitir que senadores y representantes pudieran ser elegidos ministros, teniendo la posibilidad de retornar a sus curules cuando lo desearan y adicionalmente, que fueran reelegidos de manera automática para un siguiente periodo constitucional.

Archila Suárez, quien se encuentra participando de la agenda territorial de audiencias públicas sobre la reforma a la salud, que ya se ha desarrollado en Barranquilla, Cúcuta, San Andrés y San José del Guaviare, aseguró que seguirá defendiendo las necesidades colectivas, escuchando las comunidades desde los territorios, trabajando por el departamento de Casanare y la Orinoquía.

“Mi deber como representante es aportar a la construcción de un país donde se respete la voluntad de la gente, sobre todo de los más desprotegidos, aquí los seguimos escuchando y hoy por ejemplo, en Casanare tenemos muchos líderes que se han unido a nuestro Partido Liberal, ellos quieren hacer las cosas de manera honesta y quieren trabajar por un departamento nuevo, diferente y con oportunidades para todos ¿Cuál es mi deber? Aportarles garantías, sobre todo a los jóvenes que están iniciando sus procesos políticos” subrayó el congresista casanareño.