Un grupo de 83 funcionario públicos de las alcaldías de Yopal, Aguazul y Tauramena y de la Gobernación de Casanare fortalecieron sus conocimientos y competencias gerenciales y de liderazgo, gracias al Diplomado sobre Gerencia y Administración Pública que impulsó Ecopetrol a través de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare.

Con esta formación, que tuvo una intensidad de 120 horas, los funcionarios robustecieron sus conocimientos en temas como ordenamiento territorial, gestión del riesgo, proyectos de desarrollo, formulación de proyectos, cooperación internacional, economía y finanzas públicas, políticas públicas, contratación estatal, entre otros.

Naidú Figueredo, funcionaria de la Alcaldía de Aguazul, destacó la importancia de este diplomado y señaló que: “Es interesante porque tenemos un bagaje, un conocimiento general, pero en este momento estamos adquiriendo un conocimiento específico, un conocimiento más profundo. Me ha parecido interesante e importante para afianzar nuestros conocimientos en nuestra profesión y en el cargo que tenemos”.

“Desconocemos en cierta forma algunas políticas o leyes que los funcionarios deberíamos tener en cuenta. Es grato aprender todas estas cosas nuevas que nos ayudan a ser mejor persona y mejores funcionarios”, sostuvo Wilmar Arias de la Alcaldía de Tauramena.

Por su parte Guillermo Monroy de la Alcaldía de Yopal, resaltó el impacto que tiene el diplomado en su ejercicio laboral: “Hemos fortalecido nuestros conocimientos en toda el área pública, en procesos de contratación, en manuales, en muchos procesos y procedimientos para fortalecer los conocimientos y brindar un mejor servicio a la ciudadanía”.

En total se certificaron 35 funcionarios públicos en Yopal, 24 en Tauramena y 24 en Aguazul, para favorecer el desarrollo integral y la gobernabilidad de las regiones.

La Empresa de Energía de Casanare alertó a sus usuarios que hay personas que están incurriendo en el delito de suplantación de funcionarios, como es el caso del señor de la fotografía anexa, quien no está vinculado laboralmente a Enerca.

Además, los técnicos tienen una dotación con los logos definidos tanto de Enerca como del consorcio Gestión Integral, los trabajos de suspensiones y reconexiones se efectúan de lunes a viernes y los sábados solo reconexiones, los contratistas deben estar debidamente identificados con su carnet con los logos tanto de Enerca como del consorcio el cual deben portar en el brazo derecho de manera visible.

Igualmente, Enerca advirtió que, el personal directo y contratistas no están autorizados para recibir ningún tipo de pago por los servicios prestados, razón por la que no se debe entregar dinero a alguna persona que se acerque a solicitarlo a nombre de la empresa.

La Empresa hizo la advertencia debido a que personas inescrupulosas están llegando a las viviendas haciéndose pasar por empleados, argumentando un posible corte del servicio de energía si no se efectúa el pago o abono de la deuda.

Se invitó a denunciar cualquier anomalía a través de la línea segura 01800910182, teniendo en cuenta que ningún funcionario de Enerca está autorizado para recibir dinero por arreglos, cambio de medidores, matrículas y demás, en dado caso los cobros por el trabajo que se realicen vienen inmersos en la factura mensual, la cual puede ser pagada en los puntos autorizados.

Funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil no están en la obligación de registrar nombres como Miperro, Híbrido, Judas, Belcebú, Satanás, entre otros; si, consideran que estos nombres podrían atentar contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia, por tratarse de una descripción ofensiva o denigrante contra el menor.

Así lo dio a conocer el director nacional de Registro Civil de la Registraduría, Rodrigo Pérez Monroy, quien dijo que: “en dado caso, el funcionario registral podrá recurrir a un defensor de menores para que intervenga sobre la denominación que ese padre quiere, pero los funcionarios notariales no están en la obligación de suscribir ese tipo de nombres”.

El funcionario aclaró que, por gusto u ocurrencia de los padres de un recién nacido, no pueden ponerles nombres que a futuro puedan incidir en el libre desarrollo de su personalidad o resulte ser objeto de bullying o matoneo.

“No se niega la inscripción, pero sí, hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor, por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”, señaló el director Nacional de Registro Civil.

La Registraduría informó que, a corte de 31 de diciembre del 2020, se registraron 619 504 niños cuyos padres les pusieron, entre otros, nombres de artistas y deportistas mundialmente conocidos como Cristiano, James, Neymar, Maluma y algunos un tanto exóticos como Chespirito, Warnerbro y Joku, entre otros. De ellos, el 51,3 % son hombres y el 48,7 % son mujeres.

Entre los nombres registrados, se puede observar que muchos padres han optado por nombrar a sus hijos igual que a artistas de géneros musicales como el reggaetón y pop: J Balvin, Maluma, Yatra, Juanes y Shakira.

Varios padres colombianos han acudido a la creatividad y han registrado nombres como Vanderlein, Messi Andrés, John Crazy, Bellaflor, Britney Cristal, Alison Lupita. Sin embargo, este tipo de nombres son aceptados por no tornarse denigrantes u ofensivos para la niña o el niño recién nacido.

Otros de los nombres que se encuentran en esta lista son: Oilda, Okari, Onely, Shi Yin, Shu Yan, Sol Amy, Eliú, Juny, Ryan, Ale José, Alí Said, Dan José, Michaell, Stivens, Jolith, Yake, Yerson, UsNavy o Westinhouse.

“Estuvimos en un consejo de seguridad donde se acompañó al alcalde de Támara, Leonel, porque hay algunas amenazas con respecto al señor alcalde, funcionarios y contratistas del municipio. Estamos garantizando con Ejército y Policía, para reforzar esa seguridad allí, y entender que no estamos de acuerdo con la extorsión y que no vamos a permitir que ninguno de estos delincuentes le venga a hacer daño a Casanare”, afirmó el gobernador Salomón Sanabria.

Sobre los autores de estas amenazas, el gobernador de Casanare dijo que, por ahora es materia de investigación, sin embargo, señaló que hay indicios de que el responsable sería Alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias del frente 28 de las Farc.

Recordamos que, recientemente las autoridades capturaron en flagrancia en Paz de Aariporo, a un presunto extorsionista vinculado a esa agrupación ilegal armada, quien en compañía de una menor de 16 años, estaban cobrando a un contratista de Támara, 40 millones de pesos, producto de una extorsión por dejarlo trabajar.

Por ahora se reforzarán las medidas de seguridad en este municipio y se cuenta con una bolsa de 200 millones de pesos para dar recompensas sobre información que permita llegar a los responsables de las amenazas a estas personas.

También para reforzar la seguridad en municipios del departamento, el gobernador Salomón Sanabria, anunció que en agosto se estarán entregando dos pelotones de motos a la policía en Villanueva y Paz de Ariporo. También informó que se están conformando gestores de seguridad comunitarios para identificar zonas calientes en Casanare.

Don José Enrique Ángel, adulto mayor de la vereda Cupiagua en Aguazul, recibió su nueva silla de ruedas que contribuye de manera significativa con el mejoramiento de su calidad de vida luego de sufrir un accidente.

Profesionales de la Secretaría de Integración Social y Mujer, realizaron también distribuyeron mercados en el área urbana de Aguazul, a familias que han sido afectadas por la pandemia y quienes agradecieron el gesto social institucional.

Así mismo, la secretaria de la Mujer, Julieth Parra Acosta, entregó completos paquetes nutricionales y balones de fútbol a mujeres y niños del área rural de Yopal y  a la Asociación de Lustrabotas de Casanare ASOLUCAS.

Ante la gerente de Capresoca, Nuria Yarley Bohórquez Peña, se posesionaron, los nuevos jefes de las oficinas, asesora de Jurídica, asesora de Planeación y la subgerencia de Aseguramiento y Riesgos en Salud.

En la oficina Asesora Jurídica, fue nombrado Adriano Pérez, abogado con 20 años experiencia en el sector público. Se desempeñó por más de 5 años como delegado del Registrador Nacional, asesor del despacho del procurador General de la Nación, de la Secretaría de Gobierno Departamental, asesor en la gerencia de Capresoca; jefe de la oficina Jurídica de Yopal, docente de Unitrópico por más de 4 años en derecho constitucional y administrativo colombiano y procesal administrativo.

En la oficina Asesora de Planeación fue nombrada Ana Dioneira Bustos Caballero administradora en salud, especialista en gestión pública con más de 18 años de experiencia en el sector salud.

En la Subgerencia de Gestión del Riesgo en Salud, fue nombrada Ana María Betancur Henao, enfermera especialista en auditoría de servicios de salud y garantía de la calidad con más de 23 años de experiencia. Ha sido coordinadora de salud pública, profesional de Atención al Usuario de Capresoca en 2008, en el 2011 subgerente de Servicios, Líder de Gestión del Riesgo 2020-2021; coordinadora médica por más de 4 años en magisterio de Casanare, gerente de Nueva Eps. 

La Alcaldía de Yopal, informa a la opinión pública que en la aplicación de pruebas que se realizan periódicamente a los funcionarios, la secretaria de Gobierno, Karen López y el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY), Gelmar Giraldo Guanaro; dieron positivo para Covid-19.

Una vez conocido el resultado, en un acto de responsabilidad con ellos, sus familias, compañeros de trabajo y la ciudadanía en general, estarán en aislamiento por el periodo que las autoridades sanitarias determinen. Actualmente están en óptimas condiciones de salud y hasta el momento no han registrado ningún tipo de sintomatología.

Mientras se cumple dicho periodo, Gelmar Giraldo Guanaro y Karen López, continuarán al frente de la dirección de sus dependencias a través de la modalidad de trabajo en casa.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Sácama, Casanare Mario Hernando Estupiñán; a la exsecretaria general del municipio, Argenis Barrera Valderrama, y a Jenny Caterine Uscátegui Maldonado, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de esta última como comisaria de Familia en febrero de 2019. 

Las posibles faltas endilgadas al exalcalde y a la exsecretaria general fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa gravísima, y para el caso de la excomisaria de Familia como grave a título de dolo.

Al parecer, dos servidores públicos y un particular solicitaban dinero a los usuarios y luego alteraban el sistema informativo del Municipio para registrar actuaciones inexistentes. La denuncia la interpuso el mismo Alcalde de Yopal.

Por solicitud de la Fiscalía, fueron cobijados con detención intramuros, los funcionarios de la Alcaldía de Yopal Yody Yeimy Patiño Vargas de 31 años, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo desde noviembre de 2013 en la Secretaría de Hacienda; Rafael Nossa Molano de 40 años, técnico administrativo quien laboraba actualmente en las TICS y el particular Luis Enrique Herrera Niño de 55 años y de ocupación tramitador.

La investigación inició con denuncia del mismo Alcalde la localidad, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la situación evidenciada en la Oficina de Recaudo de Impuesto Predial, donde se detectaron irregularidades en el registro de paz y salvos de los deudores al no coincidir éstos con los extractos bancarios del municipio, determinando que por lo menos en 151 registros de presunto pago de este impuesto en 2019, el dinero no ingresó a las arcas del municipio, presentándose un detrimento por $1.004'863.150.

Actividades adelantadas por investigadores de la Fiscalía Casanare, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción y Dijin anticorrupción de la Policía Nacional Bogotá, que incluyeron interceptación de líneas telefónicas y análisis, permitieron establecer que los detenidos, al parecer, recibían hasta el 50% del valor de lo adeudado al municipio por cada acreedor.

En las ciudades de Pailitas (Cesar) y Yopal (Casanare) fueron materializadas las órdenes judiciales contra los detenidos, que fueron presentados ante un juzgado con función de control de garantías, para su judicialización.

La Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático. Ninguno aceptó cargos.

Frente a la decisión del juzgado, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos y garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.

Luis Enrique Herrera Niño, quien actuaba de intermediario en los temas de pago de impuesto predial, Rafael Nossa Molano, quien se desempeñaba como profesional en la Oficinal de las TICS y Yody Yeimi Patiño Vargas, funcionaria de la Secretaría de Hacienda, son los funcionarios de la Alcaldía de Yopal capturados en las últimas horas.

Estos funcionarios y el intermediario están señalados de participar en los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático, relacionados con el desfalco de 1.400 millones de pesos del impuesto predial correspondiente al municipio de Yopal. 

Desde horas de la mañana, se venían realizaron operativos en el municipo de Yopal por parte de la Unidad de Administración Pública del CTI Casanare y la DIJIN Anticorrupción de Bogota, quienes establecieron que las irregularidades, presuntamente fueron cometidas por los servidores públicos. Mientras tanto una funcionaria de planta ya habría sido capturada en Pailitas, Cesar. 

El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, expresó que el modus operandi de los funcionarios era pedirle a algunos deudores morosos del impuesto predial que pagaran un monto muy inferior de lo adeudado al fisco y a través de la manipulación del sistema se legalizaban los pagos y se expedían los paz y salvos. A cambio se obtendría un valor por la reducción de la deuda. 

La situación se habría evidenciado por denuncias de los mismos contribuyentes y porque las finanzas no estarían cuadrando, en hechos ocurridos entre 2019 y 2020.