Si no se llega a una conciliación extrajudicial, la exsecretaria general de la Corporinoquia, Diana Carolina Mariño Mondragón, entablará una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra esta entidad, por no haberla nombrado como directora encargada, teniendo derecho a ello ante la ausencia de la titular elegida. Pide indemnización de 730 millones de pesos por salarios y daños morales causados.
Así se conoció en la solicitud de la conciliación instaurada ante los procuradores judiciales para asuntos administrativos. Para la demandante, los estatutos de Corporinoquia, establecen que cuando se presenta una vacancia del cargo del director, este debe ser asumido por la secretaría general. Y esta situación se produjo el 1 de enero cuando la titular elegida, Doris Bernal, no pudo posesionarse del cargo porque previamente el Consejo de Estado, el 12 de diciembre, había suspendido cautelarmente su elección por vicios en el procedimiento.
Entre los argumentos expuestos por la demandante está que el Consejo directivo que regía en Corporinoquia, hasta el 31 de diciembre, no tenía potestad para designar un director encargado, según lo advirtió la Procuraduría, basándose en los estatutos de la Corporación. Pese a ello nombró el 31 de diciembre como directora encargada a la profesional adscrita a la subdirección de Planeación Dolia Jenny Gámez Cala, quien no hacia parte del nivel directivo ni asesor. Una vez posesionada, nombró a Jorge Andrés Mariño Álvarez, como secretario general, dando tácitamente terminado el nombramiento de la demandante Carolina Mariño.
Igualmente se explica que el mismo Consejo de Estado a través de la Sección Quinta, suspendió cautelarmente, el 5 de marzo, a la directora encargada Dolia Jenny Gámez, porque su nombramiento se habría efectuado irregularmente al no acogerse a los estatutos de la entidad, que establecían que quien debió asumir las funciones de directora era la secretaria general.
Por todo lo anterior, la exsecretaria Carolina Mariño expresa que la situación le generó dolor, sufrimiento, tristeza, pesadez, depresión y ansiedad, no solo a ella sino a su grupo familiar conformado por su esposo, hija y madre. Y con base en ello pide el reintegro a su cargo de secretaría general y la indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales para cada uno de sus familiares.
Reclama su salario de los meses enero a marzo y hasta que se resuelva la conciliación, cuya cuantía mensual asciende a 9 millones de pesos. También estableció que por concepto de perjuicios materiales e inmateriales en la categoría moral y de salud, le adeudarían a ella y su núcleo familiar 700 millones de pesos, aproximadamente.
De no prosperar la conciliación, trámite obligado por la ley, la exsecretaria presentaría demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Corporinoquia.
Por lo pronto en Corporinoquia y ante la suspensión de Dolia Gamez, asumió funciones Jorge Andrés Mariño Álvarez, por su calidad de secretario general. Hasta el momento no se ha resuelto la situación jurídica de la titular elegida el año pasado y los nuevos miembros del Consejo Directivo no han tomado decisiones al respecto.
