En el pujante municipio de Villanueva, Casanare, una oscura realidad fue desenterrada no por un evento local, sino por una alerta que viajó miles de kilómetros.

Desde la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), una señal de alerta se activó, indicando la existencia de un usuario en el oriente de Colombia que enviaba material explícito de menores a plataformas virtuales.

Esa alerta puso en marcha una cadena de eventos que culminó en la residencia de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Este hombre, aparentemente un ciudadano más fue señalado de almacenar y distribuir fotografías, al igual que videos de niños y adolescentes con contenido específico para adultos.

Los investigadores descubrieron que el 10 de enero del año en curso, presuntamente había almacenado 17 archivos en su nube personal y compartido una ruta de acceso para que contactos de todo el mundo pudieran verlos.

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijin de la Policía, actuó rápidamente. Una diligencia de registro y allanamiento en su hogar de Villanueva reveló la evidencia de su actividad ilícita: fueron incautados celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento y una cámara.

La historia de Rodríguez Rodríguez es un eco silencioso de cómo la tecnología, que nos conecta, también puede ser un vehículo para los peores crímenes.

Con las pruebas en su contra, una fiscal le imputó los delitos de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

 Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías decidió que su lugar es un centro carcelario.

En toda esta historia quede una reflexión. En un mundo hiperconectado, la vigilancia para proteger a los más vulnerables no tiene fronteras, y la sombra del delito puede esconderse en los lugares más inesperados.