La EAAAY se pronunció frente a la aplicación de la norma del desincentivo por el consumo excesivo de agua. Dicha medida en días pasados fue objeto de análisis y declaraciones del personero delegado para los Derechos Humanos, Domingo Conde.

El funcionario del Ministerio Público explicó que el desincentivo no aplica para el municipio de Yopal, teniendo en cuenta varios aspectos que contempla la normativa y que no se cumplieron.

Una de estas omisiones se centra en el hecho que para hacer efectiva la medida, era necesario que el caudal de las fuentes abastecedoras presentara una disminución, debido a condiciones climáticas.

Dichas estadísticas debían tener como soporte el estudio de alguna entidad oficial, que certificara situación adversa. Según Conde Rueda, para el caso de Yopal la institución encargada es Corporinoquia. Autoridad ambiental que no hizo ningún análisis sobre el tema.

En consecuencia para el personero delegado de Derechos Humanos, no había justificación alguna para realizar el referido cobro. No obstante la EAAAY tiene otra versión de los hechos.

Para la empresa el cobro del desincentivo al consumo excesivo de agua potable, contemplado en la resolución CRA 877 de 2019, se sustenta en la declaratoria de riesgo por desabastecimiento a nivel nacional, dado a conocer por el Ideam el 25 de enero de 2024.

Ante esta situación la EAAAY precisó en boletín de prensa que la medida es de obligatorio cumplimiento, para todos los prestadores del país. La norma tiene algunas excepciones.

Estas salvedades se deben basar en  análisis técnicos donde se compruebe que las fuentes abastecedoras del agua, no presentan riesgo de disminución de sus caudales. La empresa mencionó para el caso de Yopal el estudio se debe realizar al Río Cravo Sur y la entidad encargada es la autoridad ambiental.

En lo que sí están de acuerdo la Personería y la EAAAY es que Corporinoquia no ha hecho nada al respecto. “Se ha solicitado en tres oportunidades sin que se haya obtenido respuesta alguna”, dice el comunicado de prensa.

Agregó la empresa que la medida del desincentivo aplica sólo a los usuarios residenciales, que superen los 32 metros cúbicos de consumo facturado. Agregó que la medida busca promover la adopción de acciones de prevención y consumo responsable del agua al interior de los hogares.

Basado en todo la anterior, para la entidad “la interpretación que ha realizado la Personería Municipal de Yopal, adolece de una correcta y objetiva lectura de la realidad normativa”. Situación que en su concepto ha generado desinformación y confusión entre los usuarios.

Finalmente recordó que la EAAAY “está presta y dispuesta a atender los requerimientos que los usuarios y suscriptores puedan tener sobre el particular, y su actuación será en el marco de la ley y regulación de los servicios públicos”.

En Yopal no estaban dadas las condiciones para aplicar la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que autoriza a las empresas de servicios públicos implementar un desincentivo al consumo excesivo de agua potable.

Según el personero delegado para Derechos Humanos, Domingo Conde, esta medida fue establecida por la CRA mediante Resolución 887 de 2019, no aplica para el municipio de Yopal.

El funcionario argumento que la medida se hace efectiva en aquellas poblaciones donde pro efectos climáticos, el nivel de precipitaciones influyó en los caudales de las fuentes que abastecedoras, de los acueductos municipales.

Situación que en ningún momento se presentó en la capital departamental, porque la fuentes de donde se toma el preciado líquido como son el Río Cravo Sur, La Tablona y los pozos profundos que están en funcionamiento,  no presentaron disminución de sus niveles de agua.

Adicionalmente precisó que para adoptar dicha medida deben existir ciertas condiciones, que para el caso de Yopal tampoco se cumplieron. La primera es la existencia de un estudio regional, que determinara que la disminución en las lluvias afectó los caudales de las fuentes abastecedoras.

Dicho análisis era competencia de Corporinoquia, que es la entidad encargada de adelantar esta investigación y la autoridad ambiental tampoco realizó esta tarea.

En ese orden de ideas el mencionado desincentivo que hizo la EAAAY, no es legal porque se incumplieron varios puntos de la normatividad.

 Sin embargo el cobro se ve reflejado en las facturas de los usuarios, que superaron el tope de consumo establecido para el sector residencial, que es de 32 metros cúbicos al mes.

Domingo Conde explicó con un ejemplo, la dinámica que se utiliza para hacer efectiva esta reglamentación.

Dijo que el si un usuario consume 40 metros cúbicos en el mes, es decir 8 metros cúbicos por encima del máximo estipulado, se le cobran los 40 metros más la sanción del desincentivo, que se aplicaría a esos 8 metros cúbicos adicionales que gastó.

Agregó el personero delegado para los Derechos Humanos, que en las cuentas del Ministerio Público hay 1.410 usuarios a quienes la EAAAY les aplicó la medida.

Adicionalmente indicó que hubo un cambio en el modelo de facturación y que en algunos casos el recibo abarcó hasta 35 días, cuando la ley prevé 30.

Dicha modificación ocasionó que con esos 5 días adicionales, varios usuarios superaran el tope de los 32 metros cúbicos de consumo, lo que les generó el cobro adicional del desincentivo.

Aseguró que desde la Personería se solicitó a la empresa que hiciera una revisión de la facturación, sin embargo recalcó que la EAAAY no lo va a hacer porque no es de su competencia.

En consecuencia el ciudadano que se sienta afectado por la medida, debe hacer la queja directamente a la empresa y si lo desea, puede enviar una copia a la Personería, para que el Ministerio Público haga seguimiento a la reclamación.

Este 29 de mayo se logró materializar el fallo del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Yopal, que ordenaba a la rectora de la institución educativa Centro Social posesionar como personera estudiantil a Adriana Alejandra Parra Barrera.

La alumna de grado once había salido victoriosa en los comicios estudiantiles realizados el pasado 07 de marzo de 2024. Sin embargo no le había sido posible tomar posesión, debido a una supuesta inhabilidad generada por una trivialidad presentada en el aula de clase, con una docente.

Dicha situación tuvo que ser dirimida mediante una Acción de Tutela interpuesta por la Personería de Yopal, donde la autoridad judicial le dio la razón al Ministerio Público, por consiguiente se reversó la decisión de las directivas del plantel educativo de inhabilitar a la estudiante.

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Desde la Personería de Yopal se envió un mensaje, donde reitera el compromiso que tiene dicha entidad de hacer acompañamiento a toda la población, para garantizar que no se le vulneren sus derechos fundamentales.

Mediante una Acción de Tutela fallada a favor de la Personería Municipal, se logró amparar los derechos fundamentales de Adriana Alejandra Parra Barrera, estudiante de la Institución Educativa Centro Social.

El falló fue emitido por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Yopal y tiene relación con una decisión arbitraria que tomó el centro educativo en contra de la alumna.

La joven quien fue elegida como personera estudiantil el pasado 07 de marzo de 2024, no se pudo posesionar en su cargo por una decisión del Comité de Democracia, que le notificó sobre una supuesta inhabilidad.

El argumento esgrimido tuvo su génesis en un incidente registrado el 04 de marzo del presente año, día en que Adriana Parra se negó a entregar su celular a una docente.

Según el personero de Yopal, Yesid Camacho Flórez, a través de la Personería delegada en Derechos Humanos y de Familia, se solicitó a las directivas del plantel educativo la información correspondiente sobre el caso en mención.

Igualmente Ministerio Público determinó que  no se realizó el debido proceso y los argumentos para aplicar la sanción no fueron suficientes, para privar a la estudiante de ejercer el cargo para el cual fue elegida.

Por lo tanto, la Personería de Yopal intervino en el caso, reclamando los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a ser elegida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la participación política, a la tranquilidad personal y a la libertad de opinión.

En consecuencia, el juzgado dejó sin efecto la decisión adoptada por el Comité de Democracia de la Institución Educativa Centro Social de Yopal, por medio del cual se inhabilitó a la estudiante.

Igualmente ordenó a la rectora que de forma inmediata proceda a posesionarla como personera estudiantil, cargo para el que fue elegida.

Con el fin de dar a conocer toda la oferta institucional de la Personería de Yopal a la comunidad,  el  titular del Ministerio Público en la ciudad decidió hacer un periplo por la zona rural del municipio.

En el marco de esta propuesta el pasado martes 16 de abril el personero de Yopal, Yesid Camacho Flórez junto con su equipo de trabajo, hizo presencia cuando apenas despuntaba el alba, en la vereda La Niata, del corregimiento Alcaraván La Niata.

Luego de escuchar a los residentes de este sector, la jornada de atención se trasladó a la vereda de Palo Bajito, donde también se brindó a los lugareños, asesoría gratuita.

Igualmente, se informó sobre el trabajo que hace el Ministerio Público y las diferentes maneras en que interviene ante las autoridades judiciales, para solicitar la protección de derechos ciudadanos, en caso de que sean vulnerados.

Además de la oferta institucional, la profesional psicosocial de la entidad, brindó charlas a los padres de familia de cada una de las instituciones educativas.

En este diálogo se  resaltó la importancia del rol de los progenitores en el proyecto de vida de los niños y adolescentes en edad escolar, afianzando el apoyo, los valores y la convivencia dentro del núcleo familiar.

Al final del día se logró impactar a 266 personas en las dos veredas. Estos resultados convalidan el compromiso que tiene el personero Yesid Camacho Flórez, de seguir llegando al sector rural con el firme propósito de dar a conocer los servicios de la entidad.

De esta manera los yopaleños, especialmente los que habitan las zonas más apartadas,  se pueden beneficiar del trabajo que adelanta el Ministerio Público, evitándoles costos y largos desplazamientos.

En Yopal  las autoridades locales han manifestado su preocupación por el aumento del 50% en los casos de violencia intrafamiliar durante el último año. Esta grave situación ha llevado a la búsqueda de medidas coordinadas entre diferentes entidades, para abordar la problemática.

Según declaraciones del personero de Yopal, Yesid Camacho Flórez, se realizó una mesa de trabajo con la participación de la Procuraduría, las comisarías de familia, Alcaldía, Policía Nacional, entre otras autoridades.

En esta reunión, se planteó la necesidad de implementar campañas de prevención y acompañamiento, involucrando a las instituciones educativas y enfocándose en los sectores más afectados por esta problemática.

Por su parte, el secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, reveló que existen 129 órdenes de arresto contra agresores que se encuentran sin ejecutar, debido a la falta de espacios para su detención.

Ante esta situación el funcionario expresó que se está buscando  un convenio con la penitenciaría La Guafilla, para destinar cupos en dicho centro de reclusión y hacer efectivas órdenes de arresto.

Rodríguez también resaltó la urgencia de contar con un hogar refugio para proteger a las víctimas, quienes en algunos casos han tenido que ser alojadas en hoteles, costeados por el propio secretario para evitar el contacto con sus agresores.

Además, advirtió que esta situación expone a la ciudad a un alto riesgo de feminicidios. También aseguro que basados en unos datos estadísticos comparativos hechos por una ONG, la región no sale bien librada.

Mencionó que en dicha información, Casanare encabeza la lista de departamentos donde las mujeres se sienten más inseguras y son víctimas de actos violentos.

Es por ello que se busca articular esfuerzos para disminuir los indicadores de alarma de violencia intrafamiliar, proteger a las víctimas y tomar medidas contundentes contra los victimarios.

En la mañana de hoy asumió funciones como personero Municipal de Yopal, el abogado Yesid Camacho Flórez, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en gobierno y gestión del desarrollo regional y municipal y especialista en educación e intervención a la primera infancia.

En su trabajo como profesional ha ocupado importantes cargos en el sector público, entre ellos; secretario de gobierno de Yopal, director de asuntos municipales de la Secretaría de Gobierno del departamento, jurídico del área de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Educación de Casanare y Yopal. Además, de ser docente y asesor jurídico en derecho público y privado.

Camacho Flórez se comprometió a trabajar en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distinción alguna de raza, sexo, religión, nacionalidad o cualquier otra condición, salvaguardando siempre los intereses de la comunidad.

Dijo también que uno de sus objetivos será descentralizar los servicios de la Personería Municipal, llegando a barrios, comunas, veredas, y corregimientos de la capital casanareña, con el fin de hacer un trabajo visible que beneficie a la población, especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas, desplazados y todos los sectores de la ciudad.

Entre sus principales retos está gestionar los recursos para la construcción del edificio de la Personería de Yopal, una infraestructura que estará siempre de puertas abiertas para brindar la mejor atención a la ciudadanía y que sin duda alguna mejorará las condiciones laborales de los funcionarios de la entidad.

“Este era un sueño, una meta trazada desde la época del colegio Braulio González cuando fui personero estudiantil, por ende, el trabajo con las comunidades es algo que me apasiona, me siento muy identificado de poder llegar a aportar de alguna manera al desarrollo de una comunidad”, señaló el nuevo personero de Yopal, Yesid Camacho Flórez.

Desde el año 2007 a la fecha se han registrado en la Personería Municipal de Yopal 623 veedurías ciudadanas, 165 de ellas se encuentran activas para ejercer vigilancia y control social sobre la gestión de los recursos públicos.

Así lo informó el personero Municipal de Yopal, Rafael Alberto Peña Torres, quien además señaló que en el periodo 2020-2023 se registraron 66 veedurías, dieciséis de ellas requirieron modificaciones. Tres más se inscribieron en lo corrido de este 2024.

Las veedurías conformadas realizan control social a temas de medio ambiente (2), población con discapacidad (2), adulto mayor (6), procesos electorales (8), salud (8), alimentación escolar (11), vivienda (13), educación (17), servicios públicos (25), transporte, movilidad y pavimentación (29), proyectos de infraestructura y políticas públicas (44).

El jefe del Ministerio Público Municipal, indicó que durante este cuatrienio se atendieron a varias organizaciones sociales, civiles y comunitarias con asentamiento en el municipio de Yopal, las cuales recibieron asesoría y acompañamiento por parte de funcionarios de la entidad, para la conformación de las veedurías que posteriormente fueron inscritas ante este ente de control.

Peña Torres hizo un llamado a todos los ciudadanos a ejercer sus funciones de acuerdo con la Ley 850 de 2003 y los objetivos para los cuales fueron creadas las veedurías ciudadanas.

Entre los años 2020 y 2023, un total de 790 personas víctimas del conflicto armado interno acudieron a la Personería de Yopal, para declarar sobre hechos victimizantes cometidos por grupos armados ilegales en el país.

Así lo informó el personero municipal Rafael Alberto Peña, quien precisó que Arauca fue el departamento más afectado en este período con 408 casos, seguido de Casanare con 216 declaraciones. Otros territorios impactados fueron Boyacá, Meta, Antioquia, Norte de Santander y Cesar.

De acuerdo con las cifras conocidas, las mujeres fueron las más afectadas con 396 declaraciones, luego los hombres con 372, la población afro con 25 y las comunidades indígenas con 11 casos.

Los hechos victimizantes más frecuentes fueron desplazamiento forzado y amenazas. También se registraron homicidios, abandono de tierras, delitos contra la libertad sexual y actos terroristas, siendo 2022 el año con más desplazamientos reportados.

Peña Torres recalcó que Yopal se ha convertido en uno de los principales receptores de víctimas procedentes de Arauca y otras zonas del país. La Personería seguirá atendiendo a esta población vulnerable para garantizar la reparación integral y protección de sus derechos, afirmó.

Fue necesario instaurar varias acciones de tutela por parte de la Personería de Yopal, para que le concedieran cupo a cinco adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en un hogar de protección.

Las medidas buscan garantizar los derechos constitucionales fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad y protección de estos abuelitos, quienes presentaban alta condición de vulnerabilidad, diagnósticos médicos, deficiente recurso socioeconómico y sin una red de apoyo.

De los siete mecanismos instaurados por el Ministerio Público Municipal, durante el segundo semestre del año 2023, cinco de ellos fueron fallados a favor.

Por consiguiente los despachos judiciales conminaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a adelantar las acciones pertinentes para materializar el ingreso de los adultos mayores a un hogar de protección, con el fin de garantizarles una vida en condiciones dignas.

Si bien es cierto, que en uno de los casos no fue aprobado el cupo, el Juzgado ordenó a la mencionada Secretaría efectuar un seguimiento constante de las condiciones de vida del adulto mayor en su vivienda.

Con esta medida se busca que se protejan sus derechos fundamentales, mientras que a la EPS Capresoca le ordenó verificar mediante concepto médico, si esta persona requiere servicio de enfermera o cuidador.

Frente al otro caso en mención, la Personería Municipal de Yopal presentó impugnación del fallo en primera instancia, teniendo en cuenta que el abuelito requiere con urgencia el cupo en un hogar de protección, debido a su condición de abandono y su situación de discapacidad.

“Cabe destacar que, durante el año 2023 atendimos de manera oportuna a 264 adultos mayores. Es así como la Personería le cumplió a esta población que acudió a requerir nuestros servicios, entre ellos visitas de verificación psicosocial, intrahospitalaria y domiciliaria”, afirmó el personero Rafael Alberto Peña Torres.

De esta manera la Personería Municipal de Yopal recalcó que ha ejercido las atribuciones que le corresponden, como garante de los derechos humanos en la ciudad, en este caso en favor de las personas de la tercera edad, quienes son sujetos de especial protección constitucional.