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Aunque no existe una versión oficial sobre lo sucedido, ha transcendido que, en las últimas horas, se habría presentado el plagio de dos jóvenes vinculados con el proyecto urbanístico que se adelanta en el sector de Yopitos.

Se presume que las víctimas fueron llevadas por sus captores en una camioneta por la vía que conduce a Morichal, pasando por las zonas conocidas como Mata’e Piña y La Consigna.

En las últimas horas, el vehículo en el que se habría efectuado el traslado de los jóvenes fue hallado abandonado en el casco urbano del municipio de Maní.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el hecho. Sin embargo, fuentes no confirmadas señalan que los presuntos captores habrían hecho solicitudes económicas.

Este domingo 25 de mayo en horas de la tarde, se reportó el secuestro del arquitecto Alejandro Tapias, quien fue sacada de su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Visita de Tame (Arauca).

Según información preliminar, hombres armados ingresaron al domicilio y lo llevaron contra su voluntad. 

Se conoció que Tapias participaba en la remodelación de la calle real, una obra en pleno centro del municipio. 

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del profesional, en medio de un panorama de seguridad cada vez más crítico en la región. 

Una autoridad judicial por solicitud de la Fiscalía General de la Nación ordenó el traslado a un centro penitenciario de Alfredo Leyva Camacho y Fernando Camacho Vera, señalados de participar en el secuestro de dos hombres en una zona rural de Puerto Lleras (Meta) el 20 de junio de 2024.

Según la investigación, cuatro hombres armados irrumpieron en una finca de la vereda Casibare, donde retuvieron bajo amenazas a un adulto mayor de 81 años y a su hijo de 35, exigiendo una suma de dinero por su liberación. Hasta el momento, el paradero de las víctimas sigue siendo desconocido.

Las detenciones de Leyva Camacho y Camacho Vera se llevaron a cabo en las veredas Casibare y Palmetas durante operativos de registro y allanamiento. Posteriormente, un fiscal especializado de la Seccional Meta les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, cargos que los acusados no aceptaron.

Además, dos personas más han sido capturadas y judicializadas en relación con el caso, entre ellas, un trabajador de las víctimas. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los secuestrados y esclarecer este hecho.

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), que representa a las 33 CAR del país, rechazó el secuestro de Arnold Alexander Rincón López, director general de Codechocó, ocurrido el 26 de abril en la vía entre Istmina y Quibdó. En medio del plagio, un escolta resultó herido.

En un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro y a los ministros del Interior, Defensa y Ambiente, Asocars solicitó el despliegue urgente de acciones para garantizar la liberación segura de Rincón López y pidió medidas de protección para los funcionarios que trabajan en la defensa ambiental en todo el país.

Diana Carolina Mariño Mondragón, directora de Corporinoquia y miembro de la junta directiva de dicha Asociación, expresó preocupación por la seguridad de los directores y funcionarios de las CAR, quienes enfrentan amenazas en sus territorios debido a la violencia creciente.

Desde febrero de 2024, Asocars había advertido al Gobierno nacional sobre las restricciones ilegales impuestas por grupos armados que dificultan el trabajo de estas autoridades y ponen en riesgo sus vidas, afectando además los Derechos Humanos y el orden constitucional.

La organización hizo un llamado para que no se repitan estos actos violentos y para que se fortalezcan la presencia institucional y la seguridad en las regiones. La Asociación exigió respeto por la vida, la libertad y el trabajo de quienes protegen el patrimonio ambiental del país.

En horas de la tarde del jueves 04 de abril se conoció la primera prueba de supervivencia, de una de las cinco personas que permanecen en poder del ELN, desde el pasado 27 de marzo.

Consistió en un video donde aparece Betuel Barrera Sandoval hablando sobre lo sucedido. Manifestó que se encontraba junto con dos hermanos en suelo araucano, cumpliendo una cita que les hizo el frente 28 de las disidencias de las Farc.

Mencionó que la citación la hicieron Jean Carlos y Antonio Medina. El punto conocido como Santo Domingo, zona rural de Puerto Rondón. Agregó que, en el camino de regreso, fue retenido junto con sus hermanos por el Frente Oriental del ELN.

Precisó que en el momento de la retención hubo mucho miedo, pero que con el pasar de las horas fueron trasladados a un campamento del grupo al margen de la Ley, donde aseguró que los han tratado muy bien.

La segunda prueba de supervivencia también fue una grabación audiovisual, que fue compartida por redes sociales. Esta vez quien habló fue Emilio Cristancho.

Su versión es muy similar con la entregada por Barrera Sandoval, tanto en las razones que lo llevaron a desplazarse a suelo araucano, como las personas con quien se iba a encontrar y su posterior retención.

No obstante, Cristancho no alcanzó a reunirse con Jean Carlos, porque camino al punto de encuentro fue interceptado por miembros del ELN.  Dijo que en ese momento de la retención tuvo un momento de mucha tensión, pero que nunca opuso resistencia.

Los dos casos tienen un mismo común denominador. Ambos acudieron a reunirse con las disidencias de las Farc, porque estaban siendo víctimas de extorsiones por parte de este grupo armado ilegal.

Mientras tanto en Yopal, frente al sede de la Gobernación, se llevó a cabo una ‘velatón’, para pedir la pronta liberación de los retenidos y en Paz de Ariporo se adelantó un marcha en rechazo al secuestro de estas cinco personas.

Una vez confirmada la noticia del secuestro de cinco ciudadanos casanareños en zona rural de Tame, la Gobernación de Arauca expidió un boletín de prensa donde anunció que activo todos los protocolos de seguridad y búsqueda de las personas plagiadas.

Los retenidos en contra de su voluntad son ganaderos y agricultores del municipio casanareño de Paz de Ariporo, entre los que se encuentran Betuel, Leonin y Adoran Barrera Sandoval, Toño Salamanca y Emilio Cristancho, hermano del exrepresentante a la Cámara por Casanare, Jairo Cristancho.

Lo que se conoce hasta el momento apunta a que los casanareños se movilizaban en una camioneta por la carretera Tame – Arauca capital, cuando fueron retenidos. El plagio ocurrió el jueves 27 de marzo y desde ese momento las familias de los secuestrados no han tenido noticias de ellos.

En el comunicado de la Gobernación de Arauca se mencionada que la autoridad departamental, en colaboración de la Fuerza Pública y organismos se cooperación internacional, viene adelantando todas las acciones necesarias para garantizar el regreso seguro de los secuestrados a sus hogares.

Igualmente, la publicación condenó el hecho y rechazó este tipo de acciones en suelo araucano. También recordó la importancia de un trabajo permanente y coordinado entre Arauca y Casanare, con el fin de “fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la tranquilidad de sus habitantes”.

Por su parte, el médico y exrepresentante a la Cámara, Jairo Cristancho exigió a los captores la liberación inmediata de su hermano Emilio, Toño Salamanca y las otras tres personas retenidas.

Se conoció sobre la liberación de los cinco trabajadores de la empresa Cenit, que habían sido secuestrados en horas de la madrugada del viernes 28 de marzo.

La retención ilegal que motivó un comunicado de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ocurrió en zona rural del municipio araucano de Fortul. Estas personas fueron secuestradas en el momento en que se encontraban adelantando labores de reparación en el oleoducto Bicentenario.

En el escrito divulgado por la ACP, se condenó de manera categórica este tipo de acciones ilegales. “El secuestro de trabajadores del sector de hidrocarburos y los ataques a la Fuerza Pública en el departamento de Arauca, hechos inaceptables que atentan contra la vida de colombianos, la seguridad y la paz; generan zozobra en las comunidades y afectan el desarrollo de la región y el país”.

Trascendió que dos de liberados llegaron al municipio de Saravena y los restantes tres arribaron al lugar donde se llevan a cabo los trabajos de reparación del oleoducto Bicentenario.

Un nuevo caso de secuestro fue reportado en las últimas horas en territorio araucano.

En esta ocasión los hechos ocurriendo la mañana de este 17 de diciembre en la vereda La Holanda, zona rural del municipio de Tame.

La víctima del plagio fue la señora Ana Ruth Vega González, quién fue retenida y llevaba con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se tiene más información sobre este plagio. Los familiares de Vega González hicieron un llamado a sus captores para que le respeten la vida.

La víctima tiene cuatro hijos, tres de los cuales son menores de edad, de 14, 12 y 11 años.

Pese a que no aceptaron los cargos de los cuales se les acusa, Yovany Leiva y César Hernando Saavedra Cabrera, fueron enviados a la cárcel por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, señalados de los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte de armas.

La medida de detención intramural fue ordenada por juez y está relacionado con hechos aislados que venían ocurriendo desde 2022 en la región del Ariari, departamento del Meta.

Según el informe revelado por la Fiscalía desde esa época presuntos exmiembros de las Farc venían secuestrando ganaderos, comerciantes y agricultores, por cuya liberación exigían sumas que oscilaban entre 300 y 1.000 millones de pesos.

Dentro de ese grupo de presuntos extorsionistas estarían Yovany Leiva y César Saavedra, quienes, según la investigación adelantada por la Fiscalía, llegaban armados a fincas, establecimientos comerciales y residencias de las víctimas para llevárselas en contra de su voluntad.

Acto seguido las mantenían secuestrados a los plagiados, mientras sus familias pagaban la extorsión. Uno de los casos donde el ente investigador responsabiliza a Leiva Ortiz, ocurrió el pasado 20 de junio.

En este hecho un ganadero de 85 años y su hijo de 35 fueron sacados de su vivienda a la fuerza y por su liberación exigían el pago de 1.000 millones de pesos.

De otra parte, Saavedra Cabrera fue vinculado con el secuestro de un agricultor, en febrero de 2022, cuando fue secuestrado en su finca de Fuentedeoro (Meta).

Leiva Ortiz y Saavedra Cabrera fueron capturados por la Policía y el Ejército Nacional en Villavicencio y Granada (Meta), respectivamente.

Se conoció en las últimas horas de un posible secuestro en zona rural del municipio de Hato Corozal, específicamente en la vereda Manare.

Aunque no se tiene información oficial sobre este hecho, por el momento circula la versión que la víctima del plagio fue Carlos Julio Sanabria Ulloa, quien había sido reportado como desaparecido.

Estás misma versiones preliminares indican que el rapto ocurrió el pasado 18 de marzo. Autoridades locales investigan este caso, para esclarecer los hechos y ubicar Sanabria Ulloa.