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El abogado Miguel Alfonso Pérez Figueredo informó sobre la inscripción de una veeduría ciudadana para realizar el seguimiento de los procesos electorales del año 2026 en el departamento de Casanare.

Esta organización se rige por las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, que establecen la participación de un mínimo de tres y un máximo de seis ciudadanos para tal fin.

La veeduría está integrada por seis personas: Miguel Alfonso Pérez Figueredo, Edwin Flórez, Víctor Largo Bedoya, Claudia Ortiz Ortiz y dos mujeres residentes en el municipio de Aguazul.

El grupo tiene como función realizar un monitoreo para que los testigos electorales y quienes ejercen la función escrutadora actúen bajo los deberes de ley e imparcialidad.

Las facultades legales de estos veedores incluyen la asistencia a los comités de seguimiento electoral, la presencia en las mesas de votación el día de la jornada, así como la observación del preconteo y el escrutinio final.

Según lo expuesto, las entidades estatales tienen la obligación de suministrar la información requerida y facilitar el cumplimiento de estas labores de vigilancia, lo que incluye la posibilidad de entrevistas con los miembros del Tribunal de Garantías ante posibles anomalías.

El proceso de inscripción de estas organizaciones ante el Consejo Nacional Electoral se puede efectuar de manera física o virtual a través de los mecanismos dispuestos en la página oficial de dicha entidad.

Pérez Figueredo señaló que la solicitud de registro para este grupo ya fue presentada con el objetivo de participar en las capacitaciones y acciones que inicie la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La veeduría ciudadana se declaró conforme en algunos aspectos del informe entregado por la Superintendencia de Servicios Públicos, sobre la EAAAY la cual tiene intervenida.

Así lo manifestó el veedor Jairo Palacios, luego del ejercicio adelantado ayer en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio de Casanare, donde la Superservicios reveló los hallazgos que encontró durante el tiempo que ha estado al frente de la empresa.

Para Palacios uno de los temas más preocupantes es el elevado nivel del déficit que tiene la EAAAY, la cual ronda los 19 mil millones de pesos. También en materia de cifras de tiene el costo del plan maestro de acueducto y alcantarillado, que alcanza los 900 mil millones de pesos, aproximadamente.

Para poder cubrir este monto tan alto, el veedor manifestó que el superintendente  Dagoberto Quiroga Collazos gestionará recursos del orden nacional. Agregó que desde la veeduría se hará el respectivo acompañamiento a este proceso, para que llegue a feliz término.

Destacó la propuesta de ampliación en la mesa directiva de la EAAAY hecha por la Superintendencia, para darle mayor participación la comunidad.

Para Palacios esta iniciativa va a permitir que cuando a la empresa retorne al Municipio se pueda ejercer un mayor control, para que la entidad no termine como caja menor de los políticos.

En cuanto el plan de acción que va a implementar la Superintendencia para remediar las falencias encontradas en la EAAAY, Jairo Palacios dijo que la agente interventora Judy Velázquez va a convocar a una reunión, para entregar información detallada sobre este tema.