Por el no pago de compromisos pactados trabajadores, proveedores y concejales  de Tauramena denunciaron a la FUNDACIÓN FORMANDO EL CAMBIO y la empresa GYV SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SAS, las cuales ejecutaron el convenio de asociación 025 del 24 noviembre de 2021 con la Alcaldia de Tauramena para “DESARROLLAR ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, por valor de $1.150.634.619 con fecha de terminación  el 20 de mayo de 2022.

Según la concejal, Alcira Morales, los contratistas adeudan, el pago de salarios del personal del mes de mayo, pago a proveedores de bienes e insumos para la ejecución del convenio, y el pago de servicios públicos del funcionamientos del centro Día Casa Vida, Hogar de Paso y Paso Cusiana. 

A 13 personas, entre manipuladoras de alimentos y servicios generales, se les adeuda cerca de 10 millones de pesos, mientras que a nueve profesionales, entre sicólogos, licenciados en Educación Física, enfermeras, geriatras, nutricionistas, y a la coordinadora general, se les debe cerca de 12 millones de pesos. 

En cuanto a proveedores se les adeuda cerca de 28 millones de pesos a cuatro personas que suministraron entre otros alimentos, pollo, carne, verduras y agua, mientras que en servicios públicos la suma asciende a casi 2 millones de pesos. El Total, de saldo que debe FUNDACIÓN FORMANDO EL CAMBIO y la empresa GYV SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SAS  en Tauramena  asciende a  $ 51.513.663.

Las personas afectadas expresan que, le han realizado llamadas al señor Auder Javer Gutiérrez Jaramillo y al señor Fermín Duarte, representantes legales de la Fundación y la empresa, respectivamente, quienes no les contestan el teléfono y dejan los mensajes en visto.

"Solicitamos a los entes de control y administraciones a que inicien las investigaciones del caso, ya que están jugando con el bienestar de las familias taurameneras", dijo Diana Salamanca, una de las proveedoras afectadas.

“Se consultó a la supervisión del convenio de asociación No. 025, sobre el pago de salarios y demás y ellos manifiestan que a la fecha, el contratista no ha allegado ni radicado soportes de la ejecución del contrato desde el 01 de mayo al 20 de mayo de este año”, dijo Alcira Morales.

Reiteró la concejal que, el municipio aún le adeuda al contratista $ 105.539.965, dinero con el que podrían ponerse al día con los deudores, pero ni siquiera contestan el teléfono al supervisor.

Por petición de la veeduría del puente LA CABUYA- VISINACA- MONTERRALO, este martes 22 de febrero a las 9 de la mañana, se cumple visita de inspección a la construcción de dicha obra, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Se trata de constatar el estado actual de la construcción del puente, que se ha convertido en otro elefante blanco en Casanare.

Según el veedor y concejal de Tauramena Alfonso Salcedo, la obra asciende a más de 14 mil millones, a la fecha se han desembolsado el 50% de los recursos y la ejecución del puente no va ni en el 20%.

En relación con esta obra el alcalde Tele Amaya dijo que desde enero de 2020 visitaron esta obra y evidenciaron que tenía un avance muy pequeño, pero con un atraso muy grande. Agregó que luego se vino la pandemia y las obras publicas se pararon, sin embargo, cuando el gobierno permitió que se fueran habilitando las obras nuevamente, el contratista no inició por lo que la administración de Tauramena lo requirió para que iniciara y desde entonces él no ha querido iniciar.

“Ya iniciamos el proceso de caducidad contra el contratista y en la primera audiencia no se presentó, esta semana que viene tenemos la segunda audiencia, pero la administración municipal ya ha tomado la determinación de iniciar el incumplimiento y la caducidad", afirmó el alcalde Tele Amaya tras incumplimiento en construcción del puente que conecta a Monterralo en Aguazul con Tauramena.

Tras mesas de concertación se consolidaron acuerdos entre la comunidad y contratista para continuar con la ejecución de la ruta de “Los Libertadores” que tiene por objeto la pavimentación de 130 kilómetros del tramo comprendido entre Hato Corozal - La Cabuya - Sácama - Socha - Belén, corredor vial que conecta a Casanare con Boyacá.

El director Territorial de Invìas, Arsenio Sandoval, informó que se pactaron unos compromisos quedando claro que la mano de obra será 100% de la región tanto de los municipios de Boyacá como de Casanare, donde también se dará participación a las madres cabezas de familia, y a la comunidad vulnerable.

Agregó el director Territorial de Invìas que, el contratista no tiene por qué colocar casinos, sino que ha quedado claro que la alimentación será suministrada por la misma gente de la región en aras de generar empleo. Así mismo recalcó que se invitó a la comunidad a crear veedurías ciudadanas para que este proyecto se construya bien y en los términos establecidos.

“Se ha socializado de manera muy precisa este proyecto con todas las comunidades. Este es el proyecto más importante que se realiza en esta región del país. Son 520 mil millones de pesos que se están invirtiendo para dejar una vía en óptimas condiciones y es nuestra obligación estar supervisando para que se construya bien”, precisó Arsenio Sandoval.

Sobre el ingeniero Jhon Steven Mojica, quien fue secuestrado por las disidencias de las Farc, precisamente aduciendo falta de generación de empleo por parte del contratista y el Invìas con las comunidades de este sector, a hoy no se conoce nada de su estado de salud ni de còmo se encuentra. Habitantes señalaron que no hay justificación alguna para que permanezca en cautiverio, menos en esta temporada que se avecina de Navidad y fin de año por lo que exigieron su liberaciòn.

El coronel José Rafael Miranda, comandante de la Policía en Casanare, señaló el día anterior que, la madre de Andrea Jasbleidy Triana Pelayo, les confirmó que su hija ya se encontraba en libertad.

Del ingeniero Jhon Steven Bello Mojica, quien fue secuestrado junto a Andrea Triana el mismo día por las disidencias de las Farc, al norte de Casanare, se conoció que continúa privado de su libertad.

Sobre este hecho, el coronel Miranda dijo que, este delincuente de alias “Antonio Medina” se está aprovechando de un trabajo de dialogo que viene realizando la empresa contratista de Invìas con la comunidad, para aparentemente hacerse ver como el que ayuda a que no se les vulneren los derechos a los habitantes, pero que en realidad lo único que está haciendo es aprovechando para entrar a la zona y justificar su accionar delinquir.

El oficial recalcó que el guerrillero está haciendo una exigencia económica para financiar sus acciones delictivas y que él mismo lo confirma a través de uno de los videos que acostumbra a enviar.

Ante las críticas de muchos casanareños en redes sociales, quienes se fueron lanza en ristre contra el guerrillero por el secuestro de los empleados de la empresa KMA Construcciones, encargada de la ejecución del contrato de la Ruta de Los Libertadores que une a Casanare con Boyacá, al señalar que esa retención ilegal era por la vacuna que ellos pretendían cobrar más no por el apoyo a las comunidades, alias “Antonio Medina” reconoció a través del mencionado video, que era cierto.

“Es verdad, una parte del impuesto que nosotros cobramos, es una forma de nuestra financiación y el día que los políticos, los corruptos y alcaldes no le cobren a los contratistas, ese día nosotros no cobraremos el impuesto”, precisó alias “Antonio Medina”.

Por tardía demanda del Invías contra el Consorcio CC-MP-HV-CUSIANA que realizó el puente Orquidea 1, que terminó colapsado en la vía del Cusiana, entre Sogamoso-Aguazul, el Tribunal Administrativo de Casanare, desestimó sus pretensiones de responsabilizar al contratista del siniestro.

Es decir, por negligencia del Invías no habrá indemnización por el colapso de la estructura, que inicialmente fue clausurado para el tráfico vehicular en agosto de 2017 y que finalmente se derrumbó el 29 de octubre de 2019. Se estaba solicitando el pago de 5.242 millones más los costos de remover los escombros ubicados en la quebrada La Orquidea.

Para el Tribunal Administrativo de Casanare, el Invías tenía conocimiento de las fallas del puente desde el 10 de noviembre de 2016 cuando la Dirección Territorial de Casanare le informó sobre unas fisuras en la estructura y solo demandó hasta el 16 de octubre de 2019 cuando el plazo para hacerlo era el 11 de noviembre de 2018, es decir, dejó vencer los dos años establecidos por la legislación colombiana para hacerlo.

En el fallo se expresa que se evidenció una inexplicable negligencia de funcionarios del Invías, específicamente de la Subdirección Red Nacional de Carreteras, al no adoptar tempranamente las medidas para evitar la configuración de tan nefastos desenlaces para los contribuyentes y los usuarios de la vía.

La situación es tan delicada que por la tardía demanda, no se puede ahondar en las causas y presuntos responsables; tampoco, la protuberante omisión de deberes funcionales de servidores del INVIAS, que ha privado a la comunidad, al erario y a la judicatura, de la posibilidad de profundizar pesquisas y definir responsabilidades contractuales o extracontractuales. De confirmarse en segunda instancia este fallo, si se apela, se consumará un gravísimo daño fiscal al Estado, dice la providencia.

El proceso se remitió a los órganos de control fiscal, disciplinario y penal para que se estudie el caso y brinden respuesta efectiva y pronta a la comunidad perjudicada con el doble daño, la pérdida del puente y la pérdida de la posibilidad de lograr una sentencia de fondo, que podría interesar a todas las partes involucradas y a las que, por decisión de INVIAS, se dejaron por fuera, tales como consultores, interventores, supervisores, etcétera.

Fuente: Martha Cifuentes