La ejecución del contrato de obra costó $14,003,433,654.00, más la interventoría por $850,872,754.00 y el apoyo a la supervisión $56,056,000.00. El valor total del proyecto ascendió a $14,910,362,408.00.

Dentro de los detalles de la obra se incluyó la construcción de una edificación de tres niveles en estructura convencional compuesta por dos módulos. El área intervenida es de 3.009,42 m2 y el área del edificio es de 2.438,68 m2.

El primer nivel consta de portería principal, conformada por una oficina de radicación y recepción al público, de igual forma, presenta área destinada de anti explosivos, cuarto de voz y datos, cuarto eléctrico, unidad sanitaria, almacén transitorio, sala de entrevistas, archivo intermedio, aula múltiple, alojamiento y armario, sala técnica de identificación de automotores y cuartos técnicos, con capacidad de 15 puestos de trabajo.

El segundo nivel consta de una sala de análisis, área para grupo de información y análisis criminal, área de 32 puestos para el grupo en temas de delincuencia organizada, unidad sanitaria, cuarto de voz y datos, subjefatura, área de 48 puestos para el tema de delincuencia común y centro de monitoreo.

En el tercer nivel se encuentra la zona de bienestar, cuatro laboratorios, grupo de criminalística, 22 grupos de trabajo, archivo AFIS, área de consulta, unidad sanitaria, grupo de información y administración judicial con doce puestos de trabajo, oficinas de actos urgentes con seis puestos de trabajo, jefatura con ocho puestos de trabajo y sala de juntas.

Además, se contempló acceso tanto peatonal como vehicular, para este último se construyó una zona de parqueadero. Trazado y construcción de redes de alcantarillado, red de aguas lluvias, red eléctrica subterránea de media tensión, red contraincendios, sistema de aires acondicionados y circuito de video vigilancia. El área exterior consta de anden, zonas verdes y monumento de banderas.

La sede de la Sijìn en Yopal, se destaca en el país porque cuenta con tecnología de punta para que la Policía Nacional pueda fortalecer los diferentes procesos en materia de inteligencia y seguridad en el departamento.

Durante el evento protocolario, el coronel José Rafael Miranda comandante de Policía en Casanare, anunció la llegada de 53 nuevos policías; jóvenes egresados de las escuelas de formación de la institución, que reforzarán el modelo de vigilancia por cuadrantes en Yopal; diez nuevos cuadrantes serán implementados gracias a la llegada de igual número de motocicletas para reforzar la seguridad en las calles de la ciudad.

Otras dependencias serán reforzadas, 10 uniformados llegarán a la Sijín, 4 a Sipol, 3 al Gaula y 1 a la Seccional de Tránsito en relación a temas investigativos, de acuerdo a la información entregada por el coronel Miranda.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la organización Roa – Flor Huila (ORF) y a tres personas naturales con multas por $20.514.597.205 (veinte mil quinientos catorce millones quinientos noventa y siete mil doscientos cinco pesos), por incumplir instrucciones y requerimientos de información y obstruir la visita administrativa realizada por esta Autoridad en las instalaciones de su planta en el municipio de Villanueva, Casanare. 

Las multas impuestas fueron a las siguientes personas: Pedro Pablo Peña Mendoza, gerente de la planta Villanueva de ORF), Lucy Gallo Losada, gerente administrativa y financiera de ORF, y Ángel Leonardo Riveros Figueredo, jefe de la planta Villanueva de ORF.

Segùn la Superintendencia de Industria y Comercio, al interior de ORF hubo direccionamientos a través de instrucciones y directrices impartidas a los empleados de la empresa, para incumplir las órdenes y requerimientos de información efectuados por la Autoridad durante la visita administrativa.

Concretamente la compañía habría incumplido el requerimiento de suministrar la información de los correos electrónicos institucionales asignados dentro de la empresa al jefe y al gerente de la planta de Villanueva de ORF para el desarrollo de las funciones a su cargo, obstaculizando así el desarrollo de la actuación administrativa adelantada por esta Autoridad. Para conseguir obstruir la visita, la compañía adujo circunstancias tales como que la información no podía ser suministrada sin la autorización de sus superiores, o que era necesario un requerimiento por escrito por parte de la Superintendencia dirigido a la gerencia de ORF. 

SIC señala que quedò demostrado que la renuencia de la compañía también provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera de ORF desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la Autoridad, y obstruyeron la actuación administrativa que se adelantaba. 

En el transcurso de la visita, ORF también negó la entrega de documentos e información de la empresa solicitada por los funcionarios de la SIC, aduciendo nuevamente que la misma debería solicitarse por escrito y sería entregada días después. 

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ponía de presente a los ejecutivos y trabajadores de ORF las funciones y facultades que tenía en el marco de la visita administrativa, así como de las consecuencias legales del incumplimiento a las órdenes y requerimientos de la Autoridad, estos manifestaron que se encontraban cumpliendo directrices e instrucciones impartidas al interior de la empresa.      

Contra la decisión procede el recurso de reposición.