La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual perpetrada en el contexto del conflicto armado colombiano.

Este reconocimiento, que incluyó a 35 menores de edad al momento de los hechos, abarcando crímenes ocurridos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba.

Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado fueron cometidos por grupos paramilitares, con la posible tolerancia o aquiescencia de miembros de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que la violencia sexual contra hombres y niños, identificados en su mayoría como heterosexuales, fue utilizada deliberadamente como un mecanismo de castigo, humillación y control, enmarcado en dinámicas de poder de género.

Esta actitud violenta también fue empleada estratégicamente por los actores armados para imponer control social, económico y territorial, atacando la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica.

De los 104 hombres acreditados, 35 eran niños cuando sucedieron los hechos; de ellos, 19 tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años.

Los relatos incluidos en la solicitud de acreditación mostraron que los grupos paramilitares operaban de manera coordinada, ejecutando órdenes de ganaderos y realizando acciones estratégicas para controlar territorios y vías fluviales. Un punto crítico de estos crímenes se concentró en el año 2000, periodo en el que se cometieron 50 de los hechos documentados.

La magistratura de la JEP calificó la victimización sexual de hombres y niños —incluidos quienes se identifican como heterosexuales y cisgénero— como “una de las formas más silenciadas y poco reconocidas de violencia basada en género.