Varias fueron las inquietudes que se llevó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, de su visita a Casanare. En su equipaje iban tres peticiones concretas hechas por los magistrados, jueces y funcionarios que laboran en el Distrito Judicial de Yopal.

La primera petición hecha a Chaverra Castro quien se reunió con la rama judicial local en el auditorio del Palacio de Justicia, fue el tema la brecha digital que hay en los territorios como Casanare.

Para el presidente de la Corte esta es una de las necesidades más sentidas, porque lo jueces necesitan una mejor conectividad para que puedan cumplir con los niveles de eficiencia que demanda el servicio de justicia.

Las otras dos inquietudes están relacionadas con la creación de las seccionales de administración de justicia y del Consejo de la Judicatura, para alcanzar la independencia absoluta del Distrito Judicial de Tunja.

“Es una necesidad legítima porque permite que la administración de los recursos esté focalizada a este territorio y se pueda tener una mayor cercanía del Consejo Seccional con las necesidades del día a día de cada uno de los jueces de este departamento”, acotó el magistrado Chaverra Castro.

También reconoció que una petición recurrente apunta a la ampliación de la planta de personal de la rama judicial en la región. En este sentido dijo que “dada la demanda tan grande de justicia, se requiere que haya más juzgados en determinadas especialidades, como la civil, penal y de familia”.

Agregó que “si bien el Consejo Mayor de la Judicatura ha venido implementando y creando nuevos despachos judiciales, la gran demanda de justicia hace necesario que la oferta en cuando a juzgados y empleados aumente, para que el servicio sea más oportuno”.

Es por ello que las autoridades locales y regionales confían en los buenos oficios del presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que ayude a gestionar esta peticiones en las altas esferas del poder en Bogotá.

Otro del tema sobre el cual hizo referencia fue la reforma a la justicia, que se viene prevista por parte del Gobierno nacional. Manifestó que están en la construcción de un proyecto que tenga como cometido evitar o reducir los altos niveles de impunidad.

También se ha pensado que los tiempos de los procesos bajen de manera significativa, en lo que atañe a la respuesta del sistema judicial a los diferentes procesos.

“Que podamos ofrecerle al ciudadano una oportunidad cierta y concreta para el acceso a la justicia”, puntualizó el presidente de la Corte Suprema de Justica Gerson Chaverra Castro.

Un llamado para ampliar la planta de funcionarios de la rama judicial en Casanare, hizo el secretario de gobierno del departamento Julio Ramos.

Las aseveraciones las hizo este viernes 14 de junio en el marco de la visita que hizo a Yopal el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro.

El magistrado estuvo reunido con togados y funcionarios judiciales en el auditorio del Palacio de Justicia, conociendo de primera mano las necesidades de la rama en Casanare.

Ramos dijo que hay congestión en los juzgados. Sostuvo que en promedio cada despacho llevaba 2.500 casos. Igualmente abogó para que Casanare consiga la anhelada independencia de Tunja, en lo referente a todos los temas de logística e infraestructura.

“Por muy capaz que sea un funcionario, las cosas no se pueden dar en el tiempo que se requieren. He ahí una de las fallas en la administración de justicia que la comunidad siempre reclama”, indició el abogado Ramos.

Consideró, además, que Chaverra Castro es un buen canal para expresarle todas las inquietudes y necesidades del territorio, con el fin de comenzar a buscar alternativas de solución para que el poder judicial pueda trabajar de la mejor manera.

Insistió que en se necesita más personal, infraestructura y herramientas de trabajo, para tener una justicia más efectiva. Situación que es urgente solucionar, especialmente porque Colombia es uno de los países del mundo donde más delitos se comenten.

A través de su cuenta en X, la Corte Suprema de Justicia anunció que la Sala de Instrucción de esa autoridad judicial,  abrió investigación contra el excongresista casanareño José Rodolfo Pérez Suárez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El mensaje agrega que la Corte cita a indagatoria al exparlamentario, aunque no se publicó la fecha para esta diligencia judicial. Finalmente  señala que los hechos por los cuales se tomó la decisión de abrir la mencionada investigación, están relacionados con un supuesto incremento injustificado de su patrimonio, durante el periodo 2011 – 2016.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia del expresidente a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes. 

El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos.  Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.

Para el ente de control con la renuncia del Dr Uribe Velez desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

En su análisis la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.  

"No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abuso de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República".

A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.

Como un “golpe muy duro a la democracia” calificó el ex Gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera, la medida de aseguramiento impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, en diálogo con el noticiero Cómo Va Casanare de Caracol Tropicana Casanare 106.3 FM. 

Para Barrera, el ex presidente y hoy senador, “ha tenido aciertos y desaciertos, pero ha tenido muchos más aciertos. Yo pienso que no es la forma de pagarle todo el trabajo que ha venido realizando a favor de Colombia, de la seguridad democrática. Basta con recordar lo que era Casanare hace 20 años, lo que era Colombia. Terrenos invivibles” 

Según el ex Gobernador, los delitos por los que se la acusan al ex presidente son una “pendejada” en comparación con actos como secuestros, masacres, asesinatos y violaciones de menores, y aseguró que, las investigaciones “no son temerarias por parte de la Corte Suprema, sino temerarias por parte de sus enemigos políticos”, pese a que este proceso se inició en 2012 cuando Uribe Vélez demandara al senador Iván Cepeda por las mismas actuaciones que lo tienen hoy con medida de aseguramiento. 

“Es injusto lo que está sucediendo. Soy una persona agradecida con Dios primeramente, con el presidente Uribe que confió en mi cuando políticamente nadie me conocía (…) Él va a responder y seguramente su defensa va a demostrar su inocencia”, aseguró Barrera. 

Ante la pregunta de cuál sería su reacción, frente a una eventual decisión adversa en contra de Álvaro Uribe, aseguró: “Si fuera así yo seguiría siendo su amigo, porque los amigos están en las buenas y en las malas”. 

Contexto

De acuerdo con el pronunciamiento del presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Héctor Javier Alarcón Granobles, “se resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez, de manera unánime con la imposición de medida de aseguramiento y detención preventiva como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria, por lo tanto el Senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí va continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”

La Corte Suprema de Justicia revocó medida emitida por un juez que ordenaba el arresto de tres días de Odis Durán Avella -tía de la jovencita presuntamente abusada por el alcalde Paz de Ariporo Favio Vega- por incurrir en desacato sobre una retractación frente al tema.

La Corte en sentencia de tutela del pasado 24 de mayo en Sala de Casación Civil, consideró que el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo había trasgredido los derechos fundamentales de la señora Odis Durán por cuanto violó el debido proceso del trámite de un incidente de desacato al no practicar unas pruebas solicitadas por ella.

En la sentencia se manifiesta que el juez debe tener en cuenta que la finalidad del incidente de desacato no es una sanción en sí misma sino que una forma para que el incidentado cumpla con lo ordenado. Por ello lo conminó a que en el término de 48 horas diera el trámite correspondiente al incidente de desacato.

Así las cosas la mujer ya no tendrá que ir a prisión por los tres días ni pagar la sanción de dos salarios mínimos mensuales como lo había establecido el juez.

Cabe destacar que el fallo no anuló la orden del juez de que la señora Odis debía retractarse en relación al uso de expresiones y memes atentatorios contra la buena imagen del mandatario, al que en sus redes sociales calificó de pedófilo y violador luego de los presuntos hechos acaecidos con una menor de edad que estaba a su servicio.

Sobre el particular, la tutelante Odis Durán, expresó en su perfil de Facebook que obedeciendo la sentencia del Juzgado rectifica sus afirmaciones y manifiesta que se equivocó al relacionar “al individuo Favio Alexandro Vega Galindo y señalarlo públicamente con el léxico popular de pedófilo-violador, cometiendo un error de mi parte, cuando lo correcto es (rectifico) que, se le debe llamar como “un individuo acusado penalmente por acceso carnal violento agravado”.

A propósito del tema el alcalde está citado a audiencia de lectura del escrito de acusación por el delito de acceso carnal violento agravado en una menor de edad, el próximo 27 de junio en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo.

Contexto

El alcalde de Paz de Ariporo, Favio Vega, fue denunciado en marzo de 2017, hace más de dos años, por la familia de una jovencita menor de 16 años de edad, por supuesto abuso sexual.  

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía pero hasta el momento la dilación en el proceso ha sido un factor predominante. En audiencia realizada en octubre de 2018 el alcalde no aceptó cargos.

En el entretanto familiares de la niña, han sido reiterativos en sus redes sociales en acusar al mandatario por su supuesto delito.