En hechos que son materia de investigación, alrededor de las 5 pm del pasado 20 de mayo en la Brigada 16 de Yopal, el soldado Álvaro Javier Romero Cortés, de 30 años y oriundo de Maní, perdió la vida tras caer desde un quinto piso.

El militar estaba recluido en la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad para miembros de la Fuerza Pública (Cepam). En su contra cursaba una investigación y un proceso a cargo de JEP.

El caso era el 003, que está relacionado con ejecuciones extrajudiciales ejecutadas ilegítimamente, para luego ser presentadas como bajas en combate, en lo que se conoce popularmente como los falsos positivos.

El cuerpo del soldado fallecido fue retirado alrededor de las 6:00 pm. Una vez cumplida la diligencia de inspección técnica a cadáver, fue enviado a Medicina Legal y de esta manera dar inicio a la respectiva investigación que permita aclarar los hechos.

Según información extraoficial, en el momento del incidente, Romero Cortés se encontraba hablando por teléfono. En medio de la conversación emitió un grito y se lanzó al vacío.

En 2022 el militar había firmado actas de sometimiento a la Justicia Especial de Paz. También se conoció que posiblemente Romero Cortés había presentado algunos episodios de depresión e inestabilidad emocional.

Sobre este trágico episodio, el Ejército Nacional, a través del Comando de Personal, COPER, se pronunció a través de un comunicado de prensa.

El escrito consta de cuatro puntos. En el primero se expone lo sucedido. “El día 20 de mayo del 2024, en horas de la tarde, una persona privada de la libertad de la Cárcel Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad CPAMS Yopal, del Ejército Nacional, en las instalaciones del Cantón Militar Manare, se autolesiona y causa su muerte”.

En el segundo ítem se aclara “que a esta persona, que contaba con privación de la libertad en la unidad militar PLUM, se le autorizaba la movilidad dentro de las instalaciones”.

Luego se describe brevemente las acciones que se adelantaron, una vez se presentó el hecho. “Inmediatamente cuando ocurre esta situación se informa a las autoridades judiciales competentes y se activan los protocolos institucionales, con el fin de esclarecer lo ocurrido”.

Y finalmente lamentó “la pérdida de esta vida humana y se solidariza con sus familiares y seres queridos”.

La sede de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, en Yopal, sirvió de improvisado escenario para que los familiares de Ander Alfonso Sanabria le dieran el último adiós.

Este es tan solo uno de los miles de casos de desapariciones forzadas, que ocurrieron en el país durante la década del 90 y 2000, que ahora la UBPD hace acompañamiento a las familias de la víctimas, para que no solo conozcan la verdad de los sucedido, sino que también puedan dar cristiana sepultura a sus seres queridos.

Ander Alfonso el mayor de 5 hermanos, nació en Barrancabermeja de donde salió la familia Sanabria Correa, en busca de horizontes más tranquilos y con la intención de ver crecer a sus hijos alejados de la ola de violencia que acechaba en su ciudad natal.

“No me cierre la puerta que ya vengo” dijo Ander al salir de su casa ese 14 de enero de 2007, la última vez que la familia lo vio con vida.

El año en que Ander iba a cumplir 23 años de edad, ya tenía a cargo la responsabilidad de su pareja y sus dos hijos. Después de buscarlo en los hospitales, morgues y cementerios en Casanare, la familia denunció ante el CTI de Yopal su desaparición, pero no tuvieron las respuestas esperadas.

Los meses pasaron y María Doris, su madre, recibió vía telefónica la supuesta información de que su hijo había muerto en un combate en enfrentamiento con el Ejército, relataron a la UBPD.

Pese a las contradicciones de los hechos, María Doris y Yuliana Hernández, su pareja de ese momento, recibieron información de una persona, que el cuerpo de un joven con las mismas características de Ander había sido dejado en el cementerio de Aguazul.

Para esa fecha ya habían hecho varios intentos por esclarecer la verdad, cuentan que siempre encontraron una barrera que no les permitió avanzar en su búsqueda.

Por eso, Maria Doris junto a Yuliana, trataron de ubicar el lugar donde supuestamente había sido inhumado el cuerpo de Ander y allí pusieron una cruz de madera artesanal; una guía que les ayudaría a no perder la pista del cuerpo de su hijo y pareja, si de verdad era cierto que allí estaba enterrado.

María Doris refugió su dolor en sus otros hijos y Yuliana por su parte se volvió a organizar y estableció una familia con sus dos hijos y una nueva pareja. Las dos cuentan que siempre presintieron que allí estaba el cuerpo.

María Doris cuenta que, en un sueño con su hijo, caminaron tomados de la mano en una playa y él mirándola a los ojos le dijo: “Mamá yo sabía que usted no me iba a olvidar”. Con ese sueño, asegura que se terminó de convencer que allí sí estaba su cuerpo.

Cerca de 17 años pasaron, hasta que el equipo investigativo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sede Yopal, adelantó las gestiones para conocer la información de los cuerpos dispuestos en el cementerio de Aguazul, entre los años 1995 y 2007.

Luego de horas y días exhaustivos en revisión de actas, bases de datos, solicitud de información al Instituto Nacional de Medicina Legal, se realizó la intervención que arrojó como resultado la recuperación de 29 cuerpos.

Cuenta el equipo forense, que al encontrar la cruz de madera con los números 25/05/82 y un nombre que apenas se leía como Andera Sanabria, fue la pista que, tras varios días de verificación, los llevó a dar con el nombre de Ander Alfonso Sanabria Correa.

“Nunca nos rendimos ni paramos de buscarlo…aquí en la Unidad de Búsqueda nos han atendido como si fueran familia de uno”, dijo Yuliana al recordar la llamada que recibieron por parte de la UBPD.

La familia Sanabria participó en el proceso de recuperación del cuerpo, también en la toma de muestras genéticas y los diálogos de identificación que permitieron confirmar técnicamente, que sí era el cuerpo de Ander.

Al tiempo, María Doris ha seguido indagando sobre los hechos y fue solo hasta este año que su hijo Ander fue reconocido como víctima, en el  Sub-Caso 03 en Casanare a cargo de la JEP.

"Como Unidad de Búsqueda nos alegramos de dignificar el dolor y contribuir a sanarlo", dijo Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora del grupo interno de trabajo territorial de Yopal.

El cuerpo de Ander fue enterrado en el cementerio de Yopal, la cruz de palo quedó atrás, ahora se reconoce por una lápida en forma de libro, que conserva no sólo sus nombres, también,  una de las últimas fotos que le fueron tomadas aún con vida.

Este lunes 18 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio,  inicia la audiencia pública de responsabilidades  subcaso Casanare, que adelantará la Justicia Especial para la Paz.

La audiencia se extenderá hasta el martes 19. Son dos días donde se espera conoce la verdad de los 303 casos de falsos positivos, perpetrados en 218 acciones acaecidas en el lapso comprendido entre 2005 y 2008.

Dicha diligencia está divida en bloques destinados para la intervención, tanto de víctimas como de responsables de los hechos violentos. Se escucharán las versiones de 21 militares retirados.

Dentro de este grupo figuran el general, Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo y el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte.

Según la JEP estos oficiales retirados del Ejército participaron en la ejecución de 303 personas, que luego fueron presentadas, como muertos en combate con grupos subversivos.  

Se espera que durante la diligencia los 24 señalados de estos homicidios, reconozcan públicamente su responsabilidad y además cuenten detalles de la organización criminal que se gestó en la unidad militar antes mencionada, durante el periodo igualmente citado.

Para las 11 de la mañana se tiene prevista la intervención de Wilmer Andrey Pérez Betancourt, quien sostuvo que la finalidad de su participación en la audiencia, “es garantizar que la pluralidad de voces de las víctimas y sobrevivientes, sean escuchadas y ampliamente difundida”.

Así mismo advirtió que ha identificado “una considerable gama de inconformidades y preocupaciones, en cómo las víctimas hemos percibido este proceso adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En ese listado de inquietudes destacó “la falta de verdad o verdad parcializada, la existencia de un sistema para minimizar los aportes de verdad (configurado por los victimarios/criminales, máximos responsables) y evitar el ascenso en el reconocimiento de los crímenes en la pirámide de mandos implicados por acción, falta de garantías para la participación de las víctimas así como deficiencia en garantías de seguridad, secretismo en la toma de decisiones e imposición de las mismas”.

De igual forma puntualizó que “las víctimas sentimos que hemos sido instrumentalizadas y usadas en este proceso”. Es por ello que consideró de especial relevancia la asistencia de los medios de comunicación, con el fin que “sean corroboradas y recogidas las críticas y preocupaciones que tenemos desde el territorio”, concluyó Wilmer Andrey Pérez Betancourt.

Militares retirados del Ejército, reconocieron su responsabilidad en los casos de “falsos positivos”, cometidos bajo su comandancia en Casanare, ayer en Yopal, durante el acto de reconocimiento que hicieron ante las víctimas a expensas de la Comisión de la Verdad.

Tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare reconocieron este miércoles ante sus víctimas su responsabilidad en la comisión de esos hechos. Entre ellos, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en ese departamento entre 2006 y 2007, unidad que dejó más de 70 víctimas.

Se ratificó así la execrable práctica macabra de los falsos positivos en Casanare, entre los años 2006 y 2007 en el departamento, cuando era comandante del Ejército, el general Mario Montoya, y comandante de la XVI Brigada el general, Henry Torres Escalante.

“Qué fácil es hacer de la guerra el escenario del éxito de algunos pocos, que nos pedían resultados a diario y litros de sangre. Nada de lo que dejamos consignado en los documentos era real. Todo era organizado, era falso”, dijo el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya. Resaltó que aunque era un militar que se había destacado en diversos batallones del Ejército, fue en el Gaula Militar Casanare, donde bajo la subordinación y órdenes de sus superiores, tomó decisiones que no debió tomar nunca y las cuales llevaron a sufrir no solo a las víctimas y sus familias sino a todo un departamento, que terminó siendo estigmatizado. Pidió perdón y expresó que “Hacer la guerra es fácil, pero venir aquí a reconocer el daño que hemos hecho es muy difícil”.

Manifestó que durante mucho tiempo guardó silencio y negando lo sucedido pero cuando llegó a la JEP, comenzó a reconocer la verdad y el arrepentimiento de los hechos cometidos. Y Luego recordó, en medio de lágrimas, que durante el encuentro con las víctimas, donde vio el gran dolor causado pero a la vez el amor tan grande para perdonarlo. Por todo esto continuará aportando la verdad para tratar de resarcir todo el daño causado.

A su turno el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Militar en Casanare entre 2006 y 2007, textualmente dijo, con una voz entrecortada que: “Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”. Agregó que él se convertirá en un escudo protector que limpiará ante Colombia y el mundo entero, el buen nombre de sus familiares. Recordó con nombre propio a muchas de las víctimas, de las cuales afirmó que no eran combatientes ni guerrilleros, solo se reportaban para satisfacer las necesidades de sus superiores.

Como en anteriores oportunidades, expresó que cuando llegó al Gaula el coronel Henry Torres Escalante, comandante de la Brigada 16, lo conminó a dar resultados. “No se vaya a dejar ganar del mayor Camargo, que es un excelente oficial, mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones, en un tablero blanco de unos 50 cm, todos los resultados de la Brigada 16. Resultados reflejados en muertes”.

La época más difícil fue la del general Mario Montoya, comandante del Ejército. Recordó un encuentro de comandantes de unidades tácticas con este general y allí se evaluaban los resultados. “El comandante de la brigada proyectaba con videobeam los resultados de cada unidad y el comandante de cada una pasaba al frente, para que el general Montoya lo viera. Ahí pude ver cómo amenazó con relevar al comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare por falta de resultados operacionales. Posteriormente lo relevó”.

“Como víctima vamos a saber por fin la verdad de nuestros hijos. Lo que más nos interesa es que se diga la verdad, que mi hijo de 19 años no era un guerrillero. A él se lo llevó el Gaula Militar un día, 27 de septiembre de 2005, y al siguiente ya estaba muerto y no sabemos por qué el Ejército lo mató de esa forma miserable”, expresó el padre de uno los hombres asesinados por la fuerza pública, en los hechos conocidos como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.

"Quiero conocer los motivos de porqué el Gaula Militar mando matar a mi hijo, porqué lo sacaron de su lugar de trabajo y lo dejaron al lado de una carretera, con el argumento que lo habían dado de baja en combate, según ellos por ser el jefe de finanzas del frente 28 de las Farc, lo que no es cierto, ya que él solo tenía 19 años, era un muchacho joven y trabajador, quien se movilizaba en una cicla, que yo la había regalado cuando solo tenía 10 añitos", dijo indignado el padre, quien reiteró que ya perdonó a los agresores de su hijo.

Las declaraciones del padre del joven asesinado las realizó en rueda de prensa convocada este lunes por la Comisión de la Verdad, como preámbulo al acto de reconocimiento que hicieron hoy a partir de las 9 de la mañana en Yopal, los militares sobre sus responsabilidades en el asesinato de personas indefensas en Casanare.

El encuentro contó con la presencia de víctimas y responsables. Cinco testimonios de parte de las víctimas que ayudarán al país a hacer memoria sobre este flagelo y en cuyas historias particulares se refleja el dolor de muchas familias. Tres de los responsables, con quienes se ha adelantado proceso previo de diálogos en privado, entre los que se cuentan: el sargento segundo Faiber Amaya y el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, ambos miembros retirados del Ejército Nacional.

El 28 de marzo de 2016 el general en retiro Henry Torres Escalante fue detenido en el marco de un proceso penal por su supuesta responsabilidad en dos ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, ocurridas el 6 de marzo de 2007 en el municipio de Aguazul, Casanare.

Inistiendo en su inocencia, y por considerar que no había garantías en la justicia ordinaria, en julio de 2017, Torres Escalante pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y un año después ante esa justicia especial acudió a una primera audiencia en la que anunció su compromiso de contribuir a la verdad y firmó el acta de sometimiento. Ahora, la JEP le negó el beneficio de la libertad.

La defensa del oficial solicitaba que se le revocara la medida de aseguramiento que pesa en su contra, por considerar que cumple con los requisitos que para ello estipuló la ley. En decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se señaló que el general sí cumple con los parámetros legales, menos el que indica que quien busca recuperar su libertad debe haber estado privado de la libertad mínimo cinco años. Esto, además, si se tiene en cuenta que el oficial quedó libre por orden de un juez en 2017 y fue nuevamente detenido el 23 de enero de 2018.

Aunque el oficial ya está recluido en el Cantón Norte de Bogotá, la Sala consideró que sí le podría otorgar el beneficio de estar detenido en una unidad militar y, por eso, ordenó que se evalúe su traslado, de ser necesario, a la unidad que esté más cercana a donde habita su familia. Para ello, el general Torres deberá suscribir un acta de compromiso en el que reafirme que cumplirá con sus obligaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz, contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas además le dio un plazo de 10 días al general para que presente por escrito un “plan de cumplimiento claro, concreto y programado, en relación con sus compromisos de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición, so pena de perder el beneficio concedido en esta oportunidad”.

En ese documento, el oficial tendrá que exponer los hechos por los cuáles aportará verdad, “la parte de la realidad del conflicto que coadyuvará a esclarecer; los programas de reparación inmaterial e integral en que participará para resarcir a las víctimas, de preferencia aquellos que permitan restaurar los derechos afectados y la superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización”, así como sus aportes efectivos para la no repetición.

Además, el general en retiro Henry Torres deberá presentar un programa de participación ante la justicia transicional que detalle lo que tiene para aportar en cuanto verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo esto será evaluado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR).

Contexto

El general en retiro Henry Torres Escalante, es acusado de homicidio en persona protegida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos identificados como Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, cuando se desempeñaba como comandante de la XVI Brigada del Ejército. Ambos fueron acribillados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo en Aguazul, Casanare, y luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

En enero de 2017, un juzgado de Yopal, se convirtió en el escenario de un hecho histórico: El comienzo del primer juicio contra un general señalado de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales.

En 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación. Por años las familias de las víctimas, así como varias organizaciones de derechos humanos reclamaron a las autoridades que las investigaciones llegaran hasta los altos oficiales, para establecer los máximos responsables de esa macabra práctica. Fue así como en 2015 la Fiscalía anunció que tenía 16 generales bajo la lupa, encabezados por Mario Montoya, excomandante del Ejército. Tras ese anuncio poco se volvió a saber del tema hasta marzo de 2016 cuando fue detenido el primer general de esa lista: Torres Escalante.

La Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la Decimosexta Brigada del Ejército en Casanare, comandada por el entonces coronel Torres Escalante. Según el expediente, además de conseguir un falso positivo con esos asesinatos también buscaban silenciar a los campesinos, que habían presenciado y denunciado otras ejecuciones cometidas por militares en esa zona del país.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la Decimosexta Brigada entre 2005 y 2007. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres, retirado del Ejército tras su captura, incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios. Uno de los más contundentes es el del teniente (r) Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que, a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”.

Tras su arresto Torres quedó recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá. Con 38 años de carrera militar fue comandante de Huila, Tolima, Cundinamarca, Casanare y de la Quinta División. Además, estuvo al frente del Comando Suroccidente del país (Valle, Cauca y Nariño). En su último cargo, ejerció la jefatura del Centro de Memoria Histórica del Ejército.