Ante llamadas y mensajes intimidantes con fines extorsivos, a contratistas del proyecto de la construcción del colegio que se adelanta en el municipio de Támara, la Gobernación de Casanare, lideró un Consejo Extraordinario Ampliado de Seguridad para buscar estrategias que permitan contrarrestar esta acción delictiva.

Frente a esta situación, el secretario de Gobierno, Oscar Gómez Peñalosa, afirmó que no estàn solos y que en este momento están con la Unidad Nacional de Protección, un plan de acción por parte de la Policía y un plan estratégico de registro y de verificación por parte de la Décima Sexta Brigada.

Gómez Peñalosa, extendió la invitación a los ciudadanos que sean víctimas del flagelo de la extorsión, para que a través de las líneas gratuitas del Gaula Policía (165) y Gaula Militar (147) denuncien y de esta manera las autoridades puedan tomar las acciones pertinentes para poder llevar a buen recaudo a estas personas.

El próximo 14 de agosto se realizará la entrega de un pelotón motorizado del Ejército Nacional en el municipio de Paz de Ariporo, que también reforzará la seguridad del área rural del norte de Casanare, cumpliendo así el compromiso de la administración departamental de velar por la seguridad de toda la población del departamento.

El Consejo Extraordinario Ampliado de Seguridad contó con el acompañamiento de los comandantes de la fuerza pública, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional y el alcalde de Támara Leonel Rodríguez Walteros.

“Estuvimos en un consejo de seguridad donde se acompañó al alcalde de Támara, Leonel, porque hay algunas amenazas con respecto al señor alcalde, funcionarios y contratistas del municipio. Estamos garantizando con Ejército y Policía, para reforzar esa seguridad allí, y entender que no estamos de acuerdo con la extorsión y que no vamos a permitir que ninguno de estos delincuentes le venga a hacer daño a Casanare”, afirmó el gobernador Salomón Sanabria.

Sobre los autores de estas amenazas, el gobernador de Casanare dijo que, por ahora es materia de investigación, sin embargo, señaló que hay indicios de que el responsable sería Alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias del frente 28 de las Farc.

Recordamos que, recientemente las autoridades capturaron en flagrancia en Paz de Aariporo, a un presunto extorsionista vinculado a esa agrupación ilegal armada, quien en compañía de una menor de 16 años, estaban cobrando a un contratista de Támara, 40 millones de pesos, producto de una extorsión por dejarlo trabajar.

Por ahora se reforzarán las medidas de seguridad en este municipio y se cuenta con una bolsa de 200 millones de pesos para dar recompensas sobre información que permita llegar a los responsables de las amenazas a estas personas.

También para reforzar la seguridad en municipios del departamento, el gobernador Salomón Sanabria, anunció que en agosto se estarán entregando dos pelotones de motos a la policía en Villanueva y Paz de Ariporo. También informó que se están conformando gestores de seguridad comunitarios para identificar zonas calientes en Casanare.

En comunicado de prensa, la empresa Ecopetrol rechazó los actos violentos reportados el pasado jueves 22 de abril, en la vía entre el puente La Cabuya y el corregimiento de El Morro, en Yopal, en los que se vio afectado personal de una de las empresas contratistas que laboran en el CPF Floreña.

La situación, según reporte del aliado, se registró durante el desplazamiento del personal contratista de la empresa Indra, cuyos trabajadores fueron detenidos por integrantes de la Asociación de Transportadores del corregimiento El Morro, Asotransmo. Luego de las exigencias que les hicieron por no desplazarse en un vehículo del sector sino de Yopal, los maltrataron verbal y físicamente.

"Ecopetrol lamenta este tipo de situaciones que violan los derechos a la libre movilización y al trabajo, y que además ponen en peligro la integridad de las personas", expresó la estatal petrolera e informó que, junto con  Indra pusieron en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, con el fin de que se adelanten las respectivas investigaciones.

La Empresa hizo un llamado al respeto de los derechos humanos y a mantener los espacios de diálogo para solucionar cualquier diferencia, actuando siempre en el marco de la legalidad.

Ante el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Inírida (Guainía) la Fiscalía imputó a seis personas como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público. Donde los servidores públicos actuaron como autores y los contratistas en calidad de intervinientes. Ninguno de los delitos fue aceptado por los implicados.

Se trata de 4 exfuncionarios del departamento y 2 contratistas quienes estarían implicados en la firma irregular de un contrato, suscrito el 29 de diciembre de 2015. Labores de policía judicial evidenciaron como en este caso los implicados, al parecer, incurrieron en sobrecostos por la compra de un dron. Por dicho elemento pagaron 400 millones de pesos, siendo su valor en el mercado de 70 millones de pesos. Esto, habría ocasionado un detrimento patrimonial de 330 millones para el departamento.

Los imputados son Claudia María Calderón Montaño, Duberney Quinceno Castro, Olga Lucía Arteaga Burgos, Donaldo Gámez Estupiñán, Ricardo José Goyeneche Pardo, Pedro Nel Benavidez Hernández.

La Fiscalía compulsará copias del proceso para que se investigue a los gobernadores de Guainía para los periodos 2013 - 2015 y 2016 - 2019 con el fin de establecer su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

Con posteridad la Fiscalía podría solicitar medida de aseguramiento.