La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso significativo en la recuperación de recursos públicos al imponer medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes.

Estas propiedades, valoradas en más de 65.900 millones de pesos, estarían vinculadas a individuos implicados en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.

El contrato, destinado a dotar de internet a escuelas rurales en diversos departamentos, fue objeto de un fraude que ahora lleva a la intervención de predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios.

Los bienes están registrados a nombre de Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares, y se extienden por Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

La investigación sugiere que estos activos fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de las actuaciones irregulares y del anticipo recibido de manera fraudulenta por ‘Centros Poblados’.

En una acción adicional, se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, tras decisiones de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

Las medidas, implementadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, son de naturaleza jurídica y tienen como fin primordial proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en un proyecto que buscaba instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos.

La Fiscalía fundamenta estas acciones en la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados, evidenciando la mezcla de bienes lícitos con fondos de origen ilegal y el uso instrumental de las sociedades de la Unión Temporal para la comisión de las irregularidades.