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Clínica Medicenter enfrenta acciones legales por deudas con especialistas de salud
La Clínica Medicenter se encuentra en el centro de una controversia legal tras acumular deudas que superan los 500 millones de pesos con más de diez especialistas desde el año 2018.
A pesar de un acuerdo alcanzado en 2020 a través del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, la clínica no ha cumplido con los pagos mensuales acordados, lo que ha llevado a embargos sobre sus bienes.
Recientemente, la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare” presentó una acción de tutela el 12 de noviembre, argumentando que los embargos afectan la salud pública al poner en riesgo las unidades quirúrgicas.
Sin embargo, la veedora María Magdalena Rodríguez parece ignorar el incumplimiento previo por parte de la clínica en relación con el acuerdo de pago firmado.
Además, es importante destacar que la Clínica Medicenter es una entidad privada y el embargo resulta de un conflicto entre particulares, no relacionado con el sistema público de salud.
La veedora también afirmó que el proceso de embargo se llevó a cabo "de manera irregular", aunque no ha proporcionado pruebas que respalden esta afirmación.
Esto genera dudas sobre si la veeduría realmente está actuando en beneficio de los pacientes y profesionales de la salud o si está protegiendo a la clínica en lugar de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Por otro lado, tanto los médicos como el personal auxiliar que trabaja en la Clínica Medicenter han reportado que se les adeudan hasta cuatro meses de salario.
La falta de investigación por parte de la veeduría sobre esta situación plantea interrogantes sobre su papel y su decisión de interponer una acción que busca suspender un fallo judicial en un proceso ejecutivo.
Llama la atención que, esta acción se produce después de que el Tribunal Superior de Casanare rechazara por improcedente una tutela similar presentada por la misma clínica, alegando violación al debido proceso. Con esta actitud queda en el ambiente la sensación que la veeduría podría estar actuando en contra del interés del personal médico y los pacientes.