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Capresoca anunció 711 usuarios de esta EPS con diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) pueden acceder a servicios de salud y tienen continuidad en sus tratamientos médicos con SES Salud Unidad Renal, con sede en Yopal, como único prestador en Casanare.

Dentro de la atención integral que reciben se incluyen servicios de control de laboratorios, psicología, trabajo social, nutrición, valoración de seguimiento por nefrología y entrega de medicamentos.

La entidad manifestó  que del total de usuarios con enfermedad renal crónica, 590 hacen parte del programa de nefroprotección, 110 están en hemodiálisis, 7 en diálisis peritoneal y 4 son trasplantados. Estos últimos tienen garantizado el acceso a controles postrasplante.

Los pacientes en diálisis tienen garantizado el transporte terrestre desde sus municipios de residencia a Yopal a la Unidad Renal.

Este servicio está cubierto para afiliados a Capresoca EPS de municipios diferentes a la capital del departamento. En casos excepcionales, se brinda a pacientes con pertinencia médica, según consideraciones del profesional tratante.

De esta manera, Capresoca EPS reduce barreras de atención para sus afiliados con ERC, asegurando oportunidad y calidad, aportando a mejorar su calidad de vida.

Capresoca EPS, bajo medida de intervención forzosa con fines administrativos ordenada por la Superintendencia  Nacional de Salud, informa a sus usuarios, especialmente a los residentes en el norte del departamento de Casanare  que, suscribió contrato con el Centro Especialistas Manare-CEM, con sede en el municipio de Paz de Ariporo, para mejorar la oportunidad en el acceso a consultas especializadas y ayudas diagnósticas, así reducir su traslado hasta Yopal a estas valoraciones. 

La población afiliada puede acceder a consultas con especialistas en neurología, neurocirugía, medicina interna, dermatología, pediatría, cirugía vascular, cardiología, ortopedia y traumatología.

En lo referente a ayudas diagnósticas,  los usuarios tienen garantizado el servicio de ecografías, donde se incluyen obstétricas, ginecológicas, de abdomen total, articular, renal, muscular, entre otras.

También están cubiertos servicios como mapa de tensión arterial, electrocardiograma y ecocardiograma; estudios doppler y holter 24 horas.

El Centro de Especialistas de Manare está ubicado en la calle 8 N° 8-50 barrio Las Villas en Paz de Ariporo, y cuenta con estas líneas de contacto telefónico y WhatsApp para la atender inquietudes y orientar a los afiliados: 3202542082-3176299899.

Previo al agendamiento de sus consultas, se recomienda a los usuarios realizar la gestión de su autorización de servicios, en las oficinas de Atención al Usuario de Capresoca EPS.

Andrés Ávila, director del Hospital Regional de la Orinoquía, reportó que la institución ha registró una sobreocupación del 200 por ciento durante el último fin de semana.

El funcionario atribuyó esta situación a factores como el regreso a clases y el alto índice de accidentes de tránsito en el departamento. Según el director, el hospital atiende no solo a habitantes de Casanare, sino también a pacientes de Vichada, Arauca, Boyacá y población migrante.

En cuanto a la situación financiera, el centro asistencial presenta una cartera global de 250.000 millones de pesos, de los cuales la EPS Capresoca adeuda más de 135.000 millones.

Esta coyuntura ha generado retrasos en el pago de la nómina de los trabajadores. Actualmente, el hospital registra una demora de aproximadamente cuatro meses en la cancelación de los honorarios de los médicos especialistas.

Ávila indicó que, tras el inicio del proceso de cierre financiero, se comenzó con el pago al personal médico y de enfermería, mientras que el pago a los especialistas se encuentra pendiente de trámites administrativos ante la junta directiva

Para Juan Carlos Ramírez Cabrera, la vida siempre ha tenido un ritmo propio. A sus 27 años, este músico, quien fuera instructor de la casa de la cultura y voluntario de la Defensa Civil, está acostumbrado a marcar el tiempo con la batuta o a correr contra el reloj para salvar vidas.

Sin embargo, hoy el cronómetro corre en su contra y el silencio no es musical, sino administrativo. Una densa niebla llamada catarata amenaza con apagar el único ojo que le permite ver el mundo.

El eco de una negligencia

La tragedia de Juan Carlos tiene un antecedente amargo que hoy se siente como una premonición. Años atrás, un accidente doméstico le desprendió la retina del ojo izquierdo.

En aquel entonces, el diagnóstico fue claro: "es salvable si se opera ya". Pero en los pasillos de su EPS, Capresoca, la urgencia médica chocó con la burocracia.

Los meses pasaron entre excusas de "falta de convenios" y, para cuando el bisturí finalmente tocó su ojo, la luz se había extinguido para siempre en ese lado de su rostro.

Hoy, la historia parece estar escrita con el mismo guion. Desde agosto del año pasado, su visión derecha —su única ventana al mundo— comenzó a nublarse.

El diagnóstico de "catarata urgente" debió culminar en una cirugía en enero, pero al llegar a Optisalud, la respuesta fue un portazo burocrático: "No hay contratación con Capresoca".

Una vida en pausa

Juan Carlos no solo teme por su salud; teme por su identidad. Su cotidianidad es un lienzo de actividades que requieren precisión visual.

Es el instructor que guía las manos de jóvenes con discapacidad en la música, es el publicista que diseña campañas y el socorrista que debe distinguir el peligro en medio de una emergencia.

"El miedo mío es quedarme ciego y yo tan joven, tan lleno de vida", confiesa con una voz que mezcla la impotencia del paciente con la determinación del artista. Sin visión, el perifoneo se apaga, las partituras se vuelven manchas negras y su labor social queda truncada.

Entre la fe y el costo del derecho a ver

Ante el silencio de las instituciones que deberían protegerlo, Juan Carlos ha tenido que ponerle precio a su esperanza: 4 millones de pesos. Esa es la cifra que lo separa de una cirugía particular que Capresoca, por ley, debería garantizarle.

Mientras el "muro de silencio" administrativo persiste, este joven se aferra a la solidaridad ciudadana y al llamado urgente a los líderes regionales.

Para Juan Carlos, no se trata solo de una operación; es la lucha por evitar que su mundo se convierta en una nota sostenida de oscuridad total. La remisión que espera no es un papel, es el permiso para seguir viviendo.

La entrada al edificio de la Gobernación de Casanare nuevamente se convirtió en el punto de encuentro, para que trabajadores del sector de la salud alzaran una vez más su voz y pedirle al Estado unas mejores condiciones salariales.

Con pancartas donde hacían visibles sus peticiones se apostaron ese miércoles 28 de enero junto al centro administrativo departamental.

Algunos llevan gafas oscuras para protegerse del sol, tan extremadamente candente como la compleja situación que viven, por cuenta de la problemática que se alimenta de los precarios salarios que aseguran recibir.

Se identificaron como profesionales del área de rehabilitación física que prestan servicios domiciliarios para diferentes IPS tanto de Yopal como del resto del departamento.

Le apuntan a participar en las negociaciones sobre tarifas que actualmente se realizan entre EPS e IPS. Según Marlly Johana López, terapeuta física y quien hacía parte de la manifestación, las tarifas se definen sin la presencia de representantes del grupo de talento humano.

"Las EPS con las IPS arreglan una tarifa y nos dicen: 'Ejemplo, la tarifa son 13.500 pesos, es eso o no trabaja'", explicó López. Los profesionales solicitan que haya representantes del área de la salud presentes cuando se establezcan los aumentos de tarifas para las terapias.

En el plantón participaron trabajadores de varias IPS del departamento, entre ellas Caipro, Proyección Life, Orinoco y Promed. Algunos terapeutas indicaron que llevan desde agosto del año anterior sin recibir pagos y que las IPS les han ofrecido contratos con las mismas tarifas del año pasado.

Los profesionales señalaron que no reciben auxilio de transporte y deben pagar su propia seguridad social para poder presentar cuentas de cobro.

Además, manifestaron inquietud sobre la decisión de la interventora de Capresoca de contratar una nueva IPS para todo el tema de servicios domiciliarios, sin considerar a las empresas que llevan entre cinco y seis años prestando el servicio en la región.

Los profesionales también hicieron un llamado al Gobierno nacional para que establezca garantías laborales para el personal de salud, incluyendo un régimen especial similar al de la Policía Nacional o del Ejército, argumentando que prestan un servicio a la comunidad y requieren condiciones laborales que reconozcan esa función.

Esta manifestación es la segunda en lo que va del año. Los terapeutas realizaron un plantón anterior el 20 de enero.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026 referente a las fórmulas infantiles Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium.

La medida se basa en una notificación internacional de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF).

La entidad informó que ciertos lotes de estos productos incluyeron en su fabricación un ingrediente (omega-6, ácido araquidónico, ARA) contaminado con la toxina cereulida. Ante esta situación, el importador Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. inició el retiro voluntario de los lotes afectados en el país.

La alerta incluye diversas presentaciones comerciales (200g, 400g, 800g y 900g) de las siguientes líneas:

• Alula Gold 1, 2 y 3 Premium: Diversos lotes con fechas de vencimiento entre noviembre de 2026 y octubre de 2027.
• Alula Gold Comfort Premium: Lotes con vencimientos entre noviembre de 2026 y octubre de 2027.
• Alula Gold CFT Kid Premium (800g): Lote 8000003668 con vencimiento en noviembre de 2027.

Ante esta situación el Invima solicita a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir los lotes relacionados. A quienes ya posean el producto, se les indica suspender su uso de forma inmediata y notificar a las autoridades.

Así mismo, se ordenó a las secretarías de salud realizar la búsqueda activa de estos productos y a los establecimientos distribuidores suspender su comercialización. El incumplimiento de estas disposiciones podrá acarrear medidas sanitarias de seguridad por parte de la autoridad correspondiente.

La Administración municipal de Yopal instaló un puesto de vacunación en la Comuna VI como parte del plan de intensificación del programa ampliado de inmunizaciones (PAI). La medida busca facilitar el acceso a biológicos en este sector y reducir los índices de población susceptible a enfermedades prevenibles.

Durante la jornada de vacunación del pasado sábado, se priorizó la aplicación del esquema regular, con disponibilidad de biológicos contra la fiebre amarilla. tosferina. Sarampión, rubéola y virus del papiloma humano (VPH).

En este punto, igualmente se reforzará la vacunación en poblaciones como menores de 6 años, gestantes y población entre los 9 y 17 años (específicamente para la dosis contra el VPH).

Según el reporte oficial, el punto busca captar a ciudadanos que presentan esquemas incompletos o que no han accedido a los servicios de salud tradicionales.

Esta propuesta de suministro de biológicos es coordinada con instituciones educativas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esta alianza tiene como fin garantizar el seguimiento de la ruta de vacunación y el cruce de bases de datos para identificar a la población pendiente de inmunización en el marco del inicio del calendario escolar.

La atención en el punto de la Comuna VI incluye la revisión de carnés de vacunación y orientación sobre el cronograma de refuerzos para los diferentes grupos etarios de la zona.

La Alcaldía Municipal de Yopal informó que el municipio se sumará a la jornada nacional de vacunación programada para este sábado 24 de enero. La actividad se cumplirá en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

La jornada contará con puntos fijos en instituciones de salud y recorridos casa a casa para facilitar el acceso a los biológicos del esquema regular de vacunación.

El lanzamiento oficial se realizará en el centro de atención primaria en salud (CAPS) de la comuna VI. Simultáneamente, se desplegará una jornada extramural en el barrio Nuevo Hábitat 2. Los puntos fijos habilitados son:

• Hospital Central de Yopal: Carrera 15 # 33–40 (Entrada consulta externa).
• CAPS Juan Luis Londoño: Calle 26 # 30–30 (Barrio El Triunfo).
• Jersalud: Calle 27 # 21–25.
• Sanidad Policía Nacional: Avenida Cultura # 16–50.
• Lacor IPS: Calle 15 # 22–52.
• Sanidad Brigada XVI: Cantón Militar.
• Visionamos IPS: Carrera 29 # 12A–03.
• Famedic IPS: Calle 15 # 19–15.
• Mytsalud: Calle 6 # 22–58.

La oferta institucional incluye vacunas para diversos rangos de edad y condiciones:

• Menores de 6 años: Tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétano, rubéola, sarampión, paperas, fiebre amarilla, hepatitis A y B, rotavirus y neumococo.
• De 9 a 17 años: Dosis única contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
• Mujeres gestantes: Vacuna Tdap (semana 26) y contra el Virus Sincitial Respiratorio (semanas 28 a 36).
• Población general (hasta 59 años): Vacuna contra la fiebre amarilla e influenza estacional (según disponibilidad).

Las autoridades de salud locales indicaron que los ciudadanos deben presentar el carné de vacunación para verificar los antecedentes inmunológicos y completar los esquemas pendientes.

Cuando una entidad está intervenida es porque no tiene unos niveles óptimos de desempeño y requiere una atención especial, así como unas acciones de impacto que puedan hacerle cumplir los indicadores financieros para sacarla a flote.

Esta fue la premisa inicial con la cual inició el uso de la palabra la agente interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, durante el desarrollo de la mesa de trabajo adelantado en la Asamblea Departamental, para analizar la situación de esta EPS oficial.

La funcionaria recalcó que tan solo llega dos meses en el cargo. Agregó que desde su llegada el 14 de noviembre y durante los primeros 30 días el esfuerzo se concentró, en lo que calificó como apagar incendios.

En cuanto el tema de la contratación indicó que, si se han presentado incumplimientos, los mismos no obedecen únicamente al área de gestión, sino que juegan un papel adverso las trabas internas y externas que afectan la entidad.

Mencionó que este panorama lamentablemente va a persistir. Ejemplificó la afirmación anterior con una visita que realizó a Aguazul. “Estaba la droguería y no había ni un afiliado”, comentó.

Extrañada fue a la oficina a preguntar el porqué de esta situación. En este lugar le dijeron que la droguería no está y acto seguido le enseñaron chat donde se comunicó que la droguería no estaba funcionando “y los señores regentes y auxiliares esperando los afiliados”.

“Así de grave está Capresoca, donde nuestro mismo personal hay gente que quiere hacer daño. Eso nos toca a nosotros depurarlo”, subrayó la agente interventora.

Añadió que muchos de los casos que hacen parte de las quejas por mala atención, se deben a empleados que “no tienen la camiseta puesta”. Y les dicen a los afiliados “No hay red, no hay atención. Por Dios, nosotros tenemos opciones para que las personas sean atendidas, pero no se les ocurre preguntar”.

A estos problemas internos se suman los financieros que pasan por la creciente deuda con los prestadores de salud, como los 11 mil millones que le exige el Instituto Cancerológico para hacer el contrato de atención.

Panorama bastante complejo, porque reconoció que la demanda en servicios de salud es demasiado alta.

Pese a este entorno bastante adverso, la agente interventora considera que Capresoca tiene salida. En el campo económica una ventaja que tiene es su carácter oficial. Esta característica le permite acudir al Tesoro Nacional para conseguir recursos.

“Para eso se necesita un estudio y no es cualquier estudio. Necesitamos unos estudios financiero muy importantes, porque allá el director del Tesoro hace cuentas y dice yo te doy tanto y te presto tanto, pero ¿cómo me lo vas a pagar?”

En este escenario es necesario demostrar de dónde se van a sacar los recursos, en caso de que aprueben un crédito para sanear las finanzas de la EPS.

Por ahora las autoridades continúan buscando una salida para evitar que Capresoca naufrague en las profundas aguas de la deuda con las IPS.

Una denuncia pública y anónima radicada este 19 de enero en Yopal ha puesto en conocimiento de las autoridades de control presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la EPS Capresoca para la vigencia del año 2026.

El documento ha sido remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Casanare, la Contraloría Departamental, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional Casanare.

El texto de la denuncia se centra en el contrato 003-2026, suscrito entre la EPS y la empresa PROVITALY SAS por un valor de $24.000 millones de pesos.

Este acuerdo tiene como objeto garantizar el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en 14 municipios del departamento.

Según la información expuesta, el valor de este contrato representa un incremento de costos del 26% en comparación con el año anterior. Los denunciantes contrastan este aumento con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fuente de financiación de estos servicios, que para el 2026 fue fijado en un 16,49%.

Sobre el contratista seleccionado, PROVITALY SAS, la denuncia señala que se trata de una empresa constituida en el año 2018 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y un capital autorizado de $6 millones de pesos.

El documento cuestiona si la entidad promotora de salud realizó los análisis técnicos y financieros pertinentes para adjudicar la dispensación de medicamentos por dicha cuantía a esta firma.

En el análisis de los costos per cápita, se detallan variaciones significativas en los valores asignados a los diferentes municipios. Para las localidades de Aguazul, Paz de Ariporo, Támara y Tauramena, el incremento reportado es del 27,41%, mientras que para el municipio de Yopal el aumento alcanza el 29,4%.

Estos porcentajes superan el ajuste nacional de la UPC. Adicionalmente, se menciona que en la nota técnica del contrato se incluyen medicamentos, como el Albendazol de 400mg en cápsula o tableta, cuyo registro sanitario ante el INVIMA figuraría como vencido o no vigente.

Otro aspecto abordado en la denuncia es la contratación del servicio de transporte aéreo de pacientes, adjudicado mediante el contrato 010-2026 a la empresa UNITOURD SAS por un valor de $2.000 millones de pesos. Se indica que en la ruta de mayor demanda (Yopal-Caño Mochuelo-Yopal) se presenta un incremento tarifario del 27,3% respecto al año 2025.

Asimismo, se reporta la eliminación de tarifas para grupos de usuarios que existían previamente, lo que implicaría sobrecostos del 70% para el traslado de dos pacientes y de más del 100% para tres pacientes.

Finalmente, el documento advierte sobre una tendencia en la contratación con empresas cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, así como el uso de modalidades de telemedicina.

Según lo expuesto en la denuncia, estas prácticas podrían estar afectando la oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud para los afiliados en el departamento de Casanare, contraviniendo las directrices de territorialización y presencia de especialistas en la región.