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Durante su intervención ante la Corte Constitucional, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo insistió en la persistencia de irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud.

El funcionario manifestó la existencia de contratos irregulares y el cobro de comisiones para la gestión de pagos. En este ecosistema de corrupción puso como ejemplo a Capresoca.

Responsabilizó de esta situación a la figura de las interventorías, sobre las cuales resaltó que no es de su competencia nombrar este tipo de funcionarios y que tampoco tiene autoridad sobre ellos.

Para el caso de la EPS casanareña expresó que denunció a la agente interventora que llegó a la entidad. Aunque no mencionó su nombre, el ministro hacía referencia a Betty Cecilia Anaya Nieto. Funcionaria quien ya se había recibido cuestionamientos por su gestión.

El titular de la cartera de salud trajo a colación la asignación de un contrato de 24.000 millones de pesos a la empresa Provitaly SAS para la distribución de medicamentos.

Según el ministro, al momento de la adjudicación, dicha entidad poseía un capital de ocho millones de pesos y carecía de puntos de atención en la región.

Igualmente mencionó la entrega de un contrato de salud mental por 20.000 millones de pesos a una firma de la capital del Atlántico con un patrimonio registrado de 18 millones de pesos, desplazando a una empresa que llevaba 15 años prestando el servicio.

“Y el señor gobernador me llama a mí y me dice que hasta los vigilantes los estaban trayendo de Barraquilla”, recalcó el ministro Jaramillo.

Agregó que “es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive con personas nombradas por este gobierno, en donde el señor presidente ni el ministro de salud no tienen nada que ver”, recalcó el funcionario.

Dijo que este es solo un caso de una pequeña EPS pública, como es Capresoca.

La Procuraduría General de la Nación dictó una suspensión provisional de tres meses contra la agente especial interventora de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto.

La medida se fundamenta en un posible deterioro en la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la entidad.

En la misma decisión, la delegada para la vigilancia administrativa inició una investigación contra el anterior agente de la EPS, Yeferson Caicedo Pardo.

El organismo busca determinar si existió un incumplimiento en los objetivos de la medida de intervención forzosa administrativa y si los servidores omitieron sus deberes legales.

Un informe de la delegada para asuntos civiles, del trabajo y la seguridad

social indica que la entidad presenta un aumento progresivo en las barreras de acceso a la salud.

Asimismo, el Ministerio Público indaga sobre el estado financiero de la EPS, su capacidad de pago y el incremento del 144 % en el volumen de peticiones, quejas y reclamos.

La autoridad disciplinaria evalúa además el alza en la siniestralidad reflejada en los balances financieros y el aumento de acciones de tutela interpuestas por los afiliados.

A las 5:40 de la mañana del pasado 18 de febrero, el mundo de Claudia Patricia Bachilón se detuvo en seco en la intersección de la calle 24 con carrera 14, de Yopal.

Mientras esperaba el cambio de un semáforo para dirigirse a su jornada laboral, una buseta de transporte intermunicipal que se quedó sin frenos la arrolló, transformando su rutina de madre cabeza de familia en una pesadilla de dolor y abandono.

Hoy, tras casi tres meses de aquel impacto, Claudia no solo lucha contra las secuelas físicas de un accidente devastador; libra una batalla diaria contra la burocracia de su EPS, Capresoca, y el silencio de quienes causaron su desgracia.

Un refugio de dolor

En el quinto piso del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), específicamente en la habitación 523A, el tiempo parece haberse congelado.

Allí, Claudia Patricia permanece postrada con un diagnóstico que estremece: fractura de pelvis, costillas partidas y el codo izquierdo totalmente destrozado. A esto se suman quemaduras de tercer grado que complican aún más un cuadro clínico que el Hospital Regional de la Orinoquia ya no puede manejar.

Su cuerpo requiere de al menos tres o cuatro cirugías especializadas que solo pueden realizarse en un hospital de alta complejidad. Sin embargo, la remisión necesaria para salvar su movilidad y su calidad de vida no llega.

La respuesta que recibe Claudia a través de una pantalla de celular es siempre la misma: "tenga paciencia". Pero para alguien con los huesos fragmentados, la paciencia es un lujo que no puede permitirse. Así lo narró Nubia Doreli Gaitán, amiga de la paciente y quien a estado pendiente del caso.

Una familia fragmentada por la tragedia

La historia de Claudia es también la de una familia del sector del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, que ha visto cómo su precaria estabilidad se desmoronó tras el accidente.

Claudia, el motor de su hogar, dejó a una hija de 15 años al cuidado de una amiga de buena fe, mientras que su hijo mayor se vio obligado a buscar trabajo de inmediato para garantizar el sustento mínimo.

Nubia Doreli Gaitán, describe con indignación el desamparo total: "Es denigrante que ni el dueño de la buseta, ni el conductor, ni la empresa se hayan manifestado siquiera para visitarla o brindar un apoyo económico".

Mientras tanto, la familia de Claudia, personas humildes del campo, intentan navegar un sistema legal y de salud que parece diseñado para ignorarlos.

El muro de la burocracia

La justicia parece haberle dado la razón a Claudia en el papel, pero no en la práctica. Una acción de tutela ordenó a Capresoca resolver su caso y hacer efectiva la remisión en un plazo de 48 horas. El plazo venció y la respuesta sigue siendo el silencio administrativo.

Este no es un caso aislado. Según los testimonios recogidos por Nubia Doreli Gaitán, el HORO se encuentra saturado de pacientes "represados" que esperan traslados a centros de mayor complejidad, enfrentándose a un sistema que parece haber olvidado el sentido de la urgencia.

Un grito de auxilio a las autoridades

La comunidad y los amigos de Claudia han tenido que recurrir a la solidaridad ciudadana para costear abogados y buscar una salida a este laberinto.

Hoy, el llamado es directo al gobernador César Zorro, al alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y a la Superintendencia de Salud: la vida de una madre no puede depender de un trámite administrativo que nunca llega.

Mientras tanto, en la habitación 523A, Claudia Patricia Bachilón no espera compasión, sino el derecho fundamental a recobrar su salud, mientras el eco de la frase "tenga paciencia" resuena en los pasillos de un hospital que ya no tiene más espacio para el olvido.

Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro impartió una instrucción directa a los titulares de Salud y Hacienda: liquidar todas las entidades promotoras de salud que se encuentren en estado de insolvencia o quiebra, especialmente aquellas que ya están bajo intervención estatal.

Las razones

Dentro de los argumentos del Ejecutivo para tomar esta radical decisión mencionó la inviabilidad fiscal. El mandatario calificó como un "suicidio" para las finanzas públicas el hecho de que el Estado asumiera la deuda histórica de las EPS, la cual estimó en cerca de $50 billones de pesos.

También sostuvo que existe una falta de alternativas. Señaló que, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso y la reciente suspensión de decretos regulatorios (como el Decreto 182), el Gobierno no tiene más margen de maniobra que aplicar la ley y proceder con la liquidación.

Excepción de la Nueva EPS

Aunque enfrenta dificultades financieras, el presidente aclaró que la Nueva EPS no sería liquidada. Al tener participación estatal, el Gobierno planea capitalizarla y fortalecerla para que sea el eje receptor de los usuarios de las entidades que desaparezcan.

En este orden de ideas la medida afectaría a las EPS que actualmente se encuentran intervenidas o en vigilancia especial, las cuales agrupan a más de 22 millones de afiliados (casi el 43% de la población del país).

Entre las principales entidades mencionadas en este contexto se encuentran:

El presidente aseguró que los ciudadanos no quedarán desamparados y que su plan se basa en dos pilares. El primero es un traslado masivo. Los afiliados de las EPS liquidadas pasarán a las entidades que permanezcan operativas (principalmente la Nueva EPS).

La segunda propuesta es un sistema preventivo. El Gobierno acelerará la implementación de equipos de salud territorial para cubrir la atención primaria y preventiva en todo el país.

Capresoca anunció 711 usuarios de esta EPS con diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) pueden acceder a servicios de salud y tienen continuidad en sus tratamientos médicos con SES Salud Unidad Renal, con sede en Yopal, como único prestador en Casanare.

Dentro de la atención integral que reciben se incluyen servicios de control de laboratorios, psicología, trabajo social, nutrición, valoración de seguimiento por nefrología y entrega de medicamentos.

La entidad manifestó  que del total de usuarios con enfermedad renal crónica, 590 hacen parte del programa de nefroprotección, 110 están en hemodiálisis, 7 en diálisis peritoneal y 4 son trasplantados. Estos últimos tienen garantizado el acceso a controles postrasplante.

Los pacientes en diálisis tienen garantizado el transporte terrestre desde sus municipios de residencia a Yopal a la Unidad Renal.

Este servicio está cubierto para afiliados a Capresoca EPS de municipios diferentes a la capital del departamento. En casos excepcionales, se brinda a pacientes con pertinencia médica, según consideraciones del profesional tratante.

De esta manera, Capresoca EPS reduce barreras de atención para sus afiliados con ERC, asegurando oportunidad y calidad, aportando a mejorar su calidad de vida.

Situación actual de los servicios Lino Hernán Ortiz Riaño, representante del Comité Municipal de Discapacidad de Maní, denunció que desde hace aproximadamente dos meses se ha suspendido la prestación de servicios esenciales para esta población.

Ante esa situación un grupo de personas pertenecientes a la población con discapacidad, se ubicaron frente a las instalaciones de Capresoca este martes 3 de febrero, para exigir a las directivas de la entidad respuestas inmediatas a sus necesidades.

Según las declaraciones de Lino Ortiz, enfrentan problemas por la falta de medicamentos e insumos, especialmente para pacientes que requieren tratamiento para la diabetes (insulina) e hipertensión.

También denunciaron la suspensión de servicios domiciliarios. No cuentan con médico ni enfermería las 24 horas, afectando incluso a pacientes que tienen este servicio ordenado mediante fallos de tutela.

Igualmente mencionaron que hay incertidumbre en la contratación, porque se desconoce qué entidad asumirá los servicios que prestaba anteriormente el Instituto de Fracturas.

Otro punto sobre el cual pidieron una solución es el transporte. Expresó que la EPS no está garantizando el traslado de los pacientes hacia Yopal, para sus citas médicas o diligencias administrativas.

La problemática impacta a un número indeterminado de personas en el municipio de Maní, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ortiz señaló que la falta de estos servicios vulnera sus derechos fundamentales y ha provocado crisis de salud, debido a la ausencia de una red de apoyo y la falta de continuidad en los controles médicos.

Capresoca EPS, bajo medida de intervención forzosa con fines administrativos por la Superintendencia Nacional de Salud, informa a sus usuarios que, se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través del Contrato N.° 101 de 2026, suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.

Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por elprestador, de acuerdo con la normatividad vigente.

La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.

Los servicios serán prestados conforme a las condiciones de habilitación vigentes, el alcance del contrato suscrito y lo establecido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), garantizando la seguridad del paciente y el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables.

Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300
913 26 63.

“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, agente especial interventora.

Para Juan Carlos Ramírez Cabrera, la vida siempre ha tenido un ritmo propio. A sus 27 años, este músico, quien fuera instructor de la casa de la cultura y voluntario de la Defensa Civil, está acostumbrado a marcar el tiempo con la batuta o a correr contra el reloj para salvar vidas.

Sin embargo, hoy el cronómetro corre en su contra y el silencio no es musical, sino administrativo. Una densa niebla llamada catarata amenaza con apagar el único ojo que le permite ver el mundo.

El eco de una negligencia

La tragedia de Juan Carlos tiene un antecedente amargo que hoy se siente como una premonición. Años atrás, un accidente doméstico le desprendió la retina del ojo izquierdo.

En aquel entonces, el diagnóstico fue claro: "es salvable si se opera ya". Pero en los pasillos de su EPS, Capresoca, la urgencia médica chocó con la burocracia.

Los meses pasaron entre excusas de "falta de convenios" y, para cuando el bisturí finalmente tocó su ojo, la luz se había extinguido para siempre en ese lado de su rostro.

Hoy, la historia parece estar escrita con el mismo guion. Desde agosto del año pasado, su visión derecha —su única ventana al mundo— comenzó a nublarse.

El diagnóstico de "catarata urgente" debió culminar en una cirugía en enero, pero al llegar a Optisalud, la respuesta fue un portazo burocrático: "No hay contratación con Capresoca".

Una vida en pausa

Juan Carlos no solo teme por su salud; teme por su identidad. Su cotidianidad es un lienzo de actividades que requieren precisión visual.

Es el instructor que guía las manos de jóvenes con discapacidad en la música, es el publicista que diseña campañas y el socorrista que debe distinguir el peligro en medio de una emergencia.

"El miedo mío es quedarme ciego y yo tan joven, tan lleno de vida", confiesa con una voz que mezcla la impotencia del paciente con la determinación del artista. Sin visión, el perifoneo se apaga, las partituras se vuelven manchas negras y su labor social queda truncada.

Entre la fe y el costo del derecho a ver

Ante el silencio de las instituciones que deberían protegerlo, Juan Carlos ha tenido que ponerle precio a su esperanza: 4 millones de pesos. Esa es la cifra que lo separa de una cirugía particular que Capresoca, por ley, debería garantizarle.

Mientras el "muro de silencio" administrativo persiste, este joven se aferra a la solidaridad ciudadana y al llamado urgente a los líderes regionales.

Para Juan Carlos, no se trata solo de una operación; es la lucha por evitar que su mundo se convierta en una nota sostenida de oscuridad total. La remisión que espera no es un papel, es el permiso para seguir viviendo.

Cuando una entidad está intervenida es porque no tiene unos niveles óptimos de desempeño y requiere una atención especial, así como unas acciones de impacto que puedan hacerle cumplir los indicadores financieros para sacarla a flote.

Esta fue la premisa inicial con la cual inició el uso de la palabra la agente interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, durante el desarrollo de la mesa de trabajo adelantado en la Asamblea Departamental, para analizar la situación de esta EPS oficial.

La funcionaria recalcó que tan solo llega dos meses en el cargo. Agregó que desde su llegada el 14 de noviembre y durante los primeros 30 días el esfuerzo se concentró, en lo que calificó como apagar incendios.

En cuanto el tema de la contratación indicó que, si se han presentado incumplimientos, los mismos no obedecen únicamente al área de gestión, sino que juegan un papel adverso las trabas internas y externas que afectan la entidad.

Mencionó que este panorama lamentablemente va a persistir. Ejemplificó la afirmación anterior con una visita que realizó a Aguazul. “Estaba la droguería y no había ni un afiliado”, comentó.

Extrañada fue a la oficina a preguntar el porqué de esta situación. En este lugar le dijeron que la droguería no está y acto seguido le enseñaron chat donde se comunicó que la droguería no estaba funcionando “y los señores regentes y auxiliares esperando los afiliados”.

“Así de grave está Capresoca, donde nuestro mismo personal hay gente que quiere hacer daño. Eso nos toca a nosotros depurarlo”, subrayó la agente interventora.

Añadió que muchos de los casos que hacen parte de las quejas por mala atención, se deben a empleados que “no tienen la camiseta puesta”. Y les dicen a los afiliados “No hay red, no hay atención. Por Dios, nosotros tenemos opciones para que las personas sean atendidas, pero no se les ocurre preguntar”.

A estos problemas internos se suman los financieros que pasan por la creciente deuda con los prestadores de salud, como los 11 mil millones que le exige el Instituto Cancerológico para hacer el contrato de atención.

Panorama bastante complejo, porque reconoció que la demanda en servicios de salud es demasiado alta.

Pese a este entorno bastante adverso, la agente interventora considera que Capresoca tiene salida. En el campo económica una ventaja que tiene es su carácter oficial. Esta característica le permite acudir al Tesoro Nacional para conseguir recursos.

“Para eso se necesita un estudio y no es cualquier estudio. Necesitamos unos estudios financiero muy importantes, porque allá el director del Tesoro hace cuentas y dice yo te doy tanto y te presto tanto, pero ¿cómo me lo vas a pagar?”

En este escenario es necesario demostrar de dónde se van a sacar los recursos, en caso de que aprueben un crédito para sanear las finanzas de la EPS.

Por ahora las autoridades continúan buscando una salida para evitar que Capresoca naufrague en las profundas aguas de la deuda con las IPS.

Una denuncia pública y anónima radicada este 19 de enero en Yopal ha puesto en conocimiento de las autoridades de control presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la EPS Capresoca para la vigencia del año 2026.

El documento ha sido remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Casanare, la Contraloría Departamental, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional Casanare.

El texto de la denuncia se centra en el contrato 003-2026, suscrito entre la EPS y la empresa PROVITALY SAS por un valor de $24.000 millones de pesos.

Este acuerdo tiene como objeto garantizar el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en 14 municipios del departamento.

Según la información expuesta, el valor de este contrato representa un incremento de costos del 26% en comparación con el año anterior. Los denunciantes contrastan este aumento con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fuente de financiación de estos servicios, que para el 2026 fue fijado en un 16,49%.

Sobre el contratista seleccionado, PROVITALY SAS, la denuncia señala que se trata de una empresa constituida en el año 2018 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y un capital autorizado de $6 millones de pesos.

El documento cuestiona si la entidad promotora de salud realizó los análisis técnicos y financieros pertinentes para adjudicar la dispensación de medicamentos por dicha cuantía a esta firma.

En el análisis de los costos per cápita, se detallan variaciones significativas en los valores asignados a los diferentes municipios. Para las localidades de Aguazul, Paz de Ariporo, Támara y Tauramena, el incremento reportado es del 27,41%, mientras que para el municipio de Yopal el aumento alcanza el 29,4%.

Estos porcentajes superan el ajuste nacional de la UPC. Adicionalmente, se menciona que en la nota técnica del contrato se incluyen medicamentos, como el Albendazol de 400mg en cápsula o tableta, cuyo registro sanitario ante el INVIMA figuraría como vencido o no vigente.

Otro aspecto abordado en la denuncia es la contratación del servicio de transporte aéreo de pacientes, adjudicado mediante el contrato 010-2026 a la empresa UNITOURD SAS por un valor de $2.000 millones de pesos. Se indica que en la ruta de mayor demanda (Yopal-Caño Mochuelo-Yopal) se presenta un incremento tarifario del 27,3% respecto al año 2025.

Asimismo, se reporta la eliminación de tarifas para grupos de usuarios que existían previamente, lo que implicaría sobrecostos del 70% para el traslado de dos pacientes y de más del 100% para tres pacientes.

Finalmente, el documento advierte sobre una tendencia en la contratación con empresas cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, así como el uso de modalidades de telemedicina.

Según lo expuesto en la denuncia, estas prácticas podrían estar afectando la oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud para los afiliados en el departamento de Casanare, contraviniendo las directrices de territorialización y presencia de especialistas en la región.