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En la vereda Chavinave fue hallado el cuerpo de Luis Alberto Ochoa Polo, quien presentaba múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Junto al cadáver, las autoridades reportaron el hallazgo de un panfleto con mensajes de amenazantes contra presuntos responsables de abigeato en la zona.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, Ochoa Polo figuraba como desmovilizado desde el año 2015, fecha en la que declaró su pasada pertenencia al grupo denominado Clan Úsuga en el departamento del Meta. La institución aclaró que sus antecedentes son parte de la verificación, pero no determinan aún el móvil del asesinato.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso y el levantamiento del cuerpo para recolectar el material probatorio. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

Situación actual de los servicios Lino Hernán Ortiz Riaño, representante del Comité Municipal de Discapacidad de Maní, denunció que desde hace aproximadamente dos meses se ha suspendido la prestación de servicios esenciales para esta población.

Ante esa situación un grupo de personas pertenecientes a la población con discapacidad, se ubicaron frente a las instalaciones de Capresoca este martes 3 de febrero, para exigir a las directivas de la entidad respuestas inmediatas a sus necesidades.

Según las declaraciones de Lino Ortiz, enfrentan problemas por la falta de medicamentos e insumos, especialmente para pacientes que requieren tratamiento para la diabetes (insulina) e hipertensión.

También denunciaron la suspensión de servicios domiciliarios. No cuentan con médico ni enfermería las 24 horas, afectando incluso a pacientes que tienen este servicio ordenado mediante fallos de tutela.

Igualmente mencionaron que hay incertidumbre en la contratación, porque se desconoce qué entidad asumirá los servicios que prestaba anteriormente el Instituto de Fracturas.

Otro punto sobre el cual pidieron una solución es el transporte. Expresó que la EPS no está garantizando el traslado de los pacientes hacia Yopal, para sus citas médicas o diligencias administrativas.

La problemática impacta a un número indeterminado de personas en el municipio de Maní, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ortiz señaló que la falta de estos servicios vulnera sus derechos fundamentales y ha provocado crisis de salud, debido a la ausencia de una red de apoyo y la falta de continuidad en los controles médicos.

Una mujer identificada como Sandra Edith Martínez Martínez falleció  tras un siniestro vial ocurrido en el corredor que comunica a los municipios de Maní y Aguazul. La principal hipótesis que manejan las autoridades vincula el accidente con un hueco presente en la calzada.

Martínez se movilizaba en una motocicleta cuando, según los reportes preliminares, perdió el control del vehículo. La información recolectada en el sitio del suceso indica que el estado de la vía podría estar relacionada con la pérdida de estabilidad de la motocicleta.

Al lugar de los hechos se desplazaron las autoridades competentes, quienes procedieron a la recolección de evidencia, para determinar las causas exactas que provocaron el accidente.

Por su parte al Alcaldía de Recetor expresó sus más sinceras condolencias a la familia de la fallecida.

El mandatario de Maní, Casanare, Ferney Chaparro Perdomo, enfrenta un pliego de cargos emitido por la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control investiga si el funcionario obstaculizó de manera deliberada el trabajo de la personera municipal, Yeimmy Alejandra Ramírez, durante un procedimiento de protección de derechos fundamentales.

El caso se remonta a una diligencia de verificación de derechos solicitada por la Procuraduría Judicial II de Familia de Yopal. El objetivo de la visita era garantizar la integridad física, psicológica y la convivencia familiar de la esposa del alcalde.

Según el expediente, Chaparro Perdomo habría actuado de forma discriminatoria al permitir el acceso a su residencia únicamente a los funcionarios de la Comisaría de Familia, cerrándole las puertas a la Personera Municipal sin una justificación válida.

La importancia de esta falta radica en que la personera actuaba en calidad de agente del Ministerio Público. Al impedir su entrada, el alcalde habría

bloqueado el cumplimiento de una orden judicial y administrativa.

Actitud que también habría afectado el debido proceso en la verificación de garantías de derechos y limitado la vigilancia legal que la Personería debe ejercer sobre los derechos humanos en el municipio.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare no ha pasado por alto la gravedad del incidente. De manera provisional, la conducta del mandatario ha sido calificada como falta grave a título de culpa grave.

Este proceso pone bajo la lupa la transparencia del alcalde y su disposición para acatar la autoridad de los órganos de control, especialmente en casos que involucran la protección de núcleos familiares y la integridad de las personas.

El ministro salud, Guillermo Alfonso Martínez, en compañía del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro adelantó una visita técnica a las obras del nuevo centro hospitalario del municipio de Maní, con el objetivo de verificar el cronograma de ejecución del proyecto.

La obra cuenta con una inversión superior a los 20.500 millones de pesos. La nueva infraestructura está diseñada para atender a una población estimada de 18.000 habitantes y busca reducir la necesidad de traslados a otros centros asistenciales fuera del municipio.

Según el informe técnico, el hospital contará con salas de urgencias, hospitalización y área de partos. Servicios de laboratorio clínico y unidad de Rayos X con dotación tecnológica. El centro prestará servicios de salud de primer nivel.

Durante el recorrido de inspección, se constató el avance de los trabajos de construcción. La supervisión del proyecto se mantiene bajo esquemas de control para garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega y las especificaciones de calidad establecidas en el contrato inicial.

El objetivo de esta infraestructura es centralizar los servicios de salud en el municipio y mejorar la capacidad de respuesta médica local mediante la modernización de los equipos y las instalaciones.

El accionar de los sicarios vuelve a ser noticia en el municipio de Maní. Dos sujetos que se movilizaban en motocicleta asesinaron a una persona, en zona céntrica de esta población, en una vía pública.

El homicidio ocurrió este lunes festivo 17 de noviembre, sobre las 2:27 de la madrugada, en la calle 19 entre carreras 5ª y 6ª, en el barrio Guadalupe Salcedo.

Los individuos motorizados abordaron a Dairo José Mercado Julio, conocido como “El Costeño” y le propinaron un disparo en la cabeza. La víctima murió en el lugar de los acontecimientos.

Algunos testigos indicaron que una vez cometido el crimen, los agresores huyeron con dirección hacia el asentamiento humano La Florida.

Por su parte, Dairo José, era oriundo de Barranquilla y trabajaba en una empresa palmera.

El hecho ha causado preocupación entre la comunidad de Maní, que espera una respuesta oficial por parte de las autoridades.   

Un motociclista perdió la vida en un accidente registrado el viernes 31 de octubre en zona rural de Maní, Casanare.

El hecho se presentó en la vía que conecta el centro poblado de Gaviotas con la Finca Arizona, sector donde, al parecer, residía la víctima, identificada de forma inicialmente solo con el nombre de Rodrigo.

Testigos relataron que el motociclista perdió el dominio del vehículo y cayó de manera violenta sobre el pavimento.

Por el momento no se conoce pronunciamiento alguno por partes de las autoridades competentes. Tampoco se han revelado las posibles causas del siniestro.

Las autoridades del departamento de Casanare investigan los detalles que rodean la muerte de Juan Carlos Barrera Acosta, ocurrida en la madrugada del lunes 6 de octubre en el municipio de Maní.

Según el reporte del coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía, la víctima salió de un establecimiento comercial y minutos después regresó pidiendo auxilio, siendo trasladado de inmediato al hospital local donde lamentablemente falleció.

Medicina Legal determinó que Barrera Acosta recibió una herida profunda en el pecho provocada por un arma cortopunzante, la cual perforó el corazón y el pulmón, causando su muerte casi instantánea.

Los investigadores analizan si la lesión fue producida por un objeto como un destornillador. Hasta el momento, no se registran antecedentes ni amenazas contra el fallecido.

La Policía Judicial, junto con la Fiscalía General de la Nación, ha asumido el caso y revisa las cámaras de seguridad del sector, además de recopilar testimonios que permitan esclarecer los hechos.

En lo corrido de este año, ya se han reportado nueve homicidios en Maní, con al menos tres atribuidos a hechos de intolerancia. Las autoridades reiteran el compromiso de llegar al fondo de lo ocurrido y brindar justicia a la familia de la víctima.

La personera del municipio de Maní, Yeimmy Alejandra Ramírez, guarda en su memoria con total claridad la fecha en que inició la controversia con el alcalde de esa localidad.

Aseguró que todo comenzó el 29 de julio de 2024. Ese día la Alcaldía le remitió in oficio solicitando la entrega de las oficinas de la Personería. El argumento de la Administración municipal era que requería esos espacios para la atención de la población en de condición discapacidad.

Ramírez indicó que, para compensar la salida del lugar del Ministerio Público, el alcalde de Maní, Ferney Chaparro, ofreció otros espacios. No obstante, la personera consideró que el sitio no estaba en condiciones para que la Personería pudiese desempeñar su trabajo.

El tiempo trascurrió y la historia de este desacuerdo se trasladó al presente año. En la versión de la abogada Alejandra Ramírez, durante 2025 la petición de traslado se hizo más persistente por parte del burgomaestre.

Incluso mencionó que el mandatario interpuso un proceso reivindicatorio contra la Personería, el cual fue contestado. Ahora se encuentra a la espera que siga su curso.

Agregó la funcionaria del Ministerio Público que ha mantenido informada a la Procuraduría regional y la Defensoría del Pueblo de todo lo relacionado con esta controversia.

Sostuvo, igualmente, que por el momento no hay opción de nuevas oficinas y que la Personería se vería en la obligación de entrar a pagar arriendo. El problema es que no cuenta con recursos para asumir este gasto.

Al respecto citó un pronunciamiento del Ministerio del Interior. El documento aclara que la Alcaldía debe hacerse cargo de la infraestructura para el funcionamiento de la Personería, incluyendo el mejoramiento de instalaciones. Los costos de esta inversión deben ir con cargo al presupuesto municipal.

La personera dijo ante los medios de comunicación que hasta el momento había guardado silencio, en un acto de prudencia para evitar que esta situación escalara. Recalcó su interés nunca ha sido hacer quedar mal alcalde Chaparro.

Sin embargo, confesó que este problema la ha afectado sicológicamente. Arista sobre la cual prefirió no ahondar, pero señaló que en este caso persiste un exceso de machismo.

Recalcó que trató de conciliar y de apelar al diálogo para buscar una salida concertada, antes de hacer público el tema ante los medios de comunicación. Todos los esfuerzos fueron inútiles.

Por eso pidió apoyo a la Asociación de Personeros de Colombia. La entidad la respaldó, lo que, acotó, le dio la valentía para hablar públicamente de presuntos actos de hostigamiento, entorpecimiento en el debido cumplimiento de sus funciones y de abuso laboral, por el alcalde Ferney Chaparro Perdomo.

De todas formas, no ocultó que siente temor por su integridad y la de su familia. Recalcó que nunca ha tenido problemas con nadie. Insistió que es una persona de diálogo y que sabe escuchar.

Paradójicamente, expuso que es defensora de los Derechos Humanos y de la mujer y ahora es víctima de presuntos actos de discriminación de género.

Indicó que al hacer público su caso, alza la voz en favor de todas las personerías que viven una situación similar como la de Villanueva. Y en especial, busca que se protejan más los derechos de las mujeres personeras del país

También se refirió sobre la aseveración de Chaparro Perdono, quien señaló que ella había incurrido en una falta al deber de obediencia.

Al respecto detalló que en este caso todo obedeció a un ofició que envió el burgomaestre a la Procuraduría, solicitando que le hiciera un requerimiento disciplinario por faltar al deber de obediencia.

Esta supuesta falta está ligada al hecho que la personera no obedeció la solicitud de entrega. Sobre esta petición la abogada insistió en que no hay orden judicial que la obligue a un desalojo de las oficinas.

Para concluir manifestó que el gobernante local puso como fecha límite para la entrega de las instalaciones, el próximo 20 de octubre. En caso de incumplimiento por parte de la Personería, dejó abierta la posibilidad de trasladar el mobiliario del Ministerio Público con la ayuda de la Policía.

De aplicar estas vías de hecho, en concepto de Alejandra Ramírez, el alcalde de Maní no respetaría el debido proceso.

Según información publicada por la Octava División del Ejército Nacional, en el municipio de Maní, Casanare, fue capturado alias ‘Marlon’, señalado como presunto integrante y cabecilla del componente de finanzas de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo.

La operación fue realizada por el Gaula Militar Casanare en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Durante el procedimiento se incautaron una motocicleta, varios teléfonos celulares, una agenda con información financiera y cuatro millones de pesos en efectivo.

El Ejército informó que con esta acción se busca afectar las capacidades logísticas y financieras de dicha estructura ilegal, y reiteró su compromiso con la seguridad en el departamento.