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Con la cabeza cubierta por un gorro que también impide identificar su rostro, una joven abogada denunció públicamente ante los medios de comunicación que fue víctima de una brutal agresión por parte de un hombre en un establecimiento nocturno, este viernes 21 de marzo en horas de la madrugada.

Narró que el episodio ocurrió cuando a la mesa en donde se encontraba junto a su hermana y una amiga llegó una pareja, a la que identificó como Daniela Bautista y Félix Ariza, quien al parecer, es un instructor de fútbol de salón, adscrito al Idry.

Según el relato de la afectada, la mujer llegó y las saludo. Después pronunció algunas palabras, que la víctima manifestó no haber entendido. Agregó que la recién llegada venía con intenciones de escupirla, por lo que procedió a empujarla con la intención de retirarla.

Contó que la reacción de la fémina fue tomarla del cabello y comenzar a agredirla. De inmediato varias personas que se encontraban en lugar las separan. En ese momento la agredida decide salir para tomar un taxi y regresar a casa.

En ese instante, cuando estaba buscando la salida, el hombre que acompañaba a su agresora, menciona la víctima, le lanza un puñetazo que le rompió la nariz y la boca.

La denunciante dijo que el personal interviene para solucionar el altercado, pero terminan sujetándola de los brazos. Situación que fue aprovechada por el hombre para golpearla nuevamente.

Calcula la abogada que el episodio duró aproximadamente cinco minutos, tiempo durante el cual, además de los golpes, la insultó verbalmente. “Más de cinco muchachos intentan sacarlo del establecimiento. Y a pesar de que lo sacan, él quiere irse detrás de nosotras a golpearnos”, relató la afectada.

Aclaró que no conocía a este sujeto. Sabía de su existencia por las fotos publicadas en la entidad para la cual trabaja. Añadió que existen videos publicados en redes sociales, donde este sujeto, quien también es árbitro, golpea a una mujer para defender a su esposa en medio de una riña.

“Los comportamientos de él son agresivos, porque en mi cabeza no cabe que un hombre tenga que agredir una mujer” subrayó la afectada quien expresó que ya interpuso la respectiva denuncia. “Lo que hago es ir a Medicina Legal tan pronto como salgo del lugar. Desafortunadamente Medicina Legal no funciona las 24 horas. Entonces voy al Horo para que me hagan la valoración”.

También precisó que solicitó verbalmente los videos de la cámara de seguridad del negocio, para corroborar que el hecho ocurrió al interior del establecimiento comercial, pero no obtuvo respuesta positiva.

Ahora espera que las autoridades competentes expidan una orden de alejamiento al agresor, porque confesó que tema que su victimario la vuelva a agredir.

Una nueva polémica que involucra a la firma Catasig denunció el reconocido abogado Lenin Bustos. En esta ocasión el tema está relacionado con una deuda que tiene con empresa yopaleña desde hace un año y que aún no ha terminado de pagar.

Según lo explicó Bustos, en este caso se presentó una tercerización. Todo comenzó con los más de 800 millones de pesos que le autorizó la Alcaldía de Yopal a Catasig, para la adecuación de sus oficinas. Trámite que se llevó a cabo durante el Gobierno pasado.

Para ejecutar el proyecto la gestora catastral contrató Construcciones y Proyectos Enterprise SAS, que fue encargada de la remodelación, incluida la dotación del mobiliario.

Para fabricación y dotación de todos los muebles de oficina, la contratista de Catasig le encargó esa tarea a la empresa yopaleña El Ciprés. Sin embargo, comentó el abogado Bustos, que, durante el proceso de elaboración del mobiliario, Enterprise envió correos a nombre de otra compañía, específicamente Construcciones Dusán S.A.

Agregó que la factura de venta se expidió a nombre de Dusán S.A, incluso mencionó que las visitas de la interventoría la hizo personal de esa misma firma, mientras que la revisión del contrato la realizó el representante legal de Catasig.

“Eso es lo extraño. Si se le está comprado a una persona distinta, por qué el gerente de Catasig venía a la empresa a revisar y a las reuniones. El día de la entrega estuvo pendiente de la entrega”, indicó el abogado Lenin Bustos.

En cuestión de cifras el saldo pendiente que tienen con El Ciprés es cercano a los 10 millones de pesos, sin contar los intereses de más de un año que lleva la deuda, que suman 4 millones 800 mil pesos y los honorarios del abogado encargado de recuperar ese dinero.

Bustos contó que tuvo contacto con las directivas del gestor catastral quien además de no reconocer la deuda, dijo que había contestado de manera altanera.

“Yo me comuniqué personalmente con el director de Catasig. Fue muy grosero. Me dijo, mire, yo no compré nada, yo le pagué al otro y a mi no me llamen, hagan lo que quieran, haga lo que se le dé la gana”, aseguró el profesional del derecho.

Ante esta negativa Busto subrayó que lo va a llevar a los estados judiciales y cuestionó la tercerización del contrato. “Básicamente están enredando a la empresa de Casanare, para ver cómo le van a tumbar su plata y por eso vamos a presentar la denuncia por estafa”, concluyó Lenin Bustos.  

Un grupo de padres de familia de los niños que entrenan taekwondo en el estadio Santiago de las Atalayas, se reunió para expresar su apoyo al instructor de esta disciplina deportiva, que ha sido blanco de señalamientos de tocamientos indebidos, por parte de varias de sus alumnas.

Marcela Gamboa madre de uno de los practicantes de esta arte marcial y que asiste a los entrenamientos del referido profesor, sostuvo que estas acusaciones son falsas.

Agregó que durante su niñez fue alumna de este instructor y que nunca se presentó por parte del entrenador una actitud reprochable para con sus alumnos, es por ello que en la actualidad permite que su hija asista a las clases, porque tiene plena confianza en el profesor.

Reconoció que el entrenador es muy exigente. Que los señalamientos vienen de un grupo de jovencitas, que no aceptan la disciplina que imponen el instructor y por represarías contra él, hicieron esas acusaciones, que para Gamboa no son ciertas.

Incluso aseveró que en una oportunidad vio salir de los entrenamientos a una alumna insultando al profesor, justamente por haber sido exigente con ella en los entrenamientos.

Es por eso que pidió a los padres de esas alumnas que hicieron las denuncias, para que pongan la cara. Recaló que esta situación no es un juego, es algo muy serio y que está afectando no solo al profesor, quien lleva más de 20 años trabajando en este proceso formativo, sino también a los demás alumnos.

Por su parte Jennifer Padilla, hermana del entrenador, indicó que su familiar se encuentra muy mal psicológicamente, por cuenta de lo calificó como calumnias. Agregó que ya se inició un proceso en la Fiscalía, para tratar de esclarecer estos hechos.

Mencionó que el Indercas le ha hecho acompañamiento con profesionales en psicología, para que ayudarlo a superar esta situación que lo tiene muy afectado.

Manifestó también, que le han dañado el nombre de su hermano, tanto en el plano profesional como personal. Hizo hincapié en la afectación que han provocado los ataques infundados, divulgados a través de redes sociales, porque son comentarios destructivos.

Expresó igualmente, que gracias al estilo exigente que aplica su familiar con los entrenamientos, varios padres de familia han visto los resultados del trabajo realizado en las clases de taekwondo.

Precisó que hay alumnos que llevan más de 10 asistiendo a clases, que conocen perfectamente al profesor y nunca han dado una queja.    

Manifestó que no conoce a las alumnas denunciantes ni  a sus padres, porque el sábado pasado citaron a una reunión para abordar este caso y ninguna de ellas, ni sus progenitores asistieron.

Por el momento las clases están suspendidas temporalmente, pero pronto se reiniciarán, porque el Indercas nombró un nuevo instructor.

En el año 2020, desde el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) se lograron 46 imputaciones y 51 casos más fueron llevados a juicio por este delito. Alejandro Gaviria, fiscal coordinador de Gelma, recordó que el delito de maltrato animal en el país establece penas de prisión entre 12 y 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Asimismo, contempla prohibiciones para la tenencia, profesión u oficio que tenga relación con los animales entre uno y tres años. El año pasado se recibió un promedio de 3.6 denuncias diarias por maltrato animal, por eso la Fiscalía invita a la ciudadanía a respetar todas las formas de vida y en este caso, las de los animales como seres sintientes con derechos.

Según la estadística de la entidad, los departamentos en los que más se han recibido denuncias por maltrato animal son: Cundinamarca incluida Bogotá, Casanare, Santander, Antioquia, Valle y Tolima, así como los de la Costa Caribe.

Algunas recomendaciones de tenencia responsable y acciones de convivencia son: 

.Adoptar y no comprar animales de compañía • Esterilizarlo • No contribuir al tráfico de vida silvestre, ya que estas especies no son animales de compañía. • Evitar que los animales salgan sueltos a la calle.

.Recoger sus excrementos en el espacio público • El uso de bozal en las razas de manejo especial • Identificar a los animales de compañía con microchip o placa.

Por otra parte, el tráfico de especies también es de especial interés para la entidad, por eso el grupo Gelma trabaja de manera articulada con la Policía Nacional y las diferentes autoridades locales para romper con la cadena de comercialización, compra y venta de animales, en sitios neurálgicos como las terminales de transporte terrestre.

Si usted conoce algún caso de maltrato animal, puede denunciarlo a través de la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 570 2000, opción 7.

El fiscal coordinador de Gelma también instó a las administraciones municipales a cumplir con la normatividad vigente en protección y bienestar animal a través de la ejecución de programas, planes y proyectos; hacer uso de los recursos locales a disposición y transversalizar funciones administrativas que garanticen el cuidado y conservación de la vida animal. Adicionalmente, solicitó incluir la línea de protección y bienestar animal dentro de los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) para facilitar la atención y respuesta oportuna frente al maltrato animal.

Solo tres denuncias por violencia intrafamiliar ha recibido la Casa de Justicia de Yopal, en las últimas dos semanas, pese a que con la situación de aislamiento obligatorio, por la pandemia de COVID-19, se prevé que, infortunadamente, dichos casos aumenten.

Tras una reunión con las Comisarias de Familia para identificar la razón por la cual la recepción de denuncias ha sido mínima, según Yuly Barón, directora de la entidad, al parecer no es que los casos no se estén presentando sino que no se están denunciando.

“Es importante que las personas sepan que no por el hecho de estar aisladas tienen que soportar el maltrato de un agresor, y que tengan en cuenta que la violencia no es solo física también es psicológica; que un grito, que cuando le dicen usted no sirve para nada, usted no sabe, usted no puede opinar, eso es violencia también”, señaló la funcionaria.

Llamar para denunciar

Las tres denuncias reportadas se recibieron a través de llamada telefónica, una relacionada con un aparente maltrato a un adulto mayor; otra de una mujer que había iniciado proceso de separación con su pareja pero que después decidió regresar con él, y la tercera, con la custodia de un menor.

Barón invitó a las personas que puedan estar siendo objeto de maltrato a hacer uso de los medios alternativos que se han habilitado, dos líneas telefónicas: 3173480162 y 3167659080, y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. 

Frente a las bajas cifras de denuncia, agregó que se ha percibido que las personas prefieren y están acostumbradas a hacer la presentación personal, y ahora, o no conoce cómo interponerlas o al estar en el mismo techo con el agresor le es mucho más difícil.

De acuerdo con la Directora de la Casa de Justicia de Yopal, el Ministerio de Justicia y del Derecho ordenó a los Municipios tener en funcionamiento las Comisarías, con la aclaración de dar trámite a los actos urgentes, es decir lo que ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas, de manera que es importante que se presenten las denuncias para que, de acuerdo con el análisis de cada caso, se determinen las medidas o el acompañamiento que se requiera. Dijo que las personas no necesitan desplazarse ni diligenciar ningún documento, solo deben llamar.

Prevención y acceso a la justicia

Barón también recordó que a nivel nacional se promueve la línea 155 para recibir apoyo en estos casos, y que en mesas de trabajo con actores relacionados en la atención de la violencia intrafamiliar, han establecido una ruta de atención que establece cuáles son las entidades competentes en cada una de las etapas; en prevención, la Alcaldía, desde la Oficina de la Mujer y los equipos de salud y sicosociales de las Comisarias de Familia, la Personería, la Defensoría del Pueblo; y en acceso a la justicia, la Fiscalía, Medicina Legal, la Alcaldía a través de la Comisarías y el ICBF, entre otras.

Anunció que, aunque dentro del acompañamiento y apoyo a las víctimas siempre se inicia por tratar de buscar el apoyo de la red familiar para que la persona que está siendo maltratada pueda tener el respaldo de su familia, desde la Administración están haciendo un esfuerzo para habilitar un lugar donde, cuando sea necesario, se pueda resguardar a las víctimas en las condiciones requeridas para el aislamiento; aunque reconoció que es una gestión difícil.

Finalmente, recomendó a las familias yopaleñas a que “hagamos de nuestro hogar un lugar de protección, pues este momento estamos en los hogares porque es el lugar donde se supone que estamos seguros, porque afuera tenemos un virus, y adentro no podemos tener otro que se llame agresor. Eso no debe pasar”. Invitó a aprovechar el tiempo en casa para fortalecer los lazos familiares, siendo tolerantes, respetuosos y amorosos, como la única forma de hacer de este tiempo una oportunidad para unir a la familia.

Tal como semanas atrás lo anunció el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, la entidad le declaró la guerra al fraude, por lo cual, luego de las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de marzo por valor de $5.414 millones, se acaban de efectuar nuevas denuncias ante el ente acusador por ilícitos detectados en oficinas del Huila, Casanare y Antioquia, que ascienden a los $2.335 millones.

En el departamento del Huila se identificó un fraude por $467 millones, que involucra a las oficinas de La Plata y Nátaga.

El siguiente caso involucra a la oficina de Pore, Casanare, con un ilícito por $75 millones.

En Antioquia por su parte, fueron descubiertos dos fraudes bancarios:

El primero por una cuantía de $1.660 millones en la oficina de San Carlos.

El segundo tuvo lugar en la sucursal de Turbo, por $133 millones.

“Es importante reiterar que en el Gobierno del presidente Duque, el que la hace la paga, y por eso en el Banco Agrario no cesaremos en nuestro empeño de investigar, denunciar y poner al descubierto a las organizaciones delictivas que involucran tanto a personal de la entidad, como a personas externas a la misma, que vienen cometiendo fraudes contra la institución”, indicó el presidente del Banco Agrario.

“El Banco Agrario, en cabeza de su presidente Francisco José Mejía, continuará investigando e implementando todas las medidas para prevenir hechos de corrupción y fraude, en línea con el principio de legalidad del gobierno del presidente Iván Duque”, expresó la entidad en comunicado de prensa.

Oficina de Comunicaciones

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