Prisión domiciliaria y con uso de brazalete para Carlos Alexander Rodríguez determinó el juez segundo penal municipal de Yopal, como medida preventiva del delito de homicidio culposo frente a su responsabilidad en el accidente que produjo la muerte de Jessica Maldonado y Alejandra Guzmán el pasado 15 de diciembre, cuando conducía ebrio y embistió con su carro a las mujeres que se desplazaban en moto.

El abogado de las víctimas Lenin Bustos, expresó que si bien la Fiscalía y esta defensa habían solicitado la reclusión en cárcel no se configuraron los elementos para materializarla porque no se logró demostrar que luego del accidente el hombre intentó fugarse. El testigo que podía corroborar esta situación no logró ser ubicado.

Mientras tanto la abogada del hombre había solicitado no imponer ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad y solo disponer la restricción para salir del país y poder presentarse a las audiencias. Por ello apeló la decisión de primera instancia del juez para que en una segunda instancia se resuelva el tema. Sin embargo, la medida queda en firme.

El abogado expresó que en un principio cuando el hombre fue capturado por la ciudadanía y lo entregan a uniformados de la policía, quienes en vez de materializar la captura y leerle sus derechos, lo llevan a otro sitio para hacerlo y esto es violatorio de sus derechos, situación que originó la ilegalidad del procedimiento que tuvo como resultado su libertad en la primera audiencia en el juzgado con función de garantías.

Se le ha solicitado a la Fiscalía que rápidamente se realice el escrito de acusación para que el caso no se vaya a dilatar y se de efectiva justicia para las familias de las víctimas, quienes tienen la zozobra de la impunidad en este tipo de casos.  El abogado Bustos, puso de ejemplo la situación de la familia del niño de 14 años Brayan Amaya, quien fue atropellado por un motociclista en la vía que conduce a la ciudadela La Bendición hace 20 meses y no ha evolucionado el proceso.  Paradójicamente la prueba de alcoholemia le salió positiva al niño y no al que presuntamente iba borracho.

La defensa de las víctimas está solicitando a la Fiscalía que impute los delitos de homicidio doloso en relación a las muertes de Jessica y Alejandra y de tentativa de homicidio de Doris Andrea Ascencio Cristanchoen vez de los delitos de homicidio culposo y de lesiones personales, que es lo que hasta el momento se sindicó al acusado.

La abogada del conductor causante de la tragedia de las familias de Jessica y Alejandra, expresó que su protegido se encuentra afectado mentalmente por los hechos ocurridos, con base en los testimonios de sus padres y de un informe sicológico.

Como Jhon Jairo Anzueta Ortiz fue identificado el hombre capturado cuando presuntamente abusaba de una mujer de 28 años que sufre una condición de discapacidad física y mental.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio en Pore, cuando el padre de la víctima sorprendió al sujeto en su vivienda. “Yo llegué y encontré al hombre sin ropa abusando de mi hija, ella no puede defenderse porque tiene una discapacidad, yo soy el que tengo que darle la comida, y vestirla”, dijo el padre.

“Yo lo puse contra la puerta para no dejarlo salir mientras llegaba la justica. Al momento grité a los vecinos y pedí que llamaran a la policía. Ellos llegaron y vieron al hombre sin ropa y procedieron a capturarlo en flagrancia”, concluyó el padre.  

La Fiscalía lo imputó por el delito de acceso carnal con incapaz de resistir agravado. El agresor al parecer tendría una situación especial relacionada con una discapacidad cognitiva leve, y fue por esta razón, que el juez le dictó medida privativa de la libertad en su domicilio.

La Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado a dos hombres, por su presunta participación en un hurto cometido en una vivienda del barrio El Remanso de Yopal, en hechos registrados en el año 2021.

Se trata de Edinson Steven Rico Pérez, capturado por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. A este individuo se le señala de llegar en compañía de otro sujeto a una residencia del barrio El Remanso, allí abordaron a 3 personas y las intimidaron con armas blancas despojándolas de una pistola traumática, dos celulares y dinero en efectivo.

Rico Pérez presenta 10 registros como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Además, es reconocido por las autoridades por ser un actor criminal recurrente en el delito de hurto y lesiones personales.

El segundo implicado en este hurto fue identificado como Edri Leison Farfán Tay quien también fue capturado por el delito de hurto calificado y agravado y presenta dos sentencias condenatorias por hurto. Este sujeto habría retomado su libertad hace 2 años, pero continuó con su actividad delincuencial.

Los dos individuos son reconocidos por las autoridades por ser actores criminales recurrentes en el delito de hurto y se les investiga si estarían vinculados en otros procesos judiciales por hurtar con arma de fuego a mujeres en la zona céntrica de la ciudad.

Al finalizar las audiencias el juez envió a la cárcel a Edri Leison Farfán Tay, mientras que a Edinson Steven Rico Pérez le impuso casa por cárcel.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico y una enfermera, como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.

Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys. Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.

Actuar clandestino Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado. Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

De otra parte, el señor Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión. Los procesados no aceptaron los cargos.

 Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.

La Fiscalía continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Autoridades capturaron en flagrancia a una estructura delictiva, quienes, al parecer, se hacían pasar por funcionarios del CTI vistiendo prendas institucionales, así como de armas de fuego y equipos de comunicación. Según la Fiscalía, estos sujetos pretendían secuestrar a un empresario de Casanare el pasado 28 de julio, en el municipio de Pore.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Andrés Martínez Rengifo, Víctor Manuel Montero Moreno, Dixon David Olivos Caviche, Édgar Darío Daza López y Darwin Alexander Colmenares, a los cuales les incautaron un revólver, una granada de fragmentación, 5 cartuchos, 6 celulares, una camioneta, 4 gorras y 2 chalecos con logos del CTI.

Las autoridades, en desarrollo de otra investigación por un homicidio perpetrado en Arauca, adelantó diligencias de vigilancia y seguimiento, y obtuvo información que permitió evidenciar la presunta intención de los hoy procesados para llevar a cabo el secuestro del empresario en Casanare.

En audiencias concentradas ante el juez promiscuo de Pore, ninguno de los procesados aceptó los cargos que la Fiscalía les imputó por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas militares en concurso homogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios partes y municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Al término de las diligencias el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario de Carlos Andrés Martínez Rengifo y a Víctor Manuel Montero Moreno, mientras que Dixon David Olivos Caviche, Édgar Darío Daza López y Darwin Alexánder Colmenares fueron cobijados con detención domiciliaria.

Los investigadores evidenciaron, mediante seguimientos y vigilancias, que Carlos Andrés Martínez Rengifo y Víctor Manuel Montero Moreno, serían exintegrantes del Frente 58 Bloque oriental de las extintas Farc, y actualmente hacían parte del proceso de sometimiento a la justicia. También se conoció que Dixon David Olivos registra antecedentes por homicidio, Édgar Darío Daza tiene anotaciones por rebelión y Darwin Alexánder Colmenares presenta antecedentes por hurto y extorsión.

Un juez cobijó con medida de aseguramiento en su lugar de residencia a Mario José Dugarte Dugarte, de 21 años de edad, oriundo de Venezuela, conocido con el alias "MARIO", como responsable del delito de secuestro simple.

Mario José Dugarte, es señalado de participar como autor material e intelectual del secuestro de una mujer en la vereda El Triunfo de Villanueva, en hechos ocurridos el pasado 29 de agosto del 2020, cuando sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda de la víctima y en contra de su voluntad fue trasladada a una zona boscosa de este municipio donde estuvo secuestrada durante varias horas.

Gracias a la oportuna reacción y el plan candado que activó la Policía una vez conocieron el hecho, la mujer fue liberada sana y salva y uno de los secuestradores fue capturado en flagrancia, a quien se le halló en su poder un arma de fuego.

Alias “Mario” quien sería el autor intelectual del secuestro tan pronto sintió la presencia de la Policía logró huir, y desde entonces era buscado por las autoridades mediante una orden de captura por el delito de secuestro simple.

En las últimas horas Mario José Dugarte fue capturado tras un operativo que adelantó el Gaula de la Policía Casanare, y el Gaula CTI, quienes luego de varios meses de seguimiento lograron dar con el paradero de este sujeto.

El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Villavicencio cobijó con medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Néstor Arnulfo García Parrado. El hombre, de 58 años de edad, sería el responsable de estafar a varias personas a quienes les habría ofrecido en venta casas de interés social, supuestamente, ubicadas en la urbanización San Antonio de Villavicencio (Meta).

Por estos hechos la Fiscalía imputó al implicado como supuesto responsable del delito de estafa masa agravada, el cual no fue aceptado. Los hechos se habrían presentado entre el 2007 y el 2012. Para entonces, el procesado habría sido el representante legal de la unión temporal Legavivienda.

Usando esa fachada el implicado, supuestamente, obtuvo ilícitamente de 14 personas más de 110 millones de pesos. El implicado habría inducido al error a las víctimas, quienes creyeron en las promesas de alcanzar el sueño de acceder a una vivienda de interés social, lo cual no cumplió.

En el marco de la investigación se tuvo conocimiento de 9 noticias criminales asociadas que incluyen las 14 víctimas por las que se hizo la imputación.

La Fiscalía investiga las versiones que dan cuenta de poco más de medio centenar de afectados. En este caso, el monto defraudado superaría los 356 millones de pesos. Néstor Arnulfo García Parrado fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía EDA, en cumplimiento de una orden judicial.

Los análisis realizados al Censo Delictivo elaborado por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar tres comunas en Villavicencio (Meta) en las que delitos como hurto y homicidio deben ser priorizados de cara a la necesidad de restablecer la seguridad ciudadana y amparar los derechos de sus habitantes. Se trata de las comunas 4, 5 y 8 de la capital del Meta. Hasta allí llegaron durante los meses de agosto y septiembre investigadores del CTI de la Fiscalía, uniformados del Ejército y la Policía Nacional para identificar, ubicar y detener a los presuntos responsables de los referidos delitos.

La Seccional Meta lideró las acciones encaminadas a restablecer la tranquilidad en los barrios Porfía, Barzal, Milagro, Salitre, Villa Suarez, Sector Ocoa y San Antonio, ubicados en el centro, sur y sur oriente de la ciudad, y que integran las tres comunas mencionadas.

Las modalidades de hurto que más afectaron la capital el Meta, a 30 de septiembre fueron: I) el factor oportunidad, con 1.251 casos; II) atracos con arma blanca, con 553 casos y III) atracos con arma de fuego, con 425 casos.

Estas cifras permitieron adelantar investigaciones flash por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), además de obtener material probatorio y la evidencia física suficiente para que jueces de la República avalaran la petición para concretar 23 capturas; 16 de las cuales van dirigidas a presuntos responsables de hurtos en diversas modalidades y 7 de supuestos implicados en homicidios.

Las labores de Policía Judicial cumplidas con el apoyo de la Policía Metropolitana de Villavicencio, líderes comunales y ciudadanía en general que reside en sectores previamente seleccionados permitió identificar de manera clara la manera como delinquían los implicados que fueron capturados por el CTI, la Policía y el Gaula Militar (Meta).

Hurto

Entre las 16 personas supuestamente implicadas en hurtos se encuentran dos mujeres. Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de delitos como hurto calificado y agravado; y en algunos en concurso heterogéneo con lesiones dolosas. La investigación evidenció como las mujeres que se movilizan en motocicletas son las víctimas favoritas de los ilegales, pues les arrebatan sus bolsos, sin importar que en muchos casos esas acciones provocan accidentes que causan lesiones e incapacidades de hasta 35 días. Las medidas de aseguramiento ordenadas contra estas personas incluyen ocho detenciones en cárcel, siete domiciliarias y una medida no privativa con presentaciones así:

A intramuros

 Maicol Stibel Ardila Herrera  John Faber Calderón Castañeda  Jorge Emilio Ortiz Montoya  John Herrera Cordero  Steveng Alexander Penagos Rico  John Mares  Fredy Alberto Cardona Robins  Diego Fernando Gómez Mateus

A domiciliaria

 Duván Camilo Niño González  Laura Vanesa Sedano Barney  Paola Julieth Daza Carrillo  Kevin Stiven Ordoñez Triana  Juan Carlos Méndez Brun  Heiber Sebastián Cañas Céspedes  Jaime Luengas

En libertad condicionada

 John Sebastián Duarte López

HOMICIDIOS

Por el delito de homicidio fueron capturadas y judicializadas siete personas entre quienes están incluidos los presuntos responsables de la muerte de un excombatiente de las FARC, en hechos ocurridos el 15 de julio anterior en un parque público de la ciudad.

A intramuros

 Wilder Javier Barbosa Valencia  Oscar Daniel Barbosa Valencia  Leandro José Robles Colmenares  Nelson Javier Rodríguez Díaz  John Kennedy Herrera Cordero  Faber Enrique Zamora  John Miller Rojas Montilla.

Al término de esta jornada la Fiscalía General de la Nación invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que atente contra su integridad y patrimonio. En este caso recordó que la ciudadanía tiene a su disposición canales como la línea gratuita 122 y la página oficial de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co