Cuando una entidad está intervenida es porque no tiene unos niveles óptimos de desempeño y requiere una atención especial, así como unas acciones de impacto que puedan hacerle cumplir los indicadores financieros para sacarla a flote.

Esta fue la premisa inicial con la cual inició el uso de la palabra la agente interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, durante el desarrollo de la mesa de trabajo adelantado en la Asamblea Departamental, para analizar la situación de esta EPS oficial.

La funcionaria recalcó que tan solo llega dos meses en el cargo. Agregó que desde su llegada el 14 de noviembre y durante los primeros 30 días el esfuerzo se concentró, en lo que calificó como apagar incendios.

En cuanto el tema de la contratación indicó que, si se han presentado incumplimientos, los mismos no obedecen únicamente al área de gestión, sino que juegan un papel adverso las trabas internas y externas que afectan la entidad.

Mencionó que este panorama lamentablemente va a persistir. Ejemplificó la afirmación anterior con una visita que realizó a Aguazul. “Estaba la droguería y no había ni un afiliado”, comentó.

Extrañada fue a la oficina a preguntar el porqué de esta situación. En este lugar le dijeron que la droguería no está y acto seguido le enseñaron chat donde se comunicó que la droguería no estaba funcionando “y los señores regentes y auxiliares esperando los afiliados”.

“Así de grave está Capresoca, donde nuestro mismo personal hay gente que quiere hacer daño. Eso nos toca a nosotros depurarlo”, subrayó la agente interventora.

Añadió que muchos de los casos que hacen parte de las quejas por mala atención, se deben a empleados que “no tienen la camiseta puesta”. Y les dicen a los afiliados “No hay red, no hay atención. Por Dios, nosotros tenemos opciones para que las personas sean atendidas, pero no se les ocurre preguntar”.

A estos problemas internos se suman los financieros que pasan por la creciente deuda con los prestadores de salud, como los 11 mil millones que le exige el Instituto Cancerológico para hacer el contrato de atención.

Panorama bastante complejo, porque reconoció que la demanda en servicios de salud es demasiado alta.

Pese a este entorno bastante adverso, la agente interventora considera que Capresoca tiene salida. En el campo económica una ventaja que tiene es su carácter oficial. Esta característica le permite acudir al Tesoro Nacional para conseguir recursos.

“Para eso se necesita un estudio y no es cualquier estudio. Necesitamos unos estudios financiero muy importantes, porque allá el director del Tesoro hace cuentas y dice yo te doy tanto y te presto tanto, pero ¿cómo me lo vas a pagar?”

En este escenario es necesario demostrar de dónde se van a sacar los recursos, en caso de que aprueben un crédito para sanear las finanzas de la EPS.

Por ahora las autoridades continúan buscando una salida para evitar que Capresoca naufrague en las profundas aguas de la deuda con las IPS.

La Policía del Departamento de Casanare, bajo el mando del coronel Pablo Javier Galindo Valencia, reportó la captura de cuatro hombres dedicados al hurto de elementos de vehículos, específicamente los computadores de los automotores.

El procedimiento se originó tras recibir información preliminar desde el municipio de Tauramena, donde a través del sistema de cámaras y el reporte del personal de la unidad, se logró identificar un vehículo vinculado con actividades ilícitas.

El vehículo fue interceptado e inmovilizado en Monterrey. En el interior del automotor se hallaron diversos objetos hurtados en Tauramena y un computador utilizado para facilitar la extracción de los componentes vehiculares.

Los detenidos provenían de Bogotá y Villavicencio. De acuerdo con el reporte oficial, uno de los capturados registra antecedentes penales por el mismo delito, relacionados con un hecho previo en el municipio de Restrepo, Meta.

Los cuatro individuos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y su proceso judicial continúa en curso.

Desde la Administración municipal de Yopal se dio a conocer que a través de la Secretaría de Movilidad se adelanta un plan de intervención en la red vial urbana, con el objetivo de renovar dispositivos de señalización deteriorados y reducir los índices de siniestralidad en el municipio.

El proyecto se basa en un diagnóstico técnico previo que identificó señales verticales y horizontales que habían cumplido su vida útil. La intervención incluye la instalación de reductores de velocidad, delineadores tubulares y bordillos en sectores priorizados por su alto flujo vehicular y antecedentes de accidentes.

Pruebas piloto y pacificación vial

Como parte de la estrategia, se implementan pruebas piloto de pacificación vial. Estas consisten en diseños temporales que permiten evaluar la efectividad de la reorganización del tránsito antes de realizar instalaciones definitivas.

Los puntos intervenidos actualmente bajo esta modalidad son: calle 30 con carrera 40. Carrera 29 con calle 26 y un punto que pronto será intervenido, es el ubicado en la calle 30 con carrera 16A (sector de Caño Seco).

Debido a la ejecución de estos trabajos, la Secretaría de Movilidad confirmó un cierre total para este miércoles 22 de enero en el tramo de la carrera 29, entre las calles 25 y 28, en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona para regular el flujo vehicular.

La Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) de Yopal instó a la ciudadanía a implementar medidas de prevención ante la probabilidad de incendios forestales durante el primer trimestre del año.

Según el boletín de alertas climáticas de la autoridad ambiental de Casanare, la zona central del departamento, donde se ubica Yopal, registra en enero un déficit de lluvias de entre el 20% y el 30%.

Las proyecciones para febrero indican que la disminución de precipitaciones alcanzará niveles de entre el 30% y el 60%, mientras que en marzo se espera que el clima retorne a sus promedios habituales. No obstante, la sequedad acumulada en la vegetación mantiene el riesgo en áreas rurales y pastizales.

Durante el primer trimestre del año anterior, Yopal registró un total de 243 incendios de cobertura vegetal que afectaron aproximadamente 907 hectáreas.

Solo en enero de ese periodo se presentaron 70 eventos. La meta de la administración para este año es reducir estas cifras mediante la prevención y la vigilancia.

Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD, señaló las algunas pautas para evitar emergencias, las cuales recomiendan apagar completamente fogatas y brasas. No arrojar colillas de cigarrillo, fósforos ni materiales inflamables en zonas verdes.

También es necesario no dejar envases de vidrio en áreas con vegetación, ya que pueden concentrar la radiación solar y reportar inmediatamente cualquier indicio de fuego a los organismos de socorro.

Las autoridades y organismos de emergencia mantienen activos los planes de contingencia, así como la disponibilidad de personal y equipos para la atención de eventualidades en rondas hídricas y zonas rurales del municipio.

El comandante del Departamento de Policía de Casanare, coronel Pablo Javier Galindo Valencia, informó sobre los resultados de las actividades de control y prevención realizadas durante la última semana en diferentes municipios del departamento.

Según el reporte, se efectuaron 44 capturas, de las cuales 39 fueron en flagrancia y cinco por orden judicial. Los delitos más frecuentes corresponden a porte de arma de fuego o munición, concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Incautación de armas y sustancias

Las autoridades incautaron dos revólveres, dos pistolas, dos escopetas y un arma traumática. Además, se recuperaron cinco motocicletas y dos vehículos que presentaban reporte por hurto.

En materia de estupefacientes, se incautaron 52 gramos de bazuco, 600 gramos de marihuana y 5 gramos de clorhidrato de cocaína.

Casos destacados

Entre las capturas se encuentra la de un hombre de 30 años detenido en flagrancia por tráfico de estupefacientes, a quien se le hallaron 30 gramos de bazuco y 15 gramos de marihuana. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La seccional de Carabineros capturó a una persona por el delito de muerte de animal, después de que ingresara de manera arbitraria a una vivienda donde un menor reportó la muerte de un canino.

También se detuvo a un hombre de 75 años a quien se le encontraron dos armas de fuego artesanales —una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 22— la detención cuando uniformados atendieron un requerimiento de la comunidad por un caso de riña.

El 19 de enero, a las 2:30 de la madrugada, se capturó a un hombre de 38 años requerido por violencia intrafamiliar agravada.

Personal de infancia y adolescencia de la seccional de protección capturó en el barrio La Bendición a un hombre de 44 años por actos sexuales con menor de 14 años.

El 20 de enero se incautó un revólver calibre 38 y se capturó a una persona por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En otro operativo se capturó a una persona por receptación cuando se movilizaba en un vehículo que presentaba reporte por hurto desde el 2 de agosto de 2021. El automóvil era solicitado desde el Valle del Cauca. El capturado y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía local URI de Popayán.

Recomendaciones

El coronel Galindo reiteró la recomendación a los ciudadanos de realizar revisiones técnicas al adquirir motocicletas o vehículos usados para evitar problemas legales por el delito de receptación.

También solicitó a la comunidad no dejar las llaves en las motocicletas, ya que varios hurtos recientes se han facilitado por esta situación.

Luis Armando Rodríguez Murcia, de 43 años, fue asesinado este miércoles 21 de enero en un camino de herradura en San Rafael de Morichal, zona rural de Yopal. El incidente ocurrió mientras la víctima se desplazaba en un motocarguero.

De acuerdo con el reporte del coronel Pablo Javier Galindo Valencia, personas a bordo de una motocicleta se acercaron y realizaron disparos, impactando a Rodríguez Murcia en la cabeza, lo que le causó la muerte en el lugar.

Según el coronel, Rodríguez Murcia trabajaba de manera independiente en la crianza y venta de porcinos en el sector. Tras el reporte del crimen, personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se trasladó al sitio para realizar la inspección técnica al cadáver.

La comunidad local manifestó no poseer información que permita establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ataque, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.

Las autoridades confirmaron que, tras verificar los registros oficiales, la víctima contaba con seis anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Tres por porte ilegal de armas de fuego en los años 2003, 2015 y 2017. Una por rebelión en 2008. Otra por amenazas que data de 2007 y finalmente un más por lesiones en 2012.

Una denuncia pública y anónima radicada este 19 de enero en Yopal ha puesto en conocimiento de las autoridades de control presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la EPS Capresoca para la vigencia del año 2026.

El documento ha sido remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Casanare, la Contraloría Departamental, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional Casanare.

El texto de la denuncia se centra en el contrato 003-2026, suscrito entre la EPS y la empresa PROVITALY SAS por un valor de $24.000 millones de pesos.

Este acuerdo tiene como objeto garantizar el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en 14 municipios del departamento.

Según la información expuesta, el valor de este contrato representa un incremento de costos del 26% en comparación con el año anterior. Los denunciantes contrastan este aumento con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fuente de financiación de estos servicios, que para el 2026 fue fijado en un 16,49%.

Sobre el contratista seleccionado, PROVITALY SAS, la denuncia señala que se trata de una empresa constituida en el año 2018 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y un capital autorizado de $6 millones de pesos.

El documento cuestiona si la entidad promotora de salud realizó los análisis técnicos y financieros pertinentes para adjudicar la dispensación de medicamentos por dicha cuantía a esta firma.

En el análisis de los costos per cápita, se detallan variaciones significativas en los valores asignados a los diferentes municipios. Para las localidades de Aguazul, Paz de Ariporo, Támara y Tauramena, el incremento reportado es del 27,41%, mientras que para el municipio de Yopal el aumento alcanza el 29,4%.

Estos porcentajes superan el ajuste nacional de la UPC. Adicionalmente, se menciona que en la nota técnica del contrato se incluyen medicamentos, como el Albendazol de 400mg en cápsula o tableta, cuyo registro sanitario ante el INVIMA figuraría como vencido o no vigente.

Otro aspecto abordado en la denuncia es la contratación del servicio de transporte aéreo de pacientes, adjudicado mediante el contrato 010-2026 a la empresa UNITOURD SAS por un valor de $2.000 millones de pesos. Se indica que en la ruta de mayor demanda (Yopal-Caño Mochuelo-Yopal) se presenta un incremento tarifario del 27,3% respecto al año 2025.

Asimismo, se reporta la eliminación de tarifas para grupos de usuarios que existían previamente, lo que implicaría sobrecostos del 70% para el traslado de dos pacientes y de más del 100% para tres pacientes.

Finalmente, el documento advierte sobre una tendencia en la contratación con empresas cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, así como el uso de modalidades de telemedicina.

Según lo expuesto en la denuncia, estas prácticas podrían estar afectando la oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud para los afiliados en el departamento de Casanare, contraviniendo las directrices de territorialización y presencia de especialistas en la región.

Danilo Fernández, integrante del comité cívico por la defensa de lo público, señaló ante el Concejo Municipal que en Yopal no se estaría aplicando la ley 1480 de defensa del consumidor en materia de control de precios, pesas y medidas.

Fernández indicó que Casanare es el segundo hato ganadero de Colombia, pero la carne en Yopal cuesta 30.000 pesos el kilo, mientras en Bogotá se consigue entre 27.000 y 28.000 pesos.

La misma situación se presenta con el arroz, que se vende en Yopal entre 4.200 y 4.500 pesos la libra, frente a los 3.800 y 4.000 pesos que cuesta en la capital de la República.

El representante del comité manifestó que la responsabilidad de aplicar la ley en el nivel local está en cabeza del alcalde, el personero y el secretario de gobierno, pero que en Yopal no existe una oficina de control de precios, pesas y medidas.

Fernández afirmó que durante un año ha verificado pesas en supermercados, graneros y tiendas, encontrando que productos vendidos como un kilo pesan entre 1.060 y 1.100 gramos.

Para Danilo este incremento en la medida no es un gesto de generosidad por parte del fabricante o el comerciante. Manifestó que, en realidad, el producto pesa 900 gramos y la balanza está manipulada para que refleje un peso superior al kilogramo.

Según sus cálculos, esto representaría un perjuicio de 500 millones de pesos diarios para los consumidores de Yopal.

También solicitó al Concejo que remita un documento a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las botellas de cerveza Coronita, que se cobran a 274 pesos por unidad a los consumidores,  pero no son recogidas por empresas de aseo ni recicladores, acumulándose en el relleno sanitario.

El ciudadano pidió a los concejales ejercer control político sobre el alcalde y demás funcionarios para que cumplan con la función de vigilancia de precios, pesas y medidas establecida en la ley.

La Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Yopal viene tramitando la documentación ante la Unidad de Contratación para iniciar la fase final del proceso de demolición de las Torres del Silencio.  Harbey Ramírez, director de esta dependencia, informó que el procedimiento se ajustará a los términos de la Ley 80 de Contratación Pública.

El método de demolición seleccionado es el neumático mecánico, el cual consiste en el uso de retroexcavadoras con martillo percutor para la fractura del concreto. Esta técnica fue establecida previamente en los estudios de patología estructural.

Las características de la obra incluyen frentes de trabajo: que va a operar de manera operación simultánea. El tiempo estimado de los trabajos es de 45 días tras el inicio de las labores de campo y se implementará un plan de manejo para el control de ruido y polvo.

La Secretaría de Infraestructura utilizará los residuos resultantes como material de subbase para el mejoramiento de vías terciarias del municipio.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las restricciones que impone la ley de garantías, las cuales impiden la suscripción de un convenio con ingenieros militares para estas labores.

Subsidios de arrendamiento

Con relación a la atención a las familias beneficiarias de Torres del Silencio, se confirmó la prórroga del subsidio de arrendamiento por un segundo trimestre.

En marzo finaliza el primer ciclo de tres meses de ayuda. Los recursos para el segundo periodo se coordinaron con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Ramírez sostuvo  que aún hay siete familias que no han presentado la documentación o reclamado el pago; una de ellas presenta complicaciones de salud que han retrasado el trámite.

Un siniestro vial registrado en la madrugada del pasado 20 de enero dejó como saldo una persona lesionada en el trayecto que del casco urbano de Tauramena conduce hacia Villa Rosa.

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, la principal hipótesis del accidente apunta a que el conductor perdió el control de la motocicleta, lo que provocó su caída sobre la calzada.

Al lugar de los hechos se desplazó una unidad de atención prehospitalaria para asistir al motociclista, quien presentaba heridas en las vías aéreas y múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Tras la valoración inicial e intervención en el sitio, el personal de socorro logró estabilizar al paciente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local de Tauramena para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades competentes analizan si factores como el estado de la vía, la visibilidad nocturna o fallas mecánicas influyeron en que el conductor no pudiera maniobrar correctamente su vehículo.