En la noche de este miércoles, el Senado de la República aprobó en plenaria en su cuarto debate, la nueva Ley que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, norma de enorme trascendencia para el desarrollo y gestión de las regiones y territorios. 

Mediante esta Ley, se hace una distribución más equitativa de los recursos de regalías entre las regiones productoras y no productoras, se destinan nuevos recursos para el medio ambiente, se incrementa la asignación para los grupos étnicos, se garantiza los recursos para la Paz, se crea la asignación regional y se racionalizan los actores y procesos para la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos.

Con esta reforma se duplicarán porcentualmente los ingresos que recibirían las entidades productoras de hidrocarburos (pasando de 11,2% a 25%) y no habrá OCAD para la aprobación de sus proyectos, se transfiere el 10% para ciencia, tecnología e innovación, el 7% para financiar la paz, el 34% para inversiones regionales (de las cuales el 60% serán para los departamentos y el 40% restante en proyectos regionales)  y se destina de manera directa el 1% para proteger y fortalecer el medio ambiente, entre otros.

“La reforma al Sistema General de Regalías (SGR), es transcendental para el desarrollo de las regiones productoras de hidrocarburos como la Orinoquía, en donde hay muchas necesidades y condicionantes en la calidad de vida de los habitantes. Esta nueva Ley nos incrementará los recursos de regalías y permitirá mayor autonomía en su ejecución y manejo, fortaleciendo la participación y el buen gobierno”, dijo la Senadora Amanda González; quien se distinguió por representar a las regiones productoras en los debates que condujeron a la aprobación de esta Ley.

Esta iniciativa fue presentada inicialmente por el congresista casanareño Cesar Ortiz Zorro y reglamentación de la reforma fue autoría del Gobierno, y enriquecida a través de un consenso entre las distintas bancadas parlamentarias, los gobernadores, alcaldes y demás actores vinculados con los propósitos de la Ley.