Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la creciente amenaza que enfrentan los habitantes de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva. El motivo: la lucha territorial entre grupos armados ilegales.

Esta situación ha llevado a la emisión de una Alerta Temprana, la número 016-2024, que busca prevenir posibles violaciones de Derechos Humanos en la región.

El documento detalla cómo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN (frente José David Suárez) y facciones disidentes de las FARC (frente 28 y10 del Estado Mayor Central), se están disputando el control de estas zonas estratégicas.

Según la Defensoría la expansión de las AGC es particularmente preocupante. Este grupo ha logrado desplazar a estructuras paramilitares menores, consolidando su dominio mediante tácticas violentas.

Su estrategia no solo abarca áreas rurales, sino que también se extiende a zonas urbanas, aprovechando la pobreza y la exclusión social para ganar adeptos.

El informe señala que diversos sectores de la población están en riesgo. Entre ellos se encuentran líderes comunitarios, víctimas del conflicto, jóvenes, mujeres y servidores públicos.

Las amenazas van desde el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores hasta homicidios selectivos y ataques armados.

Frente a esta situación, la Defensoría ha emitido 28 recomendaciones dirigidas a entidades gubernamentales de todos los niveles. Se insta a las fuerzas de seguridad a intensificar sus operativos y labores de inteligencia.

Además, se solicitan medidas específicas como el establecimiento de puestos de control en zonas estratégicas y el refuerzo de la presencia militar en áreas rurales.

La implementación efectiva de estas recomendaciones será crucial para proteger a las comunidades afectadas y prevenir una escalada de violencia en la región.