El tribunal Administrativo de Casanare negó la acción de tutela que fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo con el fin de que se  respetara el debido proceso en cuanto a la diligencia de desalojo que se ha venido efectuando a los habitantes de la invasión La Victoria-Resistencia.

Según Diana Patricia Puentes,  Defensora del Pueblo, luego de 24 desalojos y según estudio de la Defensoría, hay un procedimiento en el que se requiere que la población esté notificada y que los habitantes puedan responder a dicha notificación de restitución de bien de uso público en particular.  Sin embargo, “las autoridades toman esto como  algo que se encuentra en un término que contempla el código para hacer desalojos y realizar los procedimientos sin ninguna otra previsión más que con la del uso de la fuerza y en este sentido sí se considera una vulneración al debido proceso” explicó.

La tutela pretendía además, que se solicitara por parte de los organismos competentes, políticas públicas de vivienda a los entes territoriales. “Nos damos cuenta que no existen los recursos para un plan de vivienda ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo y la población sigue creciendo, igualmente las dificultades y el desempleo y no hay una respuesta del gobierno local y departamental frente a esto” añadió Puentes.

Frente a la decisión del Tribunal que se basó en la protección de los bienes de uso público,  se conoció que la Defensoría impugnará dicha determinación.