Luego del fallo condenatorio en contra de Carlos Alexander Rodríguez, quien el 15 de diciembre del año pasado ocasionó un accidente de tránsito que dejó 2 jóvenes muertas y una más herida, viene la segunda parte del proceso, que corresponde la parte civil de este caso, que consiste en buscar una reparación integral a los familiares de las víctimas.

Así lo precisó Carlos Sampayo, quien representa los familiares de las dos jóvenes que perecieron en este siniestro vial. Es por ello que profesional del Derecho, consideró que no es oportuno interponer una apelación del fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Paz de Ariporo.

La autoridad judicial condenó a Rodríguez a 48 meses (4 años) de cárcel y una pena accesoria consistente en un multa de 40 millones de pesos a favor del Estado.

Para Sampayo una apelación sería entrar en una acción dilatoria, para los intereses de los familiares de las víctimas en un proceso de reparación integral.

Aclaró que al inicio del caso los familiares no estaban interesados en recibir ninguna suma de dinero, en atención a estos fallecimientos. “En su momento fueron claros que buscaban pronta justicia, la cual se logró”, repicó el abogado.

Agregó que puede que algunos de ellos estén inconformes con el fallo, pero jurídicamente está dentro de los parámetros legales y así lo establece la norma y  hay que aceptar la normativa.

Los hechos ocurrieron en la carrera 29 con calle 21. Según los establecieron las autoridades en su momento, Carlos Alexander Rodríguez, quien en ese momento era funcionario de la ESE Salud Yopal, conducía en estado de embriaguez y arrolló a las jóvenes, que se movilizaban en motocicleta. 

El proceso

Sampayo contó algunos detalles sobre este proceso, sobre el cual dijo que tuvo celeridad, teniendo en cuenta los tiempos que tarda la justicia colombiana para resolver este tipo de casos.

Acotó que inicialmente la defensa del procesado buscó un principio de oportunidad, con la finalidad que no se sancionara bajo ningún precepto al imputado.

“Este principio de oportunidad es un borrón y cuenta nueva. Es decir, cometió un error, se le da la oportunidad que se reincorpore a la vida civil, como si nada hubiese pasado, indemniza a las víctimas y queda como si no hubiese acontecido absolutamente nada”, explicó el profesional del Derecho.

En este contexto los familiares de las víctimas en el mes de marzo por recomendación de la firma de abogados de Carlos Sampayo, no aceptaron ese principio, en pos de apuntarle a una condena, para que esta persona pagara por sus actos, teniendo en cuenta que le quitó la vida a dos personas.

Bajo esta premisa sus representados propusieron la aceptación de cargo o llegar a un preacuerdo. Se logró concertar la segunda opción,  que dio como máxima pena dentro de lo establecido por la ley los 48 meses de prisión, antes mencionados.

Contó igualmente que el padre de una de las víctimas, lamentablemente había tenido que pasar por una situación similar en el año 2013. Para esa fecha perdió un hijo en un accidente de tránsito y hasta el momento no se ha hecho justicia.

Insistió que para este caso de las dos jóvenes, se hizo justicia en corto tiempo y eso es lo realmente importante, que las familias descansen, porque el responsable de la ocurrencia del suceso sea condenado.

Sobre la posibilidad de casa por cárcel Carlos Sampayo dijo que es decisión de juez si le concede este beneficio, pero que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí quedó en firme es que no hay rebaja de pena.

En un comunicado de prensa la Fuerza de Tarea Quirón, que hace parte de la Octava División del Ejército, manifestó públicamente su rechazo al posible secuestro de la sargento segundo  Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años de edad.

Los hechos se presentaron mientras la suboficial conducía por el municipio de Fortul, Arauca, el pasado 3 de julio en horas de la noche.

Según la unidad militar, Ghislaine Karina y sus hijos hacen parte de la familia de un oficial vinculado con la Fuerza de Tarea Quirón.

Llama la atención el hecho de que uno de los menores, presenta una condición especial de autismo.

Pese a que la situación es materia de investigación, hay información de manera preliminar, donde “se presume  que la familia habría sido plagiada por integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN”.

El Ejército rechazó de manera categoría este acto que calificó como un crimen de lesa humanidad, porque viola los Derechos Humanos es infringe las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.

Agrega el comunicado oficial que se viene adelantando un trabajo interinstitucional, para lograr la liberación de los secuestrados. Así mismo acotó que se instauraron las respectivas denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, por este hecho que también calificó como un crimen atroz.

Así miso responsabilizaron al ELN por la integridad física y la vida de la suboficial y sus hijos.

Finalmente indicó que el Ejército realiza acompañamiento psicosocial al familia de la sargento, activando los protocolos establecidos para estos casos.

El Departamento de Policía Casanare informó que aplicando el plan de seguridad ciudadana, entró en acción el grupo Halcones de esta institución. Operación que logró la captura de dos personas.

Los hechos se presentaron en la carrera 15 con calle 16 de Yopal. En el lugar fueron detenidos dos hombres de 20 y 27 años, señalados por el delito de hurto.

Los sujetos se movilizaban en una motocicleta y bajo la modalidad de atraco, se habrían apropiado de un celular y una cadena de oro. Al ser interceptados por la Policía, se les encontró en su poder los elementos robados, así como un arma de fuego, con la que posiblemente habrían intimidado a su víctima.

Estas dos personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 30 URI de Yopal.

Cerca de 6 días lleva de fallecida una persona, que se encontró el pasado domingo 02 de julio en una habitación en el municipio de Maní, reveló el comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, coronel Óscar Álvarez.

Según explicó el oficial, el cuerpo fue encontrado por el propietario de la vivienda, quien le había rentado una habitación. El fallecido vivía solo y padecía de algunas patologías como diabetes, además de unas enfermedades coronarias.

“Era un arrendatario y fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Por el olor que emanaba la persona que le había arrendado, pudo ingresar a la habitación y hallar el cuerpo”, contó el oficial Álvarez.

El coronel sostuvo que en diálogo con la expareja de esta persona se pudo conocer sobre sus quebrantos de salud. “Era una persona ya mayor de edad y con unas enfermedades base, que pudieron haberle generado la muerte”, precisó el oficial.

De todas formas Álvarez indicó que es necesario esperar el dictamen de Medicina Legal, para establecer con precisión el motivo de la muerte de esta persona.