El comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, Daniel Lozano, hizo un llamado especialmente a los comerciantes y emprendedores a verificar detenidamente las transacciones comerciales que adelanten por medios digitales.

Mencionó un caso reciente ocurrido el pasado 4 de enero en el sector de Los Progresos de Yopal, donde fue detenida una mujer acusada de estafa. Según el relato el oficial, la señora simuló el pago por medios digitales de 17 kilos queso.

La compra ascendía a 418 mil pesos, pero el dinero en realidad nunca llegó a la cuenta del vendedor. “Este tipo de artimañas y conductas delictivas afectan considerablemente el patrimonio económico de aquellas personas emprendedoras y comerciantes”, precisó el coronel.

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, Lozano invitó a los usuarios de estas plataformas a verificar si las transacciones por este tipo de medios se realizaron correctamente y “no confiarse de aquellos pantallazos, aquellas imágenes que simulan que la transacción si fue hecha”, puntualizó el oficial de la Policía.

Sin revelar el nombre de los implicados, el teniente coronel Daniel Lozano, comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, se refirió a los hechos ocurridos en el municipio de Maní, donde una riña entre dos hombres terminó en homicidio.

El oficial manifestó que dos sujetos que residían en la invasión La Florida, terminaron enfrentados. El pleito se generó cuando uno de ellos fue hasta la vivienda al otro individuo, para cobrarle un dinero que le debía.

El reclamo rápidamente se convirtió en discusión y posterior en agresión con arma de fuego. Producto del altercado el hombre que fue a cobrar el dinero recibió un impacto de bala en el abdomen. Unidades de la Policía que llegaron al lugar trasladaron al herido al hospital local, donde minutos después falleció.

El coronel agregó que el agresor es de nacionalidad venezolana. Indicó igualmente el oficial, que tanto la victima como el victimario cuentan con antecedentes judiciales.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido rechazar la solicitud de sometimiento presentada por Edilberto Castro Rincón, quien se desempeñó como gobernador del Meta entre 2004 y 2007.

Castro enfrenta una condena impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de homicidio agravado, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Durante su gestión, el exgobernador estableció vínculos con figuras como alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, líder del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta colaboración le permitió obtener beneficios electorales a cambio de contratos ilegales que favorecían a la organización paramilitar, consolidando su control político en el Meta y facilitando su participación en foros de paz, lo que posteriormente contribuyó a su desmovilización y a obtener escaños en el Congreso.

La alianza entre Castro y los paramilitares tuvo consecuencias trágicas, incluyendo el asesinato del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica y el líder político Eúser Rondón Vargas, así como la diputada Nubia Sánchez Romero.

Todos ellos habían denunciado irregularidades que llevaron a la apertura de procesos penales y disciplinarios contra Castro, culminando en su condena.

Aunque la Sala de Definición había rechazado previamente su solicitud, esta decisión fue revocada en octubre de 2022 por la Sección de Apelación, que consideró que las acciones de Castro podrían estar indirectamente relacionadas con el conflicto armado.

Se le solicitó presentar un Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) que incluyera sus aportes a la verdad y un plan para la restauración.

Sin embargo, tras tres solicitudes para ajustar su CCCP, la Sala concluyó que Castro no cumplió con las condiciones establecidas. La evaluación reveló que sus aportes a la verdad eran insuficientes y carecían del desarrollo necesario.

Además, mostró reticencia a detallar sus relaciones con el Bloque Centauros, a pesar de las evidencias en su contra.

La Sala criticó la falta de transparencia y compromiso de Castro con la JEP, señalando que intentó utilizarla para su beneficio personal. Este incumplimiento reiterado llevó a justificar el rechazo definitivo a su solicitud.

Asimismo, se determinó que no contribuyó al esclarecimiento del macrocaso 08 sobre las relaciones entre las AUC y funcionarios estatales no pertenecientes a la fuerza pública.

Finalmente, mediante la Resolución 002 del 2 de enero de 2025, el caso de Edilberto Castro fue remitido al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá para continuar con el seguimiento de su condena.

La Corte Suprema había impuesto una pena de 40 años de prisión junto con una multa equivalente a 2.270 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El Departamento de Policía Casanare reportó la captura de dos sujetos de 21 y 26 años luego que perpetraran un hurto bajo la modalidad de raponazo en la ciudad de Yopal.

Aunque no se precisó el sitio exacto donde se cometió el ilícito, se informó que la víctima del robo fue una mujer de 19 años, a quien le quitaron su cartera donde se encontraba su teléfono móvil.

También resaltó la comunicación divulgada por la Policía, que los objetos fueron recuperados por las patrullas de vigilancia que acudieron a atender este caso, que fue alertado por la comunidad a través de la línea 123.

Destacó el informe policial que en este caso fue de vital importancia el trabajo de rastreo del dispositivo móvil, lo que permitió su ubicación en tiempo real.