El Tribunal Administrativo de Casanare emitió una sentencia histórica en primera instancia, en defensa de los derechos de las mujeres en la política local.

El fallo responde a una demanda interpuesta por la diputada Luz Mery Niño Chaparro contra la elección de las comisiones permanentes de la Asamblea Departamental, donde se evidenciaron actos de discriminación de género.

La decisión judicial, plasmada en un documento de casi 90 páginas, revela cómo un grupo de seis diputados intentó excluir a las dos únicas mujeres de la Corporación de las comisiones permanentes.

El tribunal calificó estas acciones como "machistas" y como una forma de "violencia simbólica, indirecta, sutil e invisible".

La sentencia critica duramente la conducta de los diputados Juan Fernando Mancipe, Wilder Ávila, Ómar Ortega, Eduardo Antolinez, Luis López y Heyder Silva.

Según el fallo, los mencionados diputados intentaron imponer una elección que excluía deliberadamente a las mujeres, basándose en estereotipos de género que las catalogan como incompetentes o valoran más su apariencia física que sus capacidades intelectuales

Como resultado, el Tribunal declaró nula la elección de las comisiones permanentes para el año 2024. Además, ordenó la publicación del fallo en la página web de la Asamblea.

También ordenó su difusión por parte de la Defensoría Regional del Pueblo, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y prevenir futuros actos de discriminación.

Este veredicto sienta un precedente significativo en la lucha por la igualdad de género en los espacios políticos de Casanare. Demuestra que, a pesar de los avances, persisten prácticas discriminatorias que deben ser confrontadas y sancionadas.

Aunque la Asamblea intentó corregir el error con una nueva elección tras el escándalo inicial, el Tribunal consideró que el daño ya estaba hecho, evidenciando un desgaste administrativo y judicial innecesario provocado por acciones claramente discriminatorias.

La Comisión Primera de la Asamblea Departamental integrada por los diputados Juan Fernando Mancipe, Marisela Duarte, Omar Ortega y Eduardo Antolínez, aprobó en primer debate el plan de desarrollo departamental, “Oportunidades para Casanare 2024 – 2027”.

La propuesta fue objeto de varias sesiones descentralizadas de la Asamblea, donde se escuchó a la comunidad sobre las expectativas que tenían la elaboración de dicho documento y la inclusión de algunas iniciativas.

Al final del ejercicio el plan de desarrollo fue objeto de 83 modificaciones y fue discutido durante 5 horas este miércoles 29 de mayo, antes de ser aprobado y quedar listo para que se adelante debatido en sesión plenaria de la Asamblea Departamental.

La línea de tiempo de esta primera discusión de comisión, tuvo como punto de partida el pasado 22 de mayo, cuando se dio inicio al análisis por parte de la Asamblea. Sin embargo, la Administración Departamental solicitó a la Corporación suspender el debate.

El motivo de dicha petición fue ampliar el tiempo para poder responder algunas sugerencias, planteadas por los diputados durante el primer debate.

En total fueron seis días los que se tomó el Gobierno seccional para estudiar las objeciones, recomendaciones y sugerencias recibidas, entre las que se encontraban algunas modificaciones a las metas propuestas.

También se encontraba un ajuste presupuestal, eliminación de varios artículos, se incluyeron algunas iniciativas hechas por los alcaldes y la comunidad en general.

Un cuestionario con 22 preguntas remitió la Asamblea Departamental al secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, para que fuesen respondidas durante el desarrollo del debate de control político que hizo la corporación a la mencionada dependencia, que abordar específicamente el tema del PAE.

La citación a este debate la hizo el diputado Jorge Eduardo García, quien al final de la jornada insistió en algunos cuestionamientos sobre la manera en que la Administración seccional adelantó el trámite de contratación, del programa de alimentación escolar.

García indicó que estas actuaciones terminaron con la revocatoria del proceso, que luego conllevó a la declaratoria de urgencia manifiesta y que será la Contraloría la que debe entrar a calificar la validez de dicho proceso.

García esbozó la línea de tiempo e hizo algunos reparos. Comenzó por decir que el proceso del PAE se abrió públicamente el 29 de diciembre del año paso. Dentro del derrotero previsto, el 03 de enero se debía hacer la asignación de riesgos, que hace parte de la etapa precontractual.

Dijo el diputado que para ese mismo día se tenía como plazo presentar las observaciones de los posibles oferentes, al pliego de condiciones de ese contrato.

Sin embargo, ese 03 de enero el Gobierno departamental emitió una adenda donde postergó para el 11 del mismo mes la audiencia de asignación de riesgos, argumentando que carecía de las herramientas  tecnológicas suficientes, así como del personal para llevarla a cabo.

“En esa misma adenda se modifica el cronograma de las observaciones. Pero las observaciones no se sustentan y es ahí, donde empezamos a ver cosas sospechosas”, subrayó el diputado García.

El asambleísta igualmente recalcó que al día siguiente se emitió una segunda adenda, donde ese indicó que todos los problemas antes mencionados ya fueron solucionados, por lo que se fijó para ese 04 de enero la asignación de riesgos, que había sido postergada inicialmente.

Hizo hincapié que el citado documento no se hizo referencia a nada de las observaciones hechas por los eventuales oferentes, las cuales que estaban programadas para el 11 de enero.

Efectivamente las observaciones se hicieron en la fecha establecida, por lo que el diputado calificó que se adelantó de manera extemporánea y que la Administración departamental no dio una explicación a este hecho.

El otro hecho que para Jorge Eduardo García genera suspicacias, hace referencia a que en la primera adenda se expuso que la Secretaría de Educación no contaba con las herramientas para la audiencia de asignación de riesgos, pero 24 horas después en un tiempo record de 6 horas solucionó todo.

Otro punto sobre el cual se pronunció señala que el 12 de enero se responde de manera oficial a las observaciones y  ese mismo día se declara la revocatoria, aun cuando tenían plazo hasta el 15 para hacerlo.

Aclaró igualmente que su trabajo de control político cumplió su objetivo y que ahora corresponden a los entes de control, entrar a revisar si se cometió algún tipo de irregularidades.

Frente a este pronunciamiento el secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, explicó que se cuentan con los espacios necesarios, que le permitieron a la entidad territorial aunar esfuerzos para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, cumpliendo con todos los requerimientos y obligaciones legales.

Agregó el funcionario que todas las actuaciones se hicieron dentro del marco legal. En este mismo contexto ubicó todo el tema de urgencia manifiesta, sobre la cual precisó que se remite a la Contraloría para “el respectivo control que corresponde en el marco de sus competencias”.

Sobre las observaciones dijo que no llegaron en las fechas que señaló el diputado sino un día antes, por lo que calificó esta discusión como un tema de opiniones y de la manera cómo se presenta la información.

Desde recomendaciones para las quemaduras, pasando el anuncio de acciones penales y oprobios bastante ofensivos, se han visto por estos días durante las sesiones de la Asamblea Departamental de Casanare.

El punto de partida fue el reclamo que hicieran Marisela Duarte y Luz Mery Niño, por haber sido excluidas de las comisiones permanentes de la Corporación.

Luego apareció en escena el diputado Jorge Eduardo García, quien cuestionó a seis de sus colegas por este tema. El blanco de los señalamientos fueron Heyder Silva, Alejandro López, Ómar Ortega, Juan Fernando Mancipe, Eduardo Antolines Pan y Wilder Ávila.

En la plenaria de  este 16 de enero los diputados objeto de críticas, salieron al paso a las palabras de García Gutiérrez. Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Alejandro López Ríos.

El diputado recordó que la situación acaecida el año pasado, durante la presidencia de Jorge Eduardo, cuando se presentó una inconveniente entre el diputado García Gutiérrez y la secretaria de la Corporación, Diana Milena Jarro Rodas.

Sostuvo López Ríos que en ese tiempo le quitaron a la abogada Jarro Rodas las funciones como secretaria, también el manejo presupuestal de las funciones propias de la Asamblea, entre otras tareas propias del cargo.

Calificó esta actitud como violencia y acoso contra la mujer. Para el diputado Luis Alejandro López, esta situación inhabilita moralmente a Jorge Eduardo García, para asumir el papel de adalid de la moral y defensor del género femenino.

En cuanto a la exclusión de las diputadas, manifestó que ese tema ya está en la justicia y si un juez determina que se debe modificar el reglamento interno de la Asamblea, no ve ningún inconveniente en hacerlo, para que ellas tomen asiento en cualquiera de las comisiones permanentes.

Por su parte  Ómar Ortega se mostró de acuerdo con acatar cualquier fallo judicial. Sobre el pronunciamiento de su colega García, indicó que lo llena de vergüenza.

Subrayó que se necesita ser muy cara dura para hacer ver otra cosa diferente por fuera de la Asamblea y revictimizar a la secretaria Diana Jarro.

Agregó que el diputado Jorge Eduardo no puede echarse al hombro una lucha que no le corresponde. Incluso calificó el discurso y los argumentos de García, como cobardes.

Entre tanto Juan Fernando Mancipe comparó esta controversia con un asadero de pollos, donde las minorías  “ahora están muy cerca de la candela”, precisó.

Incluso hizo algunas recomendaciones. “Es mejor que se vayan acostumbrando, se vayan acomodando y busquen métodos para refrescarse, porque van a seguir cerquita a la candela, posiblemente este horno no dé muy rápido la vuelta y sigan ahí bastante tiempo”, dijo el diputado Mancipe.

También se dirigió a su compañera diputada Marisela Duarte. Sobre ella expresó que no se ganó la curul con 85 mil votos. Que esa votación es el resultado de la derrota que sufrió en sus aspiraciones a la Gobernación, por lo tanto no representan las mayorías en el departamento, ni en la Asamblea.

Añadió que la elección de las comisiones no tiene un sesgo de género, simplemente quedaron conformadas y quienes perdieron son la minoría. Toda se enmarca en la dinámica de las mayorías y minorías. 

Mancipe hizo además duros cuestionamientos a la prensa casanareña, por divulgar sus intervenciones en los medios "en un año de campaña nunca había tenido tantos medios, tanto despliegue mediático, ni de redes sociales, como lo tuve ayer. A ellos les agradezco de verdad porque me hicieron demasiada publicidad y me salió gratis", dijo en tono airado.

En su turno del uso de la palabra, Luz Mery Niño manifestó que con esta discusión están confundiendo y tratando de desviar el tema principal de la exclusión, abordando un problema personal.

Que no se tuvo en cuenta la violencia política en contra de las dos diputadas. Que las llamadas mayorías se utilizaron para dar un voto en contra, para que las mujeres pertenecieran a las comisiones permanentes.

Igualmente acotó que  crearon la comisión de la mujer y le colocaron 3 votos de mayorías, para que las diputadas no pudieran decidir. Son cinco los integrantes, de los cuales  tres pertenecen a las mayorías.

Por su parte Marisela Duarte señaló que las palabras del diputado Mancipe le dolieron, que no le interesan ni las mayorías ni las minoría, que su único interés trabajar por todo el departamento, porque está representando a todos los casanareños, no solo a lo que votaron por ella.

También dijo que se ha sentido maltratada, pero que continuará adelante con su trabajo desde la Asamblea.

La respuesta de García

Jorge Eduardo García también respondió a sus detractores. Sobre su colega Mancipe dijo acusa falta de conocimiento en el manejo de la Asamblea e inexperiencia.  

Le aclaró que no asistió el día de la sesión de la comisión de la mujer, porque no pertenece a la misma y en esa ocasión fue que se divulgaron las acusaciones en su contra.

Recalcó varias veces que no tiene ninguna denuncia por acoso laboral, ni por violencia contra la mujer, por lo que aseguró que quienes así lo afirmaron tendrán que retractarse. Además anunció que interpondrá una denuncia en la Fiscalía.

En cuanto a las mayorías y minorías es un tema normal, en la dinámica política, pero no se pueden coartar el derecho de los demás, en este caso de las diputadas Marisela Duarte y Luz Mery Niño.

Insistió también que durante su presidencia nunca le quitó  funciones a nadie y no hay un acto administrativo que lo sustente. Tampoco estuvo de acuerdo con que el señalamiento de estar revictimizando a la secretaria de la Corporación.

Cuestionó al presidente Heyder Silva, de quien expresó que tuvo una actitud grosera en una reciente sesión, porque abandonó el recinto y no quiso atender a la prensa. Aseveró que hay videos que corroboran esta afirmación.

Lo invitó a seguir leyendo el reglamento interno de la Asamblea porque lo ha visto un poco perdido dirigiendo las sesiones. Desmintió que haya pagado a medios de comunicación, para que hicieran publicaciones a su favor.

Recordó finalmente que la exclusión de las diputadas es el verdadero fondo del asunto, que por estos días ocupa la atención de la Asamblea Departamental de Casanare.

Los excandidatos a la Asamblea de Casanare del partido Colombia Renaciente, manifestaron su preocupación por  los resultados que se viene presentando en el proceso de escrutinio.

Así lo expresaron en rueda de prensa adelantada en las instalaciones de Unitrópico, donde se llevan a cabo los escrutinios departamentales.

La versión de Colombia Renaciente apunta a que su diputado electo Wilder Ávila se le está embolatando la curul, debido a que en el escrutinio, de manera inexplicable, se viene decreciendo el número de votos por esta colectividad, mientras que los de Cambio Radical crecen de manera vigorosa.

En este punto coinciden Rolfer Martínez, Wilmer Ávila, Giovanni Sánchez, Jorge Brito, Tarquino Rincón, Salvador Camelo y el presidente de Colombia Renaciente en Casanare, el concejal de Yopal, Wilmer Betancourt.

Martínez sostuvo que en el preconteo tenía una diferencia de 865 votos, sobre Cambio Radical, que presentó lista cerrada, pero que ahora esa cifra se redujo a 350 votos.

Esta versión la complementó Giovanni Sánchez quien dijo que en su caso personal, vio como en Aguazul su votación pasó de 131 a 81 sufragios.

Para ellos pueden existir suspicacias en el proceso, por eso están atentos todos los candidatos en compañía de un grupo de abogados, para evitar que la curul se les vaya de las manos.

En este diálogo con los medios mencionaron que el punto de partida de esta situación, fueron las reclamaciones hechas por Nay González, en el momento en que se enteró que la señora Marisela Duarte aceptaba la curul que le concede el Estatuto de la Oposición, por haber obtenido la segunda mayor votación a la Gobernación.

Dicha aceptación dejaba por fuera a González, hasta ese momento diputado electo, por Cambio Radical, lo que motivo las referidas objeciones, que ahora son el centro de la controversia política.

En concepto del grupo de líderes de Colombia Renaciente, estas reclamaciones están fuera de los tiempos que dice la ley. “La norma es clara, que si no viene ninguna objeción en los escrutinios municipales, que terminaron en el pasado lunes, cualquier recurso que se interponga después es extemporáneo”, indicó Jorge Brito.

Wilmer Betancourt expresó que al interior de Colombia Renaciente se hizo un análisis de las reclamaciones del Nay González. “Vemos que son improcedentes cada una de las siete reclamaciones que hace el Cambio Radical”.

Por el momento, precisó Betancourt, se debe esperar a la respuesta que entregarán hoy a las 2:30 de la tarde, a Cambio Radical. Pronunciamiento que confía confirme la improcedencia de dichas objeciones y que se ratifique la curul de Wilder Ávila.  

Luego de alcanzar la segunda votación más alta a la Gobernación de Casanare, la candidata por el Centro Democrático, Marisela Duarte será diputada del departamento.

Duarte decidió aceptar la curul que le reserva el Estatuto de la Oposición, a quienes obtengan el segundo lugar en las elecciones territoriales, tanto a gobernaciones como alcaldías.

La decisión de ocupar una silla en la Asamblea de Casanare, para el periodo 2024 -2027, la hizo pública a través de una carta enviada a la comisión escrutadora y que ha tenido amplia difusión en redes sociales.

Con la llegada de Marisela Duarte a la Corporación, el candidato a la Asamblea por Cambio Radical, Nay González, se quedó sin curul.

La Comisión Segunda de la Asamblea Departamental aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza 023, por medio del cual se establece el presupuesto del departamento para la vigencia 2024.

En materia de cifras, la entidad territorial dispondrá para el próximo año de 707 mil 202 millones 952 mil 099 pesos con 52 centavos, según información entregada por la secretaria de hacienda departamental, Alba Lucy Cruz.

De dicha cantidad el rubro destinado a gastos de inversión es de 336 mil 398 millones 281 mil 324 pesos con 30 centavos,  los cuales serán distribuidos de la siguiente manera.

La Asamblea Departamental de Casanare, se dio luz verde  en primer debate en comisión, a dos proyectos de ordenanza relacionados con la enajenación y transferencia gratuita de bienes muebles propiedad del Departamento.

Desarrollo: Los proyectos de ordenanza fueron aprobados durante la sesión de este martes 12 de septiembre. El primero busca otorgar autorización al gobernado, para enajenar a título gratuito el derecho real de dominio de diversos equipos de cómputo, comunicación, activos intangibles, muebles y enseres propiedad del Departamento.

La segunda iniciativa tiene como objetivo autorizar al gobernador para transferir a título gratuito el derecho real de dominio de once tractores agrícolas a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante el año 2023.

Esta maquinaria agrícola fue adquirida en el marco de un convenio interadministrativo, con el propósito de mejorar la producción en sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores del departamento.

Ambas propuestas pasarán a su segundo debate, para su eventual aprobación final.

Duras declaraciones dio la secretaria general de la Asamblea Departamental, Diana Jarro, como respuesta al pronunciamiento que hizo el presidente de la Corporación, Jorge Eduardo García, con respecto a las denuncias de acoso laboral, donde el diputado ha estado en el ojo del huracán.

Jarro dio a conocer en días pasados un supuesto caso de acoso laboral, por parte del presidente de la Asamblea, ante la comisión de ética de esta Corporación, y a través de medios de comunicación.

Ante estas denuncias García reclamó el derecho a la réplica y en declaraciones a distintos medios de comunicación, negó la situación y por el contrario se declaró víctima de un acoso mediático.

El primer tema abordado por la secretaria quien es abogada de profesión, estuvo relacionado con el tema del trámite interno que deben cumplir los proyectos de ordenanza.

Indicó que le ordenaron enviar tres informes de ponencia y que por equivocación los remitió a algunos diputados, que no hacían parte de la comisión de presupuesto y hacienda pública, quienes debían iniciar los respectivos debates.

Sin embargo este yerro se solucionó rápidamente, sin mayores contratiempos. Basada en estas afirmaciones desvirtuó lo dicho por García ante los medios de comunicación, en donde dijo que, por culpa de ella, la fecha del proyecto de ordenanza 014 se había modificado en tres ocasiones.

Otro punto sobre el cual hizo referencia, fue sobre unos mensajes de What´sApp, donde el presidente de la Corporación, señaló que recibió mensajes oprobiosos. La secretaria recalcó que ha sido el presidente de la Asamblea, quien la ha sometido al escarnio público y puesto en vilo su trabajo.

“Nunca me he caracterizado por ser un profesional despótica, ni grosera, ni atrevida, por el contrario aguanté todo este tiempo, casi seis meses, pidiéndole permiso para todo”, precisó Diana Jarro.

En cuanto a la suspensión de funciones, expresó que el año pasado le fue otorgada la facultad de ser la supervisora de los contratistas y este año dicha labor le fue denegada.

Para Jarro esta situación conllevó a que presuntamente, los profesionales contratados no acaten las solicitudes de la secretaria general. De esta manera ya no ejerce como jefe de talento humano de la Asamblea. Ahora el presidente es quien contrata supervisa y quien liquida.

También se refirió a un supuesto trámite indebido a los proyectos de ordenanza. Subrayó que no es cierto, que es él quien ha incurrido en esta práctica.

Mencionó que el reglamento interno de la Corporación estipula que el ponente del proyecto de ordenanza, es quien debe entregar el informe de ponencia al presidente de la Asamblea y éste a su vez se encargará de hacerlo llegar a los demás diputados.

“Él nunca lo hace, soy yo quien lo hace. Soy yo la que tengo que rogar para que me envíen un informe de ponencia, para poder cumplir con los términos que establece el reglamento interno”.

Pero como toda regla tiene su excepción, de los 16 proyectos de ordenanzas tramitados en lo que va corrido del presente año, existen dos propuestas, la primera es la 014, que tiene como objetivo trasladar unos recursos a Capresoca 014 y la otra es la 016, que personalmente García ha diligenciado, conforme a lo consagrado en la ley.

Ahí surge otra controversia, porque la secretaria sostuvo que con este proceso en particular de los dos proyectos citados, el diputado la culpa de torpedear este proceso y darle un trámite inadecuado, situación que ella negó tajantemente.

“Es una afirmación tendenciosa. Es una afirmación perversa con la cual quiere hacer ver que soy una mala profesional, que no hago mi oficio”.

También desmintió el supuesto respeto por las mujeres, que hizo público el diputado.  “Esa afirmación es más falsa que todas las anteriores. A mí me ha sometido en el curso de este año, a diferentes actos de acoso, de discriminación, de persecución, de sabotaje”

Situación que recordó, se encuentra plasmada en un oficio, donde dio a conocer los actos de sabotaje en su contra por parte de los empleados, traducidos en negarle el acceso a la información y a hacer caso omiso a los requerimientos de la Secretaría General.

Incluso reveló que conoció por intermedio de otro diputado, de quien se reservó el nombre, que el presidente había comentado, que tuvo que tomar estas medidas en contra de la secretaria, para evitar que el también vicepresidente de la Corporación, Carlos Fredy Mejía, siguiera manejando la presidencia de la Asamblea por interpuesta persona.

La cereza del pastel  de la discordia, fue una incursión indebida en la vida personal de la funcionaria. Según Diana Jarro tuvo “la cobardía de afirmar que yo era la amante del diputado Carlos Fredy Mejía. Eso es violencia psicológica. Eso es violencia emocional contra la mujer y eso dio lugar a que me incapacitaran por tres días”.

Finalmente la secretaria de la Asamblea recalcó que todo este lío debe llevarse a los entes de control y a la Fiscalía. De todas formas aclaró que esta situación debió manejarse con altura al interior de la Corporación.

El presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Eduardo García, consideró que las críticas en su contra que terminaron en escándalo, obedecen a un matoneo mediático al que ha sido sometido.

Explicó que el primero de estos señalamientos está relacionado con unos requerimientos técnicos que hizo, durante las sesiones donde se abordó el tema de Capresoca. En su concepto desde ese momento vino todo un matoneo, juzgamientos, acusaciones fuera de base en contra de su nombre.

Luego vino un segundo episodio donde lo denunciaron por un posible caso de acoso laboral. En este punto aseguró que se enteró de la situación por los medios de comunicación y no de manera formal, por  un oficio o cualquier otro mecanismo utilizado en estos casos.

Agregó que lo que sí ha recibido son insultos. “Me llegó un correo donde me dicen cosas terribles acerca de mi integridad, no solo de mi envestidura como diputado, sino contra mi persona”, recalcó.

Ante esta situación durante el desarrollo de la sesión plenaria del 11 de julio a las 7 de la noche, solicitó ante el recinto de la Asamblea le permitieran hacer uso del derecho a la réplica, para poder entregar su versión acerca de los hechos de los cuales se le acusa.

Dentro del listado de agravios a los cuales fue sometido, mencionó la sesión de la Comisión de Ética de la Asamblea, llevada a cabo el mismo 11 de julio, en horas de la tarde.

“A las 2 de la tarde me hicieron señalamientos terribles y no me han permitido un debido proceso, donde pueda controvertir de lo que me acusan”, insistió el diputado.

Sobre el supuesto acoso laboral indicó que lo único que hizo fue un llamado de atención, con respecto al buen funcionamiento de la Asamblea Departamental.

Subrayó que nunca le ha quitado funciones a ningún funcionario de la Corporación y conminó a quienes lo acusan, que muestren el acto administrativo donde se pruebe que incurrió en esta actuación.

Por el contrario comentó que tiene  las pruebas de los mensajes de  What’sApp, donde hay mensaje oprobiosos en su contra y donde su interlocutor, le contesta de mala manera sus mensajes.

Es por ello que se declaró partidario que la Procuraduría tome cartas en el asunto, para dar claridad a este tema y que proceda conforme a la ley.

Reveló igualmente que se han presentado errores en los trámites de los proyectos de ordenanza y su reacción frente a este tipo de anomalías, se suman a la fuente de justificaciones para denunciarlo por acoso laboral,

“Por ejemplo, que no se envían a tiempo y por eso yo he llamado la atención y por esta situación hoy tenemos estos inconvenientes, pero yo tengo un mandato, no solamente con la gente, sino que el día de mi posesión juré respetar la constitución y  la ley y eso es la que he hecho a cabalidad”.

Consideró que esta actitud es la que le ha ocasiono todos estos inconvenientes. “Pedir que las cosas se hagan bien. Yo estoy mamado como joven que en este departamento se hagan las cosas mal. Yo estoy cansado que aquí que aplauda la mediocridad. Yo quiero es cuidar esta Asamblea Departamental”.

Otra supuesta irregularidad cometida por el presidente de la Asamblea Departamental y de la cual también se pronunció, fue la modificación de estatutos y tráfico de influencias.

Al respectó expresó que en 2018 “quedó en firme un fallo donde le daba una sanción a unos diputados, entre los cuales se encuentra mi seños padre, con una deuda cercana a los 16 millones”.

Sin embargo desde esa fecha hasta hoy ninguno de los diputados que ocupó la presidencia de la Corporación durante todo este lapso, gestión el cobro de esos dineros.

“La pregunta es qué pasó con los presidentes de la Asamblea desde esa época que no cobraron esos dineros. Qué pasó con el diputado Carlos Fredy Mejía que no cobró esta multa en 2022.

Precisó que en 2023 cuando llegó a la presidencia de la Corporación, le informaron en un informe de secretaría sobre esta situación. En este caso pidió la documentación respectiva para adelantar la investigación de rigor.

Actuación de la cual manifestó que tiene toda la evidencia por escrito. Añadió que este año prescribe la sanción y ante una imposibilidad suya para adelantar el cobro, le solicitó al hoy vicepresidente de la Asamblea, que adelantara ese proceso.

Hizo hincapié que los recursos públicos son sagrados. “Sin importar que sea mi papá, que sea mi mamá, puede ser mi abuelita, pero la ley es para todos y ante esa ley todos somos iguales”.

Por eso reiteró que todo este tema es un ataque político, programado para atentar contra su buen nombre.