Durante el último cuatrienio la Fiscalía General de la Nación judicializó a 107 personas de ocho bandas criminales que operaban en el departamento.

La Fiscalía Seccional Casanare impactó las estructuras narcotraficantes que afectan la seguridad en esta parte del país, y durante el último cuatrienio desmanteló 19 grupos delincuenciales entre los que están Los primos, Los Pasquín, Los Intocables, Los Berlín, Los Cripy, Los Chamos, Los Propios y Los Fénix, entre otros. Estas redes criminales venían afectando la seguridad y la tranquilidad de niños, niñas, adolescentes y residentes en general de los municipios de Yopal, Aguazul, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Maní, Paz de Ariporo, Pore y ‘Los de La Décima’; entre otros.

Labores de policía judicial posibilitaron que la Fiscalía General de la Nación judicializara a 107 personas a quienes les fueron impuestas medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

‘Los de La Décima’

La contundencia del material probatorio aportado por el ente acusador permitió que 11 de los 13 presuntos integrantes de esta red de crimen que fueron capturados y judicializados, aceptaron su responsabilidad en cuanto a los delitos de concierto para delinquir y tráfico fabricación o porte de sustancias alucinógenas. Varios suscribieron preacuerdos en los que se comprometen a colaborar con la justicia.

La priorización de las investigaciones por los delitos de extorsión y secuestro permitió que durante el 2023 fueran destacados equipos especializados, lo cual permitió que los casos denunciados en Casanare por estos fenómenos criminales fueran resueltos en un 85 por ciento, por la seccional de la Fiscalía, a cargo del fiscal, Anderson Pinilla.

Según la institución, las cifras de la vigencia 2023 fueron contundentes: Se recibieron 7 casos de secuestro de los cuales se resolvieron 6.

Uno de los casos que más impacto causó en la población de Villanueva estuvo relacionado con el secuestro de la madre del alcalde local. La víctima fue plagiada en su propia finca. La rápida reacción de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula del Ejército y de la Policía Nacional posibilitó ubicar a la mujer quien fue rescatada sana y salva.

Los presuntos implicados fueron capturados y judicializados. La contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía hizo que Jhon Arley Arias, implicado en el hecho suscribiera un preacuerdo y fuera sentenciado a 14 años de prisión. Yeison Arquímedes Plata, capturado el 11 de septiembre anterior, se encuentra privado de la libertad en centro carcelario y adelanta un preacuerdo con la Fiscalía.

Por su parte, Carlos Alonso Gómez y Sonia Torres, también capturados por el secuestro de la madre del mandatario fueron cobijados con medidas de aseguramiento carcelarias y ya se presentó el escrito de acusación.

Comienzan a salir a luz pública los resultados de la investigación que adelantan las autoridades, sobre el caso de secuestro de la señora Hilda Pachón,  progenitora del alcalde de Villanueva Oswal Fontecha, perpetrado el 11 de julio de este año.

En las últimas horas la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un hombre y una mujer, quienes según las autoridades participaron en el plagio de la señora Pachón.

El comandante del Departamento de Policía Casanare, teniente coronel Efraín García, aseveró que estas personas hacen parte de una red de apoyo, al frente 39 de las disidencias de las Farc.

Su trabajo consistía en  hacer labores de inteligencia, para perfilar las posibles víctimas de extorsión y secuestro, en los departamentos de Casanare Vichada y Meta.

Luego ejecutaban la acción delictiva, es decir procedían a perpetrar el plagio y para después entregar a la  persona secuestrada, a  miembros del frente 39 de las disidencias de las Farc, que se encargaría de hacer las respectivas exigencias de dinero.

Por su parte el director seccional de fiscalías, Anderson Pinilla, indicó que el ente investigador posee suficiente material probatorio, para vincular por lo menos a 4 personas más, en el secuestro de Hilda Pachón.

Pese a que el sujeto detenido es integrante del frente 39 de las disidencias de las Farc, se logró establecer que también estaba vinculado con las redes de apoyo, las cuales son bandas delictivas dedicadas a realizar tareas específicas ordenadas por los grupos armados ilegales, pero sin pertenecer de manera directa a los mismos.

En este orden de ideas se podía llegar a calificar esta labor delictiva, como una tercerización del accionar ilícito. Las capturas se hicieron efectivas en Villanueva (Casanare) y Puerto Concordia (Meta).

Para la Fiscalía y la Policía el individuo detenido cumplió la labor de perfilar a la víctima, en este caso la señora madre del alcalde Fontecha y luego se encargó de organizar el plagio.

A este sujeto se le imputaron los cargos de secuestro agravado, en concurso con porte ilegal de armas de fuego, así como hurto calificado y agravado.

La detenida es señalada de acoger a la víctima, por eso enfrenta cargos por  secuestro agravado. Delitos antes mencionados, tienen una pena máxima de 45 años.

Finalmente el director seccional de fiscalía dijo que un juez de control de garantías, les impuso medida de aseguramiento preventivo, en establecimiento carcelario. Los capturados no aceptaron cargos.

Los miembros de Asonal Judicial en Casanare se sumaron al plantón pacífico convocado por las directivas nacionales de ese sindicato, para expresar su preocupación por la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales, que afectan tanto a la rama judicial como a la Fiscalía.

Durante la manifestación, el fiscal Rodrigo Meneses mencionó algunos de los problemas, que afrontan jueces y fiscales, lo que a la postre afecta negativamente la prestación del servicio al usuario.

Uno de los principales reclamos de la comunidad, se centra en la demora en los procesos judiciales, sin embargo lo que desconoce la ciudadanía son las difíciles condiciones laborales, en las cuales deben trabajar los funcionarios del sector judicial.

Contó hay casos donde los fiscales se ven obligados a atender entre 3 y 4 despachos,  sin contar con asistentes ni empleados, mientras que los juzgados tienen que lidiar con la enorme carga, de 4 mil procesos por año. Esta situación dificulta enormemente la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios.

Además, se denunciaron problemas de acoso laboral y traslados inconsultos, especialmente en la Fiscalía a nivel nacional, muchos de los cuales se perciben como castigos o intimidaciones, sin tener en cuenta el impacto que tienen, sobre las familias de los fiscales.

También se han reportado casos de funcionarios enfermos debido a la excesiva carga laboral.

Otro aspecto preocupante es el impacto de la reforma pensional, en los nuevos miembros del sistema judicial. En total, las peticiones al Gobierno nacional se resumen en 14 puntos.

En este listado de rémoras, se hizo alusión a los juzgados civiles municipales, que es uno de los grupos más afectados por la sobrecarga laboral.

Estas autoridades judiciales acumulan más de 2.000 procesos en trámite inicial y 1.300 en trámite posterior. Cada juez debería manejar un máximo de 426 procesos al año, pero se encuentran desbordados.

A pesar de las solicitudes realizadas al Consejo Superior de la Judicatura, aún no se ha dado trámite a la petición de creación de dos nuevos juzgados civiles municipales.

También se advirtió por parte de los manifestantes que la situación en los penales municipales, es aún más grave. Se denunció el caso de una juez que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Además, se informó que faltan herramientas básicas como papel y elementos digitales, para llevar a cabo el trabajo diario. Aunque se reconoció que el Gobierno nacional ha invertido recursos en equipos electrónicos, los mismos fueron entregados a las altas cortes.

Y los computadores que sobraron en Tunja y Bogotá fueron enviados a Casanare, los cuales a la postre resultaron vetustos, por lo que no están a la altura del arduo trabajo que tienen juzgados y fiscalías en el departamento.

Sale nuevamente a la escena mediática la comunidad del anillo. Nombre con el que se conoció un escándalo mediático que involucró a dos oficiales de la Policía, acusados de tener una red de servicios y favores sexuales al interior de la Escuela General Santander.

Este tema que fue de connotación nacional, luego de las denuncias hechas en 2014 por varios medios de comunicación, que investigaron el presunto suicidio de una cadete.

A la postre se dejó abierta la hipótesis que su muerte, que se dio en extrañas circunstancias, estaría liga con la posible denuncia que haría sobre estos favores sexuales, al interior de la escuela.

Hoy, nueve años después la Fiscalía anunció que una juez una juez penal de conocimiento emitió un sentido de fallo condenatorio, en contra de los coroneles en retiro de la Policía Nacional, Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela.

En la versión entregada por la Fiscalía a través de un video difundido por redes sociales, la autoridad judicial declaró a los dos oficiales retirados, responsables del delito de constreñimiento a la Constitución.

Añade el material audiovisual que un fiscal de la dirección especializada contra la violación de Derechos Humanos, demostró en juicio que el señor Castellanos Soto, frecuentó entre 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander.

El objetivo de estas visitas era contactar jóvenes para ganarse su confianza, con regalos e invitaciones a almorzar o con eventos deportivos o culturales y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales.

Menciona igualmente la información de la Fiscalía que durante el proceso fueron identificados 5 alféreces, quienes en medio de amenazas de poder continuar con su carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.

Para el caso de Torres Orjuela, quien por aquella época ostentaba el rango de mayor y quien tenía a su cargo el control de estudiantes de la escuela, intimidó a las víctimas y facilitó la salida de la institución, para que tuviera los encuentros con su superior Castellanos Soto.

Una llamada telefónica es la única pista que tienen los familiares de Yoleinnys Jiménez sobre su paradero. Ella es una mujer de 39 años viuda, con tres hijos y quien había llegado desde Venezuela, estado Apure, hace algunos años a Casanare, en busca de un mejor porvenir.

Este domingo 20 de agosto fue la última vez que se tuvo noticias suyas. Se contactó con una amiga desde una finca en Tilodirán, donde se encontraba cumpliendo con unos turnos de trabajo, en oficios varios que incluían labores propias de cocina y atención al personal que labora en el lugar.

La llamada la hizo del teléfono de su compañero sentimental, quien por esos días ejercía como encargado de la finca, pues sus funciones cotidianas eran las de ordeñador.  Asumió el nuevo cargo de manera temporal, debido al fallecimiento de la esposa del encargado titular.

Así lo confirmó días después Yairith García, cuñada de Yoleinnys, quien se encuentra desaparecida desde ese día. En su relato también contó que su familiar tuvo una relación sentimental con el personaje en mención por espacio de tres años, pero luego de algunos abusos y agresiones por parte el hombre, decidió terminarla.

Rememoró que en una ocasión, en medio de una fuerte discusión, el sujeto la golpeó con una piedra y fue de tal magnitud el escándalo, que fue necesario llamar a la Policía, que le impuso un comparendo al agresor.

Una de las decisiones que tomó el encargado temporal, fue llamar a Yoleinnys para que hiciera unos turnos en la finca La Melania.

Ella aceptó por la necesidad que tenía de comprarse un celular, pero lo que no imaginaba era el escabroso final que le esperaba.

Ante el prolongado silencio de la señora Jiménez, de quien se perdió todo contacto desde el domingo a las 7 de la mañana, la familia decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía, sin embargo la respuesta del ente investigador les dejó el amargo sabor de la desilusión.

El lunes 21 de agosto fueron a la casa, de quien sospechan es el agresor. Él al sentir la presencia de las autoridades emprendió la huida. Solo hasta el martes fue capturado, porque la familiar lo entregó. Precisó la cuñada de la víctima en su diálogo con los medios de comunicación.

El presunto responsable fue interrogado. Solo atinó a decir que Yoleinnys salió de la finca a las 6 de la mañana y que desde ese momento no sabe nada de ella.

Versión que los familiares de la desaparecida ponen en duda, porque la última llamada que ella hizo quedó registrada a las 7 de la mañana y desde el teléfono del ordeñador de La Melania.

También dijo Yairith que el sujeto presentaba algunos rasguños en su rostro, moretones, pero estas huellas en la cara no son pruebas suficientes para mantenerlo detenido.

Ante la inocuidad de la acción de las autoridades, decidieron por cuenta propia ir hasta La Melania, para buscar alguna pista de su cuñada.

Allí también llegó la Fiscalía que se limitó a tomar una foto, como lo explicó García, quien agregó que estos funcionarios les dijeron a los familiares de la desaparecida, que hasta ese punto los podía ayudar.

El desconcierto vino cuando recibieron la respuesta para justificar esta actitud. Según García, el ente investigador aseguró que no dispone de los recursos para llevar caninos adiestrados y continuar con la búsqueda del cuerpo, tampoco cuentan personal para internarse en la sabana y cumplir con esta tarea. La precariedad del Estado, es inimaginable.

“Ellos nos sugirieron a nosotros que buscáramos el cuerpo de ella y cuando lo encontráramos los llamáramos para ellos recoger el cuerpo”, indicó Yairith quien agregó, que igualmente les prohibieron acercársele al presunto agresor o cualquiera de sus familiares.

Situación que la familia consideró inhumana porque independientemente de la nacionalidad de la víctima, es un ser humano y tiene derechos en cualquier parte del mundo.

Como si faltara una dosis adicional a este martirio, en la finca fueron testigos de un hallazgo espeluznante. Observaron una carretilla con rastros de sangre mezclada con fango, junto con unas herramientas utilizadas en trabajos de excavación y que no se encontraban en el lugar que habitualmente deberían ir.

También hallaron rastros de un intento de cavar una fosa, con la longitud suficiente para enterrar una persona. Ante este laberinto de dudas sin resolver, ni apyo eficaz del Estado, esperan una ayuda real por parte de las autoridades.

Del señalado responsable dijo que  en su círculo laboral y de amigos, lo conocen como una persona correcta, por lo que se resienten a creer que haya podido cometer este hecho.

También manifestó que en una ocasión trató de abusar a la hija mayor de Yoleinnys, en su propia casa. Así mismo lo describió como una persona insegura, excesivamente celosa y que esa tal vez pudo haber sido la causa, que llevó a que esta historia tuviera ese triste desenlace, pletórico de dolor, sangre y peligrosamente enrutado por el camino de la impunidad.

La Fiscalía reportó la captura de un sujeto de 26 años de edad, quien al parecer sería el responsable de quitarle la vida a un joven de 18 años con arma blanca.

El reporte oficial señala que el hecho ocurrió en la calle 45 con carrera 10ª de Yopal, hasta donde llegaron uniformados de la Policía para atender un caso de riña callejera, que era protagonizada por las dos personas antes mencionadas.

El detenido, según lo explica el boletín de la Fiscalía, habría herido en 4 oportunidades al joven de 18 años con un objeto corto punzante. Agresión que terminó con el deceso de la víctima.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Casanare, le imputó cargos homicidio, y aunque el indiciado no aceptó los cargos, el juez con función de control de garantías acogió las pretensiones del ente acusador, legalizó su captura y le impuso una medida carcelaria en su contra.

El capturado presenta cuatro antecedentes judiciales por delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y daño en bien ajeno.

Dos mujeres y un hombre fueron capturados en el municipio de Paz de Ariporo, acusados de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Así lo reveló la Fiscalía General de la Nación, a través de boletín de prensa.

El ente acusador indicó que a los detenidos les fueron encontradas sustancias psicoactivas como marihuana, bazuco, cocaína, munición para armas de fuego de diferentes calibres, un proveedor y elementos para la dosificación de drogas.

La Fiscalía agregó que estás personas comercializaban dichos productos ilícitos, mediante la modalidad de olla, como se les conoce a los puntos fijos de distribución de estupefacientes.

Estas capturas fueron posibles luego de diligencias de allanamientos en los barrios La Esperanza y Los Alelíes, de Paz de Ariporo. La entidad investigadora manifestó que los detenidos presentan antecedentes por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Así mismo la persona de sexo masculino tiene vigente una condena de 3 años, por el delito de concierto para delinquir.

En otra acción judicial un juez acogió la solitud hecha por la Fiscalía y legalizó la captura de una mujer detenida el pasado 15 de agosto, al interior de una vivienda en el barrio La Esperanza, de esta misma localidad.

Según las autoridades a esta persona se le encontró en su poder sustancias psicotrópicas, por lo que su detención se dio en flagrancia. A ella se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Héctor José Buitrago Rodríguez recibió una nueva condena a 12 años y 8 meses, así como al pago de 1.866 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Fiscalía informó que alias “El Patrón” fue hallado responsable de la tortura, homicidio y desaparición forzada, del ciudadano Capitalino Garzón Patiño, asesinado el 28 de enero de 2002, en Aguazul.  

Buitrago Rodríguez es recordado por ser el fundador de las Autodefensas Campesinas de Casanare y los hechos por los cuales fue condenado, acaecieron el 28 de enero de 2002 en Aguazul. La víctima fue identificada como Capitolino Garzón.

Buitrago quien se encuentra recluido en la cárcel de Combita, lideró junto con sus hijos la ACC, grupo armado ilegal que tuvo fuerte presencia en el departamento de Casanare, durante la década del 90 y los albores del siglo XXI.

La Fiscalía General de la Nación consiguió que un juez de la República impusiera medida de aseguramiento intramular, a un exinvestigador del CTI de esa entidad, por su presunta responsabilidad en el ofrecimiento de dinero, al testigo de un secuestro que tenía el ente investigador.

Todo el caso gira en torno del plagio de un hombre de 60 años, ocurrido en Granada (Meta). Delito en el cual también estaría implicado el exagente del CTI.

Según la investigación del caso, el funcionario habría ofrecido al testigo 10 millones de pesos y una cédula falsa para salir del país, a cambio que cambiará su versión sobre los hechos referidos al secuestro extorsivo agravado, ocurrido en octubre de 2019.

El procesado habría exigido junto con otras 6 personas el pago de quinientos millones de pesos, por la liberación del secuestrado, quien finalmente escapó de sus captores en enero de 2020. La exigencia económica la hicieron a nombre del ELN.

El exservidor público fue capturado en Villavicencio y presentado para su judicialización, por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.