El Tribunal Administrativo de Casanare se pronunció frente al incidente de nulidad, solicitado por la concesionaria Setty, que argumentaba como cosa juzgada todo el proceso de nulidad del Acuerdo municipal que creo la concesión y el respectivo contrato, celebrado entre el Municipio y la entidad en mención, para manejar todo lo relacionado en el RUNT, como comparendos, parqueaderos y demás.

Este fallo fechado el 14 de agosto de 2023, hace relación a una demanda de nulidad interpuesta por el entonces concejal Leonardo Puentes.

La solicitud de nulidad del proceso solicitada por Setty argumenta que en los relacionado con el Acuerdo Municipal en mención, el número 23 de 2013, ya tenía una demanda de nulidad presentada por Oromairo Avella.

Proceso judicial sobre el cual se presentaron dos fallos de primera y segunda instancia, el 02 de julio y el 22 de octubre de 2015. Acciones que la concesionaria interpretó como cosa juzgada y por eso solicitó el incidente de nulidad.

Dentro del proceso el demandante esgrimió que el tema de cosa juzgada, quedó resuelto desde la primera instancia, sin embargo en lo que consideró como una maniobra dilatoria del proceso, Setty apeló la decisión judicial.

La autoridad judicial en sus consideraciones para resolver este caso, apeló al Artículo 208 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en Colombia, que a su vez se sustenta en el Artículo 133 del Código General de Proceso, donde se establece las causales de nulidad.

También trae a colación la providencia un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el tema.

Luego del respectivo estudio de la normativa y basados en los Artículos anteriormente mencionados, Tribunal terminó rechazando el incidente de nulidad planteado por Setty.

Ahora, según los expresó el exalcalde Leonardo Puentes, solo resta esperar el fallo definitivo de la autoridad judicial, en el caso del proceso de nulidad del Acuerdo que creó la concesión y el posterior contrato entre esta empresa y el Municipio.

Hoy a las 2:30 de la tarde la Administración municipal sostendrá una reunión con el asesor jurídico de la Alcaldía, para abordar el tema de fallo judicial que obliga al Gobierno local a pagar más de 4 mil millones de pesos a la unión temporal Setty.

Así lo explicó secretario de hacienda, Mauricio Moreno, quien dijo además que de concretarse este pago, sería bastante  lesivo para las finanzas del Municipio.

Precisamente en lo referente al área de ingresos, la situación es bastante próspera para las arcas municipales. “En los 80 años de vida administrativa, no se había tenido un recaudo superior a los 76 mil millones de pesos. Nosotros cerramos a 31 de diciembre de 2022, con un cifra histórica de107 mil millones de pesos”.

Buenos tiempos que incluyen convertirse a partir de julio en un municipio de primera categoría, estatus que le permitirá ganar un 5 por ciento más adicional, en temas de inversión.

Rubro que según el secretario de hacienda será redirigido al sector de educación, que tiene notorias falencias. Cada año la se presenta la misma situación con la falta de recursos para financiar la canasta educativa, adicional a otras problemáticas de infraestructura, entre otros.

“La idea es fortalecer en ese proyecto de acuerdo que se está trabajando con cada una de la secretarias, en la construcción del presupuesto de la vigencia 2024”, precisó el titular del despacho de hacienda.

Frente a un posible embargo de las cuentas del Municipio para pagar la deuda de Setty, Mauricio Morena precisó que lo único que pueden embargar, son las dineros provenientes del pago de impuestos.

Sin embargo ante un eventual panorama adverso sobre esta situación, mencionó que la Alcaldía tiene a disposición un fondo de contingencias, creado por acuerdo municipal.

Allí se tiene un ahorro programado para atender, este tipo de situaciones. Aunque fue creado recientemente, posee en sus arcas cerca de 3 mil millones de pesos.

De todas formas aclaró, que si definitivamente no tienen alternativa y el Municipio se ve obligado a pagar los más de 4 mil millones de pesos a Setty, sería un golpe muy fuerte para las finanzas de la entidad territorial.

Luego de la fallida rueda de prensa en la cual la Alcaldía de Yopal iba a hacer entrega oficial de un terreno a la unión temporal Setty, Javier Pérez Castillo de la comunidad de Mi Nueva Esperanza, se pronunció frente a esta situación.

La actividad fue convocada por la Administración municipal  inicialmente para el martes 18 de abril  a las 10:30 de la mañana, sin embargo fue postergada para el día siguiente a las 9:00 a.m.

Durante el acto llegaron al lugar varios habitantes de Mi Nueva Esperanza, quienes se oponen a que el Gobierno local realice dicha cesión a la mencionada unión temporal.

Estas personas argumentan que el terreno ubicado en la carrera 5 con calle 42, ya les había sido adjudicado desde mandato de Leonardo Puentes y hace parte de la reubicación del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza.

Ante esta situación el secretario de gobierno de Yopal decidió suspender la rueda de prensa, que terminó de manera intempestiva.

Consultado sobre las razones de la negativa por parte de la comunidad, Pérez Castillo manifestaron desconocer el acto administrativo, mediante el cual le entregaron el predio a Setty, para luego determinar qué tipo de acción emprender. 

También declaró que no lo convence el argumento de la Alcaldía, donde asegura que en el lugar no se puede llevar servicios públicos.

Para el líder este planteamiento debería cobijar cualquier proyecto que se pretenda realizar, pero en este caso según Javier Pérez, para temas de vivienda no se puede suministrar servicios públicos, pero para otras propuestas como la de Setty, si se puede hacer.

Sostuvo que insistirán en que el lote les sea entregado y manifestaron que tienen  un acto administrativo, con el cual pueden demostrar que el terreno es propiedad de esta comunidad.

No están de acuerdo que les cambien la ubicación, porque en su concepto sería comenzar de cero nuevamente y se perdería todo lo que se ha avanzado hasta el momento en el proceso de reubicación.

Agregaron que al terreno se le hizo cambio de suelo, para poder adelantar un proyecto de vivienda de interés social y por consiguiente no está habilitado para fines industriales.

 Video: https://fb.watch/k0UjhIN_aQ/

Mediante sentencia del Consejo de Estado se ratificó la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Casanare mediante la cual se suspendió provisionalmente los efectos y toda forma de ejecución de las obligaciones contenidas en el arreglo directo celebrado entre la Alcaldía de Yopal y la Unión Temporal Setty el 18 de diciembre de 2016 y del contrato de transacción suscrito el 20 de noviembre de 2017 por la entonces alcaldesa Zoila Rosa Ángulo. El Tribunal informó de la situación la semana pasada.

Ver: Se cayó la vuelta. Tribunal suspendió “acuerdo directo” entre Alcaldía de Yopal y Setty

Según el demandante, la Alcaldía de Yopal, a partir del contrato de concesión 1048/2014 suscrito por el entonces alcalde Willman Celemín, que tiene por objeto la prestación del servicio de parqueaderos y grúas, custodia de los rodantes inmovilizados y los servicios asociados a dicha necesidad, se celebró un arreglo directo y un contrato de transacción violatorio de las normas presupuestales y de contratación estatal, que a diciembre de 2016 había generado una deuda a favor del concesionario de 5.714 millones de pesos.

Dicha deuda obedecía al pacto realizado en el sentido de que la Alcaldía de Yopal debía realizar anualmente un remate de rodantes en custodia y de no cumplirse, asumir el costo total del parqueadero.

En su momento, el Tribunal Administrativo de Casanare accedió a aplicar la medida cautelar considerando que el municipio asumió el riesgo de abandono de los vehículos, garantizando con recursos del erario las obligaciones de los presuntos infractores de las normas de tránsito, sin tener un CDP ni registro presupuestal que lo ampare.

Así las cosas, desde que se emitió la medida cautelar en julio 26 de 2021, Setty no podía exigir ningún pago pactado derivado del tal acuerdo directo que quedó suspendido.

En ese mismo fallo se determinó individualizar a los responsables de un posible detrimento patrimonial y que fueran la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, las que investigarán según sus competencias, la situación.

Se cayó, por ahora, el leonino “arreglo directo” hecho en diciembre de 2015 durante el gobierno del alcalde (e) de Yopal Jorge García Lizarazo y el cuestionado contrato de transacción de noviembre de 2017, en los últimos días de gobierno, de la alcaldesa (e) Zoila Rosa Ángulo, y a través de los cuales se obligaba a la Alcaldía a pagar multimillonaria suma a favor de la UT Setty, la misma de las fotomultas. Malintencionadamente se quiso favorecer esta empresa.

Así se desprende el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Casanare del 26 de julio, mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos y toda forma de ejecución de las obligaciones contenidas en el “arreglo directo” celebrado entre el municipio de Yopal y la UT SETTY el 18/12/2015 y del contrato de transacción suscrito el 20/11/2017 entre dichas partes y la interventora Soluciones y Soluciones S.A.S., solicitada por la Alcaldía de Yopal.

La situación tiene que ver con que la Alcaldía de Yopal y Setty, bajo la sombrilla del contrato de concesión 1048 de 2014, pactaron, con esos acuerdos, que se realizará una distribución del riesgo, compartida del costo de los parqueaderos, condicionada a que el municipio realizara anualmente un remate de los rodantes en custodia y de no cumplirse, le llevaría a asumir el valor total del servicio de parqueadero, lo que ha implicado que a diciembre de 2016 la Alcaldía ya tenga una deuda cercana a los 6 mil millones de pesos, y que sigue creciendo, a favor del concesionario, pues no se ha cumplido la condición de llevar a cabo anualmente los remates a los rodantes.

La medida cautelar se sustenta en que el acuerdo logrado por las partes mediante un “arreglo directo” y que, a la vez, sirve de sustento de las obligaciones que fueron objeto de transacción, resulta protuberantemente violatorio de las normas presupuestales. Esto en razón a que requería recursos materiales, dinero, que tenía que presupuestarse y ante todo financiarse.

En el fallo se expresa que “el art. 71 del EOP dispone que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.”. Este no fue el caso en Yopal.

Se explica que “para poder comprometer el erario y para su posterior ejecución han de mediar apropiación, que solo puede votar el concejo municipal, así como la previa disponibilidad presupuestal, con cargo a la cual, adquiridas las obligaciones, pueda hacerse el pertinente registro presupuestal. Y, además, buscar la caja, para poder cumplir”. Por ende se accede a la medida cautelar solicitada.

“Además, vía transacción termina consensuando con la UT SETTY los costos del parqueo o custodia de esos vehículos tomando económicamente a su cargo obligaciones de particulares, cuya magnitud se cuantificó y determinó exactamente en los negocios jurídicos que se suspenden, de manera que la supuesta indeterminación del valor fiscal de la concesión, a la que se asignó exiguo monto para constituir garantías y legalización, quedó totalmente desbordada con los efectos de los arreglos posteriores.”, reza el auto de suspensión provisional.

Las IAS deben determinar quién quería tumbar a Yopal

Para el Tribunal hay una clara infracción al Estatuto Orgánico de Presupuesto, en que incurrieron servidores de Yopal, al parecer inducidos por la interventoría de la concesión, en beneficio de esa empresa y de la UT Setty, con probable detrimento del erario, o cuando menos grave exposición del mismo”.

Todo el proceso se dará a conocer a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría Departamental a fin de individualizar los presuntos responsables y según sus competencias abrir los procesos correspondientes a quienes fraguaron estos negocios.

El fallo aclara que “Mientras esté vigente la medida cautelar, no podrá exigirse ninguna de las erogaciones allí pactadas o que pudieran derivarse del tal acuerdo directo. Tampoco, pagarse por el municipio, ni admitirse compensación, descuento o cualquier otra forma de reconocimientos de dinero a favor de los demandados”.

Los protagonistas

Casualmente los gobiernos bajo los cuales se realizaron estos viciados acuerdos, hasta el momento, fueron los designados para remplazar a los destituidos alcaldes de Yopal, Willman Celemín (Jorge García Lizarazo) y Jhon Jairo Torres Torres (Zoila Rosa Ángulo).

La empresa Soluciones y Soluciones S.A.S., es la firma interventora que hizo las recomendaciones de estos acuerdos. Su representante legal es Mary Luz Balla Pérez.

Fuente: Martha Cifuentes

Un informe técnico y con argumentos legales, entregó el secretario de Tránsito, Robert Hernández Cachay, en respuesta al cuestionario formulado por el Concejo Municipal, ante diversos temas de su cartera, como el manejo de parqueaderos, el terminal, los comparendos, entre otros, y anunció varias acciones legales.

Sobre la deuda que reclama la concesionaria SETTY de más de 4.000 millones de pesos, el secretario afirmó que “la Alcaldía no va a permitir que saqueen los recursos…hemos considerado que ese contrato de transacción firmado en anteriores administraciones, está en contravía de la normatividad jurídica y fiscal”, por lo tanto va a tomar acciones en contra del mismo y no se contempla el pago de esta pretensión, sin que lo determine un juez.

Igualmente indicó que se interpondrán demandas contra el acuerdo municipal que aprobó el anterior Concejo, para el incremento de tarifas del parqueadero de Setty, sin estudio técnico, “a pupitrazo limpio…únicamente para beneficiar a la concesión”, pasando por ejemplo de 3.500 a 10.500 pesos para las motocicletas.

Hernández Cachay expresó que las cifras de arriendo del parqueadero son exorbitantes, pues mientras en un avalúo normal se paga por metro cuadrado menos de 14.000 pesos al mes, y se estaría pagando a Setty 15.000 al día por metro cuadrado.

“Con ese contrato de transacción se rompió el equilibrio económico del contrato, y merecía la liquidación automática”, pero la Interventoría dio un concepto favorable, y condujo a firmar algo lesivo para el municipio, por lo cual “vamos a pedirle a un juez de la república que nos devuelva la ecuación financiera del contrato en favor de la Administración y a solicitar medidas cautelares”, dijo el secretario de Tránsito.

Sobre las fotomultas

Por otro lado el funcionario informó que hasta el momento se ha logrado la revocatoria de alrededor de 2.000 fotomultas por parte de la Secretaría de Tránsito, de manera oficiosa y de acuerdo a algunas peticiones de la comunidad, y que se sigue trabajando para liquidar el contrato con Setty, en lo que no descansará hasta lograrlo.

No obstante aclaró que considera que las foto detecciones son un mecanismo que puede ayudar a mejorar los índices de accidentalidad, si se utilizan bien, en zonas donde hay mayor número de accidentes, y no como un negocio particular para generar comparendos masivamente. “Fotomultas sí, pero no así”, expresó el secretario.

El ‘terminal’

De otro lado, Hernández Cachay respondió sobre los cuestionamientos al funcionamiento del denominado terminal de transportes, señalando que se han tomado medidas correctivas en temas como las inundaciones, donde se intervino el alcantarillado pluvial y se acordó además con la Gobernación una solución para todo el sector de la carrera 23 que presenta estos mismos problemas.

En el mismo sentido informó que ya entregó ante el Tribunal Administrativo, el plan para acatar las medidas cautelares de la Acción Popular, en materia de seguridad, ambientales, operatividad y salubridad; lo cual implica una inversión de 1.900 millones de pesos, por lo que se presentó el proyecto a la Gobernación.

“Son medidas estrictamente necesarias para el cumplimiento de la Acción Popular, y para el funcionamiento de un bien fiscal que no solamente sirve para el terminal, sino para resolver a futuro otros problemas de movilidad” u otras dependencias, afirmó el secretario de Tránsito.

Además indicó que se están haciendo los trámites pertinentes para la homologación del terminal y que se presentará también un proyecto de reestructuración de la Secretaría, para dar una mayor autonomía e independencia económica, que le permita resolver las múltiples tareas que debe atender.

Alrededor de 100 motos quedaron calcinadas luego de un incendio registrado la noche de este martes en las instalaciones del parqueadero de Setty, ubicado en la calle 40 con calle 31.

El total de motos será confirmado en horas de la mañana de hoy, cuando las condiciones del día  permitan hacen un mejor cotejo de los vehículos afectados.

Aunque no se han confirmado las casusas del incendio, no se descarta que pueda tratarse de un sabotaje, pues de las más de 2.500 motos y 40 carros que hoy están en el parqueadero de la concesionaria Setty, al menos 1500 motos y 16 carros están cerca de ser rematados, y se está a la espera de la adjudicación del contrato para el peritaje de los mismos.

La conflagración fue verificada directamente por el secretario de Tránsito Municipal, Robert Hernández Cachay, quien dijo que al momento de su llegada ya se había superado el incendio, gracias a  la intervención de los  bomberos y se había acordonado el área.

Al respecto el funcionario señaló que la investigación de este suceso fue asumida directamente por el CTI de la Fiscalía, por lo que se espera que los expertos en esta área establezcan las causas del incendio y los alcances del mismo, para lo cual se hará la revisión en horas de la mañana.

Por el momento se cuenta con acompañamiento policial para cuidar la escena durante la noche, lo cual fue solicitado directamente por el Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, para evitar inconvenientes en la investigación.

Hernández Cachay dijo que algunas motocicletas fueron alcanzadas por las llamas, pero es apresurado dar una cifra en el momento, pues el área está acordonada y no se puede observar a detalle. Además señaló que el parqueadero cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que se espera que las autoridades judiciales pongan a buen resguardo los computadores para poder revisar las grabaciones.

Respecto a la responsabilidad en los vehículos afectados, el  secretario de Tránsito resaltó que “la concesionaria es la responsable de las motocicletas desde el día en que ingresan hasta que se resuelva la situación particular”.

El día de ayer, Bomberos había reportado varios incendios cerca del parqueadero, y al parecer las llamas habrían alcanzado las instalaciones cerca de las 7:30 de la noche.

Respecto al anuncio de la Alcaldía de la revocatoria de más de 600 fotomultas impuestas por la empresa concesionaria para prestar los servicios tecnológicos de tránsito en Yopal, Setty, la gerente Ana Luisa Barreto manifestó que no conoce el acto administrativo mediante el cual se de dicha revocatoria, anunciando que este es el mecanismo con el que podrían anularse las fotodetecciones.  

“La Administración Municipal desde campaña ha dicho muchas cosas que va a hacer y de ahí a que las haga, no se han visto los resultados”, dijo la gerente Ana Luisa Barreto, quien agregó que no han tenido comunicación con la Alcaldía de Yopal, a quien señaló de generar falsas expectativas entre los morosos.  

Un proceso de revocatoria de más de 600 comparendos por foto detección o las denominadas fotomultas, inició la Alcaldía de Yopal, luego de un trabajo del equipo jurídico de la Secretaría de Tránsito, para demostrar al menos cinco causales de invalidez de las sanciones. Así lo dio a conocer el secretario de Tránsito Municipal, Robert Asís Hernández.

El funcionario explicó cuáles son las causales encontradas para desmontar las fotomultas:

La primera es la indebida notificación a los ciudadanos, dentro de los tres primeros días. La segunda incluye las fotomultas a los vehículos de servicio público, donde no se notificó a la empresa transportadora y la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Mientras tanto la tercera se debe a la extralimitación en el horario establecido para las foto detecciones, pues solo se podían imponer entre 6 de la mañana y las 10 de la noche; por lo cual las que se realizaron en horas no autorizadas, no serían válidas.

En el cuarto ítem, están las fotomultas que no se notificaron durante los cinco días por aviso que exige el debido proceso.

Por último, la quinta causal sería que la concesionaria no habría realizado directamente  la recolección de las pruebas, sino que se presume que contrató a un tercero, utilizando vehículos y personal ajeno a la empresa, con lo cual el procedimiento estaría viciado.

“De comprobarse esta última causal se caerían absolutamente todas las fotomultas. Por lo cual estamos haciendo todo el análisis con rigurosidad jurídica, para verificar si Setty hizo el procedimiento de manera debida o no”, manifestó Asís Hernández.

Igualmente dijo que en los próximos días se estará publicando por varios medios informativos, la lista de fotomultas incluidas en este primer paquete de 600 que se revocarían en los siguientes meses.

En ese sentido el secretario de Tránsito municipal agradeció a los comerciantes y a todas las personas que han hecho parte del proceso contra las fotomultas, e invitó a toda la comunidad a que se acerque para revisar sus procesos particularmente, para ver si su caso aplica para el levantamiento.

Robert Asís, secretario de Tránsito de Yopal, dio detalles de la declaratoria administrativa de abandono de 1.575 motos y 16 vehículos que se encuentran estacionados en el parqueadero de Setty, de acuerdo con el decreto 02 de 2017 y lo dispuesto en la ley 1730 de 2014.
Asis manifestó que en el mes de marzo se iniciaría con el remate de las motos y carros inmovilizados desde hace varios años en los parqueaderos de la Unión Temporal de Servicios Tecnológicos.
"Nosotros estamos ad portas de adjudicar este proceso de selección y en las próximas horas sale la publicación del proceso. Lo que se está haciendo en este momento es el avalúo por parte de un perito que nos va a determinar el estado de cada una de las 1.575 motocicletas y 16 vehículos que fueron declarados en abandono por la Administración Municipal y que es necesario hacer el respectivo remate, entonces de acuerdo al cronograma en 20 o 30 días podemos tener un avalúo real y cierto para que iniciemos el remate y un oferente se quede con eso bienes, con eso nosotros también podemos retirarlos del parqueadero debido a que nos están generando un gran inconveniente en los parqueaderos de Setty", manifestó el secretario, quien ha dicho que es bienvenida la conformación de la veeduría sobre los procesos de enajenación.
De acuerdo a la ley, una vez se conozca el valor de los vehículos, este será descontado al infractor en la sanción que adeuda.