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Después del Debate de Control Político a la EAAAY, efectuado en la mañana de hoy en la Comisión Tercera del Senado, al cual no asistió la agente interventora de la empresa, Judhy Stella Velásquez, ,sino  que solo se hizo presente el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Márquez, la  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció de manera oficial la designación de la abogada Ángela Patricia Rojas Combariza como  nueva agente interventora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY EICE E.S.P.

La nueva agente especial quien asumirá la gestión de intervención de la empresa EAAAY EICE en toma de posesión por la Superservicios desde octubre de 2023, es abogada especialista en Gestión Pública e Instituciones Educativas y máster en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la Universidad de los Andes, así como especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia.

Cuenta con una sólida experiencia de más de 25 años tanto en el sector público como privado, ocupando cargos relevantes en entidades como el Ministerio de Minas, Superintendencia de Salud, Transmilenio, Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA), Agencia Nacional de Infraestructura, y en la Superservicios donde se ha desempeñado en diferentes roles.

Rojas Combariza, fue además la responsable de adelantar y liderar el proceso de liquidación forzosa administrativa de la Electrificadora del Caribe S.A E.S.P. en liquidación.

La senadora Sonia Bernal anunció que radicó una acción de control político, para que la Superintendencia de Servicios Públicos responda por el manejo que le ha venido dando a la EAAAY, durante los 12 meses que lleva la empresa de intervención por parte del ente nacional.

Para la congresista la empresa hoy se encuentra en una situación administrativa y financiera igual o peor que la reportada hace un año, cuando el Gobierno nacional decidió intervenirla por la situación adversa en la que se encontraba la entidad.

Insistió que la EAAAY es un activo de los yopaleños, que tiene 40 mil suscriptores en el área de acueducto y 36 mil en servicio de alcantarillado. Agregó que es necesario que el superintendente le de la cara al país y expliqué los procesos de intervención que se aplicado durante estos 12 meses.

“Hoy deberíamos tener la esperanza que la empresa esté organizada y que la puedan devolver rápidamente a Yopal”, Sostuvo la senadora del Pacto Histórico.

Calificó como deficiente la gestión adelantada por la agente interventora Judhy Estela Velásquez Herrera. Además, indicó que envió varios derechos de petición, al entonces superintendente Dagoberto Quiroga Collazos para conocer el proceso de intervención, pero manifestó la parlamentaria que fueron pobres las respuestas recibidas por el funcionario.

Resaltó las demandas que hay en los entes de control en contra de la agente interventora. Mencionó la congresista que una vez comenzó a recibir quejas de la comunidad por el trabajo adelantado por Velásquez Herrera, intentó establecer comunicación con ella.

No obstante, dijo que la señora nunca le dio la cara y que se negó a atenderla personalmente. Luego de ocho días de insistencia, la señora agente interventora finalmente le respondió con un mensaje de What’sApp.

“Si no atendió a una senadora, que se espera de la posibilidad de atender a un trabajador o a un usuario o cualquier otra persona que la necesite”, subrayó la congresista.

Sobre el debate de control político que espera adelantar a la Superintendencia en el Senado, si dijo que será un escenario para que trabajadores, usuarios y proveedores expongan la situación de la empresa ante el nuevo superintendente de servicios públicos que hace pocos días fue nombrado por el presidente de la República.

En cuanto a la fecha de esta actividad comentó que espera que la próxima semana le definan el día en que realizará el mencionado debate. Una vez se conozca esta información espera contar con un mes de plazo, para que el nuevo superintendente se empape bien del tema.

De esta manera no tendrá excusas basadas en la falta de tiempo para conocer a fondo la situación y salir con evasivas a los interrogantes que se le formulen.

La planta modular alterna de agua de Yopal fue objeto de una visita técnica por parte de la Superservicios, de EPM en calidad de agente especial para la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y de funcionarios de esta última entidad. Así lo dio a conocer la EAAAY a través de boletín de prensa.

El objetivo fue conocer de cerca la operación de la mencionada planta de tratamiento de agua potable, atendiendo la recomendación de la EPM, que consideró que este sistema debe ser tenido en cuenta, a la hora de buscar soluciones para los problemas de abastecimiento, que afronta la capital del Magdalena.

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos requiriera a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, información precisa sobre la contratación por 320 mil millones de pesos para la operación de la PTAR y el manejo de los residuos sólidos en el relleno El Cascajar, su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a otros funcionarios de la Alcaldía de Yopal, rindieron informe sobre dichos contratos denominados de colaboración estratégica empresarial.

Integrantes de la junta directiva de la EAAAY, conformada entre otros por el secretario de Infraestructura Álvaro Rivera y la secretaria de Planeación, Sonia Ruíz acompañaron a Pérez, a mesa de trabajo con la Superservicios. Allí se informó sobre el avance de los procesos de los dos contratos de alianza estratégica para construir obras de sanemiento básico, además que se hizo entrega de los documentos requeridos para que esa entidad haga el seguimiento correspondiente

El pasado 12 de octubre, luego de ya haberse firmados los contratos, que tanta suspicacia y desconfianza han causado, el el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, pidió que, en un plazo perentorio de tres días, la Eaaay debía remitirle copia del contrato referente a la operación de la PTAR, la construcción de la nueva PTAR y los diseños de los planes de acueducto y alcantarillado de Yopal.

De igual manera para el contrato por 15 mil millones de pesos con la firma SSYAM para la construcción e implementación de una planta de tratamiento, aprovechamiento y manejo integral de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario El Cascajar de Yopal, se requirió la copia del contrato, informe del impacto sobre el servicio público de aseo, afectación de la vida útil del relleno.

Ahora se espera un pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos con respecto al cumplimiento de las leyes y actos administrativos que afectarían a los usuarios finales, en materia de tarifas y servicios.

La Superintendencia de Servicios Públicos Superservicios, ofició a la EAAAY para que en un término de tres días entregue información sobre contratos de colaboración empresarial en alianza estratégica por más de 320 mil millones de pesos.

Ante la contratación para la implementación de una nueva PTAR, el diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial y la construcción de una nueva planta de tratamiento , aprovechamiento y manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario El Cascajar, la Superservicios ofició a la EAAAY, para que entregue completa información sobre los contratos de colaboración empresarial en alianza estratégica suscritos con la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas S.A.S. INGENICONTEC SAS.

Solicita la Superservicios, las fuentes de financiación, y el impacto que tendrán las obras.

También toda la información técnica, económica y alcances de la contratación efectuada.

El requerimiento lo hace la Superservicios ante varios documentos radicados el jueves anteriior por los sindicatos de trabajadores de la EAAAY.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios identificó inconsistencias y prácticas irregulares en empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento de residuos que afectan la prestación integral, eficiente, continua y de calidad del servicio público de aseo, en Yopal, Casanare.

En atención a denuncias presentadas por usuarios del municipio y distintas autoridades municipales, la superintendencia realizó inspección y vigilancia especial sobre el pesaje y registro de los residuos efectivamente aprovechados y reportados por cada una de las organizaciones de recicladores de oficio y empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en Yopal.

Se identificaron inconsistencias y prácticas irregulares sobre las cuales el director técnico de Gestión de Aseo, Armando Ojeda, manifestó: “En las visitas encontramos incumplimiento de los requisitos mínimos de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) donde se gestiona el material aprovechable. No trazabilidad del material acopiado, no cumplimiento de rutas, horarios y frecuencias de recolección, así como del reporte de los residuos que no son objeto de cobro vía tarifa de aprovechamiento, entre otros. Esta situación ha generado una alerta especial en Yopal, al evidenciar que la prestación del servicio no se viene ejerciendo en el marco de las normas que lo rigen”.

Durante las visitas técnicas se realizó monitoreo en campo a ocho prestadores de la actividad de aprovechamiento en once Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento, ECA, en el mes de julio, y a cinco prestadores en ocho ECA en septiembre.

Como acciones correctivas para evitar cobros injustificados a los ciudadanos de Yopal, el director confirmó que “A los prestadores de la actividad de aprovechamiento en este municipio se les aplicó la medida de aplazamiento establecida en la Resolución No. 20201000046075 del 19 de octubre de 2020, que permite suspender el cobro a los usuarios hasta tanto los prestadores justifiquen que el material reportado y cobrado corresponde al efectivo y real aprovechamiento de residuos, de acuerdo con las normas establecidas. Estamos evaluando posibles acciones de control, entre ellos, procesos administrativos sancionatorios, por los incumplimientos denunciados e identificados en campo por la Dirección Técnica de Aseo de la entidad”.

Adicional a lo anterior, la Superservicios ha liderado reuniones de articulación y seguimiento con los prestadores de la actividad de aprovechamiento, organizaciones de reciclaje y la alcaldía de Yopal con el fin de normalizar el servicio, asegurar el reconocimiento económico a los recicladores de oficio y el cobro justo en la tarifa que pagan los usuarios.

La entidad reiteró al municipio su responsabilidad como garante de la prestación de este y todos los servicios públicos domiciliarios en su territorio. Igualmente, recordó a la administración el deber de mantener actualizados los planes de Ordenamiento Territorial y de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la caracterización de residuos, y el censo oficial de recicladores, conforme lo establece el Ministerio de Vivienda. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició averiguaciones preliminares contra 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado en diferentes regiones del país, con el fin de establecer si se presentaron irregularidades en la medición de consumos y facturación de los servicios durante la cuarentena por Covid-19.  Una de ellas es la Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A. E.S.P.   

“Estas indagaciones preliminares se iniciaron como resultado de quejas y reclamos sobre cobros en las facturas presentados por usuarios, autoridades y congresistas, entre otros dirigentes. Nuestra gestión en esta etapa es determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio”, dijo la superintendente, Natasha Avendaño García. 

En la etapa de averiguación preliminar, la Superintendencia deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si las empresas incumplieron la regulación o si estaban amparados en alguna norma o disposición legal. “Es importante precisar que, en cumplimiento del debido proceso establecido por ley, este procedimiento es una primera fase; en la que buscamos determinar si hubo acciones contrarias a la normatividad legal vigente por parte de los prestadores, para dar paso a investigaciones administrativas que puedan terminar en sanciones”, indicó la funcionaria.  

En la lista de prestadores a los que se inició averiguación preliminar se encuentra Enel – Codensa sobre la que se recibieron al menos 9.000 reclamos y denuncias de usuarios contra la empresa que presta sus servicios en Bogotá y en algunos municipios de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá. 

Otras ocho empresas operan en ciudades capitales: Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Aguas de Manizales, Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Acueducto y Alcantarillado de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare.  

Las restantes 10 prestan sus servicios en municipios intermedios como la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial del Estado de Miranda (Cauca), Empresas Municipales de Chinácota (Norte de Santander), Empresas Públicas de San Rafael y Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia), Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima). Aguas de Puerto Wilches (Santander). Aguas Manantiales de Pácora (Caldas). Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba), Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare) y Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca).  

Estas indagaciones preliminares se suman a las tres iniciadas la semana pasada contra Cedenar, Alcanos y Gases del Caribe.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 517 del pasado 4 de abril, da una serie de orientaciones a los alcaldes del país que decidan asumir el pago de la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas combustible a la población más vulnerable.

En la Circular Externa 20201000000174 del 13 de abril de 2020, la Superservicios informa a los mandatarios locales que pueden hacer uso de las herramientas legales que les permiten gestionar recursos para asegurar la continuidad en la prestación de estos servicios, y asumir el pago total o parcial de los usuarios, mientras permanezca vigente la emergencia económica, social y ecológica que vive el país.

De acuerdo con las medidas establecidas en el Decreto 517, la superintendente Natasha Avendaño García indicó que: “El gobierno abrió a los alcaldes la posibilidad de apoyar a sus poblaciones más vulnerables a través de mecanismos que garanticen el suministro de los servicios de energía eléctrica y gas a los usuarios, sin afectar la estabilidad de las empresas prestadoras. En tal sentido, los mandatarios pueden girar recursos a estos comercializadores para reducir la tarifa de los usuarios que determine cada administración. Los usuarios podrán tener el beneficio, en la medida que los alcaldes asuman el pago a los prestadores. Esto, en cumplimiento del marco constitucional y legal que establece que en el país los servicios públicos no tienen carácter gratuito”. 

Mediante la Resolución No. 20196000000065, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios levantó la toma de posesión sobre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal como resultado de la superación de las causales de intervención ordenada desde el 23 de mayo del año 2013.

Con esta medida, la SSPD también estableció un periodo de estabilización hasta el próximo 31 de diciembre de 2019. Durante este lapso, la representación legal y gerencia de la EAAAY estará a cargo del actual Agente Especial, Jorge Ernesto Silva Gómez, quien estará sujeto a las disposiciones y estatutos de la Empresa y a las decisiones de la nueva Junta Directiva en los asuntos que requieran autorización de la misma.

Con esta noticia, la Gerencia de la EAAAY agradece y felicita a todos sus empleados y trabajadores y los invita a seguir trabajando con ahínco y empeño para continuar garantizándoles un mejor servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad usuaria.

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Durante la reciente visita a Yopal de la Superintendente de Servicios Públicos Domicilios, Natasha Avendaño, se anunció la decisión de levantar la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY.
De acuerdo a Avendaño, las causales que originaron la intervención de la empresa de acueducto ya están superadas, pero habrá un periodo de estabilización de la entidad, debido a una “preocupación” por la situación financiera, técnica, operativa y jurídica de la EAAAY, que según ella los obliga a mantener algunas medidas.

Entre una de las medidas, se habló de que luego de que regrese la EAAAY a manos de la Alcaldía, y vuelva la Junta Directiva, el actual agente especial Jairo Silva, pasará a ser el gerente de la entidad, por lo menos hasta el 31 de diciembre, con la salvedad de que no pueda ser removido por los miembros de la Junta Directiva hasta que culmine la estabilización.
La Superservicios también se refirió a los 4.500 millones de pesos en disputa entre EAAAY y la Gobernación de Casanare, debido al fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, donde reconoce que lo aportado por la Gobernación en 2013 para la construcción de cuatro pozos profundos en Yopal para superar la emergencia por falta de agua, se consideraba como aporte para el plan de contingencia.

Respecto a esto, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, envió un “S.O.S” a la Gobernación. “El llamado es al gobernador porque la discusión ya no es levantar la medida de intervención, sino tiene que ver con la vida administrativa de la empresa, y el pago de ese dinero que está pendiente, significaría superar esa condición de inestabilidad financiera y en ese sentido es la Gobernación la que tiene la sartén por el mango”.
De igual modo, el mandatario local agregó: “Espero que la superintendente atienda las alternativas que le plantemos. La principal en cuanto a la designación de un gerente en propiedad. Nosotros le pedimos que si existe una preocupación sobre la suerte administrativa de la empresa, nos permita postular unas hojas de vida y establecer un mecanismo de selección objetiva del gerente, donde sean yopaleños o casanareños los que se quedan con la posibilidad de ser elegidos por méritos académicos o experiencia para administrar la empresa”.