El Juzgado Primero Administrativo de Yopal abrió incidente de desacato en contra del gobernador de Casanare, Salomón Andrés Sanabria Chacón; el secretario de infraestructura de Casanare, Óscar Eduardo García; el alcalde de Monterrey, Carlos Iván Díaz Solano; del Gerente de Acuatodos Oved Quiroga Flórez y del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Monterrey Jhon Jairo Talero Roa, por incumplir obligaciones impartidas en pacto de cumplimiento para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Monterrey.
La situación es sumamente grave si se tiene en cuenta que el contratista constructor ECOPTAR decidió retirar totalmente el personal que operaba la planta el pasado 20 de mayo ante la negativa del Departamento y del Municipio de recibir la operación de la infraestructura luego de que en esta fueran invertidos 20 mil millones de pesos y a la fecha se encuentre en estado “terminado sin liquidar”, según acta de terminación del 2 agosto de 2019.
El contratista argumentó que no tiene como continuar con la operación de la PTAR por imposibilidad económica e igualmente porque no es de su competencia asumir la operación de esta obra contratada en 2014 y lo cual le ha venido generando detrimento patrimonial. Igualmente dejó constancia mediante inventario fílmico de los equipos que se encuentran en las instalaciones del lugar, y que quedaron abandonados sin que a la fecha ni la gobernación o el municipio se hagan cargo. Adicional a esto, sin el tratamiento de las aguas residuales estas llegarán y afectarán directamente el caño Leche Miel, contaminando dicha fuente hídrica.
El Juzgado Primero Administrativo expresó que “En la más reciente diligencia de inspección judicial realizada el 18 de febrero de 2022 se advirtió que aún no se ha logrado el correcto funcionamiento de la PTAR, toda vez que es de importancia que en el proceso se cumpla con los niveles de remoción que establece la norma, que se destine al personal para la respectiva capacitación, que se evidencia inactividad de la Entidades involucradas y se requiere hacer seguimiento a la planta para recibirla; derivado de ello realiza requerimientos concretos.”
Igualmente expresó que “Ninguna de las entidades involucradas ha allegado informe alguno que permita inferir que han realizado las actuaciones y diligencias pertinentes para recibir la obra ejecutada y poner en perfecto funcionamiento la PTAR del Municipio, por el contrario, han demostrado evasivas y tardanzas en cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios públicos”. Del mismo modo se fustigó que a la fecha la PTAR continúa vertiendo las aguas residuales en forma directa, contaminando el caño Leche Miel, sin consideración.
Por su parte, el concejal de Monterrey, Beyer Mateus dijo que tanto el municipio como Acuatodos debieron mostrarle al juez que la planta no cumplía, que no era lo que se había contratado inicialmente y que los costos de operación eran muy altos, todo eso debieron haberlo informado al juez para que tomara una decisión.
“En primera instancia los que deben recibir la planta es Acuatodos y ahí si entregarla a las empresas públicas de Monterrey. Tengo entendido que las empresas públicas ya capacitaron a un personal para operar la planta solo que no lo pone a disposición porque no están facultados para recibir”, señaló el concejal.
