Un reajuste a las tarifas de acueducto y aseo confirmó el gerente de la EAAAY, Jairo Bosueth Pérez. Aunque no precisó el valor, señaló que la empresa tiene pendiente dicho incremento y que está autorizado por el Gobierno nacional para hacerlo, pero que la empresa hasta la fecha no lo ha aplicado.

Agregó que norma del orden central cobija a todas las empresas públicas del país, con lo que descarta que la medida obedezca a un directriz del orden local.

Mencionó del igual forma una serie de iniciativas, algunas en ejecución y otras proyectadas, con las cuales se espera amortiguar un poco el reajuste, para que el alza de las tarifas no sea tan alto.

Explicó que se va a cobrar por una serie de permisos, que no se estaban facturando. En este listado también figuran los carros compactadores que se compraron recientemente y las nuevas redes de distribución.

Gestión que según el gerente de la EAAAY, disminuye los gastos administrativos, lo que a su vez favorece al usuarios porque se reduce en alguna medida el precio de las tarifas.

En este mismo panorama de consolidación del área financiera de la empresa, se encuentran algunos proyectos que buscan generar más ingresos para la empresa.

Uno de estos nuevos negocios que se tiene previsto es la venta de los residuos sólidos. Esta iniciativa está sujeta a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de aprovechamiento de este tipo de materiales.

En los cálculos de la EAAAY, por este servicio se pueden estar recibiendo una suma que oscila entre los 700 y 800 millones de pesos.

Otra propuesta es la generación de energía alterna, para el autoconsumo. Pérez sostuvo que con esta iniciativa se estarían ahorrando cerca de 1.500 millones de pesos al año. Actualmente, agregó el funcionario, se paga a Enerca mensualmente más de 250 millones de pesos.

Jairo Bosueth también hizo un detallado recuento de la situación financiera en la que encontró la empresa y los compromisos económicos heredados, que su gerencia ha tenido que asumir.

Comenzó por recalcar que la empresa duró intervenida 6 años y 6 meses. Explicó que durante este tiempo se pagaron contingencias por más de 20 mil millones de pesos a la empresa, para dar el servicio de acueducto en la ciudad. Cifra que recibieron los agentes interventores del momento.

Cuando llegó la presente administración se hizo una planeación y fue necesario retirar los subsidios para el estrato 3. También manifestó que se está haciendo un esfuerzo grande, para recaudar los recursos con los que actualmente funciona la empresa.

Insistió que tuvo que pagar unas multas a la Superintendencia, por 318 millones de pesos, otra a la Alcaldía porque no se pagó oportunamente el impuesto de Rete ICA e industria y comercio por valor de 150 millones de pesos.

También incluyó unas sanciones a Coroporinoquia por 396 millones de pesos, varias dotaciones que se le debían a los sindicatos por 96 millones de pesos.

Sumó unos embargos en contra de la empresa, por valor de 635 millones, y unas cuentas por pagar, es decir un déficit de caja por 6.200 millones de pesos y servicio de la deuda que dejó la Superintendencia por 686 millones. Incluyó el gerente en este listado una devolución a los usuarios por 400 millones.

En total, subrayó que entre el déficit y las obligaciones, la cifra superaba los 8.900 millones de pesos. “Esto ya lo hemos saneado, ya lo hemos pagado y estamos pagando otras cosas que se quedaron debiendo a la Alcaldía y Corporinoquia”, afirmó el gerente de la EAAAY.

Hablando de la Corporación Regional de la Orinoquia, manifestó que se tienen pendiente  unas compensaciones ambientales por más de 5 mil millones de pesos.

En términos generales el funcionario comentó que su gerencia ha tenido que adelantar un proceso de saneamiento, por 15 mil millones de pesos.

Trajo también a colación los 868 millones de pesos en demandas laborales, sin contar otras que se encuentran en proceso, que datan de 2017 y 2018, avaluadas en 450 millones de pesos más.

Un dato adicional entregado por las directivas de la EAAAY, son los 260 millones de pesos, que dejaron de cobrar los agentes interventores, por incapacidades laborales a las EPS.

En este sentido Pérez dijo que estos recursos están en riesgo de perderse. De todas formas ya se encuentran en los estrados judiciales las acciones de repetición contra aquellas personas que en su momento no ejercieron sus funciones y dejaron de cobrar estos dineros.

Sobre un déficit acotó que el mismo sí se presentó, pero que fue heredado de administraciones pasadas. Sobre el montó subrayó que era de 6 mil millones de pesos, de los cuales se ha pagado más de la mitad.

Acerca de las causas de esta situación narró que “se generó porque hay  un embargo de la planta conciliada que no se pagó, en 2017 y 2018 por parte el entonces alcalde Leonardo Puentes y eso generó el embargo por más de 3 mil millones de pesos y son recursos que le están restando a la empresa por cuenta de ese embargo”.

Finalmente comentó que para clarificar cualquier duda sobre el estado financiero actual de la empresa, la junta directiva ordenó una auditoría.

Dicha labor estará lidera por los secretarios de hacienda, Mauricio Moreno y de planeación, Sonia Ruíz, en atención a que los dos son contadores públicos.