Olvidado en medio del fango, allí en un lugar del amplio patio de la casa, permanecía inerte aquel pequeño juguete de plástico de color verde y blanco con figura de dinosaurio.

Su pequeño dueño quizá no se acordó más de él, porque su atención estaba puesta en otros menesteres. Tampoco llamó la atención de ese grupo de hombres y mujeres, que llegaron muy temprano a la casa para sacar a los dueños, con la excusa de salvarles la vida ante una posible catástrofe que se pudiese presentar, por vivir tan cerca del Río Cravo Sur.

Las huellas de esta escena quedaron plasmadas en el lodazal, donde se encontraba aquel personaje de plástico, que seguramente en épocas pretéritas fue portador de alegría para su dueño. 

Se confundían las pisadas marcadas en el barro. Estaban las huellas de las destinatarias de esta operación de salvamento, que al aterrizarla a la realidad, libre de cualquier eufemismo, se trató de un desalojo, las hermanas Dina y Milena Guayabo.

También las de su abogada, Yeyny Ballesteros, la de los líderes sociales, las de la patrulla de funcionarios de la alcaldía, policías, Defensoría del Pueblo y periodistas que estuvieron presentes, en esta humilde vivienda anclada en el costado derecho del Río Cravo Sur, en la calle octava con carrera 25, de Yopal, en un sector conocido como El Pajonal.

El episodio tuvo todos los componentes de un relato dramático. El ambiente de zozobra comenzó desde el momento mismo, en que a los  Guayabo les comunicaron que debían salir del lugar con sus tres núcleos familiares.

El heraldo de esta nefasta noticia fue personal de la Alcaldía, concretamente de la Oficina Territorial de Atención del Riesgo de Desastres. La decisión no tenía salidas intermedias, era tajante, tenían que desocupar al día siguiente.

Al marcharse se llevaron consigo la tranquilidad de las hermanas Guayabo. La noche de ese 24 de julio se convirtió en la más larga y angustiante.

No había tiempo para elucubrar, pero martillaba en la mente la idea de una solución distinta, que la propuesta por la Alcaldía de tener que partir del lugar, que por más de 20 años fue su hogar.

Dos décadas durante las cuales aprendieron a convivir con el río. Cuatro lustros en los cuales demandaron una solución del Estado, que encontró eco en un fallo de la Corte Constitucional.

La autoridad judicial ordenó desde hace 7 años al Gobierno municipal a reubicarlas. Imperativo que se cumplió a medias, porque de los seis núcleos familiares cobijados con la decisión de la Corte, tres fueron reubicados y los otros tres quedaron en el limbo, esperando que se cumpliera con lo dispuesto en la Acción de Tutela.

De alguna manera con esta gestión ante los entes judiciales, se pudo corroborar que la familia Guayabo, buscó la manera, dentro de sus posibilidades, de encontrar una nueva morada que los alejara de cualquier contratiempo con las autoridades.

Cuando personal de la Alcaldía los responsabilizó de la situación, por no haberse presentado a los programas de vivienda del Estado, ellos los increparon esgrimiendo el recibido de una postulación hechas hace varios años.

Reclamo fútil porque la respuesta saltó de inmediato en este escenario de controversia. Los documentos presentados tienen fecha de años anteriores a la presente Administración y se perdieron en medio del frondoso campo de la negligencia y tramitología oficial, por lo tanto nadie pudo responder dónde estaban esas carpetas, entregadas en su momento por las hermanas Guayabo.

La orden de sacar los enseres de la morada dada por la corregidora Lucero Chaparro se debía cumplir sin evasiva alguna. Desde la perspectiva oficial había que salvarles la vida a estas familias.

Ya con antelación se les había ofrecido un abanico de soluciones, como la entrega de un lote con servicios y un subsidio de arriendo de 350 mil pesos, por familia durante 6 meses.

Las dos propuestas fueron rechazadas. En la primera, las familias argumentaron que no cuentan con los recursos suficientes, para emprender la construcción de una casa. La segunda, porque considerando los cánones de arrendamiento de la ciudad, la suma es insuficiente para pagar por la renta de una casa.

Después de varias horas de discusiones se procedió a sacarlos. Hubo forcejeos con la Policía, gritos, llanto, reclamos de los líderes como la profesora Mariela Fernández, presidenta de la junta de acción comunal del barrio San Martín, quien en medio de la confrontación pidió incesantemente, para que los niños no se vieran afectados por esta situación.

En ese momento el director del Bienestar Familiar tomó a uno de los menores de edad y trató de retirarlos de la escena. Actitud que lo sacó del anonimato, porque de otra forma habría pasado casi desapercibida su presencia.

A la postre no se necesitaba ser un arúspice para intuir el desenlace. El Estado impuso su voluntad. Fueron inocuas todas las acciones de oposición, incluida la encadenada de Milena Guayabo a una de las puertas de la vivienda.

El epílogo del episodio quedó escrito con las lágrimas de la familia Guayabo, la incertidumbre de su futuro inmediato, el ruido de la maquinaria amarilla acompañado por el compás del sonido producido por las macetas, utilizadas para demoler el inmueble.

De momento apareció en el escenario un buen samaritano que emulando la parábola bíblica, se va a ocupar del alojamiento y la manutención de las tres familias por tres días, mientras se vislumbra una salida definitiva, porque descartaron la posibilidad de hospedarse en un hotel, debido a que no había opción de preparar los alimentos para sus hijos.

Sobre el pequeño dinosaurio, quedó a la espera que alguien lo recogiera o en su defecto terminará sepultado, debajo de las toneladas de piedra, que harán parte del relleno que tiene proyectado depositar en este sitio, el contratista de las obras de protección del Río Cravo Sur.