La canasta educativa en el departamento de Casanare carga con el peso de presuntas irregularidades, que la tiene bajo la lupa de l a Procuraduría General de la Nación.
En las últimas horas se conoció que el ente de control abrió dos investigaciones contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare, por aparentes fallas en la contratación de los servicios de alimentación y transporte escolar.
El origen de la controversia se sitúa durante la etapa de estructuración de dos procesos de licitación pública abiertos durante 2023 y que tenían como finalidad implementar el PAE para la vigencia 2024.
Al parecer durante esta fase se incurrieron en algunas falencias, que conllevaron a su posterior revocatoria, con el consecuente retraso en la prestación del servicio.
Ante esta situación la Gobernación de Casanare en febrero de 2024 declaró la urgencia manifiesta, cuyo objetivo fue garantizar la prestación del PAE durante 58 días del calendario académico. Este contrato tuvo un valor superior a los 8.200 millones de pesos.
Sin embargo, esta medida no habría podido garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, desde el primer día de clases.
En la lista de investigados figuran los entonces jefes de la Oficina Jurídica Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo. El actual secretario de educación Diego Fernando Ardila Plazas y su antecesora, Elisabeth Ojeda Rodríguez.
Los directores de Cobertura Educativa en 2023 y 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador y el director de calidad educativa, de la época y hoy secretario de educación de Yopal, David Federico Díaz Sánchez.
Transporte escolar
A todo el tema del PAE se suma la investigación que adelanta la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de transporte escolar al Consorcio Nuevo Amanecer, para prestar el servicio en 18 municipios del departamento que no están certificados por el Ministerio de Educación.
En este caso específico, el tema se centra en la habilitación que habrían entregado los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica a la propuesta del mencionado consorcio, al parecer, sin haber cumplido con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
Adicionalmente la jefe de la referida dependencia de la Gobernación adjudicó este proceso contractual de selección abreviada, a Nuevo Amanecer.
Por estas actuaciones se investiga disciplinariamente a Karen Sofía Santafé Agudelo, Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.
