Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exdirector de la Oficina Departamental del Riesgo de Desastres
Escrita por Casanare NoticiasPor presuntas irregularidades en el contrato de la mega obra del malecón para Yopal, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigación disciplinaria, en contra del exdirector de Riesgo de Desastres de Casanare, Guillermo Alberto Pérez y el entonces representante legal del Consorcio IMC, Leonidas Ortega.
Según el Ministerio Público se están analizando presuntos retrasos en la ejecución del proyecto, que tiene como objetivo proteger a la ciudad de Yopal de socavaciones e inundaciones del Río Cravo Sur.
Dentro de los documentos que están bajo la lupa de la entidad, se encuentran dos certificaciones diferentes, donde se relaciona el avance de las obras. Dichos reportes están fechados en octubre y noviembre de 2023.
La Procuraduría reveló que, en los mencionados reportes, la Gobernación de Casanare certificó un avance de obra aproximado entre el 80 y 90 por ciento, “lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución”, recalcó el organismo del control.
En este mismo caso se advirtió que la interventoría, que fue contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, “tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción”.
La investigación “busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra”.
Menciona también la Procuraduría que, al finalizar el plazo de ejecución, no se había desarrollado el proyecto en su totalidad “y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista”.
En el caso de Leonidas Ortega, el accionar del Ministerio Público lo vincula en calidad de representante legal del Consorcio IMC, que era el encargado de adelantar la obra, la cual, al término del plazo de ejecución, no se había concluido y según la Procuraduría, “no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse”.
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