Comenzaron a conocerse los primeros pronunciamientos de las autoridades judiciales, frente a las tutelas y acciones populares instauradas por algunos ciudadanos, en contra del aumento desmedido del impuesto predial en la ciudad de Yopal.

En sentido fue declarada improcedente la Acción de Tutela interpuesta por María Ninfa Gutiérrez Cepeda y Carmenza Higuera Africano, en contra del Municipio de Yopal, el Concejo y la empresa Catasig.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil Municipal de la capital departamental. En el fallo se argumenta que las demandantes no agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, que aplican para estos casos.

Se mencionó el recurso ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Igualmente, para la autoridad judicial no se demostró un perjuicio irremediable, por cuanto no hay acciones coercitivas a cargo de la Administración Municipal para hacer efectivo el cobro de este gravamen.

Adicionalmente el juez consideró que el acto administrativo impugnado es de carácter general y goza de la presunción de legalidad. En este sentido, para el togado, cualquier objeción debe resolverse vía administrativa y no constitucional.

En cuanto a la Acción de Tutela, se alegó una vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y mínimo vital, como consecuencia del aumento desmedido en el cobro del impuesto predial.

Bajo estos argumentos, según el fallo, se pretendía buscar la suspensión de la Resolución YPL-003 del 31 de diciembre de 2024, que actualizó el avalúo catastral del casco urbano de Yopal.

También se mencionó por las accionantes que el acto administrativo no cumplió con el principio de publicidad. Afirmación que sustentaron con el hecho que la publicación del mismo se hizo el último día hábil de 2024, a través del portal Web de la empresa.

Todo lo anterior fue evaluado por el juez, quien a la postre declaró improcedente dicha Acción de Tutela.