Con el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare en favor de la diputada Marisela Duarte, se despejan todas las dudas que había generado este caso en los círculos políticos del departamento de Casanare.

Una de las voces que se pronunció, tan solo unas horas antes del pronunciamiento de la autoridad judicial, fue la del presidente de la Asamblea, Juan Fernando Mancipe Pérez.

El asambleísta expresó que la semana pasada un concepto emitido por la Procuraduría generó gran expectativa, pero que la última palabra la tenía en primera instancia el Tribunal y dependiendo del falló que emita esta autoridad judicial, se podría dar una segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Unas horas más tarde el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda en contra de Marisela Duarte, interpuesta Nay Epimenio González Celis, que buscaba la perdida de investidura de la diputada.

Como se recuerda todo se originó en un supuesto conflicto de intereses que se habría presentado, durante la sesión plenaria de la Corporación, en la que fue elegido el secretario general de la Asamblea.

En esta misma vía de las demandas por pérdida de investidura, Mancipe Pérez también se refirió al caso del diputado Heyder Silva. Dijo que se había enterado la semana pasada sobre su proceso.

Agregó que el caso está relacionado con el proyecto de ordenanza 002 de 2025, donde se realizó una reestructuración a la planta de personal de la Asamblea Departamental.

El diputado explicó todo el contexto del origen de la demanda. “En el 2023 la Asamblea contrata una consultoría la cual sugiere que la Asamblea debe contratar de forma permanente a una persona para que preste los servicios de acompañamiento financiero y contable para hacer los pagos de las nóminas y las obligaciones que tiene la Asamblea Departamental”.

Agregó que la recomendación apuntó a crear un cargo para que cumpla con dichas funciones y que su asignación salarial debía ser de tres millones de pesos mensuales.

“Lastimosamente el presidente de la Asamblea Departamental de la vigencia pasada esperó hasta el 17 de diciembre para hacer el nombramiento de este cargo. Sin embargo, cuando se lleva a cabo dicho procedimiento, el cargo que se crea y que se hace no es el que sugirió la consultoría del 2023”, mencionó el actual presidente de la Corporación.

Indicó que la asignación salarial fue de $5’700.000, la más alta de la entidad, superando ampliamente los $3’000.000 sugeridos en el estudio de la consultoría.

“Esto genera unos costos presupuestales que tiene que asumir la Asamblea, unos costos laborales que hacen insostenible el funcionamiento de la Asamblea Departamental, porque aquí funcionamos con unos recursos muy pocos. Esta es una entidad que no contrata, que no ejecuta ningún tipo de proyecto”, precisó el diputado Mancipe.

Acotó que en el momento en que se subió el salario para este nuevo cargo, se generó un déficit financiero en la Corporación, lo que obliga hacer una modificación a todo este tema, pero en esta ocasión vía sesión plenaria, para poder retomar las sugerencias iniciales de la consultoría.

El diputado aclaró que la génesis del problema que suscitó la demanda en contra Heyder Silva no es la creación del cargo, sino la asignación salarial que le fue asignada.

Añadió que otra arista de esta controversia está relacionada con la actitud asumida por Silva. En su condición de presiente de la Asamblea, en ese momento, no consultó a la mesa directiva de la Corporación para tomar una decisión sobre el mencionado nombramiento.

“Es cierto, lastimosamente el actuar que hizo el presidente de la vigencia pasada fue individual. Eso no tiene autorización ni del primer vicepresidente ni del segundo vicepresidente, ni de la plenaria, ni de ninguna comisión. Es decir, fue una decisión netamente del presidente el 17 de diciembre del año pasado”.