El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la Acción Popular que busca organizar todo el tema de vivienda en el departamento y frenar la proliferación de urbanizaciones ilegales, especialmente en Yopal, fenómeno que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en la ciudad.

La acción fue interpuesta en contra del Municipio de Yopal, el Departamento de Casanare, la Superintendencia de Notariado y Registro, Corporinoquia, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, la Empresa de Energía de Casanare y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía.

Se fundamenta en la defensa de derechos como el goce de un ambiente sano, seguridad pública, acceso a servicios básicos, moralidad administrativa y derechos de consumidores, entre otros, consagrados en la Constitución (Art. 88) y la Ley 472 de 1998.

Medidas cautelares solicitadas

La Acción Popular pide a la autoridad judicial suspender por 12 meses (prorrogables) la aprobación de nuevos planes parciales hasta garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esta solicitud la sustenta con el supuesto incumplimiento de requisitos técnicos, falta de infraestructura de servicios públicos y protección ambiental en zonas de expansión.

También pide la clausura de manera inmediata de la totalidad de las urbanizaciones ilegales (construidas o en proceso de construcción) en Yopal, con plazo máximo de 30 días.

Igualmente, contempla varias acciones complementarias como la prohibición de la comercialización de lotes ilegales. Invita a informar a la comunidad a través de avisos visibles, donde se alerte sobre la ilegalidad de estos planes de vivienda que no cumplen con los requisitos de ley, así como los riesgos que implica este tipo de proyectos.

De la misma manera, se solicita la intervención de manera coordinada entre Alcaldía, Policía y Corporinoquia, para ejecutar las medidas antes expuestas.

En este listado de peticiones se incluye una demanda a los urbanizadores ilegales, argumentando omisión en servicios públicos y costos fiscales no planificados.

Crear un ente interinstitucional con tecnología SIG para vigilancia urbano-rural, denuncias ciudadanas y transparencia. Cerrar empresas que promueven urbanizaciones ilegales.

Pedir a la Fiscalía que investigue a las empresas promotoras de este tipo de iniciativas, por los delitos como captación ilegal de recursos, estafa, ocupación irregular de suelo y fraude.

Iniciar procesos sancionatorios en Corporinoquia y auditorías a notarías (Superintendencia de Notariado) por escrituraciones irregulares.

Convocar mesa interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Gobernación, Alcaldía para proyectos de vivienda digna en estratos 1, 2 y 3.

Exigir a Enerca AAAY que niegue la viabilidad a proyectos sin cumplimiento técnico-legal.

La idea es sancionar a todos aquellas empresas que han promovido proyectos de parcelación y venta de terrenos sin licencias urbanísticas, sin servicios públicos esenciales y sin cumplir los requisitos legales para los planes parciales.

Según la Acción Popular estas prácticas han generado impactos negativos en el ambiente, la salubridad pública, el acceso a servicios básicos y la confianza de los ciudadanos, quienes han sido víctimas de promociones engañosas y captación ilegal de recursos.