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El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la Acción Popular que busca organizar todo el tema de vivienda en el departamento y frenar la proliferación de urbanizaciones ilegales, especialmente en Yopal, fenómeno que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en la ciudad.

La acción fue interpuesta en contra del Municipio de Yopal, el Departamento de Casanare, la Superintendencia de Notariado y Registro, Corporinoquia, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, la Empresa de Energía de Casanare y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía.

Se fundamenta en la defensa de derechos como el goce de un ambiente sano, seguridad pública, acceso a servicios básicos, moralidad administrativa y derechos de consumidores, entre otros, consagrados en la Constitución (Art. 88) y la Ley 472 de 1998.

Medidas cautelares solicitadas

La Acción Popular pide a la autoridad judicial suspender por 12 meses (prorrogables) la aprobación de nuevos planes parciales hasta garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esta solicitud la sustenta con el supuesto incumplimiento de requisitos técnicos, falta de infraestructura de servicios públicos y protección ambiental en zonas de expansión.

También pide la clausura de manera inmediata de la totalidad de las urbanizaciones ilegales (construidas o en proceso de construcción) en Yopal, con plazo máximo de 30 días.

Igualmente, contempla varias acciones complementarias como la prohibición de la comercialización de lotes ilegales. Invita a informar a la comunidad a través de avisos visibles, donde se alerte sobre la ilegalidad de estos planes de vivienda que no cumplen con los requisitos de ley, así como los riesgos que implica este tipo de proyectos.

De la misma manera, se solicita la intervención de manera coordinada entre Alcaldía, Policía y Corporinoquia, para ejecutar las medidas antes expuestas.

En este listado de peticiones se incluye una demanda a los urbanizadores ilegales, argumentando omisión en servicios públicos y costos fiscales no planificados.

Crear un ente interinstitucional con tecnología SIG para vigilancia urbano-rural, denuncias ciudadanas y transparencia. Cerrar empresas que promueven urbanizaciones ilegales.

Pedir a la Fiscalía que investigue a las empresas promotoras de este tipo de iniciativas, por los delitos como captación ilegal de recursos, estafa, ocupación irregular de suelo y fraude.

Iniciar procesos sancionatorios en Corporinoquia y auditorías a notarías (Superintendencia de Notariado) por escrituraciones irregulares.

Convocar mesa interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Gobernación, Alcaldía para proyectos de vivienda digna en estratos 1, 2 y 3.

Exigir a Enerca AAAY que niegue la viabilidad a proyectos sin cumplimiento técnico-legal.

La idea es sancionar a todos aquellas empresas que han promovido proyectos de parcelación y venta de terrenos sin licencias urbanísticas, sin servicios públicos esenciales y sin cumplir los requisitos legales para los planes parciales.

Según la Acción Popular estas prácticas han generado impactos negativos en el ambiente, la salubridad pública, el acceso a servicios básicos y la confianza de los ciudadanos, quienes han sido víctimas de promociones engañosas y captación ilegal de recursos.

El concejal de Yopal, Leonardo Infante, confirmó que la Acción Popular interpuesta por 11 cabildantes en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro, e IGAC, Catasig y la Alcaldía de Yopal, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Infante explicó que en este sentido también corre traslado de la medida cautelar que solicitaron los accionantes. El cabildante hizo una lectura favorable de estos hechos.

En su concepto la medida cautelar que solicitaron a la autoridad judicial, consistente en la posibilidad del aplazamiento por un año de la gestión catastral van por buen camino.

Agregó que dentro del texto presentado al Tribunal se consignaron 36 observaciones, no obstante, los accionantes se enfocaron en el campo jurídico, con el fin de demostrar el entramado que se hizo durante la administración pasada, para entregarle el servicio de la gestión catastral.

Dijo el concejal que esta responsabilidad fue entregada a otro municipio como es Sabanalarga (Atlántico), que a su vez creó la empresa Catasig, que no contaba con la idoneidad ni la experiencia para adelantar la actualización del avaló. Adicionalmente sostuvo que esta figura clasifica como como una tercerización.

En cuanto al tiempo estipulado para un pronunciamiento por parte del Tribunal, manifestó que para son cinco días hábiles para el tema del traslado.

“Tenemos una duda si comienzan a contar a partir de la notificación, pero cada parte demanda tiene 10 para dar sus argumentos”. Insistió que el proceso tiene anomalías tanto en lo jurídico como en el terreno técnico.

Finalmente, no descartó que un fallo del Tribunal puede abrir las puerta a investigaciones de tipo disciplinario, administrativo y penal para los responsables del convenio interadministrativo.

El Juzgado Primero Administrativo de Casanare admitió la acción popular No 2024-043 del 13 de Junio de 2024, donde se buscan amparar los derechos colectivos de la población educativa del Departamento de Casanare.

Así lo manifestó el abogado Carlos Sanabria, quien viene asesorando a los educadores provisionales que se quedaron sin trabajo, porque no aprobaron el cuestionado concurso docente y que tampoco han podido lograr su reintegro laboral, pese a calificar dentro del llamado retén social.

Según el profesional del derecho, la acción popular busca especialmente proteger derechos de los cerca de doscientos educadores provisionales, que fueron desvinculados en el transito de los educadores que ingresaron porque aprobaron la mencionada prueba.

Para Sanabria se presentó un detrimento del servicio público referente con la calidad educativa de los estudiantes por una deficitaria gestión administrativa, desorganización y falta de planeación, a la hora de realizar el ingreso de los profesionales que pasaron el concurso.

Agregó que la interposición de la acción popular se sustenta en el hecho que, tanto las secretarías de educación del muncipio y el departamento, desvincularon a un número importante de docentes que clasificaban en el mencionado retén social.

Esta figura creada por el Gobierno nacional permite que los educadores que cumplan ciertos requisitos o que se encuentren de determinadas condiciones de salud o laborales, se les brinde la posibilidad de continuar laborando.

Sin embargo, según el abogado Sabanabria estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta por el estamento estatal local y departamental, que en su concepto, pasaron por encima de las patologías de varios profesores y que se encuentran relacionadas en sus respectivas historias clínicas.

Esta condición de salud ameritaba que, en aras de dar cumplimiento al retén social, fuesen tenidos en cuenta para que conservaran sus plazas de trabajo. No obstante, en la práctica fueron desvinculados de manera categórica.

El asesor manifestó que dentro de estos despidos se encuentran educadores con diagnósticos de cáncer, sarcomas, diabetes, artritis y enfermedades catastróficas, así como varios prepesionados y madres cabeza de hogar.

Todos estos docentes provisionales clasifican en el mencionado retén y no debía ser separados de sus puestos de trabajo. Frente a esta situación los docentes provisionales entre noviembre de 2023 y febrero de 2023, elevaron a las referidas secretarias de educación sus reclamaciones y pidiendo una pronta solución.

En este punto, explicó Carlos Sanabaria, que las dos dependencias oficiales les han venido tomando el pelo a los educadores con citas, charlas, visitas, reuniones, comités, mesas de trabajo, inducciones y capacitaciones.

Actividades totalmente inocuas porque hasta el momento no se les ha ofrecido a los afectados ninguna solución real y efectiva. Como respuesta los educadores tramitaron ante el contencioso administrativo, una acción popular para la defensa de sus derechos y los de la comunidad educativa.

Otra condición que tampoco fue tenida en cuenta, se trata que la mayoría de los desvinculados también contaba en promedio con doce años de servicio público.

Además sus resoluciones de cambio de las plazas docentes, fueron notificadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 es decir, en pleno calendario escolar de 2024, lo que corrobora que no tuvo ningún tipo de organización y planeación.

Esta decisión desencadenó al inicio del calendario académico, una salida arbitraria y con posibles favoritismos entre aquellos que ingresaron por el concurso y los docentes salientes.

Calificó que al admitirse la acción popular, se busca dar paso a la moralidad administrativa y defensa ante detrimento de la calidad educativa, derivada de la desorganización del Municipio y Departamento.

De esta manera se busca restablecer las condiciones del servicio y retener las desvinculaciones por vía judicial. En este contexto se solicitó al juez el inventario total de docentes del departamento como del municipio de Yopal.

Registro que debe incluir el numero total de docentes en situación de debilidad manifiesta; el total de docentes provisionales; el total de docentes en reten social y que se restablezca por vía judicial los derechos conculcados de docentes y comunidad educativa de Yopal y Casanare

Por esto se convocó a todos los educadores provisionales y comunidad educativa, a participar en esta acción popular.

A 9 años del colapso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal, que se cumplen este 29 de mayo, el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable que se construye en la vereda La Vega, por parte de Findeter, aún no se concluye. La PTAP está construida en un 98% según Findeter, pero los otros componentes como la filtración ribereña y la línea de conducción que permitirá que el agua llegue a los habitantes de Yopal están embolatados.

Con la propuesta de Findeter de hacer una conexión entre la línea de conducción de 36 pulgadas de la Planta de tratamiento de agua potable definitiva y la línea de conducción de 18 pulgadas existente, para probar la funcionalidad de la infraestructura, se evidenció que el proyecto del sistema de abastecimiento integral de agua potable está crudo. Al menos se tardará unos dos años más para su construcción.

En los estudios y diseños contratados por la Eaaay en 2013, viabilizados por el Ministerio de Vivienda en diciembre de 2014 y en los cuales se fundamentó la contratación del sistema de abastecimiento de agua potable para Yopal por parte de Findeter con el Consorcio de las Aguas en 2015, se  contempló una planta tratamiento convencional conformada por una bocatoma lateral o sistema de filtración ribereña, un desarenador, una planta de tratamiento y una línea de conducción hasta las redes del acueducto de Yopal. Pese a esto, extrañamente, el objeto contractual, no incluyó esta última parte.

De esto, solo está ejecutado una bocatoma lateral, la PTAP, el desarenador y una parte de la línea de conducción. Para poder completar y poner en funcionamiento la planta están pendientes los demás elementos.

Bypass PTAP y línea 18”, posible en el papel, pero NO convence

En informe de la Dirección Técnica de la EAAAY elaborado el 13 de abril de 2020, se recomienda no conectar la PTAP definitiva a la línea de 18”, porque se estaría incumpliendo los requisitos técnicos exigidos para el sector de agua potable y saneamiento básico. El gerente de la EAAAY, Jairo Bosuet Pérez, dice que el proyecto de abastecimiento de agua para Yopal debe cumplirse en todos los componentes.

Por su parte la Alcaldía de Yopal respondió a Findeter que hidráulicamente en el papel, la conexión de la PTAP a la línea de conducción de 18” es posible. Sin embargo esta alternativa no cuenta con documentación necesaria para su aprobación por ende debe cumplir con estudios y diseños de ingeniería de detalle, concepto aprobatorio del diseñador Jaime Logreira de la interventoría y de Findeter en calidad de supervisor del convenio 199 de 2014.

Enredadas obras de protección de la línea de conducción entre  PTAP y puente La Cabuya

Con respecto a las obras de protección de la línea de conducción entre la vereda La Vega y el Puente de la Cabuya el asunto se ha complicado porque aunque desde agosto de 2019 Findeter radicó el proyecto en la Gobernación de Casanare, ya se han surtido 5 revisiones por parte del equipo de la Secretaría de Obras Públicas y aún no se ha corregido importantes faltantes.

Entre lo que cuestiona la Gobernación está que el proyecto no se ha radicado ante la Alcaldía de Yopal para su revisión técnica y elaboración de requisitos y esto es obligatorio para poder presentar ante Ocad Departamental. También se solicita que Findeter debió obtener licencia ambiental para realizar las obras de protección pero este ítem no está contemplado en la consultoría y esto también es de estricto cumplimiento. Tampoco se ha cumplido con el estudio del clima y el plan de movilidad, entre otros requerimientos.

Otra situación es la proyección de realizar 183 pilotes a mano mientras que la Gobernación expresa que estos deben hacerse con una piloteadora y sino la demora será mayor.  

Se destaca también que el proyecto con las revisiones hechas hasta ahora puede superar los 13 mil millones de pesos y el gobierno departamental se había comprometido a disponer de 6 mil millones, por ende está desfinanciado.

Cuando por fin se pongan de acuerdo estas entidades sobre los estudios y diseños, la contratación y ejecución del proyecto tardará dos años.

Yopal tendrá PTAP pero no agua  

En otra mesa técnica realizada este 26 de mayo, previa a la audiencia de seguimiento de la acción popular del agua potable en el Tribunal Administrativo de Casanare a realizarse en junio y a que se cumplan 9 años sin PTAP, las entidades obligadas a solucionar la problemática aún no encuentran el camino para avanzar en la culminación del sistema de abastecimiento de agua para Yopal.

Así se desprende de las conclusiones informadas por la Secretaria de Obras Públicas de Yopal, Martha Mojica, quien expresó que faltan soportes la alternativa de posible bypass entre las líneas de conducción de 36 y 18 pulgadas (que conduce el agua a Yopal actualmente), los cuales deben ser entregados por Findeter.

Igualmente concluyó que aún se sigue sin soluciones finales frente al tema de los poliedros, la filtración ribereña, las obras de protección de la línea de conducción del km 2+570 hasta km 3 más 160 y la línea de conducción 1.800 metros desde La Cabuya hasta Club Casanare.

Ver Informe Especial: Yopal, 9 años sin PTDA
SinAgua2020