La reparación por daños psicológicos y culturales a 20 niños indígenas, por haber ordenado a la Fuerza Aérea la destrucción de la pista de aterrizaje de Morichito, en el resguardo de Caño Mochuelo en 2013; decretó el Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia contra el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

Además la sentencia ordena otras medidas de reparación simbólicas, como la realización de un acto público, con participación de las Fuerzas Militares, Fiscalía, el Ministerio y autoridades locales; donde aclaren que el ataque a la pista indígena fue un error y que las comunidades no participan de actividades de narcotráfico (como se argumentó en el momento).

Por su parte la agente del Ministerio público, dentro del proceso; consideró relevante que la pista se encontrara dentro de territorio indígena y que la comunidad tenía  derecho a que el Estado la consultara previamente a la realización de cualquier procedimiento (Ley 21 de 1991).

Señaló además que la Fiscalía se apresuró en dar la orden y no confirmó con pruebas fidedignas que la pista estaba siendo utilizada para narcotráfico.

La sentencia se da gracias a una Acción de Grupo, interpuesta por  Gerardo Alí Rodríguez García, como gobernador del Resguardo Indígena, a través de la Defensoría del Pueblo.