A escasos meses de completarse cuatro años sin el servicio de agua potable en Yopal, el  Alcalde (e) de la ciudad, Jorge García Lizarazo, anunció ayer durante el acto de posesión en el Concejo, que uno de los ejes temáticos en el que trabajará de manera prioritaria, será el de encontrar una solución a esta problemática que afronta el municipio desde 2011.

Situación compleja, ya que  aún no se ha concretado, ni por el Ministerio de Vivienda, ni por la Alcaldía de Yopal,  la compra de los terrenos para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP.

En reciente audiencia de verificación de cumplimiento de las medidas cautelares y definitivas para solucionar la problemática del agua adelantada en el Tribunal Administrativo de Casanare, se dio un plazo de 20 días a la Alcaldía de Yopal para que acredite la adquisición de los predios, mediante escritura pública, o constate que ya se iniciaron los trámites para adquirir los terrenos.

En 2014, el señor Francisco Barrera propietario de la Finca El Milagro, en la vereda La Vega, en donde se piensa construir la PTAP, fue notificado por Planeación Municipal, sobre la declaratoria de utilidad pública de sus terrenos, situación que no ha sido definida aun por la Oficina de Instrumentos Públicos, al no resolver un recurso de reposición presentado por la Alcaldía.

Nueva Planta Modular

Sumado a lo anterior, en pasados días la Contraloría Departamental  de Casanare, emitió función de advertencia al Representante Legal de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Alcaldía Municipal de Yopal, en relación con la contratación de una planta modular alterna.

Advirtió la Contraloría sobre la presunta Gestión Fiscal Antieconómica en la contratación de la planta alterna que pretende adelantar la administración de la EAAAY, como medida temporal y de servicio limitado en monto aproximado de $12.042.861.428,57 más la actualización del índice de precios al consumidor (IPC) por valor de $3.184.324.217, para un total de $15.227.185.564, financiados con recursos de crédito que otorgaría el Fondo de Desarrollo Empresarial de la SSPD.

Ante esto la Superintendencia de Servicios Públicos dijo en un comunicado de prensa que, “La Contraloría Departamental de Casanare no posee facultades para emitir controles de advertencia conforme al último pronunciamiento de la Corte Constitucional frente al Decreto 267 de 2000”.

Concluye el comunicado que la Superservicios en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales ha diseñado soluciones en procura de garantizar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios de la EAAAY. 

Ni calidad, ni buen servicio

Veedores de servicios públicos y habitantes del municipio han coincidido en afirmar que son pocos los resultados que se han visto, en cuanto a soluciones tangibles en relación con la problemática del agua potable, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, desde comienzos de 2013, cuando la entidad asumió la intervención de la EAAAY.

Desde ese entonces han estado en el cargo tres agentes interventores de la entidad, sin que hasta el momento haya ni calidad, ni la continuidad del servicio para el municipio de Yopal, que el próximo 29 de mayo completa cuatro años sin la prestación del servicio de agua potable, al contrario; de los pozos anunciados para aumentar el caudal, ninguno está conectado a la red,-a excepción del de Villa María-,mientras que la planta modular construida en La Vega está sub utilizada.

El reto

Jorge García Lizarazo, tiene nueve meses para adelantar los trámites correspondientes con el fin de brindar agua potable a los habitantes de Yopal, ya sea a través de una planta modular  o a través de la conexión a la red del acueducto de los pozos profundos que se están perforando.

Como se recordará,  el alcalde titular, Willman Celemín fue  destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos, por 13 años, por la Procuraduría, por las irregularidades presentadas en el suministro de agua potable. Según el Ministerio Público, la conducta del alcalde de Yopal fue gravísima de forma inexcusable y trasgredió el ordenamiento jurídico.

La Procuraduría argumentó que el mandatario local incurrió en varias faltas disciplinarias relacionadas con el diseño y construcción de la planta modular  de agua de Yopal y el suministro de agua no tratada para sus habitantes.

Para la Procuraduría, el alcalde Celemín Cáceres no actuó de manera diligente para superar la crisis de agua que vivía el municipio de Yopal y además no adelantó actuaciones para conseguir recursos para comenzar las obras correspondientes y así mitigar la problemática de sus habitantes, quienes han sufrido afectaciones de salud por la falta de calidad del agua.