Yopal y Aguazul condenados a repetir historia de violencia por cuenta de grupos armados, según alerta temprana 023 del 5 de junio de 2023 de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con esta, cerca de 140 mil habitantes estas dos poblaciones se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos humanos por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados. Mientras autoridades locales rechazaron el informe, defensores de derechos humanos lo avalaron.

Entre la caracterización que hace la Defensoría se encuentran 15.898 migrantes venezolanos, 3.214 afrocolombianos, 574 indígenas, 274 habitantes de calle y 3 palenqueros. Y entre los grupos vulnerables además de los mencionados están las comunidades indígenas y campesinas, voceros de víctimas, organizaciones comunales, sociales y defensores de derechos humanos, niños niñas y adolescentes y población socialmente estigmatizada como indigentes y consumidores de SPA.

Igualmente, según la condición social, están en riesgo los campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, transportadores, funcionarios públicos, docentes, mujeres, jóvenes/estudiantes, empresarios, contratistas y población migrante.

Localización geográfica de población en riesgo en Yopal y Aguazul

Llama la atención que el informe de la Defensoría inicia con la localización geográfica del riesgo, donde ubica 22 barrios de Yopal: Villa Flor, Villa Benilda, San Marcos, Torres del Silencio, Nuevo Hábitat, Casiquiare, La Primavera, La Esmeralda, El Remanso, La Esperanza, Llano Lindo, Florida Blanca, Villa del Sol, Cañaguate, San Martín, Villa Docente, Comfaboy, El Progreso, La Bendición, Aerocivil, 20 de Julio, Llano Vargas; 5 asentamientos humanos de Yopal: La Bendición, Mi Nueva Esperanza, La fortaleza (comuna 6) y La Victoria, La Resistencia, La Libertad (comuna 5) y 5 sectores urbanos: Asentamientos Humanos: La Bendición, Mi Nueva Esperanza, La fortaleza (comuna 6) y La Victoria, La Resistencia, La Libertad (comuna 5). Y algunas veredas de los corregimientos de El Morro, El Charte, Punto Nuevo, Morichal, La Chaparrera, La Niata y Tilodirán.

Y en Aguazul los barrios nombrados son 32: Alcaraván, Carlos Pizarro, Bello Horizonte, El Centro, Ciudadela La Esperanza, Ciudadela Araguaney, El Cristal, Diez de Mayo, El Oriente, Jorge E Gaitán, Juan H Urrego, La Espiga, La Fundación, Las Ferias, Los Esteros, Los Libertadores, Las Palmeras, Luis M Jiménez, El Porvenir, San Agustín, San Pedro, San Carlos, Sevilla Siete de Agosto, Simón Bolívar, La Pradera, Villa Nancy, Villa Araguaney, Villa del Río, Villa Laguito, Villa Luz, Villa Floresta. También se menciona 50 veredas del piedemonte aguazuleño.

Presencia de Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo en Yopal y Aguazul

De acuerdo con el documento, hay presencia de las Facciones Disidentes de las FARC (FD-FARC) y del Frente Guerra Oriental (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Yopal y Aguazul, vecinos limítrofes. Estos grupos armados organizados al margen de la ley llevan a cabo acciones violentas en la región. De la misma forma se menciona el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.

De las Disidencias de las Farc, se expresa que se han consolidado los Frentes 28 y 10, que provienen de los antiguos frentes 10, 28, 38, 45 y 56. Hay información, indica la alerta temprana, sobre una posible refundación de las antiguas estructuras de los frentes 38 y 56, en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Casanare, Boyacá y Arauca. Estas junto a los frentes 10, 28, y 45 conformarían el Comando Conjunto de Oriente.

Esta agrupación utiliza videos y panfletos amenazantes extorsivos contra empresarios, contratistas, ganaderos, gremios de la agroindustria, el comercio y el transporte, para que realicen sus “aportes” a la causa.

También el ELN a través del frente José David Suárez tiene mayor injerencia en los corregimientos de El Morro, El Charte, Plan Brisas, Cupiagua – Monterralo, y con alcance e influencia hacia otras veredas

de los municipios vecinos de Casanare (Nunchía, Chámeza, Recetor) y Boyacá (Labranzagrande, Pajarito, Pisba y Paya). Esto en razón a las actividades petroleras desarrolladas y donde se busca incidir en procesos laborales, sindicales y de relacionamiento social. Desafortunadamente, esto ha generado la percepción de estigmatización de estos territorios por parte de la Fuerza Pública, precisa el informe.

En la Alerta Temprana se revela que estos municipios se han convertido en centros para la implementación de estrategias de captación de rentas, conformación de redes de apoyo y base social por parte de las crecientes “Facciones Disidentes de las Farc”. Además, se ha registrado un aumento de violaciones a los Derechos Humanos, como homicidios, amenazas, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados desde 2019. Incluso, se ha mencionado un ataque contra la Base de la Fuerza Aérea Colombiana en 2020.

La Defensoría ha tenido conocimiento de presuntas acciones relacionadas con reclutamiento forzado en estos municipios por parte de actores armados ilegales, algunos provenientes del departamento de Arauca. Estos estarían buscando jóvenes que han desertado de sus filas, han huido o han sido sacados por sus familias de Arauca, y se refugian en Yopal.

El documento refiere la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que hace parte del Clan del Golfo, como uno de los sucesores del paramilitarismo presente en la región, derivado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), fundada por Héctor Buitrago Rodríguez, alias “El Tripas”. Buscan control territorial para llegar a los mercados de Venezuela y Brasil y de estos al Caribe, Centro América, Estados Unidos y Europa.

“Grupos asociados a estas estructuras armadas serían los responsables de la disputa por el llamado narcomenudeo urbano, la que se manifiesta en agresiones o ataques armados contra la población socialmente estigmatizada de las ciudades de Aguazul y Yopal, expresada en homicidios selectivos (contra expendedores y distribuidores) y contra personas asociadas a actividades delincuenciales”, detalla el informe. Estos asesinatos son una práctica sistemática de grupos paramilitares y evidencian su posicionamiento territorial.

Sobre estos grupos paramilitares, dice la Defensoría, se genera un complejo escenario de riesgo, ya que buscan posicionarse geoestratégicamente en el principal centro urbano e institucional de Casanare, así como en los municipios con alta producción de petróleo, como ya ocurrió en el pasado hace dos décadas.

La alerta resume que “Las AGC en Casanare, cuentan con capacidad militar, estructura orgánica y jerárquica compuesta por frentes y comandos, con intereses territoriales y económicos definidos y no se descarta que para el desarrollo de su accionar en la región cuenten con la aprobación y colaboración de algunas personas vinculadas a los sectores económicos que reclaman la contención de la incursión en el territorio de la insurgencia del ELN y de las FD de las FARC que, bajo la intimidación y la amenaza, los obligan al pago de extorsiones”.

Según la Defensoría, los grupos armados ilegales llevan a cabo acciones violentas que afectan los derechos de la población civil, incluyendo homicidios selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos.

Posibles enfrentamientos de grupos armados ilegales por control territorial

También la Defensoría del Pueblo analiza que con la presencia de estos grupos armados se prevé una eventual confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc y Eln, que además de control territorial, de la apropiación de recursos de las actividades económicas de la región, tienen interés en el control y monopolio del narcotráfico y microtráfico.

Literalmente el informe precisa que “Las acciones de la insurgencia del ELN, de las Facciones disidentes de las FARC y las llamadas AGC, como otros actores armados ilegales derivados de las AUC y las ACC, representan para la población civil rural y urbana de los municipios de Yopal y Aguazul un alto nivel de riesgo con alta probabilidad de que sus acciones vulneren los derechos fundamentales, ante la posible disputa por el control del territorio, la aplicación de la justicia de facto, el cobro forzado de impuestos de guerra, ya sea el llamado “impuesto revolucionario” o el impuesto de recaudo por servicios de seguridad, el uso y la utilización de los migrantes, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la proyección y consolidación territorial y el control social para promover idearios políticos e ideológicos”.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo, la falta de resultados ante las denuncias presentadas ante las autoridades, referentes a amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, veedores, víctimas del conflicto armado, docentes y sindicalistas, entre otros.

La Defensoría del Pueblo manifestó que se conoce que el propósito de las Disidencias de las Farc es revivir los frentes 38 y 56, que tendrían el objetivo de disputar los municipios de Aguazul, Maní, Tauramena, Monterrey, Villanueva y Yopal, donde ya opera el Clan del Golfo.

Las disidencias de las Farc también libran una confrontación armada con el ELN en Arauca y no se descarta que esta pueda trasladarse a Casanare.

En riesgo: habitantes de calle, población OSIG, venezolanos y jóvenes de estratos bajos.

Sobre los habitantes de calle, se explica que, por estar en pobreza extrema, exclusión social alta, enorme insalubridad física y mental y probables consumidores de estupefacientes, son proclives a la realización de actividades delincuenciales y a ser objeto de señalamientos, estigmatizaciones y persecución. Además, se destaca que en ocasiones son utilizados por los grupos armados para actividades de inteligencia, información y transporte de armas, insumos y drogas. En Yopal hay caracterizados 270 personas en esta situación.

En referencia a la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa OSIGD, los riesgos por acciones violentas de parte de grupos armados ilegales, particularmente paramilitares, son constantes y potenciados por condiciones de vulnerabilidad y exclusión. También se ve afectada por violencias por prejuicio, justificada por orientación sexual, identidad, pertenencia étnica, y expresión de género. Esto puede desencadenar en la instrumentalización de las víctimas OSIGD en temas de redes de tráfico y prostitución, entre otros.

Frente a los venezolanos se detalla que transitan permanentemente en el corredor Yopal-Aguazul, municipios que se ubican sobre la Marginal del Llano. Se describe su situación de precariedad y vulnerabilidad debido a su condición de migrantes ilegales y a la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades laborales, además de la estigmatización de algunas autoridades, lo que los hace propensos a ser víctimas de violencia y explotación por parte de los grupos armados ilegales. Se informó que, según reporte de la policía nacional, en los últimos 4 años han sido asesinados 18 migrantes en estos municipios.

De los jóvenes de estratos bajos, su riesgo y vulnerabilidad se presenta por la falta de oportunidades laborales y educativas, lo que los hace ser blancos para ser reclutados por los grupos armados ilegales y a ser víctimas de violencia y explotación.

Homicidios, amenazas, desplazamiento y extorsiones

El periodo analizado por la Defensoría del pueblo comprende desde la alerta temprana ATI 08-21 emitida el 17 de marzo de 2021 y el informe de seguimiento a esta, que incluye el 29 de diciembre de 2022, y de acuerdo con la información recaudada, en este periodo se registraron un total de 20 casos de homicidio en Yopal y 6 en Aguazul. Mientras tanto los tres primeros meses del año de 2023 se han presentado 14 homicidios, de los cuales 5 ocurrieron en Yopal y 3 en Aguazul.

En el informe se expresa textualmente que “La tendencia del homicidio en el departamento (…) durante los años 2019, 2020 y 2021 registra un aumento considerable; de acuerdo a la información registrada por la Policía Nacional en el caso de los municipios en advertencia, se mantuvo un incremento en el municipio de Aguazul con tendencia moderada al 31 de diciembre de 2022; mientras para Yopal, que registra las tasas de mayor ocurrencia por este delito en el departamento, indica un aumento considerable del homicidio para los años 2019 y 2020, mientras que para el año 2021 se registró un descenso de 7 homicidios (8.5%), con tendencia a disminuir en el año 2022, pues al 31 de diciembre de 2022 se registraron 20 casos de homicidios”.

La Defensoría plantea que “el incremento de este delito estaría relacionado con el ingreso al territorio, consolidación y el desarrollo de actividades ilegales de actores armados no estatales denominados grupos sucesores del paramilitarismo y la implementación del sicariato como mecanismo de eliminación contra la población socialmente estigmatizada, organizaciones delictivas y pequeñas agrupaciones derivadas de antiguas estructuras paramilitares que subsisten en el territorio, con las que se enfrentan por el control de las actividades ilícitas como el mercado local de estupefacientes”.

Uno de los hechos más llamativos de estos homicidios tuvo que ver con el hallazgo de dos cuerpos decapitados en un sector aledaño al intercambiador vial en Yopal el 20 de octubre de 2022. Uno sería de una mujer y otro a un hombre con OSIGD, cuya cabeza habría sido hallada en octubre de 2021 en plena vía pública en el barrio La Corocora. El doble asesinato sigue siendo materia de investigación.

La tendencia del delito de amenaza va en aumento, se indica en el informe. “Yopal registró durante el año 2021 el 44.66% del total de las amenazas en el departamento; siendo los municipios de Aguazul y de Yopal los de mayor registro con 165 amenazas que corresponden al 56% del total de las mismas en el departamento de Casanare; durante el año 2022 de las 4042 amenazas denunciadas, en el municipio de Aguazul se reportaron 32 amenazas y para el municipio de Yopal se registraron 156 amenazas, para un total de 188 denuncias por amenazas que corresponden al 46.76% del total departamental por ocurrencia de este delito”. Y se agregó que “Durante los tres primeros meses del año 2023 en el departamento se han denunciado 104 amenazas de las cuales 6 en el municipio de Aguazul y 35 en el municipio de Yopal, 41 denuncias que corresponden al 39.42% del total de las amenazas reportadas en el departamento”.

Por cuenta de estas amenazas, el líder social y preventólogo Wilson Acosta Gaviria, quien brindaba atención espiritual y terapéutica a consumidores de estupefacientes en Yopal, fue objeto de amenazas con arma de fuego, al parecer por las AGC, en marzo de 2022. Debió irse del país. En junio de 2022, habitantes del corregimiento petrolero El Morro en Yopal denunciaron que habían recibido panfletos y llamadas donde se les notificaba que varias empresas asociadas al sector de hidrocarburos ya tenían el visto bueno para laborar en la región y que evitaran acciones de resistencia.

Se puso de presente que el presidente del concejo municipal de Recetor denunció que debió irse del municipio de Aguazul donde tiene una finca en la vereda Volcán Blanco ante la amenaza de integrantes del ELN de acabar con su vida y la de su familia si seguían viviendo en este sector.

En noviembre de 2022 en el barrio Casimena de Yopal hacia las 5 :30 de la tarde, Rubiela Benítez y Diego Flórez, líderes sociales pertenecientes al Comité Permanente por los Derechos Humanos regional Casanare, fueron víctimas de un atentado cuando arribaban al lugar de su residencia. Los hechos siguen siendo objeto de investigación.

El informe muestra el desplazamiento forzado en los últimos cuatro años en Casanare. “Para 2019 un total de 411 casos de los cuales el 38.78%, 159 casos, tuvieron como escenario los municipios de Aguazul y Yopal; para 2020, a pesar de la declarada pandemia se presentaron 241 en el departamento con 69 casos que representaron el 28.63% del total departamental en los municipios de Aguazul y Yopal; durante el año 2021 nuevamente hay un aumento de casos a 421 a nivel departamental con un incremento de eventos para los municipios de Aguazul y Yopal en los que se presentaron 119 eventos de desplazamiento forzado, es decir el 28.26% de los eventos relacionados con desplazamiento forzado; durante el año 2022 se registraron 587 eventos de desplazamiento forzado en el departamento de Casanare que corresponden al 25.11% para los municipios de Aguazul y Yopal; el incremento durante el año 2022 resalta la complejidad de la dinámica del conflicto armado en Casanare y el comportamiento de los actores armados sobre la población civil en el departamento y en los municipios en referencia; para el periodo actual al 31 de marzo de 2023 se han registrado 13 eventos de desplazamiento forzado de los cuales 4 se registran en el municipio de Aguazul y ningún evento a la fecha en el municipio de Yopal”.

Del fenómeno del reclutamiento forzado, la Defensoría Regional, informó que “Ha tenido conocimiento de presuntas acciones relacionadas con reclutamiento forzado en el territorio de estos municipios por parte de actores armados ilegales (algunos provenientes del departamento de Arauca), que estarían buscando jóvenes que habrían desertado de sus filas, huido o han sido sacados por sus familias de ese departamento, evitando ser reclutados en Arauca y refugiándose en el municipio de Yopal”.

En marzo de 2023 comerciantes, ganaderos, contratistas y empresarios denunciaron en la Defensoría del Pueblo de Casanare, extorsión al parecer por presuntos integrantes de las Facciones disidentes de las FARC.

Recomendaciones de la Defensoría

El documento proporciona varias medidas de prevención y protección que se recomiendan en las zonas mencionadas, en especial para la población en situación de vulnerabilidad y riesgo. Algunas de estas medidas son:

- Implementar con carácter urgente y de manera permanente los programas de prevención y protección, así como las rutas contra el reclutamiento forzado ante la presencia inminente de grupos armados ilegales en el territorio que aumentan el riesgo de uso, utilización y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes rurales y urbanos en estos dos municipios advertidos.

- Fortalecer la presencia institucional en los territorios, con el fin de garantizar la protección y el acceso a los derechos de la población civil, en especial de la población en situación de vulnerabilidad y riesgo.

- Implementar medidas de protección para los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, quienes son objeto de amenazas y ataques por parte de los grupos armados ilegales

- Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades locales y regionales ante situaciones de emergencia y crisis humanitarias, con el fin de garantizar la atención y protección de la población civil afectada.

- Implementar medidas de protección para la población migrante, en especial la población de origen venezolano, con el fin de garantizar su acceso a los derechos y su protección frente a la violencia y la explotación por parte de los grupos armados ilegales.

- Fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la protección de la infancia y la adolescencia, con el fin de garantizar la protección y el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo.

“No hay estructuras armadas en Yopal y Aguazul”: Alcaldías municipales

El alcalde encargado de Yopal, Rodolfo Chaparro y el secretario de Gobierno de Aguazul, Alejandro Durán, le salieron al paso a la Alerta Temprana y desmintieron el anuncio hecho por el defensor del pueblo Carlos Camargo, "no es cierto que existan estructuras armadas en Aguazul y Yopal. Rechazamos rotundamente las declaraciones del defensor del Pueblo".

Esta postura la dieron a conocer los funcionarios, en articulación con el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, el pasado 22 de junio, en donde de manera contundente afirmaron que dicha alerta lo que genera es zozobra y temor en la ciudadanía.

Chaparro pidió no estigmatizar las localidades y fue enfático en afirmar que estas son prósperas y pujantes y las autoridades vienen adelantando un trabajo arduo en beneficio de las comunidades, “no queremos que estos dos municipios que han superado la violencia sean estigmatizados”, reiteró.

Fiscalía descarta presencia de ELN y disidencias Farc en Yopal y Aguazul

El director seccional de Fiscalías de Casanare, Anderson Pinilla Sandoval, dijo que dicha alerta, lo que invita es a las autoridades locales a trabajar de manera articulada para garantizar la seguridad de los habitantes de estos municipios. El funcionario descartó totalmente la presencia de estructuras criminales, Farc, Eln, en estos municipios. Aseguró que no hay reporte que permita inferir que se tengan componentes en Aguazul o Yopal.

También fue enfático en afirmar que durante 2023 no se ha presentado ninguna denuncia sobre el reclutamiento de menores en Yopal o Aguazul, por parte de grupos armados.

Anunció la designación de un nuevo fiscal especializado para Casanare, a efectos de contrarrestar las advertencias de la Defensoría del Pueblo y evitar el deterioro del orden público en el departamento, tal como ocurre en otras regiones del país. “El fiscal especializado trabajará con la Policía Nacional y el Gaula, e igualmente realizará investigaciones y operaciones en contra de los grupos armados ilegales".

En relación con el delito de homicidio, dijo que hay una reducción de los casos del 40% para 2023. Sobre Yopal explicó que con base en “El análisis de los actores criminales que han participado en homicidios, no hay evidencia de que en los mismos hayan tenido participación de integrantes de grupos al margen de la ley”.

Sobre la población migrante, mencionada en la alerta temprana, con gran riesgo de vulneración de derechos, el fiscal expresó que, en el más reciente caso del homicidio de una mujer de origen venezolano, en inmediaciones de La Yopalosa, no se cuenta con elementos materiales probatorios que permitan atribuirse a grupos armados. “Para 2022 sí existe un caso, que ya fue esclarecido, el asesinato del ciudadano Aries Laín Tumay Ortega, de 31 años de edad, en donde se pudo corroborar a través de evidencias que fue el Clan del Golfo”, reiteró.

Indicó Pinilla que para 2023, la Fiscalía, ha generado para Casanare, más de 15.947 actuaciones a través de sus 41 fiscales adscritos a la dirección seccional.
“Se destaca la realización de más de 600 actuaciones con vinculación de indiciados, la solicitud ante los jueces de función de control de garantías de más de 140 órdenes de captura, y más de 150 sentencias condenatorias proferidas a solicitud de la Fiscalía, por parte de los jueces de la República”, indicó el director seccional de Fiscalías de Casanare.

Defensores de Derechos Humanos apoyan alerta temprana

Los líderes sociales Rubiela Benítez y Diego Flórez, integrantes del Comité Permanente por los Derechos Humanos, CPDH Seccional Casanare, cuestionaron la posición de los secretarios de Gobierno de Yopal y Aguazul, quienes de plano desmintieron el anuncio hecho por la Defensoría del Pueblo, en relación con la existencia de estructuras armadas en los dos municipios.

Rubiela Benítez, expresó que con la alerta temprana 023 de la Defensoría del Pueblo se evidencia con investigación de campo que Casanare está en conflicto armado y preocupa que las autoridades administrativas traten de negar lo que viene sucediendo. Expresó que han aparecido personas asesinadas, se han reportado secuestros y aparecieron granadas, amén de las amenazas y atentados que vienen recibiendo los defensores de derechos humanos como ella.

“Nos da tristeza la posición de las autoridades de Yopal y Aguazul, al desconocer la Alerta, ya que esta no se da de la noche a la mañana, es un trabajo de campo adelantado por la Defensoría durante varios meses, en donde se visibiliza el contexto de la problemática del conflicto armado que tiene Casanare. Aquí hay conflicto, pero no se quiere visibilizar. Y no solo los defensores de derechos humanos se encuentran amenazados, también hay personeros y presidentes de JAC amenazados por parte de grupos al margen de la ley”, dijo Rubiela Benítez. Frente a esta afirmación una fuente relacionada con temas de seguridad, expresó que no hay un solo personero amenazado. 

Relató que en noviembre de 2022 dos hombres armados llegaron a su casa de habitación en el barrio Casimena de Yopal, dejando como saldo un escolta herido del también defensor de derechos humanos Diego Flórez, herido. Frente al tema no se conocen avances en la investigación. Rubiela expresó, que luego de este hecho fue objeto de amenazas a través de su celular personal.  Reiteró que son múltiples las amenazas de grupos armados al margen de la ley.

La defensora en representación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos humanos hizo un llamado al gobierno nacional, ministerio del Interior, de la Defensa y al propio presidente para que se atienda el caso de Casanare y se apoye al Ejército y Policía Nacional.

Defensora de Monterrey en riesgo

La directora de la Fundación MUJER EMPODERADA de Monterrey, Fanny Mendoza Martínez, denunció que es víctima de desplazamiento forzado.

Fanny relató que el domingo anterior un individuo, quien se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegó a su vivienda y le dijo que si quería seguir con vida debía abandonar el municipio. Acto seguido, se refugió en un hotel y el lunes se desplazó en su carro, solo con su ropa hacia Yopal, en donde a pesar de haber tocado puertas en diversas entidades denunciando el caso, no ha obtenido respuesta.

“Ella se encuentra en la calle, desamparada, ya que no ha recibido ayuda por parte de ninguna de las autoridades competentes, razón por la cual, nos preguntamos lo siguiente ¿si en Casanare no está pasando nada, si es un territorio de paz, porqué los defensores de derechos humanos están saliendo de los municipios, desplazados?”, cuestiona Rubiela Benítez

La líder relata que hace 8 meses se encuentra al frente de la fundación que trabaja al menos con 74 familias víctimas del conflicto armado. "De manera constante he recibido amenazas, pero esta última ha sido la más contundente", expresa.

La situación que vive Fanny corrobora que en Casanare no existe un plan de contingencia para los líderes de derechos humanos que han recibido amenazas de grupos al margen de la ley.

"Antes existía PAO, Plan de Acción Oportuna, una ruta para atención inmediata de víctimas creada por el Ministerio del Interior, ahora no existe nada ", dice Diego Flórez, miembro de la junta departamental del CPDH seccional Casanare.

En medio de combates, el Ejército Nacional, capturó a ocho presuntos integrantes del Eln y logró recuperar a un menor de edad, en inmediaciones de zona rural municipio de Tame, Arauca.

Según el Ejército, esta estructura estaría relacionada con los secuestros de personal civil y militar, extorsión, asesinatos selectivos, así como el hurto de vehículos en las diferentes vías del departamento de Arauca, mediante la modalidad de retenes con fines terroristas y la utilización de dichos elementos para atentar contra la población civil, en especial en los sectores de Santo Domingo, Flor Amarillo y Betoyes. Además, de ser señalados de perpetrar el secuestro del suboficial de la Armada, Camilo Andrés Córdoba, en hechos registrados el pasado 13 de diciembre del año 2022.

En el desarrollo de la operación, fueron incautados seis fusiles, dos pistolas con sus proveedores y munición, así como seis equipos de campaña. El menor de edad, quien fue recuperado de las filas de ese grupo armado organizado, se procederá a reestablecer sus derechos por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Es un hecho notorio, la grave violación en la que incurre este grupo en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así como la transgresión a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario”, indica el comunicado del Ejército Nacional.

Los capturados y el material de guerra fueron dejados a disposición de la autoridad competente para continuar los procesos de judicialización.

Según una carta del grupo armado, esto durará desde Navidad hasta Año Nuevo, con el fin, según ellos, “para crear un ambiente de paz en estas fechas”. En el comunicado, la guerrilla hace un llamado al Estado para que ayude a disolver los grupos paramilitares que, según dicen, “siguen a sus anchas en todo el territorio nacional de la mano con las Fuerzas Militares y de Policía”. En el documento, dicen además que “ya no puede seguirse con el mismo cuento, o se compromete el Estado en disolver y erradicar estos grupos o el nuevo esfuerzo de paz seguirá quedando interrogado”.

Aun así, el grupo armado manifiesta que “pese a lo señalado, el Eln sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, por tanto, decretamos un cese el fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022, hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023″.

Defensoría del Pueblo espera que el Eln cumpla anuncio de cese al fuego para fin de año “La Defensoría del Pueblo estará atenta al cumplimiento del anuncio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln, de un cese al fuego unilateral el cual comenzará a regir desde las 6:00 a.m. del próximo sábado 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 2 de enero”.

Así lo advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al recordar que “a través de las regionales, nuestros funcionarios estarán vigilantes de que dicho anuncio se cumpla, especialmente, en los 212 municipios de 22 departamentos donde entre el 2017 y el 2022 la Defensoría del Pueblo ha emitido 148 alertas tempranas por el accionar de ese grupo armado ilegal, en las cuales se ha mostrado los diferentes riesgos a la vida e integridad de las comunidades”.

Cabe recordar que, en el más reciente mapa nacional de riesgos elaborado por la Defensoría del Pueblo, se detalla que este grupo armado tiene presencia, hace tránsito o intermitencia en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente.

El accionar de este grupo armado tiene características muy variadas en las distintas regiones del país, en varias zonas se encuentra en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados.

Un equipo de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica adelantaron un misión humanitaria que permitió el regreso a la libertad de los dos militares que estaban en poder del Eln desde principios de noviembre.

"Nuestros funcionarios de la Regional Arauca llegaron hasta el pie de monte araucano, en jurisdicciones de los municipios de Tame y Forul, para facilitar el resgreso de Fernando Urrego Rayo, quien estaba en poder del grupo armado ilegal desde el primero de noviembre y Luifer Aldey Mejía, desde el 3 de este mismo mes", manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El Defensor del Pueblo reiteró a los grupos armados ilegales que se debe seguir ofreciendo gestos de paz que permitan el avance de los diálogos para la consolidación de la paz total que viene proponiendo el Gobierno Nacional.

"Desde la Defensoría seguiremos realizando acciones para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. De manera particular, seguimos disponiendo nuestros canales humanitarios y nuestra experiencia de mediación para facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en poder de grupos armados ilegales", puntualizó Carlos Camargo.

A esta hora la misión humanitaria se encuentra trasladando a los soldados a una zona segura para adelantar las verificaciones de salud y el pronto encuentro con sus familiares.

Cinco personas señaladas de ser integrantes de la red de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado GAO ELN, fueron capturadas mediante orden judicial en simultánea en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

Los capturados eran conocidos con los alias de Miguelito, el Indio, Ciro, la Negra y Tatareto. Estos individuos, según las investigaciones, estarían relacionados con delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Entre los capturados se destaca a alias Diego o Tatareto, quien, al parecer, sería el segundo cabecilla de finanzas de la comisión Camilo Cienfuegos del grupo armado organizado GAO ELN en el municipio de Arauquita, Arauca. Al momento de su captura este sujeto tenía en su poder una pistola calibre nueve milímetros, una pistola traumática, dos proveedores de diferente calibre, cartuchos, una granada de fragmentación y un equipo de comunicación.

Los capturados y el material de guerra fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización, siendo este resultado un trabajo de seguimiento que realiza la inteligencia militar y policial a esta estructura armada.

De acuerdo con estadísticas del Ejercito Nacional, en lo que va corrido del año 2022, han logrado la captura de 30 presuntos integrantes de este grupo armado organizado.

Artefacto explosivo improvisado (AEI) que se encontraba instalado en una de las bases del puente Jorobado, en la vía que comunica Cravo Norte con Puerto Rondón, Arauca fue neutralizado por tropas del Ejército Nacional

Una vez conocida la información, el grupo antiexplosivos EXDE DELTA, de la Décima Octava Brigada, se trasladó para realizar una minuciosa inspección del terreno con el empleo de equipos técnicos y de protección. Allí encontró el cilindro de 40 libras junto a dos bolsas plásticas llenas de metralla y sustancias desconocidas que amenazaba la infraestructura vial del departamento.

Cumpliendo los protocolos internos de seguridad, se acordonó la zona, transportando el material a un área segura y se llevó a cabo su destrucción de manera controlada para finalmente restablecer la movilidad en ese eje vial.

El Ejército Nacional rechazó estas acciones terroristas planeadas por integrantes del GAO ELN, el cual buscaba atentar no solo contra la Fuerza Pública, sino también contra los activos estratégicos de la nación y la población civil en general que usa a diario esta importante vía en sus actividades cotidianas.

Invitan a la población a seguir denunciando presencia de objetos sospechosos a la línea gratuita nacional 147.

Ejército Nacional informó que lograron la ubicación de una comisión armada del ELN en la vereda Caño Guayabo, del municipio de Tame, Arauca, por lo que de inmediato desarrollaron una operación militar contra los guerrilleros, quienes al percatarse de la presencia de las aeronaves emprendieron la huida, no sin antes abrir fuego en contra de las unidades militares que se aproximaban.

En el cruce de disparos, y por la rápida acción de los uniformados se logró la captura en flagrancia de uno de los delincuentes quien se identifica con el alias de “Peluso”, según informó el Ejército Nacional.

En el registro y control del área incautaron un fusil Galil calibre 5.56 milímetros, un fusil AK-47, dos medios de lanzamiento, 11 artefactos explosivos improvisados, un vehículo tipo camioneta, proveedores, abundante munición de diferente calibre y material de intendencia.

El capturado junto al material incautado fueron puestos a disposición de autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización, mientras que el material de explosivos fue destruido de manera controlada en el lugar por los expertos antiexplosivos del Ejército Nacional. 

La Policía Nacional a través de la Dirección de Inteligencia, con apoyo de las seccionales de Investigación Criminal en Cali (Valle), Soledad (Atlántico), Maicao (Guajira), Yopal (Casanare) y Natagaima (Tolima), desarticuló una de las principales organizaciones de tráfico de estupefacientes al servicio del ELN y que tenía alianzas con el cartel mexicano de Sinaloa.

En este caso, la droga salía desde la Península de La Guajira hacia República Dominicana y Puerto Rico como escala, con destino final hacia Estados Unidos y Europa.

El líder de la estructura criminal fue identificado como Juan Carlos López Macías, alias 'Sobrino' o 'El Grande', quien escogió las modalidades de lanchas Go Fast y ocultamiento en embarcaciones pesqueras para realizar el envío de los cargamentos de clorhidrato de cocaína. Además de República Dominicana y Puerto Rico, las rutas que controlaba y que le permitían exportar cerca de 3 toneladas mensuales, se extendían e Guatemala como destino intermedio.

Su enlace en el ELN era alias 'Wisler', cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en los departamentos de Cesar y Guajira, este último convertido en la base de operaciones para el envío de estupefacientes, principalmente desde Bahía Honda y Bahía Hondita.

Durante las investigaciones previas en el marco de la operación 'Troya', en el marco de acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido, se logró la interdicción de dos embarcaciones en las que fueron encontrados 500 kilos de cocaína.

Entre 2009 y 2011 alias 'Sobrino' o 'El Grande' era el coordinador de narcotráfico y actividades ilegales de Cristóbal Galeano Murcia, conocido como 'El señor de los Llanos', enviando grandes cargamentos de droga desde pistas clandestinas en el estado Apure de Venezuela hacia países de Centroamérica.

Llama la atención que buena parte de la cocaína despachada desde la Guajira era producida en laboratorios del departamento del Putumayo, es decir en el otro extremo del país, y aunque el tránsito hacia la Costa Caribe significaba tiempo, eso les permitía también distraer y evadir la acción de las autoridades que enfocaban sus esfuerzos en los puertos del Caribe colombiano.

Además de Juan Carlos López, quien ya había sido capturado y extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y a quien en mayo de 2020 le fueron incautados 510 millones de pesos en efectivo cerca a Gachancipá, Cundinamarca, fueron capturadas otras cuatro personas: Mauricio Mantilla Rojas, alias 'Flafla', y Hernando Eduardo López, alias 'René', encargados de las finanzas de la organización, así como Omar Enrique Romero, alias 'Morgan' y John Jairo Romero, alias 'Poli', quienes estaban al frente de la operación logística.

Durante los operativos fueron incautados más de 50 millones de pesos en efectivo, 2 armas de fuego, 67 cartuchos de munición, 7 proveedores para pistola, 9 celulares y 1 dispositivo GPS.

Las actividades de lavado de activos se coordinaban en el departamento de Casanare, desde donde ordenaban y realizaban acciones de blanqueo de capitales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, vehículos de alta gama y movimientos de dinero desde empresas fachada dedicadas a la plantación y venta de productos como el arroz.

En zona urbana de Yopal, autoridades materializaron la captura de alias “Fanny”, presunta cabecilla principal de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez.

A esta mujer, las autoridades ya le seguían la pista desde hacía más de seis meses. Al parecer, intentaba esconderse esporádicamente en Casanare, para continuar con su actuar delictivo y no ser detectada por las autoridades de Norte de Santander.

Alias “Fanny” era la encargada de las finanzas ilegales para el sostenimiento de la estructura criminal, como de la consecución de armamento e intendencia. Así mismo realizaba inteligencia delictiva a la Fuerza Pública en la región del Catatumbo.

Según información de inteligencia, a comienzos de este año, alias Fanny habría sido delegada como cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de esta estructura, para generar corredores y delinquir en los sectores de Orú, Vesalles, Filo Gringo, Casa Tabla, Tres Curvas, Campo Seis, Tibú y El Tarra, en Norte de Santander.

La capturada, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente, tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir y financiamiento al terrorismo.

En un comunicado la Fuerza de Tarea Quirón, de la Octava División del Ejército Nacional, confirmó que, el pasado 7 de junio, dos suboficiales fueron secuestrados por el ELN en el centro poblado de Puerto Jordán, municipio de Arauquita.

Se trata del sargento viceprimero Jovan Rudas Sabogal y el cabo primero José Ángel Yate Yate, quienes salieron a adelantar actividades administrativas en este centro poblado y no regresaron, según información preliminar que se ha conocido.

Las operaciones para dar con el paradero de los militares iniciaron de día y de noche no solo en el centro poblado de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, sino en municipios circunvecinos, señala el comunicado del Ejército.

Ante organismos nacionales e internacionales el Ejército Nacional, informó que se instaurarán las denuncias pertinentes en contra del grupo armado organizado ELN por el secuestro del sargento viceprimero y el cabo primero. “Este repudiable hecho es una nueva violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad”.