La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, levantó la suspensión provisional impuesta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, que se sustentó en la posibilidad de que presuntamente reiterara la comisión de la falta en que habría incurrido al expresar su apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro Urrego.

El pasado domingo 19 de junio, luego de ejercer su derecho al voto, la procuradora Margarita Cabello, dijo en entrevista con medios de comunicación que tan pronto finalizara el proceso electoral, terminaban los elementos que motivaron la suspensión. Sin embargo, recalcò que la investigación sigue.

Quintero Calle seguirá vinculado al proceso de investigación, como sucede con los alcaldes de Ibagué (Tolima), de San Juan Nepomuceno (Bolívar) y de Timaná (Huila); a quienes la Procuraduría les suspendió provisionalmente y les levantó esta medida el pasado 31 de mayo, una vez concluyó la primera vuelta presidencial.

"La Procuraduría ha levantado la suspensión de nuestro cargo. Volveremos a la Alcaldía a partir de la 10:30AM", señalò a travès de twitter Quintero.

La Ley 2094 de 2021 reviste de facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, y reitera la competencia de esta entidad de suspenderlos de manera provisional cuando se cumplan las causales descritas en la Ley.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico y una enfermera, como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.

Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys. Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.

Actuar clandestino Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado. Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

De otra parte, el señor Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión. Los procesados no aceptaron los cargos.

 Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.

La Fiscalía continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

En un operativo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Casanare, y en coordinación con la Fiscalía 33 Seccional Yopal, se realizó un procedimiento de diligencias de registro y allanamiento a un inmueble, donde logran la captura mediante orden judicial de cinco personas pertenecientes al grupo delincuencial denominado “LOS REGUEROS”.

Segùn las autoridades de Casanare, este grupo delincuencial se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes tipo marihuana y clorhidrato de cocaína en los municipios de Pore, Hato corozal y principalmente Paz de Ariporo, mediante la modalidad de domicilio.

La sustancia era adquirida en el departamento del Valle del Cauca, Villavicencio Meta y la ciudad de Bogotá, el cual a través de labores investigativas se logró la identificación de esta estructura. En las diligencias de allanamiento las autoridades lograron la incautación de (02) motocicletas, (570) gramos de marihuana y (06) equipos celulares.

El juez les dictó medida de aseguramiento intramural a los integrantes del grupo delincuencial “Los Regueros” identificados como EDGAR BARRERA MESA, alias reguero, JOSE ELIECER GUANARO BUSTOS, alias Guanaro, YERZON HERNAN GOMEZ CHAPARRO, alias Yerzon, PAUCHO MENDIVELSO NIÑO, alias Pabucho, DARWING YOHANDER CADENA NAVARRO alias Darwing.

Por considerar que no representan un peligro para la sociedad, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, dejó en libertad al Otoniel Castañeda 'El Gran Llanerazo', César Tovar Santos, ‘Piporro’, y Rafael Liévano, una vez finalizadas las audiencias que concluyeron hoy hacia las 5:30 de la mañana.

Los imputados, quienes habían sido capturados en diligencias adelantadas en Yopal, Maní y Villaanueva, enfrentan cargos por concierto para delinquir, en el caso de Otoniel Castañeda y de concierto para delinquir en concurso con extorsión a los otros dos que quedaron en libertad. Todos estos delitos serían en relación a la presunta pertenencia al Clan del Golfo.

Otras cuatro personas detenidas, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, sí fueron cobijadas con medida intramural, dentro de la investigación de pertenecer a las estructuras del grupo paramilitar. Tres de ellas, aceptaron cargos.

Según el abogado Óscar Sampayo, defensor de Otoniel Castañeda, surtidas las diligencias preliminares, de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, que solicitaba la Fiscalía General de la Nación, los tres quedaron en libertad, pero seguirán vinculados al proceso y tendrán que atender a los llamados que haga el juez para avanzar en la investigación.

“Durante la audiencia logramos controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Otoniel Castañeda, consistentes en una interceptación telefónica y una declaración, adicionalmente se demostró que él no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, tal como lo establece el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento”, aseguró Sampayo.

Reiteró el abogado que se seguirán aportando las pruebas necesarias a la justicia para demostrar y aclarar al cien por ciento, que Otoniel Castañeda, no tiene vinculación alguna con el Clan del Golfo.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) logró la judicialización de tres presuntos integrantes de la subestructura Gonzalo Oquendo del ‘Clan del Golfo’ en Casanare, como parte de la estrategia investigativa para contribuir con el desmantelamiento de organizaciones criminales.

Con base en el material probatorio recaudado, Leopoldo Otero Cruz, conocido como ‘La Mona y supuesto articulador del ala sicarial de la estructura criminal, fue imputado por los delitos de: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, lesiones personales, y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas, a los cuales no se allanó.

Asimismo, la Fiscalía imputó a Jorge Luis Rodríguez Ibáñez, alias Coyote o Costeño; y a John Fredy Garzón Villamizar, alias Mecánico; por el delito de concierto para delinquir agravado. Este último aceptó su responsabilidad. Mediante labores de policía judicial se evidenció que los procesados estarían implicados en, por lo menos, 24 homicidios cometidos entre 2020 y 2021, en Yopal, Monterrey, Villanueva, Maní, Tauramena y Pore, Casanare.

En ese sentido, el juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de alias La Mona y alias Coyote. Entretanto, alias Mecánico fue privado de la libertad en su lugar de residencia con vigilancia electrónica. Los investigados fueron detenidos por unidades del CTI y el Ejército Nacional en diligencias realizadas en Trinidad y Yopal.

Este resultado se suma a la judicialización de José Antonio Hernández Pérez, alias “Zamir” o el “Indio”, presunto cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo del ‘Clan del Golfo’, el pasado 26 de septiembre. Este hombre sería el determinador de 22 asesinatos.

La Fiscalía General de la Nación, Seccional Casanare, en un trabajo conjunto con unidades de la Sijín de la Policía Casanare, desarticuló el grupo de delincuencia común organizado Los Houses, luego de las labores investigativas que permitieron identificar a los presuntos integrantes de esta organización, dedicada al microtráfico en la modalidad de entregas a domicilio, en el municipio de Monterrey.

El 27 de agosto pasado, se adelantó un allanamiento en el barrio La Floresta de Monterrey, donde fueron capturados Milton José Sánchez Barahona, presunto cabecilla de la banda; Jesús Alberto Moreno Aguirre, alias Chuchín, quien al parecer se encargaba del expendio y entrega de las sustancias; y Camilo Antonio Gallego Rodríguez.

Durante las diligencias fueron incautados estupefacientes, una gramera, un colador, una trilladora y dos celulares. Asimismo, se lograron inmovilizar dos motos. El ente acusador evidenció que los hoy procesados presuntamente coordinaban la venta por celular y luego realizaban la entrega a domicilio en motocicletas.

Además, se determinó que ‘Los Houses’ tenían un punto fijo en el citado municipio, hasta donde llegaban los compradores. Por estos hechos, la Fiscalía presentó a los detenidos ante el juez promiscuo municipal de Villanueva, con funciones de control de garantías, y les imputó cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a los cuales Sánchez Barahona se allanó en calidad de cómplice, mientras que los otros dos procesados no aceptaron su responsabilidad.

El juzgado impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria para Sánchez Barahona y la reclusión en centro carcelario para Moreno Aguirre y Gallego Rodríguez.

Autoridades capturaron en flagrancia a una estructura delictiva, quienes, al parecer, se hacían pasar por funcionarios del CTI vistiendo prendas institucionales, así como de armas de fuego y equipos de comunicación. Según la Fiscalía, estos sujetos pretendían secuestrar a un empresario de Casanare el pasado 28 de julio, en el municipio de Pore.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Andrés Martínez Rengifo, Víctor Manuel Montero Moreno, Dixon David Olivos Caviche, Édgar Darío Daza López y Darwin Alexander Colmenares, a los cuales les incautaron un revólver, una granada de fragmentación, 5 cartuchos, 6 celulares, una camioneta, 4 gorras y 2 chalecos con logos del CTI.

Las autoridades, en desarrollo de otra investigación por un homicidio perpetrado en Arauca, adelantó diligencias de vigilancia y seguimiento, y obtuvo información que permitió evidenciar la presunta intención de los hoy procesados para llevar a cabo el secuestro del empresario en Casanare.

En audiencias concentradas ante el juez promiscuo de Pore, ninguno de los procesados aceptó los cargos que la Fiscalía les imputó por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas militares en concurso homogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios partes y municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Al término de las diligencias el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario de Carlos Andrés Martínez Rengifo y a Víctor Manuel Montero Moreno, mientras que Dixon David Olivos Caviche, Édgar Darío Daza López y Darwin Alexánder Colmenares fueron cobijados con detención domiciliaria.

Los investigadores evidenciaron, mediante seguimientos y vigilancias, que Carlos Andrés Martínez Rengifo y Víctor Manuel Montero Moreno, serían exintegrantes del Frente 58 Bloque oriental de las extintas Farc, y actualmente hacían parte del proceso de sometimiento a la justicia. También se conoció que Dixon David Olivos registra antecedentes por homicidio, Édgar Darío Daza tiene anotaciones por rebelión y Darwin Alexánder Colmenares presenta antecedentes por hurto y extorsión.

El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, entregó un informe general sobre las medidas que ha adoptado internamente con sus operarios y funcionarios para minimizar el riesgo de contagio del virus Covid-19.

El mandatario aclaró que, desde la llegada del virus a Colombia, se inició con la medida de cambio de saludo de mano estrechada por el de puño cerrado, así mismo se suspendió la utilización del sensor biométrico que registraba la hora de llegada y salida de los funcionarios. Adicionalmente, con la confirmación de los primeros casos en la ciudad, con empresas del sector de salud y riesgos laborales realizaron diversas charlas y capacitaciones en cada una de las dependencias sobre lo que es el virus, cómo se contagia y de qué manera afecta al cuerpo de la persona.

Aydee Soler, secretaria General, explicó que, en el mes de marzo del año 2020, una vez se conocieron los primeros casos en la ciudad, se procedió a designar 80 funcionarios para que trabajaran desde sus casas de tal manera que se minimizara el riesgo de contagio. 

“Durante el transcurso de esta pandemia hemos emitido 12 circulares donde en cada una de ellas invitamos a los funcionarios, contratistas y operarios a mantener las medidas de autocuidado y los protocolos de bioseguridad, hemos sido reiterativos en eso”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con el reporte entregado por la Administración Municipal, 108 funcionarios realizan el teletrabajo y se tiene programadas la realización de más charlas, entrega de insumos de bioseguridad y demás actividades que se detallan paso a paso en los informes que periódicamente se entregan a los entes de control.

Por su parte el secretario de Salud, Jhon Rojas Daza, explicó que en las últimas semanas se gestionó la realización de 62 pruebas de antígeno de las cuales 2 dieron resultado positivo. Estas personas, aunque no registran hasta el momento ninguna sintomatología, se encuentran en aislamiento total por el tiempo que las autoridades sanitarias determinen.

La Administración Municipal agregó que se encuentra realizando la gestión para aplicar las pruebas de Covid-19 a los 400 funcionarios de planta que tienen el ente territorial, sin embargo, de ese personal 186 ya cumple los requisitos para acceder al plan nacional de vacunación, por lo que se les está invitado a recibir el biológico.

Ante la compleja situación, la institución realizó mediante aporte de una empresa del sector privado, la desinfección de todas las oficinas y espacios de trabajo tanto del Palacio Municipal como de la sede administrativa continúa. Para ello se utilizó compuestos cuaternarios de quinta generación para uso hospitalario conocido como Aniosurf.

Este insumo está recomendado para la limpieza y desinfección de suelos, paredes y superficies en zonas de alto riesgo. Su efectividad lo convierten en un fuerte bactericida, levaduricida y tuberculicida, activo frente VHB, VHC, VIH, Vaccinia virus, Herpesvirus, Rotavirus y Coronavirus.

Luego de casi 9 años de estar vigente, fue levantada la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Casanare que decretaba el suministro de agua potable a la población de Yopal en el marco de la acción popular instaurada por Wlfran Castrillo por la crisis acaecida por el colapso de la planta de tratamiento de agua potable en mayo de 2011.

En fallo de este 13 de mayo, el Contencioso Administrativo acogió la solicitud hecha por el Fondo de Adaptación de revocar la orden emanada en fallo del 28 de junio de 2012, amparado en que la medida cautelar estaría vigente hasta que se pusiera en funcionamiento la nueva planta de tratamiento o el sistema que se adopte para garantizar el suministro del servicio de agua potable a la población de Yopal en condiciones normales de calidad y periodicidad.

Y considerando que en la actualidad está acreditado que si bien aún no está terminada plenamente la planta definitiva, sí se está suministrando agua potable en forma continua y durante 24 horas del día, con el agua proveniente de las plantas modular y conciliada y de los pozos profundos.

Sin embargo el Contencioso Administrativo expresó que si se vuelven a prestar traumatismos en la prestación del servicio, se revocará la anterior decisión y se adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de la acción popular.

En la providencia se resalta que actualmente a los habitantes de Yopal, la Eaaay le está suministrando entre 450 y 490 litros de agua por segundo. De estos el 60% lo aportan las plantas ubicadas en la vereda La Vega y el otro 10% es abastecido por los 4 pozos profundos de gran caudal y 7 más de baja producción.

También se desataca que el agua distribuida cumple con los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos requeridos para el consumo humano.

Se exhortó a las entidades accionadas, Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal y Eaaay a definir el destino de los bienes que se están utilizando para proveer del agua a Yopal. Es decir, a quién serán entregados para su operación y administración.

La cifra

El Fondo de Adaptación también argumentó que ha pagado 19.170 millones de pesos para cumplir con la medida cautelar que lo conminaba a cofinanciar el servicio público de acueducto, cuando estos recursos debían estar destinados a su objeto misional.

Fuente:Martha Cifuentes

El líder social y ambiental, Miguel Yesid Daza de Aguazul, Casanare, fue cobijado con medida de aseguramiento en cárcel sindicado por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines extorsivos, así lo determinó el Juzgado Primero Penal Municipal de Aguazul con función de control de garantías.

Los abogados defensores pertenecientes a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, expresaron que no se analizaron los elementos de prueba presentados, y solo se dio credibilidad a dos testimonios de la Fiscalía. Igualmente se reveló que los abogados en las audiencias iniciales de legalización de captura e imputación de cargos, no pudieron tener contacto directo con el líder social.

"En estos momentos privado de la libertad a causa de un montaje judicial por parte de la Fiscalía y el estado colombiano, quiero mencionar que sigo firme acá con la frente en alto, estoy seguro de que voy a salir adelante en este proceso, y no me van a comprobar nada porque todo es un montaje incluyendo pruebas falsas como lo hicieron de incluirme en mi casa unos unos panfletos que yo nunca tuve en mi residencia, buscando orquestar un plan para desmeritar el trabajo de los líderes sociales y para afectar los trabajos que hemos venido adelantando", señaló el líder social y ambiental, Miguel Yesid Daza a través de un mensaje enviado a familiares y amigos.

Finalmente Miguel Yesid Daza, pidió a los líderes que sigan trabajando, y que no desfallezcan. "Nosotros sabemos la persecución sistemática que hay de parte del estado colombiano en contra los líderes sociales y que va a continuar, entonces no es extraño lo que está pasando y va a seguir pasando, debemos es unirnos y ser más fuertes sin dejar caer nada de lo que hemos logrado conseguir con tanto esfuerzo", afirmó.