Transcurrido un año de haber sido sancionada la Ley 2129 (conocida como Ley Aluna), la cual establece que en el registro civil de nacimiento se consignará el orden de los apellidos del recién nacido de común acuerdo entre los padres, a 2360 menores de edad se les ha asignado como primer apellido el de su progenitora.

En el departamento de Casanare, 24 recién nacidos, 13 niñas y 11 niños han sido inscritos en el último año en el registro civil de nacimiento que llevan como primer apellido el de su progenitora:

De los 2360 menores de edad registrados, el 50,4 % son niñas, es decir, 1190, y el 49,6 % son niños, que equivale a 1170.

Los lugares en los que se ha registrado un mayor número de casos de menores que llevan por primer apellido el de su progenitora, de común acuerdo entre los padres, son: Bogotá, (593), Antioquia (443), Cundinamarca (182), Valle del Cauca (175) y el exterior (100).

Cabe anotar que esta norma rige para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y con paternidad o maternidad declarada judicialmente.

Los interesados en llevar a cabo el trámite de inscripción de una persona en el registro civil de nacimiento pueden consultar el procedimiento y los requisitos en la página web de la entidad: www.registraduria.gov.co.

Contralor Delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico de la Contraloría General de la República, Javier Tomás Reyes Bustamante, alertó sobre personas inescrupulosas que han realizado llamadas telefónicas a alcaldes municipales y gerentes de empresas de servicios públicos, entre otras entidades, suplantándolo con el fin de solicitar reuniones privadas y dinero para tiquetes aéreos.

Por lo anterior, se precisa que ningún Contralor Delegado solicita o requerirá a los gestores fiscales o representantes de entidades públicas o privadas reuniones de carácter privado, ni tiquetes aéreos.

Las reuniones requeridas para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal son programadas por la vía institucional (correo electrónico y plataforma Teams CGR, entre otros medios).

Por consiguiente, se hace un llamado especial a las autoridades en general, a las entidades públicas y privadas, funcionarios y contratistas, para que no accedan a este tipo de solicitudes delictivas.

La Contraloría General de la República, en ningún evento, va a solicitar retribuciones en dinero o dadivas para cumplir con su función constitucional del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.

Ya son varias las ocasiones en que se ha suplantado la identidad de directivos de la Contraloría General de la República. El caso más reciente es el del Contralor Delegado de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, víctima de tres suplantaciones en 5 meses, para pedir a su nombre tiquetes y viáticos, por lo que presentó ante la Fiscalía denuncia penal por falsedad personal.