Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes discutieron y votaron simultáneamente hasta la medianoche el segundo debate de la reforma tributaria. La ponencia que se presentó -y se aprobó en Senado y se seguirá discutiendo hoy en Cámara- tuvo pocas modificaciones en comparación a la primera, y su recaudo solo bajó de 21,5 billones de pesos a 20 billones, según estimaciones preliminares.

El Ministerio de Hacienda y los ponentes de la coalición de Gobierno lograron mantener esa cifra de recaudo porque cedieron poco en los grandes puntos, como el impuesto a los hidrocarburos, en parte gracias al contentillo que les dieron en artículos claves a los partidos tradicionales y en modificaciones de forma en artículos menores.

La columna vertebral de la reforma tributaria de Petro son los impuestos que se le pusieron a las empresas petroleras, mineras y de energía. En la ponencia que quedó aprobada en primer debate, 11 billones de pesos de lo que aspiran recaudar salen de los impuestos a estos sectores.

En las discusiones de estas semanas, el Gobierno hizo un pequeño ajuste en la sobretasa que se le puso al sector. Esta vez, la sobretasa del sector dependerá de los precios internacionales del petróleo y según eso se define si paga o no ese impuesto extra. En cuanto a la no deducibilidad de las regalías, que es uno de los principales pedidos de los congresistas y empresarios, Petro no cedió y solo hizo un cambio en la fórmula como calculan el monto de regalías cuando son en especie, o sea que en vez de girar plata, le dan al Gobierno un barril de petróleo, por ejemplo.

En la ponencia que se votó anoche se sumaron nuevas gabelas para suavizar el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Por un lado, se excluyeron algunos productos ultraprocesados como el pan, el arequipe, la miel, las obleas y unos lácteos, como lo pidieron los partidos Conservador, La U y el Liberal, que son de la coalición.

También se aplazó la entrada en vigencia del impuesto a las bebidas azucaras para julio de 2023 y de alimentos ultraprocesados hasta septiembre de 2023. Según cálculos preliminares del Minhacienda, esos cambios le costarán unos 750.000 millones de pesos al Gobierno en el recaudo de 2023.

En este pulso, además, ganaron los grandes productores de gaseosas y bebidas azucaradas, con un balance a favor de Postobón, que logró subir el umbral desde el cual se calcula cuánto se le cobra de impuesto a esos productos en función de la cantidad de azúcar.

“Por encima del ruido de esta plenaria, quiero recordarles por qué Jesucristo echó a los fariseos del templo” dijo en medio de gritos Clara López, quien invitó a eliminar ese impuesto despertando algarabía entre congresistas religiosos de derecha, y empezó a reír. Ganó en la única votación en la que ella estuvo contra el Gobierno, y que fue la única que perdió el Ejecutivo.

Una mayoría de 59 senadores, que venció a 19 que buscaron mantener el artículo, recordó que el fervor religioso traspasa fronteras partidistas. “Votamos por la libertad de cultos. Dios está en el preámbulo de la Constitución y yo sigo defendiendo las Iglesias”, dijo el liberal Alejandro Carlos Chacón.

Poco después de las 10.30 de la noche, tras más de 10 horas de discusión, David Racero anunció que la Cámara de Representantes levantaba la sesión para continuar el debate este jueves en una sesión citada a las 8 de la mañana. Había aprobado más de 80 artículos, pues solo deja pendiente el petróleo.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas reitera su preocupación por la reforma tributaria y los efectos que tendrá para el país en el mediano plazo. La propuesta anunciada por el Gobierno con los coordinadores ponentes, en lugar de corregir, carga aún más al sector afectando su competitividad, viabilidad, el desarrollo de la producción de petróleo y la generación de aportes fiscales para el país y las regiones.

La más reciente propuesta fija una sobretasa que varía con base en el precio internacional del petróleo de los últimos 10 años y corresponde a una sobretasa de 5, 10 y 15 puntos. Es así que, de acuerdo con los análisis realizados por el gremio, y teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos, debido a que los umbrales para fijarla continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico.

Por otro lado, el Gobierno mantiene la prohibición de deducir la regalía del impuesto a la renta, aunque elimina la exigencia que se había impuesto de crear un ingreso ficticio para la regalía pagada en especie. Esto no compensa el aumento en la sobretasa de 10 a 15 puntos, porque la mayor sobretasa al petróleo genera un costo exponencial al aumentarse en más de 50% la tarifa sobre la cual se grava (pasa de 35% a 50%). Asimismo, el 30% de la producción de petróleo y el 100% de la producción de gas natural pagan la regalía en dinero, por lo que no se benefician del ajuste; en cambio, por este concepto, el petróleo deberá pagar un 41% adicional a la propuesta inicial del Gobierno.

Esta propuesta, si bien considera la variación de los precios internacionales, es la más gravosa de todas y no representa alivio, pues es 115% más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno y 5% más gravosa que lo aprobado en primer debate. Con este escenario, el Government take para nuevos proyectos de inversión aumentaría a 85%, sacando a Colombia del mapa de competitividad en la región, según cifras de la CEPAL.

Esta propuesta, además de comprometer proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo contratos existentes, también pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción. Con un recorte en los programas de inversión, que podría oscilar entre 30% y 50%, la producción caerá gradualmente y, para finales de esta década, la disminución sería de entre 350 mil y 450 mil barriles de petróleo, de los 750 mil barriles promedio día que se producen actualmente.

La caída en producción afectaría al país y las regiones pues los aportes de la industria serían significativamente menores, es decir, se perderán ingresos producto de la reforma. Para el año 2026 el recaudo con reforma sería hasta 10% menor que el recaudo sin reforma, y para finales de esta década sería hasta 44% inferior.

“Lo que hemos venido alertando desde el gremio es el impacto que tendrán estas decisiones para Colombia en el mediano plazo, pues si las inversiones en la industria disminuyen, caerá la producción y, en consecuencia, caerán los aportes de este sector al país y las regiones. Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos” afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

En relación con la propuesta de Reforma Tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional a discusión del Congreso de la República, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, se permite comunicar a la opinión pública:

La Asociación informó que comparte el objetivo del Gobierno Nacional de reducir la pobreza y la inequidad y contribuir a la gestión del cambio climático y al desarrollo sostenible, en el marco de una transición integral: energética, económica y productiva. En ese sentido, destacó el compromiso del Ministerio de Hacienda con la Regla Fiscal y, por ende, de continuar con el ajuste fiscal al tiempo de buscar recursos de inversión.

La ACP dijo estar de acuerdo con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.

Recordó la ACP que el sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país; una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la Asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad.

La Asociación Colombiana de Petróleo, recalcó que preocupa el impacto de la reforma, dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80 por ciento, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral; vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 por ciento de la exploración ejecutada.

Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma.

“Reiteramos nuestra disposición para continuar el diálogo con el Gobierno Nacional, en cabeza del señor ministro de Hacienda, con el Congreso de la República, en cabeza de su presidente, y con la ministra de Minas y Energía, en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria”, ACP.