El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca falló una acción de tutela a favor de cerca de 200 migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en la vereda Puerto San Salvador de Tame, abandonados a su suerte sin ayuda alimentaria, salud y techo.

La tutela interpuesta por el personero de Tame, Juan Carlos Villate, ordena a varias instituciones del Estado entre otras, la Gerencia de la Frontera de Presidencia de la República, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Policía Nacional, Gobernación de Casanare, Gobernación de Arauca, Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tame y la UAESA, a facilitar corredores humanitarios reales, para que los migrantes puedan retornar a la frontera con Venezuela.

En providencia de este 5 de junio, el Tribunal fijó un plazo de 48 horas y máximo de 10 días para que los gobernadores de estos departamentos,  en coordinación de Migración Colombia y la Gerencia para la Frontera de la Presidencia den inicio y concreten una mesa interinstitucional en la que se unifique el protocolo de ruta común a todas las entidades para agilizar el corredor humanitario para los migrantes venezolanos.

Tutela como última instancia ante problemática

Según el personero de Tame, Juan Carlos Villate, la decisión de interponer la tutela se dio ante la poca y casi nula atención estatal de las gobernaciones y municipios, frente al sufrimiento de alrededor de 60 migrantes diarios, quienes llegan a San Salvador,  caminando y en vehículos, enviados por autoridades locales, sin medidas de bioseguridad y alimentos. Se resalta que hay poca autoridad de la Fuerza Pública y los gobernadores y alcaldes de los departamentos mencionados, quienes solo quieren trasladar el problema a otro departamento o municipio.

Villate destaca que, en la vereda donde están los migrantes venezolanos no hay un punto de hidratación, higiene, alimentación y verificación de condiciones de salud ni un lugar idóneo para descansar, de tal manera que duermen en las vías, o en cambuches.

Lo que se ordena

El protocolo de corredor humanitario debe contener responsabilidades y compromisos, comunicaciones durante la operación, competencias, asunción de costos, articulación con otras entidades, prioridad de mujeres, niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, indicación específica de días, horas y forma de traslado de los migrantes, responsabilidad respecto al despacho y recepción del transporte, verificación de acciones de prevención, detección y mitigación del contagio por Covid-19. Para ello deberán asegurar el suministro de tapabocas, gel hidroalcohólico, lavado de manos, tamizaje, actividades de desinfección, control de temperatura y realización de pruebas (si lo amerita), todo con el ánimo de garantizar plenos derechos a los migrantes en tránsito por el territorio rumbo a zona de frontera.

El Tribunal Superior de Arauca ordena que las entidades accionadas deben coordinar la implementación de puestos de control sanitario a lo largo del corredor humanitario para realizar labores de prevención, detección y mitigación del contagio del covid-19.

Igualmente se ordenó extender el corredor humanitario a Hato Corozal, que deberá coordinar con la Gobernación de Casanare, Migración Colombia y la Gerencia para la Frontera de la Presidencia de la República en un término de 48 horas la recepción de los migrantes, su ubicación en lugares de paso, suministro de kits de higiene, alimentación e hidratación, traslado seguro y digno. También se debe coordinar con el Municipio de Tame el día, hora y oportunidad de salida y llegada para que en Arauca se cumplan los protocolos de bioseguridad.

La Gobernación de Arauca, los municipios de Arauca y Tame, deberán disponer de un lugar en donde se pueda materializar el aislamiento preventivo para aquellos migrantes que resulten positivos para la covid-19.

Contexto

De acuerdo con el personero de Tame, Juan Carlos Villate, el corredor humanitario inició su implementación el 7 de abril cuando en el puente de la vereda San Salvador se registró la llegada de 204 venezolanos. Ese mes se verificó la movilidad de un total de 482 migrantes y refugiados de Venezuela.

A pesar de que desde el sitio se realizaron varios corredores humanitarios, estos no seguían los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud.

Actualmente hay 175 migrantes y refugiados en condición de calle, los cuales llevan entre 3 a 5 días esperando el traslado al paso fronterizo sin que las autoridades locales y departamentales brinden solución a la falta de recursos en salud y transporte. Esto ha llevado a que las personas se desplacen por trochas donde se prevé la presencia de grupos armados como el Eln y disidencias de las Farc.