El exgerente del Hospital de Aguazul Renso Amaya denunció que fue obligado por la alcaldesa Johana Moreno y el asesor jurídico José Javier González Gil, a firmar su carta de renuncia anticipada e inmotivada al cargo al tiempo de que le fue entregado el decreto de nombramiento. La misiva era una prenda de garantía para que acatara las directrices de la Alcaldía en cuanto a la administración de la entidad. 

El médico dijo que esto ocurrió el 27 de marzo cuando fue citado por la mandataria al despacho para hacer oficial su nombramiento como gerente del Hospital Juan Hernando Urrego a partir del 1 de abril. En denuncia ante la Procuraduría Regional de Casanare, del pasado 8 de octubre relató que en una reunión privada donde solo estaban los tres, la alcaldesa le expresó que como condición para firmar el decreto debía firmar un documento donde expresaba su renuncia irrevocable al cargo, sin fecha.

Aunque inicialmente se sorprendió y se negó a firmar por considerar que era una persona de confianza de la funcionaria a quien había apoyado en dos campañas a la Alcaldía, lo convencieron de hacerlo porque era la forma de garantizar que cumpliera con los lineamientos de la Alcaldía para las entidades descentralizadas. Igualmente en su decisión pesó que se encontraba desempleado desde el 14 de diciembre de 2019 y necesitaba el trabajo.

Para probar lo que dice, el médico Renso, expresó que luego de posesionarse en la gerencia el 1 de abril, cambió la firma y el 25 de junio realizó una declaración extra juicio juramentada en la Notaria Primera de Yopal, en la que manifestaba lo sucedido sobre la firma de su renuncia anticipada.

Esto lo hizo en virtud a que en junio comenzaron las divergencias de conceptos en la administración del Hospital, que obligaron a presentarse en varias oportunidades ante la Alcaldesa para explicar sus decisiones. El florero de Llorente llegó un día de agosto en que decidió pedirle la renuncia a Nohora Margarita Mendoza Buelvas, subdirectora del área de Salud del Hospital, por considerar que esta no estaba desempeñando bien sus funciones.

La situación dada a conocer a la alcaldesa el 18 de agosto generó inmediatamente la reacción de esta ya que el 20 de ese mismo mes recibió vía mensaje de Whatsapp un mensaje del Despacho de la Alcaldía en donde le expresaban que le había sido aceptada su renuncia voluntaria e irrevocable presentada el 22 de julio y se protocolizaba a través del decreto 076 del 20 de agosto. Frente a lo cual quedó atónito.

Renso Amaya, expresó que ante la ausencia de personal para la radicación de un escrito de inconformidad por la situación envió ese mismo día a varios mail de la Alcaldía la comunicación. Como no hubo respuesta se presentó al siguiente día al Hospital pero ya se había hecho cambio de chapas y le fue notificado que ya había una gerente encargada, precisamente la persona a la que él pretendió despedir.

El médico pretende mediante la denuncia en la Procuraduría y la solicitud de conciliación extrajudicial que la alcaldesa anule el decreto que lo dejó por fuera de la institución, le cancele los salarios y prestaciones sociales del tiempo que ha estado cesante, lo indemnice por daños y perjuicios y además lo restituya en sus funciones.

En Casanare con la alcaldesa encargada de Yopal, Luz Marina Cardozo, se presentó una situación similar donde ella había sido coaccionada a firmar una carta de renuncia anticipada, la cual fue radicada ante la Gobernación de Casanare en 2016. El hecho fue analizado en su momento y se desestimó la misiva por considerar que no reflejaba la voluntad de la funcionaria. 

Por ahora la alcaldesa Johana Moreno no se ha pronunciado sobre el tema a pesar de habérsele informado de las denuncias del exgerente del Hospital.  Si se llega a comprobar que hubo irregularidades en la firma de la renuncia, la alcaldesa y el asesor jurídico podrían verse implicados en delitos penales y faltas disciplinarias, según abogados consultados sobre el particular.

Proceso Judicial

Por ahora el exgerente inició el proceso de conciliación prejudicial con la alcaldesa en aras de surtir los procedimientos legales para entablar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, si en la etapa de conciliación no llegan a un acuerdo.

Según el Consejo de Estado, cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad de renuncia “La dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad. Así pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño.”

Igualmente se expresa que están terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualquieras otras circunstancias pongan con anticipación en manos del Jefe del organismo la suerte del empleado.