Desde presuntos integrantes de las extintas FARC, pasando por delincuencia común, paramilitares y hasta clanes políticos, andan detrás de la cabeza del abogado villavicense, a quien le siguen la pista a cada lugar de Colombia donde se ha desempeñado. La razón: sus aguerridas posturas en pro de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad en los gobiernos territoriales y lo más reciente, la dirigencia política de negritudes y grupos raciales.   

Secuestros, interceptaciones, intimidaciones y amenazas de muerte, son parte del rosario de razones por las que Juan Carlos Suárez Forero, un líder político y social de 52 años, nacido en Villavicencio (Meta), terminó accediendo a las súplicas de sus familiares y postergar su carrera política en Colombia.  

Y es que no es para menos. El pasado 15 de enero, apenas a unas pocas cuadras luego de salir de su casa, en zona perimetral  de Yopal (Casanare), ciudad donde reside desde el 2009, mientras se movilizaba en su vehículo junto a su esposa,  su hijo menor y su madre, Juan Carlos fue abordado por dos sujetos en una motocicleta de mediana cilindrada, quienes le salieron al paso y a viva voz le ratificaron la amenaza que lo ha martillado una y otra vez: “Doctorcito Suárez, si sigue como candidato por ese partido de pacotilla, de esos negros, no respondemos por su vida ni la de su familia. Ya estamos cansados que siempre esté de intruso donde no le importa”.

Este episodio cobraría aún más fiereza luego que Juan Carlos, (quien sigue defendiendo la causa del Partido de Reivindicación Étnica –PRE), recibiera en su celular personal dos sendos mensajes de WhatsApp con consignas de amenazas contra su integridad y la de su  familia, con textos como: “Doctorcito Juan Carlos Suárez, usted se ha vuelto un problema para la organización y nos vemos en la necesidad de declararlo objetivo militar. Ni ese partido de negros lo va ayudar ni sus amigos políticos. Le damos 3 días para que se vaya bien lejos porque la próxima no va a ser paseíto de un día como la vez pasada. Aténgase a las consecuencias, ya tenemos ubicada a su esposa y a su hijo. Ya la orden está dada.”, esto el 23 de abril de 2021 y empeoro su zozobra cuando para el 7 de mayo de este año llegó a su celular otro mensaje en los siguientes términos: “Buenas tardes. Nos alegra el matrimonio de su bella hija. Esperamos que no vuelva por el bien y el de su familia. Y de consejo le recomendamos que cuide a su familia no vaya a ser que, se quede viudo. Hay mucha violencia y más cuando son sapos como usted. Ya sabe. Lo estamos vigilando. Valore su familia doctorcito. Saludos a su familia sapo.”

Esta vez, apesadumbrado, Suárez Forero ni siquiera pudo asistir a la boda de una de sus hijas celebrada el pasado 29 de abril de este año.

Tres décadas de calvario

Desde que era niño Juan Carlos se destacó por sus buenas calificaciones y sus primeras pinceladas en la política. Para su madre, Graciela Forero Lombana, era emocionante ver su capacidad por el trabajo social, pero su instinto le advertía que el camino no sería fácil, y menos en la región donde nació y creció: los llanos orientales de Colombia, que para la época estaba plagado por grupos al margen de la Ley de todas las orillas del conflicto armado del país.

En el segundo semestre de 1994 y comienzos del año 1995, ya siendo Juez de la República en el municipio de Santa Rita y luego del municipio de La Primavera (Vichada), fue amenazado por el Frente 39 de las Farc, para que dejara esa población, como lo relata un extenso informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En febrero de 1995, fungiendo como Juez de Lejanías (Meta) hombres a cargo de alias ‘Romaña’, le ordenaron en cuestión de horas abandonar el pueblo, pues “ahora ellos eran los dueños de la justicia”.

Entre septiembre de 2001 y mayo de 2002, fue secretario general y director encargado de la Corporación Autónoma Regional para Nororiente Amazónico “CDA” en Inírida Guainía. Cuando pensó que en lo espeso de la selva del sur de Colombia pasaría desapercibido ante el conflicto, fue abordado por miembros del Frente 16 de las FARC comandados por alias el ‘Negro Acacio’, con un plazo de tres días, esto debido a que “estaba interfiriendo en los intereses de los grupos alzados en armas”.

El Frente 1 ‘Armando Ríos’ de las Farc, a cargo de Gerardo Aguilar Ramírez alias ‘César’, 7, le pusieron punto final a su laureada labor como representante del Ministro de Educación ante los departamentos del Guainía, Guaviare, Amazonas, Vichada, Vaupés, Santander y Norte de Santander, entre junio de 2002 y mayo de 2003. En una de sus visitas, estando en el municipio de Mitú, (Vaupés), Suárez, otra vez estaba desplazado y ya sentía que no podía seguir luchando contra la corriente.

Una de las escenas más duras del abogado, quedó consignada en los medios de comunicación nacionales, los cuales cubrieron ampliamente cómo fue secuestrado y posteriormente liberado, de manera milagrosa.  Entre abril de 2005 y septiembre de 2006 siendo secretario Jurídico y gobernador encargado en varias ocasiones del departamento del Guaviare, el funcionario estaba condicionado a abandonar la tierra donde estaba trabajando.

La otra persecución

Una y otra vez. Consignado en los informes de Derechos Humanos y relatado por los medios de comunicación, Suárez Forero continúo el suplicio.

Pero la historia de asechanza  no venía solo desde las huestees de los alzados en armas, un batacazo proveniente desde el Consejo Nacional Electoral afectaría los intereses de los miembros del Partido de Reivindicación Étnica –PRE a nivel nacional, pues según denuncian sus miembros “están siendo vulnerados de manera arbitraria directamente por el gobierno desde el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, perturbando un partido constituido por 25 familias del campo en un sector que por tradición dentro del conflicto armado donde el país tuvo injerencia de la guerrilla de las Farc”.

Aunque los organismos de Derechos Humanos, líderes sociales e informes de víctimas del desplazamiento han ahondado en la particular historia de Juan Carlos Suárez, sus allegados indican que no hay confianza en las instituciones en Colombia, y que pensar en denunciar sería avivar una vez más las brasas de la persecución que hoy lo tienen desterrado, sin participación en el plano democrático, sin las garantías de poder servir en su país, y peor aún: no poder vivir en este.